Carlos Alberto Angelino Barrón

Expediente 522/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
522/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
23/05/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón

Actuaciones

  1. Principal

    El veintitrés de mayo de dos mil veintidós, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 10283. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio y anexo signado por el actuario judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con sede en Zapopán, Jalisco, mediante el cual remite testimonio de la resolución de doce de mayo de dos mil veintidós, dictado dentro del conflicto de competencia 5/2022, suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco y mediante la cual el Tribunal de alzada determinó legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida por los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón y otros, a la autoridad supracitada. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo del cuaderno de indecentes en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Con fundamento en el Artículo 21 inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente cuaderno de antecedentes, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se desechó la demanda promovida dentro del presente juicio. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la destrucción a que alude el artículo 3, fracción XV del citado acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Ángeles En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintitrés de mayo de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.

  2. Principal

    El tres de mayo de dos mil veintidós, se da cuenta con un oficio registrado con el folio 9197. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, tres de mayo de dos mil veintidós. Ténganse por recibido el oficio de cuenta signado por el actuario judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito en el estado de Jalisco, con sede en Zapopan, por el que transcribe el auto de veintiocho de abril del año en curso, mediante el cual comunica que ese órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del conflicto competencial planteado por este juzgado y se turnó a la ponencia del magistrado ********************, para la elaboración de proyecto de resolución correspondiente, el cual se registró bajo el número ******************** Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Ángeles En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del cuatro de mayo de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.

  3. Principal

    CUENTA. El veintidós de marzo de dos mil veintidós, Jorge Martín Zamora González, secretario de Juzgado, da cuenta con el escrito de demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón y otros, registrada con el folio 6742. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio que remite el secretario del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, por el que remite la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón y otros, contra actos del Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México y otras autoridades, así como los autos del juicio de amparo 170/2022 de su índice. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 522/2022, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. NO SE ACEPTA COMPETENCIA Ahora bien, de la resolución emitida por el juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, el once de marzo de dos mil veintidós, en los autos del juicio de amparo 170/2022 de su índice, se advierte que declaró su legal incompetencia para seguir conociendo del mismo, y ordenó su remisión a un Juzgado de Distrito en el Estado de Zacatecas, por estimar que geográficamente es el Juzgado más cercano que no fue considerado como autoridad responsable. Al respecto, este órgano de control constitucional no comparte el criterio sustentado por la autoridad Judicial Federal declinante y estima que no es competente para conocer del juicio de derechos de cuenta, en razón de los motivos siguientes: En cuestiones de competencia los Juzgados de Distrito para conocer de las demandas de amparo se rigen por el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de dicho precepto, se aprecian tres reglas para determinar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio: La primera hipótesis consiste en que para determinar la competencia del juez de Distrito, lo que se debe tomar en consideración es que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo que significa que este tipo de actos es de aquéllos que después de su emisión, requieren de una ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora, o sea, una autoridad ejecutora. En la segunda regla se establece el caso de cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. La tercera regla consiste en que cuando la resolución reclamada en el juicio de derechos no requiera ejecución material, resulta competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. En ese sentido, resulta necesario precisar que la parte quejosa, señaló entre otros, como actos reclamados la violación al principio pro persona e inaplicación de criterios internacionales. Sin embargo, no obstante que la parte quejosa los refirió como actos reclamados; lo cierto es, que éstos en verdad constituyen únicamente conceptos de violación. Sirve de apoyo a lo antes expuesto la tesis de jurisprudencia I. 3o. A. J/26, cuya texto y contenido es el siguiente: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACION. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado "las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión", aparece en claro que los actos reclamados los constituyen "las órdenes de comisión o de visita", nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que ésta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia." Sentado lo anterior, como ya se dijo, no se actualiza el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, dado que las razones por las que la autoridad oficiante declina competencia en favor del juzgado con residencia en Zacatecas, lo es porque es el más cerceno geográficamente en no ser señalado como autoridad responsable, por los actos reclamados supracitados; sin embargo al no ser éstos considerados como tales, por tanto, es competente para conocer de la demanda de derechos, la autoridad ante quien se presentó la demanda. De ahí que este supuesto es el que resulta útil para determinar que el órgano jurisdiccional competente para conocer de la demanda de amparo presentada por Carlos Alberto Angelino Barrón y otros, es el Juzgado del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, pues allí fue turnada dicha demanda de amparo. En tales condiciones, se reitera que en aplicación al artículo 37 de la Ley de Amparo, como los actos reclamados por la parte quejosa por su naturaleza no constituyen actos reclamados, sino únicamente conceptos de violación, los cuales pueden analizarse como omisiones por la autoridad a la que le correspondió conocer en primer término, esto es, el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco; quien debe seguir conociendo del juicio de amparo. En ese sentido se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en el criterio siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo". Registro: 2006529, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, visible en la página 500. En consecuencia, no se acepta la competencia declinada de la demanda de amparo. Finalmente, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y mediante oficio, remítanse los autos del presente asunto, que contiene el diverso juicio de amparo 170/2022, y anexos que se acompañan, al Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, solicitando atentamente ordene a quien corresponda, remita el acuse de recibo correspondiente, y de no tener inconveniente legal alguno haga del conocimiento de este juzgado la determinación que asuma sobre el particular. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Ángeles

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