Carlos Alberto Angelino Barrón y otros

Expediente 700/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
700/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
19/08/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón y otros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    El diecinueve de agosto de dos mil veintidós, Diana Jaimes Villanueva, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: a) Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con las promociones registradas con los folios 15370, 15371 y 15385, así como con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio registrado con el folio 15370, que remite vía electrónica la Actuaria del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, mediante el cual, acusa recibo del oficio por el que le fue remitido el juicio de amparo 700/2022, del que deriva el presente cuaderno de antecedentes, e informa que acepta la competencia declinada por este Órgano jurisdiccional y asume el conocimiento del asunto, mismo que radicó con el número 725/2022-I-A. Por otra parte, agréguese a este sumario para que obre como corresponda la promoción de cuenta con registro que remite vía interconexión la secretaria encargada del despacho del Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciada por los motivos que expone, el exhorto 191/2022 (orden 593/2022); sin que sea el caso acusar recibo, dada la vía en que se recibe la aludida comunicación oficial. Asimismo, glósese al cuaderno de antecedentes en que se actúa, únicamente para que obre como corresponda la promoción con registro 15385, signada por las autoridades responsables de Penitenciaría de la Ciudad de México; lo anterior en atención a que mediante proveído de once de julio del presente año, se tuvo recibido dicho comunicado. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo del cuaderno de antecedentes en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se desechó la demanda promovida dentro del presente juicio. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la destrucción a que alude el artículo 3, fracción XV, del citado acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Diana Jaimes Villanueva, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. Ángeles En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintidós de agosto de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.

  2. Principal

    El cinco de agosto de dos mil veintidós, se da cuenta con un oficio registrado con el número 13284 y 13733 y anexos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cinco de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve los autos del juicio de amparo 700/2022 del índice de este órgano jurisdiccional; y transcribe el proveído de siete de julio del presente año, del que se advierte que ese órgano federal no aceptó la competencia legal planteada por este Juzgado de Distrito para conocer y resolver de la demanda promovida por ********************, contra actos del Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México y otras autoridades. No obstante, de su contenido también se advierte que la autoridad oficiante refiere que en virtud de que los actos reclamados en esta instancia constitucional lo son de naturaleza penal, su conocimiento corresponde a un Juez de Distrito en Materia Penal. En consecuencia, y en consideración que los actos reclamados tienen ejecución en la Ciudad de México, pues los promoventes manifestaron se encuentran recluidos en la penitenciaria de la Ciudad de México. A ello, debe sumarse que la regla de competencia establecida en el artículo 37 de la Ley de Amparo respecto de actos ejecutables es de interpretación literal, lo que impide al juzgador realizar interpretaciones sistemáticas, teleológicas o lógicas, pues la intención cierta del legislador ha sido el evitar conflictos competenciales a través de una mejor operatividad de los derechos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita establecidos en los artículos 14 y 17 constitucionales; ello, tal y como se sigue del siguiente precedente: Registro digital: 2006529 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 17/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, página 500 Tipo: Jurisprudencia "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." En ese orden de ideas, fórmese cuaderno de antecedentes y remítase el original del expediente al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, en turno, solicitándose acuse recibo en el que se precise el sentido que recaiga a este acuerdo. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. Toda vez que la parte quejosa se encuentra recluida en la penitenciaria de la Ciudad de México; por tanto, con fundamento en el artículo 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del ordinal 2° del ordenamiento legal citado en último término; así como el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, en turno, para que por comisión de la Justicia Federal y en auxilio de las labores de este Juzgado comisione al Actuario Judicial de su adscripción a fin de que se constituya en el domicilio de reclusión del quejoso y le notifique el presente proveído. Para evitar dilaciones innecesarias respecto de la imposibilidad que pudiese tener el Actuario Judicial para llevar a cabo las notificaciones personales que se susciten dentro del presente procedimiento, con fundamento en el artículo 282, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le habilitan días y/u horas inhábiles para que realice las notificaciones que fueren necesarias, sin necesidad de acuerdo respectivo, previa constancia actuarial, en que se acredite que se asistió en días y horas inhábiles. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa vía exhorto. Así lo proveyó y firma Juan García Trejo secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del Titular, licenciado Rodolfo García Camacho, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, y autorizado por el oficio CCJ/ST/2327/2022 de trece de junio de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    El once de julio de dos mil veintidós, se da cuenta con las promociones registradas con los folios 13230, 13284 y 13432. Conste. Zacatecas, Zacatecas, once de julio de dos mil veintidós. Agréguense a sus autos para que obren como corresponda y surtan los efectos legales a que haya lugar, los oficios registrados con los folios 13230 y 13432, remite vía interconexión el Juez Décimo Sexto de Distrito y la secretaria del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito, ambos en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el los cuales remiten diligenciados los exhortos números de orden 445/2022 (origen 131/2022) y 484/2022 (origen 142/2022); sin que sea el caso acusar recibo dada la vía por la que se remiten. Por otra parte, glósese a los autos la promoción con registro 13284, remitida vía electrónica por Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, a través de la Subdirección Jurídica; por la que rinde informe relativo a la suspensión de plano decretada en proveído de veintinueve de abril de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Diana Jaimes Villanueva, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Ángeles En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del doce de julio de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.

  4. Principal

    El veintitrés de junio de dos mil veintidós, Jaime Santillán Chávez, secretario de juzgado certifica y hace constar: - Que el término de cinco días concedido a la parte quejosa para dar cumplimiento a las prevenciones formuladas por auto de dos de junio del año en curso, transcurrió del catorce al veinte del presente mes y año, con exclusión de los días dieciocho y diecinueve del mes y año que transcurre, por ser sábado y domingo; en virtud de haber sido notificado por de forma personal el diez de junio de dos mil veintidós; lo que se asienta para constancia legal. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 12213, la certificación que antecede y el estado de autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta que remite vía interconexión la Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado por los motivos que expone, el exhorto 388/2022 (origen 115/2022); sin que sea el caso acusar recibo, dada la vía en que se recibe la aludida comunicación oficial. Ahora, de las constancias actuariales asentadas el diez de junio del presente año, se advierte que los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta y Luis Arturo Zavala Rosas, manifestaron su deseo de ratificar su escrito de demanda; sin embargo, no dieron cumplimiento a las prevenciones que les fueron formuladas en auto de dos de junio del presente año; no obstante que como se desprende de la certificación que antecede, dicho proveído les fue notificado de forma personal el diez del mes y año en curso; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento ahí contenido, por lo que no se tienen como actos reclamados los actos y omisiones señalados en los puntos 17), 18), 19), 20), 21) y 23), de su escrito inicial de demanda, y por ende no se tienen como autoridades responsables a las que les son atribuidos los mismos. INCOMPETENCIA. Ahora, dado lo narrado en párrafos que anteceden, con fundamento en los artículos 37 y 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, 103 y 107 constitucionales, se determina que este Juzgado, en razón de territorio, para conocer y resolver el presente juicio de amparo. Así, es conveniente tomar en cuenta, los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, que establecen: "Articulo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetaran a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:... VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido, o que afecten a personas extras al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitare al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citare en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (...). Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De los artículos transcritos, se advierte que se establecen tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito en los asuntos, cuyo conocimiento los corresponda, a saber:  Sera juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución trate de ejecutarse se esté ejecutando o se haya ejecutado;  Cuando el acto reclamado puede tenor ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y,  Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En las dos primeras reglas, se requiere que el acto reclamado tenga ejecución material, no es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en el ámbito de competencia de uno o de varios jueces de distrito, pues la primera se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero solo hace mención a que se efectué en una sede; en cambio, la segunda se refiere a la ejecución en dos o más distritos diferentes, al precisar que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro. La tercera regla provee el caso en el que el acto reclamado no requiere ejecución material, lo que da competencia al juez en cuyo distrito se haya presentado la demanda. De lo anterior, se aprecia que la intención del legislador al fijar la competencia de los jueces de distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al juez de distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los jueces federales con competencia en los distritos, cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de uno de ellos o haya comenzado a ejecutarse en uno se y siga ejecutándose en otro, pues solo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles con forme a las prevenciones de la lev de la materia y a la jurisprudencia de los tribunales de la Unión intención que queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, donde se establece que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. En este sentido, razonar sobre si un acto de autoridad requiere de ejecución material no depende de las consecuencias jurídicas que este produzca; este es, si es generador de un cambio en el estado de las cosas o con la situación jurídica o de hecho del particular o, si por el contrario, no genera mutación el ámbito factico, o jurídico del gobernado. Así, cuando por virtud del acto de autoridad no ocurre ninguna modificación o cambio en la situación de hecho, o con la esfera jurídica del quejoso, se está en presencia de un acto de autoridad meramente declarativo; en cambio, si genera los cambios aludidos, se trata de un acto positivo o negativo con efectos positivos. Ahora, el tema central de la controversia competencial latente, descansa en determinar la naturaleza del acto reclamado por la parte quejosa, para lo que es preciso dilucidar previamente como se distinguen y clasifican los actos, en razón que en ese punto radica la base de la decisión de aceptar o no la competencia declinada. Con relación a los actos de autoridad, la doctrina es homogénea en clasificarlos como positivos, negativos y omisivos, los primeros son aquellos en los que la autoridad impone al gobernado determinadas obligaciones o prohibiciones en sus diferentes bienes jurídicos, en su persona o en su conducta. La positividad debe entenderse como una actuación concreta de la autoridad que ordena al gobernado a hacer algo, le impone una obligación o le prohíbe determinada actuación. Cuando el acto se traduce en una imposición de determinadas obligaciones de no hacer o limitaciones a la actividad de los gobernados, pueden Llamarse también actos prohibitivos. Los actos negativos, a diferencia de los positivos, son aquellos en los que la autoridad se rehúsa a hacer algo: el particular requiere una actuación de la autoridad pero esta no despliega dicha actuación en beneficio del gobernado. Este tipo de actos, por cuanto a la autoridad, entrañan un comportamiento activo, pero negativo en cuanto a la decisión que toma la autoridad en relación con lo que de ella se requiere. Los actos omisivos son aquellos quo se identifican con la abstención de /a autoridad, que no accede ni rehúsa la pretensión del gobernado, sino que simplemente guarda una actitud pasiva, de silencio, en relación con las pretensiones del gobernado. De lo anterior se sigue que, en nuestro sistema jurídico, impera la clasificación de los actos en positivos y negativos, en los primeros se comprende a los positivos propiamente dichos, a los prohibitivos y aun a los negativos si tienen efectos positivos; en tanto que en los segundos se comprenden exclusivamente a los omisivos. En la legislación mexicana, con relación al juicio de amparo, cobra vigencia la anterior clasificación, en tanto que la Ley de Amparo la recoge con lo sustancial, específicamente con el artículo 77 que determina cuales son los efectos de la sentencia quo concede la protección constitucional al gobernado. Así, en el caso se reclama: Reubicación de Carlos Alberto Angelino Barrón del dormitorio cuatro zona uno estancia once at dormitorio Nueve zona Dos estancia once a otro diverso. Reubicación de Edwin Daniel Guerra Córdova del dormitorio cuatro zona uno estancia once al dormitorio cuatro zona uno estancia cuatro a otro diverso. Reubicación de Luis Gabriel Jop Corzo del dormitorio cuatro zona uno estancia cinco a otro diverso. Reubicación de José Othón Ramiro Hernández Lima del dormitorio cuatro zona fres estancia ocho a otro diverso. Reubicación de Enrique Mejía Bello y José Antonio Contreras Chávez del dormitorio cuatro zona tres estancia nueve a otro diverso. Reubicación de Enrique Alvarado Saucillo del dormitorio cuatro zona tres estancia doce a otro diverso. Reubicación de Eduardo Ampudia Fraustro del dormitorio cuatro zona uno estancia doce a otro diverso Reubicación de Renán Hidalgo Echazarreta del dormitorio cuatro zona uno estancia diez a otro diverso Reubicación de Eduardo Flores Castro del dormitorio cuatro zona tres estancia siete a otro diverso Violación al principio Pro Persona Omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos Inaplicación de criterios internacionales Omisión de suspender de sus funciones a los servidores públicos bajo investigación ministerial por la comisión de actos constitutivos de delitos En ese sentido, es claro que los actos reclamados tienen ejecución en la ciudad de México, pues los promovente manifestaron se encuentran recluidos en la penitenciaria de la Ciudad de México. A ello, debe sumarse que la regla de competencia establecida en el artículo 37 de la Ley de Amparo respecto de actos ejecutables es de interpretación literal, lo que impide al juzgador realizar interpretaciones sistemáticas, teleológicas o lógicas, pues la intención cierta del legislador ha sido el evitar conflictos competenciales a través de una mejor operatividad de los derechos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita establecidos en los artículos 14 y 17 constitucionales; ello, tal y como se sigue del siguiente precedente: Registro digital: 2006529 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 17/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, página 500 Tipo: Jurisprudencia "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." En ese orden de ideas, fórmese cuaderno de antecedentes y remítase el original del expediente al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, en turno, solicitándose acuse recibo en el que se precise el sentido que recaiga a este acuerdo. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. Toda vez que la parte quejosa se encuentra recluida en la penitenciaria de la Ciudad de México; por tanto, con fundamento en el artículo 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del ordinal 2° del ordenamiento legal citado en último término; así como el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, en turno, para que por comisión de la Justicia Federal y en auxilio de las labores de este Juzgado comisione al Actuario Judicial de su adscripción a fin de que se constituya en el domicilio señalado en líneas precedentes y requiera a la parte quejosa, debiendo prevenirlo para que en el término de tres días señale domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones de carácter personal, apercibiéndolo que de no hacerlo, las subsecuentes que tengan ese carácter, le serán realizadas por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional en términos de los artículos 27, fracción III, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo. Para evitar dilaciones innecesarias respecto de la imposibilidad que pudiese tener el Actuario Judicial para llevar a cabo las notificaciones personales que se susciten dentro del presente procedimiento, con fundamento en el artículo 282, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le habilitan días y/u horas inhábiles para que realice las notificaciones que fueren necesarias, sin necesidad de acuerdo respectivo, previa constancia actuarial, en que se acredite que se asistió en días y horas inhábiles. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado, ante Jaime Santillán Chávez, secretario que autoriza y da fe. Ángeles

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