Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.

Expediente 617/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
617/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
18/08/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
  • Carlos Alberto Angelino Barrón
  • Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta, signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual informa que el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, en el impedimento 70/2022, calificó de legal el impedimento planteado por la Jueza Primero de Distrito en esa ciudad y le remitió acumulados los juicios de amparo indirecto 847/2022 y 848/2022; asimismo, refiere que el órgano jurisdiccional de su adscripción se avocó al conocimiento de dichos asuntos bajo el número 1119/2022-V y su acumulado 1120/2022-VI. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes y tómese conocimiento de lo informado por la oficiante. Finalmente, como está ordenado en proveído de siete de julio de dos mil veintidós, devuélvanse los autos del presente juicio de amparo al archivo de este Juzgado de Distrito. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el oficio de cuenta, signado electrónicamente por la Jueza Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, mediante el cual transcribe el auto de veintiuno de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 847/2022-3, de su índice, del cual se desprende que aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional y ordenó la acumulación de la demanda registrada bajo el número 848/2022-4 al diverso 847/2022-3, por las razones ahí expuestas. Sin que se remita el acuse de recibo de la recepción de la comunicación oficial que se provee, toda vez, que es generado por la vía que fue recibida. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diez de junio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el estado de San Luis potosí, con residencia en Ciudad Valles, mediante el cual devuelve el original del juicio de amparo ********************, de su índice estadístico y comunica la determinación de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, por la que determinó no aceptar la competencia declinada por éste órgano de control constitucional para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, ********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************,******************** e ********************. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, no insiste en declinar competencia y este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese de recibo vía interconexión, para lo cual se autoriza al actuario de la adscripción que corresponda, para firmar electrónicamente el oficio que derive de la presente determinación e incorporar el acuse que se obtenga de dicho envío al expediente electrónico. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). INCOMPETENCIA Por otra parte, se considera que no se surte la competencia legal por cuestión de territorio, a favor de este juzgado, atendiendo a la propia naturaleza jurídica de los actos reclamados, y que en el presente caso, los quejosos manifestaron, bajo protesta de decir verdad que se encuentran recluidos en la penitenciaria de la Ciudad de México. Esto es así, partiendo de las reglas fundamentales que en materia de competencia prevé el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Conforme al citado precepto legal, existen tres reglas fundamentales de competencia de los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, a saber: 1) Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente el juzgador ante el que se presente la demanda. 3) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, por regla general, son los actos ejecutivos los que determinan la competencia de los jueces de distrito, por lo que resulta necesario hacer algunas reflexiones al respecto, en relación con las reglas competenciales antes indicadas. Por lo que hace a la primera, que es la fundamental, la competencia del juez de distrito se fija atendiendo al lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución. Es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Debe recordarse que un acto de autoridad, si no es absolutamente negativo o totalmente declarativo, se desenvuelve normalmente en dos fases: una, es la decisoria u ordenadora, y otra, la ejecutiva; por lo que, para determinar la competencia de un juez de distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos decisorios y actos ejecutivos, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de tal manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial. Así, es el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, lo que establece la competencia de los jueces de Distrito. En el segundo supuesto, si los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos jueces de distrito, la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, esto es, ante el juez de distrito en donde se presentó la demanda. Además, cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del juez de distrito es el lugar en donde la parte quejosa decidió presentar la demanda. Esta regla se aplica a actos absolutamente negativos o declarativos, que no originen ningún acto ejecutivo, pues en este último supuesto, se insiste, rigen las dos reglas precedentes. Además de lo anterior, resulta necesario señalar que cuando son señalados como autoridades responsables todos los Jueces de Distrito de la misma materia, de cierto ámbito territorial, debe atenderse, además de la cercanía a la especialización. Esto es, cuando se promueve un juicio de amparo contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un distrito, es competente el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito. Apoya lo expuesto la Jurisprudencia P./J.44/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 190008, que dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN. El primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Amparo constituye una regla de excepción a la competencia por territorio que prevé el numeral 36 del propio ordenamiento, al establecer que corresponde conocer de un juicio de garantías promovido contra actos de un Juez de Distrito a otro de igual categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, al más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito al que pertenezca dicho Juez, regla que debe aplicarse para determinar cuál es el Juez competente cuando el amparo se promueve contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial (distrito o circuito), aun cuando no se prevea en forma expresa esa hipótesis. Ahora bien, atendiendo a la interpretación sistemática de lo dispuesto en el referido artículo 42, no sólo debe tomarse en cuenta el factor de la cercanía, sino también la materia en que están especializados o de que pueden conocer los Jueces de Distrito. En estas condiciones, puede concluirse que el competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un distrito, es el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito; y, en el caso de que el amparo se promueva en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un circuito, aplicando dicha regla, será competente el Juez de garantías más cercano a ese circuito. En otro tenor, debe decirse que el criterio que se cita y que interpreta la Ley de Amparo abrogada se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponen a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en tal criterio de manera alguna contraviene disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente, con respecto al tema que trata, por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. Además, los artículos Primero, fracción XXVII, y Segundo, fracción XX y Cuatro fracción XX, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Determinación del Número y Límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al Número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, señalan: "PRIMERO. El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: (.) XX. VIGESIMO CIRCUITO: Estado de Chiapas. (.) XX. VIGESIMO CIRCUITO: 1. Cuatro tribunales colegiados con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2. Dos tribunales unitarios con sede en Tuxtla Gutiérrez. 3. Nueve juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas: dos especializados de Procesos Penales Federales, con residencia en Cintalapa de Figueroa; siete juzgados de Distrito mixtos: cinco con sede en Tuxtla Gutiérrez y dos con residencia en Tapachula. XX. VIGESIMO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Cintalapa de Figueroa y los juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acala, Aldama, Altamirano, Amatán, Amatenango del Valle, Angel Albino Corzo, Benemérito de las Américas, Berriozábal, Bochil, Catazajá, Cintalapa, Coapilla, Comitán de Domínguez, Copainalá, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chapultenango, Chenalhó, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Chicoasén, Chicomuselo, Chilón, El Bosque, Francisco León, Huitiupán, Huixtán, Ixhuatán, Ixtacomitán, Ixtapa, Ixtapangajoya, Jiquipilas, Jitotol, Juárez, Larrainzar, La Concordia, La Independencia, La Libertad, La Trinitaria, Las Margaritas, Las Rosas, Maravilla Tenajapa, Marqués de Comillas, Mitontic, Montecristo de Guerrero, Nicolás Ruiz, Ocosingo, Ocotepec, Ocozocoautla de Espinosa, Ostuacán, Osumacinta, Oxchuc, Palenque, Pantelhó, Pantepec, Pichucalco, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, Reforma, Sabanilla, Salto de Agua, San Andrés Duraznal, San Cristóbal de las Casas, San Fernando, San Juan Cancuc, San Lucas, Santiago el Pinar, Simojovel, Sitalá, Socoltenango, Solosuchiapa, Soyaló, Suchiapa, Sunuapa, Tapalapa, Tapilula, Tecpatán, Tenejapa, Teopisca, Tila, Totolapa, Tumbalá, Tuxtla Gutiérrez, Tzimol, Venustiano Carranza, Villa Corzo, Villaflores, Yajalón y Zinacantán. Los juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acacoyahua, Acapetahua, Amatenango de la Frontera, Arriaga, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Cacahoatán, El Porvenir, Escuintla, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, La Grandeza, Mapastepec, Mazapa de Madero, Mazatán, Metapa, Motozintla, Pijijiapan, Siltepec, Suchiate, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión Juárez y Villa Comaltitlán. En el presente caso, de la referida demanda de amparo se advierte que los actos que reclaman de las autoridades que señalan como responsables, tendrán ejecución en la Ciudad de México, pues los quejosos se encuentran reclusos en la penitenciaria de la Ciudad de México. Y dado que los impetrantes señalaron como responsables a todos los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México del primero al décimo sexto, y en materia Administrativa del primero al décimo séptimo de la Ciudad de México y a todos los Jueces de Distrito residentes en los Estados de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí (a excepción de los residentes en ciudad capital), Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; en consecuencia, este juzgado federal considera que le compete conocer de la presente demanda de amparo al Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en San Luis Potosí, en Turno, pues resulta ser el órgano jurisdiccional más cercano al lugar en donde tienen ejecución los actos reclamados, en virtud de que la parte quejosa no lo señaló como autoridad responsable. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia P./J.6/2020 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2022197, de título y contenido: "INCOMPETENCIA. CUANDO AL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE LE ATRIBUYE EL ACTO RECLAMADO SE ACTUALIZA TAL SUPUESTO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE TRATE O NO DEL MISMO TITULAR, SIN EMBARGO, POR ECONOMÍA PROCESAL ES VÁLIDO DECLARAR FUNDADO EL IMPEDIMENTO PLANTEADO POR LAS MISMAS RAZONES. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios en cuanto a si es posible declarar fundado el impedimento presentado por el secretario encargado del despacho de un Juzgado de Distrito, en términos de la fracción IV del artículo 51 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo indirecto en donde se reclaman actos emitidos por ese mismo órgano (dictados por otro titular). Criterio jurídico: Si bien el supuesto planteado técnicamente resulta ser un problema de incompetencia; sin embargo, por economía procesal es válido considerarlo como una causa de impedimento. Justificación: Conforme con la finalidad del juicio de amparo y a lo previsto en los artículos 36 y 38 de la Ley de Amparo, que establecen las reglas de competencia para el conocimiento de los juicios de amparo indirecto por parte de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales Unitarios de Circuito, se concluye que en aquellos casos en los que se constate que el órgano jurisdiccional al que le es turnado un juicio de amparo indirecto también tiene el carácter de autoridad responsable, con independencia de que no se trate del mismo titular, se actualiza su incompetencia funcional para conocer del asunto. No obstante lo anterior, por economía procesal, cuando se plantea un impedimento por las mismas razones, es posible declararlo fundado, pues tanto la competencia como la figura del impedimento, de origen comparten el mismo fin, es decir, servir como un límite a la función jurisdiccional.". Sin que pase inadvertido que los accionantes de amparo no realicen una precisión adecuada de los actos reclamados, ni tampoco de las autoridades responsables; sin embargo, dicha cuestión podrá ser materia de aclaración, en su caso, por parte del juez de Distrito competente que se avoque al conocimiento del asunto. En consecuencia, previa integración del cuaderno de antecedentes, remítanse los autos originales del presente juicio de amparo, al Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en San Luis Potosí, en Turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de tales órganos jurisdiccionales, a través del servicio de mensajería denominado Estafeta, a fin de que asuma el conocimiento de este juicio constitucional; por lo cual, solicítese al juez que corresponda conocer del asunto, tenga a bien comunicar respecto de la aceptación de la competencia y acusar el recibo correspondiente vía interconexión. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Raúl López Pedraza, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido del Secretario que autoriza, Guido Pérez Ramírez, quien certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renan Hidalgo Echazarreta, Luis Arturo Zavala Rosas e Iván López Hinojosa, recibida a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.SE), contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 2. Subdirector Jurídico de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 3. Subdirector de Seguridad de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 4. Comité Técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 5. Subdirectora de Apoyo Técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 6. Jefe de Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico Ubicación y Determinación del Tratamiento de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 7. Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. 8. Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 9. Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. 10. Jefatura de Unidad departamental de Jurídico y Normatividad de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 11. Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México del primero al décimo sexto. 12. Jueces de Distrito en Materia Administrativa y Civil de la Ciudad de México del primero al décimo séptimo. 13. Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí (excepto los de Ciudad capital, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas. 14. Fiscalía de Servidores Públicos de la Ciudad de México. 15. Subsecretario de sistema penitenciario de la ciudad de México. 16. Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 17. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 18. Contraloría de la Ciudad de México. 19. Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. ANOTACIONES Seguidamente, se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo********************-III-A. Del análisis integral de la demanda de amparo se colige que, los actos reclamados lo constituyen: 1. Reubicación de dormitorio con fines de afectación psicofísicas, emocional e intimidatorios. 2. Ataques y actos de coacción. 3. Desacato de cumplir órdenes judiciales. 4. Orden de traslado de la penitenciaria de la Ciudad de México a otro diverso. 5. Actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución y 15 de la Ley de Amparo. 6. Intimidación, discriminación, violación al principio pro persona. 7. Inaplicación de criterios internacionales. 8. Omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos. 9. Omisión de suspender de sus funciones a los servidores públicos bajo investigación ministerial. 10. Encubrimiento de actos de delito de tortura. 11. Incomunicación e intimidación. 12. Discriminación del absoleto reglamento que usan las autoridades. SE CONCEDE LA SUSPENSION DE PLANO. En consecuencia, previa integración del cuaderno de antecedentes, remítanse los autos originales del presente juicio de amparo, al Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de tales órganos jurisdiccionales, a través del servicio de mensajería denominado Estafeta, a fin de que asuma el conocimiento de este juicio constitucional; por lo cual, solicítese al juez que corresponda conocer del asunto, tenga a bien comunicar respecto de la aceptación de la competencia y acusar el recibo correspondiente vía interconexión. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. En otro tenor, debe decirse el criterio que se cita en este proveído, que interpreta la Ley de Amparo abrogada se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponen a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en tales criterios de manera alguna contraviene disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente, con respecto al tema que trata, por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio.

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