Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.

Expediente 349/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
349/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
07/04/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a siete de abril de dos mil veintidós. 1. RECEPCIÓN DE OFICIO, RESPECTO DE LA INCOMPETENCIA. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles, mediante el cual transcribe el auto de cuatro de abril del año en curso, dictado en el juicio de amparo indirecto 243/2022-I-B y sus acumulados 244/2022, 245/2022, 246/2022, 247/2022, 248/2022, 249/2022, 250/2022, 251/2022, 253/2022, 254/2022, 255/2022, 256/2022, 259/2022, 260/2022 y 261/2022, de su estadística, en el cual informa que aceptó la competencia declinada por éste órgano jurisdiccional y se avocó el conocimiento del asunto. Sin que se remita el acuse de recibo de la recepción de la comunicación oficial que se provee, toda vez, que es generado por la vía que fue recibida. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado; y, con base en lo establecido por el numeral 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento al artículo 21, fracción j) 1 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Capítulo 8, punto 8.1.2 apartado 102 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se indica que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, además, no tiene 1 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) d) Incompetencias;." 2 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos (.) 10. Incompetencias. relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Lo anterior, pues en el caso: I) este órgano jurisdiccional se declaró incompetente legalmente para conocer de la demanda de amparo, toda vez que fue señalado como autoridad responsable, aunado a que el acto reclamado tendrá ejecución en la Ciudad de México, II) la demanda que forma este juicio no está vinculado a determinar la constitucionalidad de resoluciones referente a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, III) no se ocupa de resoluciones impugnadas ante organismos públicos internacionales, IV) tampoco a conflictos laborales colectivos, patrimonio histórico, arqueológico y artístico V) ni se trata de materia agraria o se encuentre ligado a una jurisprudencia o tesis aislado de los Tribunales de Circuito. Entonces, este expediente, al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes treinta días deberá procederse a su destrucción, hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento. Notifíquese.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo que promueve ***, enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ***, contra actos de las autoridades siguientes: 1. Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 2. Subdirector Jurídico de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 3. Subdirector de Seguridad de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 4. Comité Técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 5. Subdirectora de Apoyo Técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 6. Jefe de Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico Ubicación y Determinación del Tratamiento de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 7. Subsecretario de sistema Penitenciario de la Ciudad de México. 8. Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 9. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 10. Jefatura de Unidad departamental de Jurídico y Normatividad de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 11. Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México del primero al décimo sexto. 12. Jueces de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México del primero al décimo séptimo. 13. Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí excepto los de Ciudad Valles, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 14. Fiscalía de Servidores Públicos de la Ciudad de México. 15. Contraloría de la Ciudad de México. 16. Secretaría de la Función Pública. 17. Presidencia de la República Mexicana. 18. Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 19. Jefatura de Unidad Departamental del Área de Psicología y Criminología de la Penitenciaria de la Ciudad de México. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 349/2022. Del análisis integral de la demanda de amparo se colige que, los actos reclamados lo constituyen: 1. Reubicación de dormitorio con fines de afectación psicofísicas, emocional e intimidatorios. 2. Ataques y actos de coacción. 3. Orden de traslado de la penitenciaria de la Ciudad de México a otro diverso. 4. Actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución y 15 de la Ley de Amparo. 5. Intimidación, discriminación, violación al principio pro persona. 6. Inaplicación de criterios internacionales. 7. Omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos. 8. Omisión de suspender de sus funciones a los servidores públicos. 9. Encubrimiento de actos de delito de tortura. 10. Incomunicación e intimidación. 11. Estudio, perfiles e intimidación como medio de coacción. 12. Audiencias del Comité Técnico de la penitenciaría de la Ciudad de México sin la presencia de sus asesores designados por la Defensoría Pública Federal y Defensoría Pública de la Ciudad de México. SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora bien, constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, de conformidad con su numeral 2, vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), dio como resultado la existencia de diverso juicio de amparo instado por ***, el cual fue radicado con el número 271/2022, del índice de este juzgado, en el que señalaron como autoridades responsables y actos reclamados, entre otros, los que se reclaman en la presente demanda y que se transcribieron con antelación. Así pues, del ocurso inicial se advierte que dicho quejoso solicita la suspensión de plano respecto de los actos que han quedado precisados. Lo anterior pone en evidencia que el aquí inconforme *** referido juicio de amparo 271/2022 de la estadística de este Juzgado Federal y en el presente asunto se duele -entre otros- de los mismos actos reclamados, así, en proveído de esta propia fecha, dictado en dicho juicio, se concedió la suspensión de plano para el efecto de que cesen cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto en relación a los actos consistentes en tortura psicofísica y emocional con fines de intimidación, discriminación e incomunicación, actos prohibidos en el artículo 19 constitucional y artículo 15 de la Ley de Amparo. De ahí que, resulta patente que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 145 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 145. Cuando apareciere debidamente probado que ya se resolvió sobre la suspensión en otro juicio de amparo, promovido con anterioridad por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación, contra el mismo acto reclamado y contra las propias autoridades, se declarará sin materia el incidente de suspensión." Lo anterior debido a que, como se dijo, en el diverso sumario constitucional ya se emitió un pronunciamiento expreso en relación con la suspensión de plano solicitada respecto del quejoso 1Carlos Alberto Angelino Barrón, la cual continúa surtiendo efectos hasta que se dicte una determinación que disponga lo contrario o cause ejecutoria el fallo en que se resuelva dicho asunto. En consecuencia, se declara sin materia la solicitud de suspensión de plano respecto de los actos reclamados, únicamente por lo que respecta al quejoso *** Es ilustrativa a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 23/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2000807, de rubro: INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. PROCEDE DECLARARLO SIN MATERIA CUANDO SE DEMUESTRE QUE SE RESOLVIÓ SOBRE LA DEFINITIVA EN UN DIVERSO JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR EL PROPIO QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y POR LOS MISMOS ACTOS, AUN CUANDO SE HAYA DICTADO SENTENCIA EJECUTORIA EN EL PRINCIPAL. No pasa inadvertido para este juzgador, que el Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en misma ciudad, decretó suspensión de plano respecto a los actos reclamados por los quejosos, como se dijo con antelación, y remitió los autos al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Ciudad Obregón, tal y como se obtuvo de la búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, sin embargo, de dicho sistema no se advierten datos referentes a la aceptación o no de la competencia planteada por el primero de los citados órganos, así como el estado que guarda el expediente; en consecuencia se provee lo siguiente: En cuanto a la orden de traslado y de reubicación de dormitorio no se hace pronunciamiento alguno en virtud de que se trata de actos reglados; es decir, no son actos privativos de libertad dictados fuera de procedimiento. Al respecto, es aplicable la tesis aislada de la 1a. XXI/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice 1 : ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley 1 Época: Undécima Época Registro: 2023063 Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 07 de mayo de 2021 10:12 h Materia(s): (Penal). Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Justificación: El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida; luego, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Así, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), porque derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se le consideraba como un acto emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía concederse la suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, tal concepción ha sido superada y deviene inaplicable, aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, por lo que si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, tendrá que agotar los referidos medios de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento." De igual forma, se invoca como hecho notorio en los términos antes indicados, y como se advierte de la certificación de cuenta, que en proveído emitido con esta misma fecha en el juicio de amparo indirecto 271/2022, del índice de este Juzgado de Distrito, se determinó que no es procedente la suspensión de plano respecto de los actos consistentes en el TRASLADO, en la reubicación de los quejosos *** de los dormitorios que citan en su escrito de demanda, en la DISCRIMINACIÓN POR CONDICIÓN, VIOLACIÓN AL PRINCIPIO PRO PERSONA, E INAPLICABILIDAD DE CRITERIOS INTERNACIONALES PRO PERSONA, OMISIÓN DE INVESTIGAR ACTOS CONSTITUTIVOS DE DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS, OMISIÓN DE SUSPENDER FUNCIONES DE SERVIDORES PÚBLICOS, ENCUBRIMIENTOS, REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PERFILES, AUDIENCIAS DEL COMITÉ TÉCNICO, debido a que no se ubican en alguno de los supuestos a que se refiere el aludido artículo 126 de la Ley de Amparo, o alguno de los previstos por el artículo 22 Constitucional. Y, por otra parte, se concedió a dichos quejosos la suspensión de plano y oficio respecto de los actos reclamados consistentes en la afectación de tortura psicofísica y emocional con fines de intimidación, discriminación e incomunicación; razón por la cual, en el presente asunto no se proveerá lo relativo a la suspensión de los actos reclamados, toda vez que ya fueron materia de concesión en los juicios antes citados. Por su aplicación, se cita la jurisprudencia XXII. J/12 del Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito2, que literalmente refiere: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 2 XXII. J/1265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO., sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." INCOMPETENCIA Por otra parte, de la lectura integral de la demanda de cuenta, se arriba a la consideración de que no se surte la competencia legal por cuestión de territorio, a favor de este juzgado, atendiendo a la propia naturaleza jurídica de los actos reclamados, y que en el presente caso, los quejosos manifestaron, bajo protesta de decir verdad que se encuentran recluidos en la penitenciaria de la Ciudad de México. Esto es así, partiendo de las reglas fundamentales que en materia de competencia prevé el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece: 2 Publicada en la página 295, del Tomo V, enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Conforme al citado precepto legal, existen tres reglas fundamentales de competencia de los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, a saber: 1 Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2 Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente el juzgador ante el que se presente la demanda. 3 Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, por regla general, son los actos ejecutivos los que determinan la competencia de los jueces de distrito, por lo que resulta necesario hacer algunas reflexiones al respecto, en relación con las reglas competenciales antes indicadas. Por lo que hace a la primera, que es la fundamental, la competencia del juez de distrito se fija atendiendo al lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución. Es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Debe recordarse que un acto de autoridad, si no es absolutamente negativo o totalmente declarativo, se desenvuelve normalmente en dos fases: una, es la decisoria u ordenadora, y otra, la ejecutiva; por lo que, para determinar la competencia de un juez de distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos decisorios y actos ejecutivos, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de tal manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial. Así, es el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, lo que establece la competencia de los jueces de Distrito. En el segundo supuesto, si los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos jueces de distrito, la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, esto es, ante el juez de distrito en donde se presentó la demanda. Además, cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del juez de distrito es el lugar en donde la parte quejosa decidió presentar la demanda. Esta regla se aplica a actos absolutamente negativos o declarativos, que no originen ningún acto ejecutivo, pues en este último supuesto, se insiste, rigen las dos reglas precedentes. Además de lo anterior, resulta necesario señalar que cuando son señalados como autoridades responsables todos los Jueces de Distrito de la misma materia, de cierto ámbito territorial, debe atenderse, además de la cercanía a la especialización. Esto es, cuando se promueve un juicio de amparo contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un distrito, es competente el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito. Apoya lo expuesto la Jurisprudencia P./J.44/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 190008, que dice: COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN. El primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Amparo constituye una regla de excepción a la competencia por territorio que prevé el numeral 36 del propio ordenamiento, al establecer que corresponde conocer de un juicio de garantías promovido contra actos de un Juez de Distrito a otro de igual categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, al más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito al que pertenezca dicho Juez, regla que debe aplicarse para determinar cuál es el Juez competente cuando el amparo se promueve contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial (distrito o circuito), aun cuando no se prevea en forma expresa esa hipótesis. Ahora bien, atendiendo a la interpretación sistemática de lo dispuesto en el referido artículo 42, no sólo debe tomarse en cuenta el factor de la cercanía, sino también la materia en que están especializados o de que pueden conocer los Jueces de Distrito. En estas condiciones, puede concluirse que el competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un distrito, es el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito; y, en el caso de que el amparo se promueva en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un circuito, aplicando dicha regla, será competente el Juez de garantías más cercano a ese circuito. Además, los artículos Primero, fracción XXVII, y Segundo, fracción XX y Cuatro fracción XX, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Determinación del Número y Límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al Número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, señalan: PRIMERO. El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: *** XX. VIGESIMO CIRCUITO: Estado de Chiapas. *** XX. VIGESIMO CIRCUITO: 1. Cuatro tribunales colegiados con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2. Dos tribunales unitarios con sede en Tuxtla Gutiérrez. 3. Nueve juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas: dos especializados de Procesos Penales Federales, con residencia en Cintalapa de Figueroa; siete juzgados de Distrito mixtos: cinco con sede en Tuxtla Gutiérrez y dos con residencia en Tapachula. XX. VIGESIMO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Cintalapa de Figueroa y los juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acala, Aldama, Altamirano, Amatán, Amatenango del Valle, Angel Albino Corzo, Benemérito de las Américas, Berriozábal, Bochil, Catazajá, Cintalapa, Coapilla, Comitán de Domínguez, Copainalá, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chapultenango, Chenalhó, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Chicoasén, Chicomuselo, Chilón, El Bosque, Francisco León, Huitiupán, Huixtán, Ixhuatán, Ixtacomitán, Ixtapa, Ixtapangajoya, Jiquipilas, Jitotol, Juárez, Larrainzar, La Concordia, La Independencia, La Libertad, La Trinitaria, Las Margaritas, Las Rosas, Maravilla Tenajapa, Marqués de Comillas, Mitontic, Montecristo de Guerrero, Nicolás Ruiz, Ocosingo, Ocotepec, Ocozocoautla de Espinosa, Ostuacán, Osumacinta, Oxchuc, Palenque, Pantelhó, Pantepec, Pichucalco, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, Reforma, Sabanilla, Salto de Agua, San Andrés Duraznal, San Cristóbal de las Casas, San Fernando, San Juan Cancuc, San Lucas, Santiago el Pinar, Simojovel, Sitalá, Socoltenango, Solosuchiapa, Soyaló, Suchiapa, Sunuapa, Tapalapa, Tapilula, Tecpatán, Tenejapa, Teopisca, Tila, Totolapa, Tumbalá, Tuxtla Gutiérrez, Tzimol, Venustiano Carranza, Villa Corzo, Villaflores, Yajalón y Zinacantán. Los juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acacoyahua, Acapetahua, Amatenango de la Frontera, Arriaga, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Cacahoatán, El Porvenir, Escuintla, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, La Grandeza, Mapastepec, Mazapa de Madero, Mazatán, Metapa, Motozintla, Pijijiapan, Siltepec, Suchiate, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión Juárez y Villa Comaltitlán. En el presente caso, de la referida demanda de amparo se advierte que los actos que reclaman de las autoridades que señalan como responsables, tendrán ejecución en la Ciudad de México, pues los quejosos se encuentran reclusos en la penitenciaria de la Ciudad de México. Y dado que los impetrantes señalaron como responsables a todos los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México del primero al décimo sexto, y en materia Administrativa del primero al décimo séptimo de la Ciudad de México y a todos los Jueces de Distrito residentes en los Estados de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí (a excepción de los residentes en Ciudad Valles), Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; en consecuencia, este juzgado federal considera que le compete conocer de la presente demanda de amparo al Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en turno, pues resulta ser el órgano jurisdiccional más cercano al lugar en donde tienen ejecución los actos reclamados, en virtud de que la parte quejosa no lo señaló como autoridad responsable. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia P./J.6/2020 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2022197, de título y contenido: INCOMPETENCIA. CUANDO AL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE LE ATRIBUYE EL ACTO RECLAMADO SE ACTUALIZA TAL SUPUESTO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE TRATE O NO DEL MISMO TITULAR, SIN EMBARGO, POR ECONOMÍA PROCESAL ES VÁLIDO DECLARAR FUNDADO EL IMPEDIMENTO PLANTEADO POR LAS MISMAS RAZONES. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios en cuanto a si es posible declarar fundado el impedimento presentado por el secretario encargado del despacho de un Juzgado de Distrito, en términos de la fracción IV del artículo 51 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo indirecto en donde se reclaman actos emitidos por ese mismo órgano (dictados por otro titular). Criterio jurídico: Si bien el supuesto planteado técnicamente resulta ser un problema de incompetencia; sin embargo, por economía procesal es válido considerarlo como una causa de impedimento. Justificación: Conforme con la finalidad del juicio de amparo y a lo previsto en los artículos 36 y 38 de la Ley de Amparo, que establecen las reglas de competencia para el conocimiento de los juicios de amparo indirecto por parte de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales Unitarios de Circuito, se concluye que en aquellos casos en los que se constate que el órgano jurisdiccional al que le es turnado un juicio de amparo indirecto también tiene el carácter de autoridad responsable, con independencia de que no se trate del mismo titular, se actualiza su incompetencia funcional para conocer del asunto. No obstante lo anterior, por economía procesal, cuando se plantea un impedimento por las mismas razones, es posible declararlo fundado, pues tanto la competencia como la figura del impedimento, de origen comparten el mismo fin, es decir, servir como un límite a la función jurisdiccional.". Sin que pase inadvertido que los accionantes de amparo no realicen una precisión adecuada de los actos reclamados, ni tampoco de las autoridades responsables; sin embargo, dicha cuestión podrá ser materia de aclaración, en su caso, por parte del juez de Distrito competente que se avoque al conocimiento del asunto. En consecuencia, previa integración del cuaderno de antecedentes, remítanse los autos originales del presente juicio de amparo, al Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de tales órganos jurisdiccionales, a través del servicio de mensajería denominado Estafeta, a fin de que asuma el conocimiento de este juicio constitucional; por lo cual, solicítese al juez que corresponda conocer del asunto, tenga a bien comunicar respecto de la aceptación de la competencia y acusar el recibo correspondiente vía interconexión. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. En otro tenor, debe decirse el criterio que se cita en este proveído, que interpreta la Ley de Amparo abrogada se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponen a la presente Ley, pues es evidente que las consideraciones contenidas en tales criterios de manera alguna contraviene disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente, con respecto al tema que trata, por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. NOTIFICACIONES POR LISTA Se indica a las partes que la lista de notificaciones no personales se podrá consultar a diario en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en la siguiente dirección: www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.ht m?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm EXHORTACIÓN A LAS PARTES A TRAMITAR ASUNTOS EN LÍNEA, PRIVILEGIANDO EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con fundamento en el artículo 1, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de juicio en línea, proporcionando a éste órgano jurisdiccional el nombre de usuario con el que se registren en el portal del de Juicio de amparo en línea bajo la siguiente liga electrónica:https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicio enlinea. De igual manera con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. DESAHOGO ENLACE DE VIDEOCONFERENCIAS Y DILIGENCIAS NECESARIAS Hágase del conocimiento de las partes que con la finalidad de respetar las medidas sanitarias preventivas del momento que se vive ante la contingencia por el virus ***, así como la de procurar una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en la fracción I y III, del artículo 1 del Acuerdo General Conjunto 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y debido a las restricciones para acceder al edificio en términos de las medidas de seguridad establecidas en el diverso Acuerdo General 21/2020 del citado órgano administrativo colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, requiérase a las partes para que de ordenarse en el presente asunto una diligencia donde sea necesaria la comparecencia de alguna de ellas, o en su caso, quienes pretendan comparecer a la misma, deberán comunicarlo con dos días de anticipación a la fecha señalada para la misma el teléfono 9626987434, extensiones 1101 y 1109. Lo anterior, a efecto de .realizar la videoconferencia correspondiente, a través de la plataforma Cisco Webex; por lo que, deberán realizar en cualquier dispositivo electrónico (teléfono celular, laptop, ipad, tablet, PC de escritorio, etc.) la descarga de la aplicación antes mencionada, bajo las siguientes indicaciones: 1) Descargar la aplicación de la siguiente liga electrónica: https://www.webex.com/es/downloads.html 2) Descargar la versión Webex Meetings; 3) Ejecutar la aplicación y registrarse con su nombre completo y correo electrónico personal; y 4) Conectarse el día y hora señalado ordenado en autos en la siguiente liga de conferencia: http://meetingsamer21.webex.com/meet/pr1261408503. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, en el entendido que deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus ***, para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán con supresión de datos, y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes *** cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en los arábigos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. CREACIÓN E INICIO DE FUNCIONES DEL JUZGADO Toda vez que mediante Acuerdo General 32/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de diciembre de dos mil veinte, se ordenó la creación del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, hágase lo anterior del conocimiento de las partes. Notifíquese y cúmplase.

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