Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
Expediente 673/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 673/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
- Carlos Alberto Angelino Barrón
Actuaciones
- Principal
Vista la cuenta; glósese para que obre como corresponda a los autos el oficio sin número del Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, con sede en Guadalajara; en virtud de que este asunto se encuentra totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, y tomando en consideración la certificación asentada en la razón de cuenta por la Secretaria de este Juzgado, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que los quejosos, interpusieran recurso de queja en contra del auto que desechó de plano la demanda que promovieron, sin que lo hicieran. En tal virtud, con fundamento en los artículos 2º, 97, fracción I, inciso a), 98, párrafo primero, y 99 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio en materia de amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno respectivo, archívense las actuaciones como asunto concluido, lo que tiene apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero, párrafo primero, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo decimoquinto, del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Se destaca que en este juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Vista la cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Carlos González Valencia, en representación de Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 673/2021-1, que por razón de turno le corresponde y fórmese expediente. Ahora bien, se advierte que la demanda de amparo de cuenta no cumple con las formalidades establecidas con la Ley aplicable, toda vez que si bien fue remitida de manera electrónica a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, la misma carece de la firma electrónica del promovente. En ese contexto, cabe hacer mención el contenido del cuarto párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales." Asimismo, el numeral 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centro de Justicia Penal Federal, que a la letra establece: "Artículo 76. El sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción. Cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, si el certificado es reconocido por la Unidad y si se encuentra vigente, datos que deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para acordar lo correspondiente." De lo expuesto, se tiene que el artículo 3 de la Ley de Amparo permite la presentación de escritos en forma electrónica, esto se condiciona al empleo de la firma electrónica del promovente y conforme a la regulación que al efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. Esto, pues la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) es el instrumento a través del cual se ingresa al Sistema Electrónico para presentar medios de impugnación (demandas), enviar promociones y/o documentos, recibir comunicaciones, notificaciones y/o documentos oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia, entre otros, de los Juzgados de Distrito, la cual produce los mismos efectos que la firma autógrafa, tomando en cuenta lo previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo. Por tanto, todas las demandas, promociones, recursos y cualquier escrito u oficio que envíen las partes en un juicio de amparo deben ir firmados mediante el uso de la FIREL, conforme a lo dispuesto por el artículo 5 del Acuerdo General Conjunto 1/2013. En consecuencia, las personas físicas legitimadas podrán utilizar la FIREL para promover, por su propio derecho, cualquier asunto; en el caso de las personas morales, el certificado digital de firma electrónica para promover dichos juicios deberá corresponder a la persona física que legalmente las represente; y las personas que no promuevan por su propio derecho podrán actuar dentro de los asuntos respectivos mediante el uso del certificado digital de firma electrónica que les fue asignado, siempre y cuando, mediante proveído judicial dictado en el expediente respectivo, previamente se les haya reconocido capacidad procesal para tal fin, según lo establecido en el artículo 6 del Acuerdo General Conjunto 1/2013. Luego, que si la demanda electrónica no fue firmada mediante el uso de la FIREL, es inconcuso que no puede considerarse que externó su voluntad de acudir al juicio constitucional, lo cual se traduce en el incumplimiento del requisito de instancia de parte agraviada, por lo que debe desecharse la demanda, con fundamento en los artículos 6, 61, fracción XXIII, y 113 de la Ley de Amparo. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Notifíquese personalmente.
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