Carlos Alberto Angelino Barron

Expediente 2253/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2253/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
07/10/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barron
  • Director de la Penitenciaria de la Ciudad de Mexico

Actuaciones

  1. Principal

    ...Vista la cuenta; téngase por recibido el escrito de Jorge Arturo González Manríquez apoderado legal de la autoridad responsable Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, mediante el cual informa el impedimento para dar cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en este juicio, en el sentido que no es posible realizar aplicaciones a la partida del presente año, por lo que en el Ejercicio del 20223 quedará contemplada la cifra, exhibiendo la constancia relativa al oficio MGF-1045/2022 de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, suscrito por el Gerente Financiero de dicho organismo en el que informa al Coordinador Jurídico tal circunstancia. Atento a ello, dése vista a la parte quejosa para que exponga lo que a su interés convenga. No obstante lo expuesto, se considera que la actuación de la autoridad oficiante implica una evasión al cumplimiento de la sentencia de amparo, cuando se encuentra obligada a su obediencia, máxime que tratándose de las que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones pertinentes, dentro del ámbito de sus atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las resoluciones mencionadas. En ese tenor, tomando en cuenta, en principio, el carácter preferente que asiste a la obligación constitucional de pago, la que debe acatarse en el plazo fijado, además de que ninguna disposición legal de rango inferior a nuestra Carta Magna puede condicionar su cumplimiento, por ende, la autoridad responsable tiene la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencia o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 5/2011 Novena Época del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 10, del Tomo XXXIII, de Marzo de 2011, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación (registro 162469), del rubro y contenido que establecen: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento". En tal virtud, se estima que lo informado por la autoridad responsable, a través de su apoderado legal, constituye el pretexto para generar una supuesta condición para cumplir el fallo protector. Entonces, al ser el cumplimiento de la sentencia de amparo una cuestión de orden público, ya que no sólo interesa a toda la sociedad, sino que es de vital importancia para la vida institucional de México, ya que independientemente de que la observancia cabal de un fallo constitucional redunda en beneficio personal de la parte quejosa, también es verdad que contribuye a consolidar el imperio de la Constitución Federal, obligando a su respeto a todas las autoridades del país. Ante el incumplimiento de la autoridad responsable Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, de conformidad con los artículos 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento formulado en auto de doce de septiembre del año en curso, en el que se tuvo por recibida la ejecutoria del Tribunal de Alzada confirmando el fallo protector concedido a Miguel Ángel González Quiroga. Se le impone multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha, a la citada autoridad; para ello, gírese oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Tamaulipas "4", residente en esta ciudad, para que conforme a sus facultades, realice las gestiones conducentes para hacer efectiva la multa impuesta a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. Por otra parte, con apoyo en los numerales 77, fracción I, 192, 194, 195, 197 y 258 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, para que dentro del improrrogable término de quince días, contado a partir de la legal notificación de este acuerdo, informe sobre el cumplimiento que hayan dado a la ejecutoria de amparo. Para el debido acatamiento de esta determinación, se apercibe a la autoridad mencionada que de no cumplir sin causa justificada en el término señalado, se le impondrá multa por el equivalente a doscientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha, en caso de que se haga efectivo dicho medio de apremio, con apoyo en los numerales 238 y 258 de la Ley de la Materia. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo citado, la jurisprudencia 1ª./J.107/2022 (11ª.) de la Primera Sala del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Undécima Época, Tomo III, Agosto de 2022, página 2494 (registro 2025144), que establece: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. ENTRE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A LAS AUTORIDADES OBLIGADAS Y LA APERTURA DEL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DEBE MEDIAR UN PLAZO RAZONABLE Y NO CONTENERSE EN UNA MISMA DETERMINACIÓN. Hechos: En un juicio de amparo se impuso multa a una autoridad de la Ciudad de México por considerarla renuente al cumplimiento del fallo protector y en el mismo proveído se ordenó la apertura del incidente de inejecución de sentencia. Criterio jurídico: Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo y esperar un plazo razonable para que cumplan con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Por lo anterior, no es posible que en el mismo auto en el que se multe a la autoridad también se inicie el incidente de inejecución, sino que entre la imposición de la sanción y el inicio de la incidencia debe mediar un plazo razonable. Justificación: La disposición en el sentido de esperar un plazo razonable entre la imposición de la multa y la apertura del incidente de inejecución obedece a que con la imposición de la medida de apremio se intenta vencer la renuencia del servidor público que se considera que ha obstaculizado la ejecución del fallo protector. El sistema sancionatorio en la ejecución de sentencias de amparo es progresivo, pues inicia con la imposición de multa por parte de la persona juzgadora de amparo y si a pesar de ello no se logra vencer la renuencia de la persona multada, la sanción escala hasta su destitución y consignación ante el Juzgado de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo". Finalmente, agréguese a los autos el ocurso de José Alfredo Cavazos Mercado; y atento a su contenido, dígase que deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta; téngase por recibido el oficio 26602/2022 signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado, con residencia en Monterrey, Nuevo León, a través del cual y en cumplimiento al auto emitido el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, remite el juicio de amparo 829/2022-I de su índice, promovido por Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Flores Castro, Renan Hidalgo Echazarreta, Luis Arturo Zavala Rosas, Iván López Hinojosa y Juan Manuel Espinosa González, contra acto del Director de la Penitenciaria en la Ciudad de México, y de otras autoridades, por carecer de competencia legal para conocer de la misma, de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Amparo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Este Juzgado Federal comparte los razonamientos en relación a la mayor cercanía que expuso la autoridad declinante, por lo que con fundamento en los artículos 33, fracción IV, 35, 37, párrafo primero, 48 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto; fórmese expediente y regístrese con el número 2253/2022-5 en el libro de gobierno por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Ahora bien, visto el escrito de demanda signado por Carlos Alberto Angelino Barrón y otros, se advierte causa de improcedencia en virtud que los actos reclamados versan sobre reubicación, condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas, conforme al principio de definitividad contenido en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." Cierto, se actualiza la citada causal de improcedencia porque como lo ha determinado la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, proveen un medio de defensa idóneo para combatir traslados carcelarios sin previa autorización judicial, así como de las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Ello, porque el citado numeral 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. Por su parte, el numeral 116, de la citada norma en materia de ejecución, contempla la figura jurídica de controversias jurisdiccionales, conforme a las cuales los jueces de ejecución han de conocer conflictos relacionados con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas. De tal manera, que el control judicial se reserva para después de la ejecución del traslado, por lo que sin perjuicio de los supuestos mencionados, cuando la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se ha materializado, o cuando se trate de orden verbal del supuesto traslado, el afectado debe promover la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, conforme a los artículos 122 y 124, de la propia Ley Nacional de Ejecución Penal, el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. Luego, la controversia judicial sobre las cuestiones que reclaman en la demanda de amparo que nos ocupa, es el medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado, reubicación y demás condiciones de internamiento, así como las cuestiones relacionadas con las mismas, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, prevé el recurso de apelación entre otros supuestos, contra de las resoluciones que se pronuncien en las controversias judiciales sobre medidas de seguridad, ejecución de las sanciones disciplinarias, traslados, afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras. De ahí que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional. Al respecto se invoca la tesis 1a. XXIV/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 2, Junio de 2021, Tomo IV, Materias Penal, registro digital 2023190, página 3506, de contenido: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional.Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto.Justificación: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional." En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 52 y 117, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, con fundamento en el ordinal 113 de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Flores Castro, Renan Hidalgo Echazarreta, Luis Arturo Zavala Rosas, Iván López Hinojosa y Juan Manuel Espinosa González. En tal virtud, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de la Materia, se ordena que la notificación de esta determinación y las subsecuentes, se realicen por medio de lista a Carlos Alberto Angelino Barrón, quien se encuentra designado como representante común de la parte quejosa, esto hasta en tanto proporcione domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Con base en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo, previo pago a costa del solicitante, identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Asimismo, de conformidad con la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, que determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. En otro aspecto, en obvio de mayores dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional. En la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea la parte quejosa, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en funciones de Jueza, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio SEPLE./GEN./001/4194/2022, en sesión de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, con apoyo en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Iris Ileana de León Martínez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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