Carlos Alberto Angelino Barrón
Expediente 323/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 323/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, doce de abril de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio suscrito electrónicamente por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, con el cual informa que aceptó la competencia declinada para conocer del Juicio de Amparo promovido por Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Iván García Mijares Hernández, Erick Adrián Rosas Gamiño, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Flores Castro, Hugo Melchor Nieto, Cristian Eduardo Nava Verde, Diego Issac Hernández González, Hansel Jesús Huitron González, Juan Carlos Cárcamo Cano, Iván Farías Chávez, Giancarlo Flores Mendoza, Bernardo Mendoza Cuervo y Alejandro Díaz Madrid, radicándolo con el numeral 298/2023, de lo que se toma nota para los efectos legales conducentes. Asimismo, solicita se le remita la papeleta de turno del cuadernillo de antecedentes en que se actúa. Por otra parte, del estado de autos se advierte que el veintinueve de marzo del año en curso, se recibió el exhorto diligenciado 47/2023, orden 34/2023, de este índice, por el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, con el cual allegó la constancia de notificación, en la que el actuario se constituyó en el lugar señalado y fue atendido por los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Iván García Mijares Hernández, Erick Adrián Rosas Gamiño, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Flores Castro, Hugo Melchor Nieto, Cristian Eduardo Nava Verde, Diego Issac Hernández González, Hansel Jesús Huitron González, Juan Carlos Cárcamo Cano, Iván Farías Chávez, Giancarlo Flores Mendoza, Bernardo Mendoza Cuervo y Alejandro Díaz Madrid, el cual se reservó de acordar lo conducente, hasta en tanto se tuviera conocimiento del órgano jurisdiccional que aceptó la competencia planteada. Por lo anterior, mediante oficio que derive del presente acuerdo, envíese la boleta de turno y la comunicación oficial señalada en el párrafo que antecede, al Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por ser quien ahora conoce de la demanda de amparo, con la que se inició este expediente. En consecuencia, al no existir diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, archívese como asunto concluido. Se hace la precisión que este cuadernillo de antecedentes es destruible una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de su archivo, por ubicarse en el supuesto previsto en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que en este asunto, se declaró procedente el impedimento del suscrito para conocer la demanda de amparo y declinó la competencia al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; máxime que no cuenta con valor documental. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del expediente mencionado y háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico implementado por el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.). Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, Edwin Daniel Guerra Córdova, Iván García Mijares Hernández, Erick Adrián Rosas Gamiño, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Flores Castro, Hugo Melchor Nieto, Cristian Eduardo Nava Verde, Diego Issac Hernández González, Hansel Jesús Huitron González, Juan Carlos Cárcamo Cano, Iván Farías Chávez, Giancarlo Flores Mendoza, Bernardo Mendoza Cuervo y Alejandro Díaz Madrid, contra actos del Director, el Subdirector Jurídico, el Comité Técnico y los Subdirectores de Seguridad y de Apoyo Técnico, todos de la Penitenciaria de la Ciudad de México y con residencia en la ciudad del mismo nombre. De conformidad con el artículo 13 de la ley de la materia, se tiene a ********************, como representante común, por así solicitarlo. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 323/2023-VIII. Conviene señalar, como se destaca en la certificación que precede, que la demanda de amparo de que se trata presentada en línea, carece de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) de los promotores del amparo ********************, lo que no es necesario de conformidad con lo dispuesto por el artículo 109 de la Ley de Amparo. Además de que los quejosos se encuentran privados de su libertad ambulatoria, en atención al estado de vulnerabilidad en que se encuentran y, en su caso, a la restricción o prohibición del uso de medios informáticos por las autoridades penitenciarias, no es factible exigirle que cuente con su firma electrónica y la plasme en su demanda, máxime si como en el caso promueven por propio derecho, ante su nula o casi nula posibilidad de tener acceso a una computadora y a Internet (herramientas indispensables para ingresar a dicho sistema). Resulta aplicable al respecto la tesis aislada I.1o.P.3 P (11a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo IV, Undécima Época, con registro digital 2023739, página 3340, del tenor siguiente: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA MEDIANTE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. LA FALTA DE FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL) DEL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN, NO CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA SU DESECHAMIENTO DE PLANO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 8/2019 (10a.)]. Hechos: El Juez de Distrito desechó de plano la demanda de amparo indirecto presentada mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en razón de que en ésta no obraba la firma electrónica (FIREL) del quejoso privado de su libertad en un centro de reclusión, con lo cual no expresaba su voluntad de darle trámite y no se satisfacía el principio de instancia de parte agraviada que rige en materia de amparo, sustentando su decisión en la tesis de jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO.". Inconforme con el desechamiento, el quejoso interpuso recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que en atención al principio de igualdad, tratándose de quejosos privados de la libertad en un centro de reclusión, la falta de firma electrónica (FIREL) en su demanda de amparo indirecto presentada mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación no conlleva que de manera manifiesta e indudable se actualice la causa de improcedencia a que refiere la citada jurisprudencia del Alto Tribunal del País para su desechamiento de plano, porque de aplicarse, se estaría dando un trato igual a un desigual. Justificación: El Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación es una herramienta tecnológica tendente a fortalecer y hacer más cercano y expedito el derecho fundamental de acceso a la tutela jurisdiccional, y así poder hacer real el concepto de "e-justicia" o justicia en línea en nuestro país, sobre todo en materia de amparo, por así disponerlo el artículo 3o. de la Ley de Amparo, por lo que para presentar demandas, promociones o interponer recursos por medio del portal -salvo los casos urgentes o de excepción que marca el artículo 15 de la citada ley-, es indispensable que el interesado genere y cuente con una firma electrónica a su nombre, como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), la cual, para generarla requiere, entre otros requisitos, que el interesado suba al sistema en formato PDF documentos en original o en copia certificada de: 1) alguna identificación oficial vigente; 2) acta de nacimiento; 3) comprobante de domicilio; y, 4) la Clave Única de Registro de Población (CURP). En estas condiciones, por lo general, una persona privada de la libertad en un centro de reclusión no se encuentra en igualdad de condiciones que una que no lo está, para que en caso de que carezca de una firma electrónica, pueda generarla y acceder a dicha herramienta de acceso a la justicia, pues además de que no tiene a su libre disposición instrumentos tecnológicos como lo sería una computadora o un dispositivo inteligente con acceso a Internet, para que se genere la firma electrónica es indispensable que el interesado suba al sistema documentos (en formato digital) que difícilmente una persona privada de la libertad podría tener bajo su poder u obtener, por ejemplo, una identificación oficial vigente y, sobre todo, un comprobante de domicilio. Y, en este escenario, el Portal de Servicios en Línea se puede tornar en una herramienta ilusoria o anecdótica para quienes se encuentran en la referida situación jurídica, pues a pesar de su existencia y que constituye un mecanismo creado para fortalecer y hacer más cercano el derecho fundamental de acceso a la tutela jurisdiccional, para dicho sector, por sus condiciones de internamiento, resulta inaccesible o, por lo menos, no expedito, como de manera contraria podría ocurrir con quienes no se encuentren restringidos en dicho derecho fundamental. De modo que para los quejosos que se hallen recluidos, el acceso a la instancia constitucional se reduce sólo a la opción física, no porque así necesariamente sea su voluntad ejercerlo, sino a causa de que el sistema tecnológico no está depurado para facilitar su acceso y operatividad para dicho grupo social. Por tanto, no pueden requerirse las mismas exigencias a una persona que está en un plano de desigualdad en relación con otras que lo están en uno de igualdad, siendo que conforme a las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad (como lo son las privadas de la libertad), es obligación de todos los juzgadores adoptar las medidas necesarias para eliminar toda desigualdad y suprimir las barreras que impiden o limitan el acceso a la justicia durante el procedimiento. Y la manera en que esto puede ocurrir tratándose de dichos justiciables, es considerar que la falta de firma electrónica en sus escritos de demanda no conlleva que de manera manifiesta e indudable se actualice la causa de improcedencia con base en la referida jurisprudencia del Máximo Tribunal del País, pues además de que el tópico relativo a la privación de la libertad de quien promueve el juicio de amparo no fue un aspecto que haya sido materia de estudio en la contradicción de tesis de la que derivó dicho criterio, lo cierto es que debe partirse de la premisa de que si los referidos justiciables estuviesen en aptitud de generar el mencionado requisito, así lo harían, al ser los principales interesados de que sus demandas prosperen, pues de lo contrario se prejuzgaría que sí pudieron hacerlo y que a pesar de ello no exhibieron la firma electrónica; afirmación que no es propia de un auto de desechamiento y que hace palmario que la improcedencia en cuestión no resulte manifiesta ni indudable. Por lo que atendiendo a que el derecho a la tutela jurisdiccional tiene límites tendentes a demostrar que los justiciables se obligan y comprometen respecto a lo que demandan en su escrito, satisfaciendo con ello el principio de instancia de parte agraviada que rige al amparo, el requisito de la firma electrónica en las demandas presentadas a través del mencionado portal puede satisfacerse con la firma digitalizada que aparezca en el contenido del escrito de demanda, misma que de conformidad con el artículo 108 de la Ley de Amparo, lo expuesto y lo plasmado en ella se hacen bajo protesta de decir verdad para los efectos legales a que haya lugar. Establecido lo anterior, del escrito de cuenta se advierte que los quejosos promueven demanda por propio derecho y señalan como actos reclamados destacados: tormentos psicofísicos, de discriminación, intimidación, incomunicación, tortura psicofísica, violencia y agresiones, los cuales son temas de gran relevancia que actualizan los supuestos de los preceptos 15 y 109 de la Ley de Amparo, por lo que procede pronunciarse sobre la suspensión de plano en términos del numeral 126 del mismo ordenamiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 126 mencionado, se concede la suspensión de plano para el efecto de que cesen de inmediato por parte de las responsables de que se trata, los actos enunciados en párrafos anteriores, así como cualquier otro acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna. Se ordena notificar a las autoridades responsables o encargadas del lugar en que se dice se encuentran los agraviados o, en su defecto, a las autoridades que en ese momento las representen o las sustituyan en sus funciones, la suspensión que se concede. Para el debido cumplimiento de esta determinación, con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades señaladas como responsables de que se trata, para que proporcionen al notificador las medidas necesarias a efecto de que cumpla con su encomienda, apercibidas que en caso de negativa o evasión para la ejecución y cumplimiento de esta suspensión, se aplicarán en su contra los medios de apremio legalmente establecidos, sin dejar de mencionar que el desacato o violación a esta medida entraña la comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo; por lo que, de consumarse, de inmediato se dará vista al Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar. Con la aclaración para dichas autoridades, que tratándose de juicios de amparo en los que se reclaman cualesquiera de los supuestos previstos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no hay horas ni días inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Amparo. En el entendido que podrán rendir dichos informes a esta autoridad, por vía fax, al número telefónico (01) 656 227-26-00, extensión 1248, o al correo electrónico 5jdo17cto@correo.cjf.gob.mx, siendo posible su confirmación en el número (01) 656 227-26-00, extensión 1238, esto en atención a lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional. Asimismo, a fin de estar en aptitud de proveer lo relativo a lo expuesto por los quejosos en su demanda, respecto de la tortura psicofísica de que se dice están siendo objeto, se ordena al fedatario judicial comisionado, que en la diligencia en que notifique al representante común de los quejosos, dé fe del estado físico exterior que presentan los amparistas, levantado acta pormenorizada al respecto. Toda vez que los quejosos se encuentran privados de su libertad en la Penitenciaria de la Ciudad de México; esto es, fuera del lugar en que ejerce jurisdicción este juzgado federal, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 298 y 300 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación, envíese atento exhorto de manera electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, en turno, en la Ciudad de México, para que en auxilio de las labores de este juzgado ordene al actuario de su adscripción que corresponda, constituirse en las instalaciones que ocupa el mencionado centro de reclusión, y notifique a ******************** como representante común, el contenido del presente auto, asentando constancia de tal circunstancia y para que lleve a cabo todo lo ordenado en párrafos anteriores, así como para que haga entrega de los oficios enviados a las responsables y respecto a la suspensión de plano concedida, para su debido conocimiento y cumplimiento, debiendo recabar el acuse respectivo. Hecho lo anterior, se le solicita atentamente devolver el exhorto a la brevedad posible. Con el fin de asegurar el éxito de las diligencias solicitadas, se pide al juzgador a quien corresponda conocer del exhorto que se envía, adopte las medidas necesarias, seguro de la reciprocidad que se observará en casos análogos. Con independencia de lo anterior, es menester analizar si este juzgado resulta competente para conocer de la misma, ello en virtud de ser la competencia una cuestión de orden público, no sólo por el presupuesto procesal que constituye, sino además porque encuentra su origen en el contenido de la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su parte relativa establece: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]". En adición al precepto transcrito, es necesario atender lo que dispone el artículo 37 de la Ley de Amparo, del tenor siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Para una mejor comprensión, conviene decir que del contenido del artículo 37 antes transcrito, se consignan tres reglas para determinar la competencia por territorio de los jueces de Distrito, respecto del conocimiento de los juicios de amparo; a saber: a) Conforme al párrafo primero, será competente el juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En esta hipótesis carece de relevancia alguna el lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado; presupone además que después de su emisión, el acto reclamado requiere de ejecución material por parte de autoridad diversa de la ordenadora. b) El segundo párrafo, más que una regla, contiene una variante de la anterior, pues establece que en caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y se siga ejecutando en otro, será competente el juez ante quien se presente la demanda. c) En el último párrafo, se establece que cuando la resolución reclamada no requiere de ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En este supuesto el presupuesto fundamental radica en que el acto reclamado no requiera de ejecución material. En el caso particular, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución o trate de ejecutarse los actos reclamados mencionados y en el que actualmente se están ejecutando aquellos y de que se dice son objeto los directos quejosos. Así, se advierte que en la especie se actualiza la regla prevista en el primer párrafo del precitado artículo 37, y que los directos agraviados se encuentran recluidos en la Penitenciaria de la Ciudad de México, por tanto quienes deben conocer de la presente demanda es un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, en turno, en la Ciudad de México, con residencia en la ciudad del mismo nombre. Aunado a lo anterior, no debe pasar desapercibido que el artículo 17 de la Constitución Federal, dispone que la impartición de justicia deberá ser pronta y expedita, lo que puede definirse como el derecho fundamental que toda persona tiene dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Además, se debe tomar en cuenta el propósito del legislador al establecer el primer párrafo del artículo 37 anteriormente referido, al otorgar al gobernado las condiciones necesarias para tener fácil acceso a la justicia federal. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, en concordancia con el Acuerdo General 3/2013, adicionado por los diversos 3/2015, 12/2016 y 3/2021, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declina competencia a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, en turno, en la Ciudad de México, para que conozca de la demanda promovida por ******************** y otros, por propio derecho. Por lo anterior, previo cuaderno de antecedentes que se forme con copia de las actuaciones que conforman el expediente en que se actúa, por conducto del encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, remítase una impresión del escrito presentado electrónicamente, al Juez de Distrito que por razón de turno corresponda de su conocimiento, a efecto de que determine si se avoca o no al conocimiento de la misma, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena al oficial judicial "C" la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan, o bien, en caso de que se presenten de manera electrónica, proceda a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente; así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar toda aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Cúmplase.
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