Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
Expediente 434/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 434/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, uno de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo indirecto en que se actúa, se advierte que en proveído de tres de mayo del año en curso, se tuvo por recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el oficio 14426/2023 de veintiocho de abril último, firmado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, con el cual informó que ese Órgano Jurisdiccional aceptó la competencia declinada por este Juzgado Federal. Por ende, mediante oficio que derive del presente acuerdo, remítase al Órgano Jurisdiccional en cita, previa copia simple se obtenga del comunicado de cuenta, recibido a través del correo oficial de este Juzgado, signado por el Director, Subdirector, Encargado de la Subdirección de Seguridad, Jefe de Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico, Ubicación, Determinación y Tratamiento, Secretaria del Comité Técnico, Responsable del Servicio Médico, Subdirectora Jurídica y Servidores Públicos, todos de la Penitenciaria de la Ciudad de México, con el cual rinden el informe sobre la suspensión de plano. Cúmplase.
- Principal
Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio y anexo recibidos a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), firmado electrónicamente por la Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 136/2023-V, orden 137/2023-VII, de su índice, formado con motivo del diverso 66/2023-V, orden 51/2023, de la estadística de este Órgano Jurisdiccional, derivado del juicio de amparo indirecto en que se actúa, el cual fue girado con el objeto de notificar personalmente a ********************por si y como representante común de los quejosos ********************y ********************el auto de veinticinco de abril del presente año, además de hacer entrega de los oficios dirigidos a las responsables Director; Subdirector Jurídico; Subdirector de Seguridad; Comité Técnico; Subdirector de Apoyo Técnico; Jefe de la Unidad Departamental de Centro de Diagnóstico, Ubicación y Determinación del Tratamiento; Subsecretario del Sistema Penitenciario; Director del Servicio Médico y Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria de la Subsecretaria del Sistema Penitenciario; todos de la Penitenciaria de la Ciudad de México. Sin que sea necesario expedir acuse de recibo de la comunicación oficial, pues basta con la evidencia criptográfica que genera el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con motivo de su envío. Finalmente, háganse las anotaciones de estilo en el libro electrónico de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y dese de baja la citada comunicación oficial. Cúmplase.
- Principal
Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), firmado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, con el cual informa que ese Órgano Jurisdiccional aceptó la competencia declinada por este Juzgado Federal. Por ende, al no existir diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, archívese como asunto totalmente concluido. En consecuencia, esta autoridad con fundamento en los artículos 6 y 12, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y reguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se constató que las constancias que integran la versión electrónica del juicio en que se actúa, visibles en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), concuerdan con las que obran en el expediente físico, por lo que procede a valorar jurídicamente este juicio de amparo, por tanto, se hace la precisión que este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran seis meses posteriores a la fecha de su archivo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.4, relativo al tratamiento de los expedientes con suspensión de plano del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, pues no obstante que este Juzgado se declaró carecer de competencia; en este asunto se decretó la suspensión de plano y de oficio de los actos reclamados, sin perjuicio de conservar las constancias relativas al otorgamiento de la medida cautelar antes mencionada, así como el presente acuerdo, además al prudente arbitrio de este juzgador se considera que no tiene relevancia documental. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del expediente mencionado y háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por *****; contra actos del Director; Subdirector Jurídico; Subdirector de Seguridad; Comité Técnico; Subdirector de Apoyo Técnico; Jefe de la Unidad Departamental de Centro de Diagnóstico, Ubicación y Determinación del Tratamiento; Subsecretario del Sistema Penitenciario; Director del Servicio Médico y Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria de la Subsecretaria del Sistema Penitenciario; todos de la Penitenciaria de la Ciudad de México. De conformidad con el artículo 13 de la ley de la materia, se tiene a Carlos Alberto Angelino Barrón, como representante común, por así solicitarlo. Regístrese en el en el libro electrónico implementado por el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.), con el número 434/2023-V y fórmese expediente electrónico e impreso, únicamente con las constancias que resulten necesarias, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 22 reformado del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Conviene señalar, como se destaca en la certificación que precede, que la demanda de amparo de que se trata presentada en línea, carece de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) de los promotores del amparo Carlos Alberto Angelino Barrón y otros, lo que no es necesario de conformidad con lo dispuesto por el artículo 109 de la Ley de Amparo. Además de que los quejosos se encuentran privados de su libertad ambulatoria, en atención al estado de vulnerabilidad en que se encuentran y, en su caso, a la restricción o prohibición del uso de medios informáticos por las autoridades penitenciarias, no es factible exigirle que cuente con su firma electrónica y la plasme en su demanda, máxime si como en el caso promueven por propio derecho, ante su nula o casi nula posibilidad de tener acceso a una computadora y a Internet (herramientas indispensables para ingresar a dicho sistema). Resulta aplicable al respecto la tesis aislada I.1o.P.3 P (11a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo IV, Undécima Época, con registro digital 2023739, página 3340, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA MEDIANTE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. LA FALTA DE FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL) DEL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN, NO CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA SU DESECHAMIENTO DE PLANO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 8/2019 (10a.)]. Hechos: El Juez de Distrito desechó de plano la demanda de amparo indirecto presentada mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en razón de que en ésta no obraba la firma electrónica (FIREL) del quejoso privado de su libertad en un centro de reclusión, con lo cual no expresaba su voluntad de darle trámite y no se satisfacía el principio de instancia de parte agraviada que rige en materia de amparo, sustentando su decisión en la tesis de jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO.". Inconforme con el desechamiento, el quejoso interpuso recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que en atención al principio de igualdad, tratándose de quejosos privados de la libertad en un centro de reclusión, la falta de firma electrónica (FIREL) en su demanda de amparo indirecto presentada mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación no conlleva que de manera manifiesta e indudable se actualice la causa de improcedencia a que refiere la citada jurisprudencia del Alto Tribunal del País para su desechamiento de plano, porque de aplicarse, se estaría dando un trato igual a un desigual. Justificación: El Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación es una herramienta tecnológica tendente a fortalecer y hacer más cercano y expedito el derecho fundamental de acceso a la tutela jurisdiccional, y así poder hacer real el concepto de "e-justicia" o justicia en línea en nuestro país, sobre todo en materia de amparo, por así disponerlo el artículo 3o. de la Ley de Amparo, por lo que para presentar demandas, promociones o interponer recursos por medio del portal -salvo los casos urgentes o de excepción que marca el artículo 15 de la citada ley-, es indispensable que el interesado genere y cuente con una firma electrónica a su nombre, como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), la cual, para generarla requiere, entre otros requisitos, que el interesado suba al sistema en formato PDF documentos en original o en copia certificada de: 1) alguna identificación oficial vigente; 2) acta de nacimiento; 3) comprobante de domicilio; y, 4) la Clave Única de Registro de Población (CURP). En estas condiciones, por lo general, una persona privada de la libertad en un centro de reclusión no se encuentra en igualdad de condiciones que una que no lo está, para que en caso de que carezca de una firma electrónica, pueda generarla y acceder a dicha herramienta de acceso a la justicia, pues además de que no tiene a su libre disposición instrumentos tecnológicos como lo sería una computadora o un dispositivo inteligente con acceso a Internet, para que se genere la firma electrónica es indispensable que el interesado suba al sistema documentos (en formato digital) que difícilmente una persona privada de la libertad podría tener bajo su poder u obtener, por ejemplo, una identificación oficial vigente y, sobre todo, un comprobante de domicilio. Y, en este escenario, el Portal de Servicios en Línea se puede tornar en una herramienta ilusoria o anecdótica para quienes se encuentran en la referida situación jurídica, pues a pesar de su existencia y que constituye un mecanismo creado para fortalecer y hacer más cercano el derecho fundamental de acceso a la tutela jurisdiccional, para dicho sector, por sus condiciones de internamiento, resulta inaccesible o, por lo menos, no expedito, como de manera contraria podría ocurrir con quienes no se encuentren restringidos en dicho derecho fundamental. De modo que para los quejosos que se hallen recluidos, el acceso a la instancia constitucional se reduce sólo a la opción física, no porque así necesariamente sea su voluntad ejercerlo, sino a causa de que el sistema tecnológico no está depurado para facilitar su acceso y operatividad para dicho grupo social. Por tanto, no pueden requerirse las mismas exigencias a una persona que está en un plano de desigualdad en relación con otras que lo están en uno de igualdad, siendo que conforme a las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad (como lo son las privadas de la libertad), es obligación de todos los juzgadores adoptar las medidas necesarias para eliminar toda desigualdad y suprimir las barreras que impiden o limitan el acceso a la justicia durante el procedimiento. Y la manera en que esto puede ocurrir tratándose de dichos justiciables, es considerar que la falta de firma electrónica en sus escritos de demanda no conlleva que de manera manifiesta e indudable se actualice la causa de improcedencia con base en la referida jurisprudencia del Máximo Tribunal del País, pues además de que el tópico relativo a la privación de la libertad de quien promueve el juicio de amparo no fue un aspecto que haya sido materia de estudio en la contradicción de tesis de la que derivó dicho criterio, lo cierto es que debe partirse de la premisa de que si los referidos justiciables estuviesen en aptitud de generar el mencionado requisito, así lo harían, al ser los principales interesados de que sus demandas prosperen, pues de lo contrario se prejuzgaría que sí pudieron hacerlo y que a pesar de ello no exhibieron la firma electrónica; afirmación que no es propia de un auto de desechamiento y que hace palmario que la improcedencia en cuestión no resulte manifiesta ni indudable. Por lo que atendiendo a que el derecho a la tutela jurisdiccional tiene límites tendentes a demostrar que los justiciables se obligan y comprometen respecto a lo que demandan en su escrito, satisfaciendo con ello el principio de instancia de parte agraviada que rige al amparo, el requisito de la firma electrónica en las demandas presentadas a través del mencionado portal puede satisfacerse con la firma digitalizada que aparezca en el contenido del escrito de demanda, misma que de conformidad con el artículo 108 de la Ley de Amparo, lo expuesto y lo plasmado en ella se hacen bajo protesta de decir verdad para los efectos legales a que haya lugar." Establecido lo anterior, del escrito de cuenta se advierte que los quejosos promueven demanda por propio derecho y señalan como actos reclamados destacados: intimidación, coacción, agresiones psicoemocionales, represalias, tratos degradantes y discriminación por condición, maltrato y tortura psicofísica emocional, restricción de comunicación equiparada a incomunicación, los cuales atribuyen los promotores de la demanda a las autoridades responsables Director; Subdirector Jurídico; Subdirector de Seguridad; Comité Técnico; Subdirector de Apoyo Técnico; Jefe de la Unidad Departamental de Centro de Diagnóstico, Ubicación y Determinación del Tratamiento; Subsecretario del Sistema Penitenciario; Director del Servicio Médico y Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria de la Subsecretaria del Sistema Penitenciario; todos de la Penitenciaria de la Ciudad de México. Así, dada la naturaleza de los actos precisados de que, al parecer, están siendo objeto los directos quejosos, los cuales son temas de gran relevancia que actualizan los supuestos de los preceptos 15 y 109 de la Ley de Amparo, por lo que procede pronunciarse sobre la suspensión de plano en términos del numeral 126 de la ley de la materia, de cuyo contenido se obtiene que para la procedencia de la suspensión de oficio y de plano, el juez de distrito debe atender a dos circunstancias: a) La naturaleza del acto reclamado, el cual debe implicar gravedad en los efectos de su ejecución para el quejoso; y, b) La necesidad de conservar la materia del amparo. Esto es, se debe evitar la imposibilidad de restituir a la parte agraviada en el uso y goce de los derechos violados. Así, el elemento que determina la procedencia de la suspensión de plano es la imposibilidad material o física de reparar la violación en que incurran las autoridades responsables, dejando al arbitrio del juzgador apreciar cuando se trate de actos cuya ejecución, de consumarse, haría imposible la restitución a los agraviados en el goce y disfrute del derecho infringido. En ese orden de ideas, se considera que la intimidación, coacción, agresiones psicoemocionales, represalias, tratos degradantes y discriminación por condición, maltrato y tortura psicofísica emocional, restricción de comunicación equiparada a incomunicación, de que se dice son objeto los directos quejosos, constituyen actos que de continuar ejecutándose harían físicamente imposible la restitución en el goce de sus derechos violados, no obstante lo previsto en el ordinal 77 de la Ley de Amparo, pues aun cuando en la sentencia que en su caso se dicte se conceda la protección de la Justicia de la Unión, sería ineficaz de continuar ejecutándose. En consecuencia, con fundamento en el artículo 126 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se decreta de plano la suspensión de los actos precisados, para el efecto de que cesen de inmediato por parte de las responsables de que se trata, los actos enunciados en párrafos anteriores, así como cualquier otro acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna. Se ordena notificar a las autoridades responsables o encargadas del lugar en que se dice se encuentran los agraviados o, en su defecto, a las autoridades que en ese momento las representen o las sustituyan en sus funciones, la suspensión que se concede. Para el debido cumplimiento de esta determinación, con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades señaladas como responsables de que se trata, para que proporcionen al notificador las medidas necesarias a efecto de que cumpla con su encomienda, apercibidas que en caso de negativa o evasión para la ejecución y cumplimiento de esta suspensión, se aplicarán en su contra los medios de apremio legalmente establecidos, sin dejar de mencionar que el desacato o violación a esta medida entraña la comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo; por lo que, de consumarse, de inmediato se dará vista al Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar. Con la aclaración para dichas autoridades, que tratándose de juicios de amparo en los que se reclaman cualesquiera de los supuestos previstos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no hay horas ni días inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Amparo. La suspensión concedida no surte efectos respecto de actos posteriores a su solicitud o si el acto reclamado, procede de autoridad distinta de las señaladas como responsables. En el entendido que podrán rendir dicho informe a esta autoridad, al correo electrónico oficial de este juzgado federal 5jdo17cto@correo.cjf.gob.mx, en atención a lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional. Toda vez que los quejosos se encuentran privados de su libertad en la Penitenciaria de la Ciudad de México; esto es, fuera del lugar en que ejerce jurisdicción este juzgado federal, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, así como en los numerales 298 y 314 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 79, fracción III, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, envíese atento exhorto vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) al Juez de Distrito de Amparo en Materia Administrativa, en turno, en la Ciudad de México, para que en auxilio de las labores de este juzgado ordene al actuario de su adscripción que corresponda, constituirse en las instalaciones que ocupa el mencionado centro de reclusión, y notifique a Carlos Alberto Angelino Barrón, por si y como representante común de los quejosos, el contenido del presente auto, asentando constancia de tal circunstancia y para que lleve a cabo todo lo ordenado en párrafos anteriores. Asimismo, a fin de estar en aptitud de proveer lo relativo a lo expuesto por los quejosos en su demanda, respecto a la intimidación, coacción, agresiones psicoemocionales, represalias, tratos degradantes y discriminación por condición, maltrato y tortura psicofísica emocional, restricción de comunicación equiparada a incomunicación, de que se dice son objeto los directos quejosos, se ordena al fedatario judicial que en la diligencia en que se notifique a los promotores del amparo, dé fe del estado físico exterior que presentan ******, levantando acta pormenorizada al respecto. Además, ordene al actuario judicial adscrito a ese juzgado, para que haga entrega de los oficios enviados a las responsables Director; Subdirector Jurídico; Subdirector de Seguridad; Comité Técnico; Subdirector de Apoyo Técnico; Jefe de la Unidad Departamental de Centro de Diagnóstico, Ubicación y Determinación del Tratamiento; Subsecretario del Sistema Penitenciario; Director del Servicio Médico y Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria de la Subsecretaria del Sistema Penitenciario; todos de la Penitenciaria de la Ciudad de México, o, en su defecto, a las autoridades que en ese momento las representen o las sustituyan en sus funciones, la suspensión que se concede, para su debido conocimiento y cumplimiento; debiendo recabar la constancia respectiva. Hecho lo anterior, se le solicita atentamente devolver el exhorto a la brevedad posible. Con el fin de asegurar el éxito de las diligencias solicitadas, se pide al juzgador a quien corresponda conocer del exhorto que se envía, adopte las medidas necesarias, seguro de la reciprocidad que se observará en casos análogos. Con independencia de lo anterior, es menester analizar si este juzgado resulta competente para conocer de la misma, ello en virtud de ser la competencia una cuestión de orden público, no sólo por el presupuesto procesal que constituye, sino además porque encuentra su origen en el contenido de la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su parte relativa establece: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]". En adición al precepto transcrito, es necesario atender lo que dispone el artículo 37 de la Ley de Amparo, del tenor siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Para una mejor comprensión, conviene decir que del contenido del artículo 37 antes transcrito, se consignan tres reglas para determinar la competencia por territorio de los jueces de Distrito, respecto del conocimiento de los juicios de amparo; a saber: a) Conforme al párrafo primero, será competente el juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En esta hipótesis carece de relevancia alguna el lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado; presupone además que después de su emisión, el acto reclamado requiere de ejecución material por parte de autoridad diversa de la ordenadora. b) El segundo párrafo, más que una regla, contiene una variante de la anterior, pues establece que en caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y se siga ejecutando en otro, será competente el juez ante quien se presente la demanda. c) En el último párrafo, se establece que cuando la resolución reclamada no requiere de ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En este supuesto el presupuesto fundamental radica en que el acto reclamado no requiera de ejecución material. En el caso particular, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución o trate de ejecutarse los actos reclamados mencionados y en el que actualmente se están ejecutando aquellos y de que se dice son objeto los directos quejosos. Así, se advierte que en la especie se actualiza la regla prevista en el primer párrafo del precitado artículo 37, y que los directos agraviados se encuentran recluidos en la Penitenciaria de la Ciudad de México, por tanto quienes deben conocer de la presente demanda es un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, en turno, en la Ciudad de México. Aunado a lo anterior, no debe pasar desapercibido que el artículo 17 de la Constitución Federal, dispone que la impartición de justicia deberá ser pronta y expedita, lo que puede definirse como el derecho fundamental que toda persona tiene dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Además, se debe tomar en cuenta el propósito del legislador al establecer el primer párrafo del artículo 37 anteriormente referido, al otorgar al gobernado las condiciones necesarias para tener fácil acceso a la justicia federal. Por lo que, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, en concordancia con el Acuerdo General 3/2013, adicionado por los diversos 3/2015, 12/2016 y 3/2021, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declina competencia a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, en turno, en la Ciudad de México, para que conozca de la demanda promovida por *******, por propio derecho. Por lo anterior, previo cuaderno de antecedentes que se forme con copia de las actuaciones que conforman el expediente en que se actúa, por conducto del encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, remítase una impresión del escrito presentado electrónicamente, al Juez de Distrito que por razón de turno corresponda de su conocimiento, a efecto de que determine si se avoca o no al conocimiento de la misma, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Con apoyo en los artículos 6 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, 16 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 1, 40 y 41, del Reglamento de la citada ley; y 8º, párrafo primero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Unión y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, infórmese a las partes que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. En diverso orden, de conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). De conformidad con lo dispuesto en la circular 12/2009 el Consejo de la Judicatura Federal, en concordancia con el contenido del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren este expediente; así como la expedición a su costa de copias simples o certificadas que sean de su interés, para lo cual deberá acudir ante este juzgado o bien, proporcionar una dirección de correo electrónico a fin de hacerlas llegar previa constancia de entrega- recepción que se deje en autos. En la inteligencia que tal autorización excluye la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la circular DGGJ/0007/2020 de dieciséis de junio de dos mil veinte, emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, gírese oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, a fin de que tenga conocimiento de la recepción de la demanda de amparo que dio origen al presente expediente, para que sea tomada en consideración para la compensación de las cargas de trabajo. Asimismo, se solicita al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, que haga la compensación y expedición de la boleta de turno respectiva, para lo cual se le remite copia simple de la demanda, y para tal efecto se le informa lo siguiente: * La fecha de recepción de la presente de la demanda fue el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, a las cuatro horas con cuarenta y cuatro minutos. * El registro estuvo a cargo de la secretaria encargada del turno adscrita a este órgano jurisdiccional, licenciada Patricia Dolores Torres Cobos, al ser de carácter urgente. Lo que se hace de su conocimiento de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena al oficial judicial "C" la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan, o bien, en caso de que se presenten de manera electrónica, proceda a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente; así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar toda aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Cúmplase.
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