Carlos Alberto Angelino Barrón
Expediente 288/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 1 actuación registrada, la última del 11 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 288/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 11/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de marzo de dos mil veintidós. I. Recepción de la demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón, Saúl Azamas del Castillo, Miguel Alfonso Jiménez Hernández, contra actos del Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México y otras autoridades; regístrese en el libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 288/2022, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. II. Declinación de competencia al Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito. En el caso, como la competencia constituye un presupuesto procesal que es de orden público, previamente, se debe considerar si la demanda de amparo da motivo para que este Juzgado se avoque a su conocimiento, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables. De no hacerlo así, se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sirve de apoyo la Jurisprudencia I.2o.P. J/40, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 36, Tomo 56, Agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto que reclama la parte quejosa (futura orden de traslado) contiene ejecución material en la Ciudad de México, lugar en el que los promoventes refieren se encuentran recluidos los directos quejosos, pues en el caso, omite especificar el lugar a donde supuestamente serán recluidos. En ese contexto, en su parte relativa los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Atento a lo anterior, y a la certificación realizada por el Secretario de la adscripción, se advierte que las autoridades señaladas como responsables son, los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, del Primero al Décimo Sexto, Jueces de distrito de amparo en materia administrativa de la ciudad de México del primero al décimo séptimo, jueces de distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, excepto los de Ciudad Valles, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, entre otras autoridades administrativas. En consecuencia, al tener este órgano jurisdiccional el carácter de autoridad responsable, no puede ser juez y parte en el mismo procedimiento constitucional; por tanto, se estima que este Juzgado carece de competencia legal para tramitar el presente juicio de amparo, y con apoyo en lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 48 de la ley en cita, sin proveer sobre su admisión, remítase la demanda de que se trata vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Ciudad Valles, a fin de que provea lo que conforme a derecho proceda respecto del conocimiento del presente asunto; lo anterior, por considerar que geográficamente es el Juzgado Federal más cercano que no fue señalado como responsable. Sin que sea necesario solicitar el acuse de estilo, toda vez que al remitirse la demanda vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se genera el acuse correspondiente. Asimismo, se solicita de la manera más atenta, tenga a bien informar a este órgano jurisdiccional sobre la aceptación o no de la competencia planteada. Ahora bien, se informa al Juzgado Federal, que en términos de lo establecido por el artículo 161 de la Ley de Amparo, no se apertura el incidente de suspensión respectivo, en razón a que no se proveyó sobre la admisión de la demanda y, en el caso, aunado a que incluso tampoco se considera resulte procedente proveer, por tanto, sobre la suspensión de oficio y de plano, pues del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama la reubicación de zona y futuro traslado a diverso centro penitenciario (lo que refiere a los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución y 15 de la Ley de amparo, intimidación, discriminación, violación al principio pro persona, inaplicación de criterios internacionales, encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura entre otros), cuestiones que se estima no se actualiza ya alguna de las hipótesis a que se refiere el numeral 15 de la referida ley de la materia, en relación con lo dispuesto en el artículo 48 de la misma, 52 y 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como los razonamientos y lineamientos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, que reforma el que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con las órdenes de traslado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de septiembre del citado año. Lo anterior, toda vez que en el caso se advierte el acto reclamado consiste en un futuro traslado, y conforme al referido artículo 161 de la Ley de Amparo, se tiene expresamente establece que la suspensión, de proceder, tendrá por efecto que no se lleve a cabo; por tanto, se estima no se surte alguna de las hipótesis del artículo 15 de la aludida disposición legal, por cuanto a que proceda la suspensión de plano; esto es, cuenta habida que la ley de la materia en su artículo 161, al contemplar dicho acto expresamente como posible materia de suspensión, establece incluso el efecto pero con la salvedad siempre y cuando proceda, por tanto, se considera queda excluido ya como hipótesis de aquellos actos contemplados en el citado 15 y 48 de la propia ley, incluso, por tanto, como uno de aquellos contemplados como dictados fuera de procedimiento que ataquen a la libertad personal. Esto, en simetría, al tomarse en cuenta que al reclamarse una orden de traslado, incluso ésta ya no puede considerarse de plano y urgente para su tramitación, dada su naturaleza jurídica, virtud esencial a que, a la luz de la Ley Nacional de Ejecución Penal, corresponde ya a las autoridades administrativas, determinar en qué situaciones resulta necesario hacerlo de forma urgente, conforme al artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y no requerir de previa autorización del juez; además, al tomarse en cuenta que dicha determinación puede ser recurrida y, en su caso, confirmada o revocada, conforme a la propia citada Ley Nacional de Ejecución Penal, en su diverso artículo 117; de ahí que, el traslado se considere no pueda ser ya estimado como un acto fuera de procedimiento y, por tanto, materia de pronunciamiento y concesión en la suspensión de plano, toda vez que, insístase, la propia Ley de Amparo de manera expresa o específica, contempla dicho acto como uno de aquellos materia de suspensión, con la salvedad de "proceder" y, en su caso, el efecto de la misma, lo que conlleva a considerarlo como objeto de pronunciamiento por separado; por tanto, reitérese, se considera no puede estimarse ya a la luz de la concatenación de la existencia de lo establecido ya en la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, como uno de aquellos actos sobre los cuales proceda ya decretar la suspensión de plano, por considerarse como acto dictado fuera de procedimiento al tenor del artículo 48 de la Ley de Amparo. Así, se estima dable aludir que en relación con esos aspectos el Consejo de la Judicatura Federal, se ha pronunciado, si bien en el ámbito de turno, al modificar el Acuerdo General del Pleno de dicho Consejo, que reforma el que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con las órdenes de traslado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de septiembre del año en curso, en el cual esencialmente se consideró y determinó la modificación del referido Acuerdo General, para que los asuntos en los que se reclamen órdenes de traslado, no sean considerados asuntos urgentes para turno; lo que conlleva ponderar lo anterior, por cuanto a la evolución del paradigma, esto es, por cuanto a que, a la luz de la nueva legislación de ejecución penal, el acto de orden de traslado, al posibilitarse su emisión por la autoridad administrativa, e incluso posibilitarse su impugnación al tenor de su artículo 117, conlleva extraerlo de la tramitación de demandas de carácter urgente, que sí lo ameritan, como actos relativos al artículo 15 de la Ley de Amparo, entre ellos aquellos dictados fuera de procedimiento que atacan a la libertad personal; lo que se considera guarda ilación por cuanto a que no es materia de pronunciamiento ya en términos del último de los preceptos legales citados, en relación con el diverso 48 de la propia Ley de Amparo. En ese tenor, no pasa inadvertida la Jurisprudencia 58/2016, de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 865, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA."; sin embargo, de la ejecutoria de donde emana dicha jurisprudencia no se advierte que los criterios ahí contendientes hayan sido analizados a la luz de la indicada Ley Nacional de Ejecución Penal. Esto es, toda vez que de dicha ejecutoria donde emana el referido criterio jurisprudencial, no se advierte que el punto jurídico se haya abordado a la luz de la ahora Ley Nacional de Ejecución Penal, en la cual reitérese, se ha ya establecido que corresponde a las autoridades administrativas su determinación en situaciones que resulte necesario hacerlo de forma urgente, y no requerir autorización previa del juez, cuestión incluso que puede ser recurrida y, por ende confirmada o revocada, conforme a la propia aludida ley Nacional. También, en el caso, debe señalarse que no pasa inadvertido que la parte quejosa hace referencia a intimidación, discriminación, discriminación, violación al principio pro persona, inaplicación de criterios internacionales, encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura; sin embargo, del contenido de la demanda de amparo, se advierte que tal situación únicamente es su sentir, por cuanto hace al traslado y reubicación de celda reclamado a las responsables; esto es, los actos reclamados en esta instancia constitucional los constituyen el traslado de los quejosos del centro penitenciario en que se encuentran a uno diverso, o su cambio de dormitorio dentro del mismo cetro, así como la atención médica y dental deficiente; refiriendo además discriminación y represalias derivado del cambio de dormitorio o traslado. Al respecto, es importante precisar, como ya se dijo, que existe criterio jurisprudencial en el sentido de que el traslado y condiciones de internamiento pueden ser recurridos a través del medio ordinario de defensa que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal -peticiones administrativas y peticiones ante autoridad judicial-, de ahí que el traslado, cambio de dormitorio y la atención que dicen deficiente no forme parte de las hipótesis contenidas en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo para considerarse de tramitación urgente. Sin que obsten las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en el escrito de demanda en el sentido de que con su traslado se cometen en su perjuicio ataques a la libertad personal, pues al respecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las autoridades administrativas podrán ordenar y ejecutar traslados, sin autorización judicial previa, lo que implica que dicha afectación no se realiza fuera de procedimiento. Aunado a que de la demanda no se advierten hechos o manifestaciones de las que se obtenga indicio alguno de que efectivamente de ejecutarse los actos reclamados, existe riesgo de que se vulneren derechos primarios de los peticionarios del amparo. De tal manera que, al no existir pronunciamiento sobre la admisión de la demanda, en el contexto de todo lo narrado y fundado, ello, se considera impide el pronunciamiento en el caso, sobre la suspensión en relación especifica de dicha orden de traslado, al tenor específico del artículo 48 de la Ley de Amparo, toda vez que, al contemplar la Ley de Amparo, expresamente en su artículo 161, la hipótesis de procedencia de dicho acto por cuanto a la suspensión, se considera que no es factible, por tanto, realizar un pronunciamiento de tal acto vía suspensión de plano, contemplándolo sin más como un acto dictado fuera de procedimiento que ataque a la libertad personal; esto es, insístase, cuenta habida que la legislación en cita contempla y regula específicamente sobre la suspensión respecto de ese acto de manera expresa, esto es específicamente en diverso numeral, con la salvedad incluso, "de proceder"; lo que se estima excluye ya que sea objeto de la indicada suspensión de plano, en el caso, en el contexto ya de la Ley Nacional de Ejecución Penal y sus específicas disposiciones ya narradas en torno al traslado y reubicación de dormitorio. Se comisiona al actuario judicial de la adscripción, para que de inmediato, remita las comunicaciones oficiales que deriven del presente, por cualquier vía que agilice su inmediata recepción (correo electrónico, telegrama, fax). Fórmese cuaderno de antecedentes y hágase la anotación respetiva en el libro de gobierno inherente. III. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de los directos quejosos el lugar de su reclusión, por tanto, toda vez que manifiestan encontrarse recluidos en la Penitenciaria de la Ciudad de México; con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2° y el diverso 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio a las labores de este Juzgado y de no tener inconveniente legal alguno, ordene a quien corresponda, se constituya en el Centro Penitenciario de la Ciudad de México y, notifique el contenido de este acuerdo a los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón, Saúl Azamas del Castillo, Miguel Alfonso Jiménez Hernández. Por tanto, se habilita al actuario judicial de la adscripción, a fin que envíe la comunicación oficial que derive del presente mediante fax, correo electrónico o mensajería acelerada o interconexión de órganos. IV. Ley de transparencia. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. Finalmente, hágase saber a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Se autoriza al secretario y/o actuario judicial adscrito para que firme los oficios y comunicaciones que deriven del presente acuerdo. Notifíquese en los términos señalados; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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