Carlos Alberto Angelino Barrón

Expediente 480/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
480/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
23/05/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguense al presente cuaderno de antecedentes los oficios del Juzgado Octavo de Distrito en San Luis Potosí y Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para los efectos legales a que haya lugar. En atención al contenido del oficio que remite el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, téngasele devolviendo debidamente diligenciado el exhorto 260/2022 de su índice, formado con motivo del diverso 70/2022, orden 175/2022 de la estadística de este órgano jurisdiccional. Sin necesidad de acusar recibo, en razón de que el mismo fue generado una vez enviada la comunicación oficial por vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, dese de baja la comunicación oficial en mención y háganse las anotaciones de Ley en el Libro de Gobierno respectivo, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por otra parte, respecto del contenido del segundo oficio de cuenta por el cual el Juzgado Octavo de Distrito en San Luis Potosí, acusa recibo del diverso con el que se remitió el juicio de amparo indirecto 480/2022, de este índice, e informa que acepta la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, por lo que se avocó a su conocimiento, radicándolo con el número 551/2022-IV. Consecuentemente, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes por devolver, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 20 del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se remitió el presente asunto a diverso órgano jurisdiccional, por declinación de competencia; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran SEIS MESES, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos del referido artículo 20 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Vistos los autos, se advierte que el diecisiete de febrero del año en curso, este Juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer de este juicio y remitió a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de San Luis Potosí, para que proveyera conforme a derecho proceda respecto del presente asunto. Por otra parte, de la información extraída de la página oficial de internet de la empresa "ESTAFETA MEXICANA" Sociedad Anónima de Capital Variable, http://www.estafeta.com/rastreo/resultados/ se advierte que el estatus de servicio del oficio dirigido a la a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de San Luis Potosí, se encuentra ENTREGADO, el nueve de mayo de dos mil veintidós, sin que a la fecha hayan informado respecto a la incompetencia declinada. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, mediante diverso oficio que para el efecto se libre, solicítese al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de San Luis Potosí, para que en el plazo de tres días, computado legalmente, informe el órgano jurisdiccional al que turnó la demanda promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón y otros, y remita a este órgano jurisdiccional copia de la boleta de turno generada de la demanda de amparo de trato. Se autoriza al secretario para firmas los oficios que deriven de este acuerdo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de mayo de dos mil veintidós. I. Recepción de la demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Cordova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othon Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta y Luis Arturo Zavala Rosas, contra actos del Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México y otras autoridades; regístrese en el libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 480/2022, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. II. Declinación de competencia al Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en San Luis Potosí, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito. En el caso, como la competencia constituye un presupuesto procesal que es de orden público, previamente, se debe considerar si la demanda de amparo da motivo para que este Juzgado se avoque a su conocimiento, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables. De no hacerlo así, se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sirve de apoyo la Jurisprudencia I.2o.P. J/40, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 36, tomo 56, agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que entre los actos que reclaman los quejosos, se encuentra la reubicación de los módulos en los que se encuentran recluidos, así como la orden de traslado; actos que contienen ejecución material en la Ciudad de México, sin especificar el lugar al que en su caso serán trasladados. Al respecto, los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Atento a lo anterior, y a la certificación realizada por el Secretario de la adscripción, se advierte que entre las autoridades señaladas como responsables se encuentran los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, del Primero al Décimo Sexto, Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Administrativa de la Ciudad de México del primero al décimo séptimo, Juzgados de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, excepto los de Ciudad Capital, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco, y Zacatecas, entre otras autoridades administrativas. En consecuencia, al tener este órgano jurisdiccional el carácter de autoridad responsable, no puede ser juez y parte en el mismo procedimiento constitucional; por tanto, se estima que este Juzgado carece de competencia legal para tramitar el presente juicio de amparo, y con apoyo en lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 48 de la Ley de Amparo, sin proveer sobre su admisión, remítase la demanda de que se trata vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de San Luis Potosí, a fin de que provea lo que conforme a derecho proceda respecto del conocimiento del presente asunto; lo anterior, por considerar que geográficamente es el Juzgado Federal más cercano que no fue señalado como responsable. Sin que sea necesario solicitar el acuse de estilo, toda vez que al remitirse la demanda vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se genera el acuse correspondiente. Asimismo, se solicita de la manera más atenta, tenga a bien informar a este órgano jurisdiccional sobre la aceptación o no de la competencia planteada. Ahora bien, se informa al Juzgado Federal, que no se apertura incidente de suspensión, en razón a que no se proveyó sobre la admisión de la demanda, aunado a que no se considera resulte procedente proveer sobre la suspensión de oficio y de plano, porque del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que los quejosos esencialmente reclaman la reubicación de dormitorio y traslado a diverso centro penitenciario, y si bien, señalan como como actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución y 15 de la Ley de Amparo, la intimidación, discriminación, violación al principio pro persona, inaplicación de criterios internacionales, encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura; esos actos no actualizan alguna de las hipótesis a que se refieren los artículos citados, por lo que no se está en algún supuesto de proveer sobre la suspensión de plano. En simetría, debe tomarse en cuenta que el acto reclamado consistente en la orden de traslado, no puede considerarse dentro de los que amerite el otorgamiento de la suspensión de oficio y de plano, dada su naturaleza jurídica, máxime que a la luz de la Ley Nacional de Ejecución Penal, corresponde a las autoridades administrativas, determinar en qué situaciones resulta necesario hacerlo de forma urgente, conforme al artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y no requerir de previa autorización del juez; además, al tomarse en cuenta que dicha determinación puede ser recurrida y, en su caso, confirmada o revocada, conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la citada Ley; de ahí que, el traslado no puede ser estimado como un acto fuera de procedimiento y, por tanto, materia de pronunciamiento y concesión en la suspensión de plano, toda vez que, insístase, la propia Ley de Amparo de manera expresa o específica, contempla dicho acto como uno de aquellos materia de suspensión, con la salvedad de "proceder" y, en su caso, el efecto de la misma, lo que conlleva a considerarlo como objeto de pronunciamiento por separado; por tanto, reitérese, se considera no puede estimarse ya a la luz de la concatenación de la existencia de lo establecido ya en la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, como uno de aquellos actos sobre los cuales proceda ya decretar la suspensión de plano, por considerarse como acto dictado fuera de procedimiento al tenor del artículo 48 de la Ley de Amparo. Así, se estima dable aludir que en relación con esos aspectos el Consejo de la Judicatura Federal, se ha pronunciado, si bien en el ámbito de turno, al modificar el Acuerdo General del Pleno de dicho Consejo, que reforma el que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con las órdenes de traslado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de septiembre del año en curso, en el cual esencialmente se consideró y determinó la modificación del referido Acuerdo General, para que los asuntos en los que se reclamen órdenes de traslado, no sean considerados asuntos urgentes para turno; lo que conlleva ponderar lo anterior, por cuanto a la evolución del paradigma, esto es, por cuanto a que, a la luz de la legislación de ejecución penal, el acto de orden de traslado, al posibilitarse su emisión por la autoridad administrativa, y su impugnación al tenor de su artículo 117, conlleva extraerlo de la tramitación de demandas de carácter urgente, que sí lo ameritan, como actos relativos al artículo 15 de la Ley de Amparo, entre ellos aquellos dictados fuera de procedimiento que atacan a la libertad personal; lo que se considera guarda ilación por cuanto a que no es materia de pronunciamiento ya en términos del último de los preceptos legales citados, en relación con el diverso 48 de la propia Ley de Amparo. No pasa inadvertida la jurisprudencia 58/2016, registro digital 2013066, de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 865, libro 36, noviembre de 2016, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA."; sin embargo, de la ejecutoria de cual emanó ese criterio, no se advierte que se haya interpretado la Ley Nacional de Ejecución Penal. También, en el caso, debe señalarse que no pasa inadvertido que la parte quejosa hace referencia a intimidación, discriminación, violación al principio pro persona, inaplicación de criterios internacionales, encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura; sin embargo, del contenido de la demanda de amparo, se advierte que tal situación únicamente es su sentir, por cuanto hace al traslado y reubicación del módulo; esto es, los actos reclamados en esta instancia constitucional los constituyen el traslado de los quejosos del centro penitenciario en que se encuentran a uno diverso, o su cambio de dormitorio dentro del mismo cetro, discriminación y represalias derivado del cambio de dormitorio o traslado. Al respecto, es importante precisar, como ya se dijo, que existe criterio jurisprudencial en el sentido de que el traslado y condiciones de internamiento pueden ser recurridos a través del medio ordinario de defensa que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal -peticiones administrativas y peticiones ante autoridad judicial-, de ahí que el traslado, cambio de dormitorio y la atención que dicen deficiente no forme parte de las hipótesis contenidas en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo para considerarse de tramitación urgente. Sin que obsten las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en el escrito de demanda en el sentido de que con su traslado se cometen en su perjuicio ataques a la libertad personal, pues al respecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las autoridades administrativas podrán ordenar y ejecutar traslados, sin autorización judicial previa, lo que implica que dicha afectación no se realiza fuera de procedimiento. Aunado a que de la demanda no se advierten hechos o manifestaciones de las que se obtenga indicio alguno de que efectivamente de ejecutarse los actos reclamados, existe riesgo de que se vulneren derechos primarios de los peticionarios del amparo. De tal manera que, al no existir pronunciamiento sobre la admisión de la demanda, en el contexto de todo lo narrado y fundado, ello, se considera impide el pronunciamiento en el caso, sobre la suspensión en relación especifica de dicha orden de traslado, al tenor específico del artículo 48 de la Ley de Amparo, toda vez que, al contemplar la Ley de Amparo, expresamente en su artículo 161, la hipótesis de procedencia de dicho acto por cuanto a la suspensión, se considera que no es factible, por tanto, realizar un pronunciamiento de tal acto vía suspensión de plano, contemplándolo sin más como un acto dictado fuera de procedimiento que ataque a la libertad personal; esto es, insístase, cuenta habida que la legislación en cita contempla y regula específicamente sobre la suspensión respecto de ese acto de manera expresa, esto es específicamente en diverso numeral, con la salvedad incluso, "de proceder"; lo que se estima excluye ya que sea objeto de la indicada suspensión de plano, en el caso, en el contexto ya de la Ley Nacional de Ejecución Penal y sus específicas disposiciones ya narradas en torno al traslado y reubicación de dormitorio. Se comisiona al actuario judicial de la adscripción, para que de inmediato, remita las comunicaciones oficiales que deriven del presente, por cualquier vía que agilice su inmediata recepción (correo electrónico, telegrama, fax). Fórmese cuaderno de antecedentes y hágase la anotación respetiva en el libro de gobierno inherente. III. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de los directos quejosos el lugar de su reclusión, por tanto, toda vez que manifiestan encontrarse recluidos en la Penitenciaria de la Ciudad de México; con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2° y el diverso 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio a las labores de este Juzgado y de no tener inconveniente legal alguno, ordene a quien corresponda, se constituya en el Centro Penitenciario de la Ciudad de México y, notifique el contenido de este acuerdo a los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Cordova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othon Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta y Luis Arturo Zavala Rosas. Por tanto, se habilita al actuario judicial de la adscripción, a fin que envíe la comunicación oficial que derive del presente mediante fax, correo electrónico o mensajería acelerada o interconexión de órganos. IV. Ley de transparencia. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. Finalmente, hágase saber a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Se autoriza al secretario y/o actuario judicial adscrito para que firme los oficios y comunicaciones que deriven del presente acuerdo. Notifíquese en los términos señalados; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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