Carlos Alberto Angelino Barrón
Expediente 335/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 335/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Se recibe oficio y se agrega Téngase por recibido y agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en auto de cuatro de mayo del año actual, informa que la incompetencia planteada en el juicio de amparo 335/2022 de la estadística de este órgano jurisdiccional, fue turnada al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, y al efecto remite la papeleta de turno correspondiente; toda vez que mediante auto de diez de mayo del año en curso, se recibió oficio en el que se informó que el citado órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada, por lo que se ordenó el archivo del presente expediente. Cúmplase.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, diez de mayo de dos mil veintidós. Se acusa recibo y acepta de competencia. Por recibido el oficio de cuenta, enviado vía interconexión por la Actuaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, que contiene el auto de veintinueve de abril de dos mil veintidós, del que se advierte que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada y registró el juicio constitucional que se le envió como juicio de amparo 498/2022-V de su índice. Se remite exhorto a autoridad competente Ahora bien, toda vez que en auto de cuatro de mayo del año en curso se reservó acordar lo atinente al recurso de queja que el representante común de los quejosos interpuso en contra del diverso de veinticinco de abril del presente año, hasta en tanto se tuviera conocimiento del órgano jurisdiccional que por razón de turno le correspondió conocer de la incompetencia planteada y se pronunciara respecto a su aceptación, lo que ya ocurrió; en consecuencia, mediante oficio que derive del presente proveído, remítase -vía interconexión- copia certificada del exhorto 363/2022 (orden 363/2022), al juzgado de distrito de mérito para los efectos legales conducentes. Archivo. Atento a lo acordado en líneas que anteceden, toda vez que no existen diligencias pendientes que desahogar en el presente sumario, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo 335/2022 como asunto totalmente concluido. Relevancia El cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Destino Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso J), del acuerdo en cita, el presente cuaderno de antecedentes es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se trata de un cuaderno de antecedentes formado con motivo de la incompetencia de este órgano para sustanciar el presente asunto; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido. Anotaciones Háganse las anotaciones correspondientes en la caratula de este expediente, en el Sistema Integral de Seguimientos a expedientes -SISE- y en el libro de gobierno concerniente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Se recibe comunicación oficial Se tiene por recibido el oficio de cuenta, proveniente del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, con el que devuelve diligenciado el exhorto 363/2022, orden 363/2022, enviado para notificar a la parte quejosa el proveído de veinticinco de abril de dos mil veintidós, sin que sea necesario acusar recibo del mismo, toda vez que el propio sistema lo genera automáticamente. Baja de comunicación Dese de baja la citada comunicación oficial y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que concierne, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes -SISE-. Ahora, de la constancia de notificación de dos de mayo del año en curso, se advierte que Carlos Alberto Angelino Barrón, como representante común de los quejosos, interpuso recurso de queja en contra del proveído de veinticinco de abril de dos mil veintidós. En consecuencia, toda vez que en veinticinco de abril del año en curso, este juzgado declaró carecer de competencia para conocer de la demanda con la que se formó el expediente en que se actúa, resérvese acordar lo conducente al referido recurso hasta en tanto se tenga conocimiento del órgano jurisdiccional que provea respecto de la competencia declinada por este Juzgado de Distrito. Se recibe oficio Por recibido el oficio 12888/2022 del que se advierte el acuse de recibo del diverso comunicado con el que fueron remitidos los autos del juicio de amparo 335/2022 e informa que se avoca al conocimiento del mismo; sin embargo, como consta en la certificación que antecede, dicho oficio fue recibido vía electrónica sin evidencia criptográfica, firma autógrafa o electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), incluso está incompleto; por lo que se desconoce su procedencia. Se requiere En ese contexto, a fin de evitar dilaciones procesales en el presente asunto y de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, mediante oficio que derive del presente proveído, requiérase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en dicha ciudad, a efecto de que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente auto, informe a este órgano jurisdiccional a qué Juzgado de Distrito le fue turnado el expediente 335/2022 remitido mediante el oficio 8215/2022, lo anterior para estar en aptitud de proveer lo que en derecho proceda.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Demanda no urgente. Es de precisarse que el veintitrés de septiembre del dos mil diecinueve, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la modificación al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma el que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con las órdenes de traslado, vigente a partir de esa fecha, en el cual se reformó el artículo 48, para dejar establecido que a partir de esa data el turno de las órdenes de traslado ya no tendrían el carácter de urgentes. Recepción de demanda e identificación de los quejosos. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *** contra actos que reclaman del Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México y otras autoridades, que consideran violatorios en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1 4, 8, 14, 16, 17, 18, 19 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 335/2022. No pasa inadvertido que de la certificación que antecede se advierte que la demanda se recibió vía juicio en línea (electrónica), así como que carece de firma autógrafa y/o electrónica; empero, entre otras cuestiones se reclaman actos prohibidos en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo, por lo que en términos del diverso 109 de este último ordenamiento legal, no se requiere de firma electrónica, por lo que este juzgado federal se pronuncia al respecto. Digitalización Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Suspensión de plano Como se advierte de la demanda, los promoventes reclaman actos que califican como prohibidos por el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo, empero sobre la base de actos administrativos relativos a cuestiones de internamiento como el cambio de dormitorio o el traslado que los generan. Al respecto, debe indicarse que la calificación de los actos reclamados es una atribución exclusiva de la presente juzgadora, quien debe atender a la naturaleza del acto y no a los enfoques subjetivos de las partes, pues le corresponde ponderar íntegramente si lo reclamado provoca en los quejosos actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del numeral 15 de la Ley de Amparo. Partiendo de este supuesto, se puede colegir que los actos que se reclaman tienen su origen en cuestiones de internamiento y actividades administrativas penitenciarias, tales como el traslado de la Penitenciaría de la Ciudad de México a otro centro diverso dentro o fuera de la Ciudad de México y la reubicación de un dormitorio a otro diverso o estancia, módulo o área diversa, por lo que en el caso no se ubican en la hipótesis normativa a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo; lo anterior, máxime que los directos quejosos no están incomunicados, pues éstos promovieron por derecho propio y con uso de medios electrónicos la demanda de amparo, por lo que tampoco implica que los actos importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno que pudiera equipararse. Además, es pertinente precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reconocido que actualmente se cuenta con un modelo de reinserción social y de judicialización del régimen de penas; a partir del cual, se ejerce un verdadero control judicial del sistema penitenciario por lo que las autoridades de ese ramo ya no pueden decidir discrecionalmente respecto de las medidas de internamiento de las personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios. Ello, porque tal facultad le corresponde a las autoridades judiciales en materia penal; en especial a los jueces de ejecución quienes controlan las diversas situaciones que acontecen dentro del centro de reinserción social en el cumplimiento de las penas, así como de las decisiones que sobre esa ejecución adopte la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos fundamentales de los sentenciados se respeten. Lo que lleva a concluir, que los actos reclamados que se destacan por los quejosos, como violatorios del artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo, no constituyen una violación directa a la Constitución Federal, sino devienen directamente de la actividad penitenciaria y la apreciación que sobre tales tienen los quejosos. En consecuencia, se niega la suspensión de plano solicitada. Competencia Del análisis integral de la demanda se advierte que este juzgado federal carece de competencia legal para conocer de los actos reclamados por los promoventes del amparo, conforme con lo dispuesto en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 37, 38 y 48 de la Ley de Amparo, al haber sido señalado como autoridad responsable. De acuerdo con el artículo 37 de la Ley que rige el juicio constitucional, se establecen tres hipótesis para determinar la competencia de un Juzgado de Distrito, que son: 1.- Es competente el Juez de Distrito del lugar en que debe tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado. 2.- Cuando el acto se haya empezado a ejecutar en un Distrito y siga realizándose en otro, será competente cualquiera de los jueces que ejerza jurisdicción en el lugar de prevención; y 3.- Cuando el acto reclamado no exige ejecución material resultará competente el juez en cuya jurisdicción reside la autoridad que hubiera dictado la resolución reclamada. De igual forma que será competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. En el caso, señalaron como autoridades responsables, entre otras, a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México del Primero al Décimo Sexto; Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa y Civil en la Ciudad de México del Primero al Décimo Séptimo, Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco, Zacatecas y San Luis Potosí, excepto los de San Luis Potosí, capital. De igual manera, de la demanda de amparo se advierte que los directos quejosos se encuentran internos en la Penitenciaría de la Ciudad de México. Bajo ese contexto, se colige que no se surte la competencia para conocer de los actos que por esta vía se combaten, en virtud de que éstos tendrán ejecución en el lugar donde se encuentren internos los directos quejosos; no obstante, se señalaron como autoridades responsables a la mayoría de los Jueces de Distrito en el país, con excepción de los de Baja California Norte, Baja California Sur, Tamaulipas, y San Luis Potosí, capital. En virtud de lo anterior, en aras de preservar la seguridad jurídica en la administración de justicia, con fundamento en lo establecido en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, se declara que este órgano de control constitucional, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata y, por ende, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, se ordena remitir la misma al Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en dicha ciudad, por ser el Juez de Distrito más cercano al Primer Circuito y no encontrarse señalado como autoridad responsable, para que resuelva lo que estime procedente; solicitándole el acuse de recibo respectivo. Representante común Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a ***, por así haberse solicitado en la demanda. Notifíquese, y personalmente a los quejosos vía exhorto.
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