Carlos Alberto Angelino Barrón

Expediente 299/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
299/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
11/05/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, once de mayo de dos mil veintidós. Causa estado Vista la certificación secretarial que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se desprende que el acuerdo de diecinueve de abril del año en curso, donde se desechó la demanda de amparo con la que se formó el presente expediente, no fue recurrido dentro del plazo de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Valoración Al no existir tramite pendiente que realizar, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso d) del acuerdo en cita y al numeral 8.1.2 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un auto que desechó la demanda; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho plazo término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido, de acuerdo a lo que ordena. Anotaciones. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes -SISE- y en el libro de gobierno concerniente. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Se recibe comunicación oficial Se tiene por recibido el oficio de cuenta, proveniente del Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, con el que devuelve diligenciado el exhorto 327/2022, orden 327/2022, enviado para notificar a la parte quejosa el proveído de diecinueve de abril de dos mil veintidós; sin que sea necesario acusar recibo del mismo, toda vez que el propio sistema lo genera automáticamente. Baja de comunicación Dese de baja la citada comunicación oficial y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que concierne, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes -SISE-. Se recibe escrito. Se tiene por recibido el escrito remitido vía electrónica por el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación por Carlos Alberto Angelino Barrón, en su carácter de representante común de los quejosos, mediante el cual interpone recurso En principio, debe destacarse que la presentación de cualquier promoción dentro de una controversia jurisdiccional requiere como presupuesto esencial la manifestación de la voluntad por la parte que acude ante la instancia correspondiente, la cual debe expresarse mediante la firma autógrafa, la que una vez estampada en toda promoción que se presente ante el órgano jurisdiccional, constituye un requisito esencial para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para efectuar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento, y consecuentemente, lograr la eficacia prevista en ley. Por tanto, un escrito, que carezca de firma autógrafa, en modo alguno obliga a alguien, dado que para que tenga validez debe estar precisamente suscrito por el que aparezca como responsable de su contenido y cuya voluntad pretende hacer valer. Sin embargo, no se soslaya la evolución del derecho de acceso a la justicia, la simplificación de la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y la modernización del sistema de impartición de justicia, y dado el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, se ha exigido el uso de tecnologías de la información y de la comunicación, concretamente, la presentación electrónica de promociones en los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, que permite identificar quién es el autor o emisor de un documento electrónico, producirá los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y recibirá el mismo tratamiento que el presentado en formato impreso, siempre que se cumpla con las disposiciones previstas en esa normatividad. Ahora bien, en el caso concreto, de la certificación de cuenta, se advierte que fue presentado electrónicamente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, carece de la evidencia criptográfica. En consecuencia, no es el caso acordar respecto de su contenido, ya que en términos de los artículos 18, 19 y 45 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; la presentación de promociones en línea debe hacerse por quienes cuenten con firma electrónica vigente y en el presente caso, no fue firmado electrónicamente por quien suscribe, de ahí que no se tenga por acreditado el presupuesto esencial, esto es, la manifestación de la voluntad por la parte que promueve, puesto que para que las promociones electrónicas, junto con sus anexos, puedan tener validez mediante el esquema del juicio en línea, es necesario contar con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación, y satisfacer los requisitos necesarios para acceder al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la federación; pues será a través de ella que podrán atenderse las pretensiones que se formulen y emitir la determinación judicial correspondiente.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Demanda no urgente. Es de precisarse que el veintitrés de septiembre del dos mil diecinueve, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la modificación al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma el que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con las órdenes de traslado, vigente a partir de esa fecha, en el cual se reformó el artículo 48, para dejar establecido que a partir de esa data el turno de las órdenes de traslado ya no tendrían el carácter de urgentes. Recepción de demanda e identificación de los quejosos. Téngase por recibido el oficio de cuenta, proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto, en el que transcribe el acuerdo de siete de abril de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 506/2022-6 de su índice, y remite la demanda y actuaciones originales; de los que se advierte que ese órgano jurisdiccional se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por ... por los motivos ahí expuestos. Se acepta la competencia declinada Con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia legal declinada y este órgano se avoca al conocimiento de la demanda de amparo de referencia. Acúsese recibo. Registro Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 299/2022. Digitalización Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento...se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia por lo que hace al acto reclamado consistente en el traslado de los quejosos de la Penitenciaria de la Ciudad de México donde refieren se encuentran a una distinta ubicada dentro o fuera de esa ciudad; el cambio de los dormitorios donde dicen se encuentran a uno distinto de esa penitenciaría; así como respecto de los actos que señalan y que en función de los anteriores (traslado y reubicación), se proyectan en intimidación, discriminación, y coacción; también la realización de estudios, perfiles y entrevistas, así como la celebración de audiencias por parte del Comité Técnico, pues son propios de la actividad penitenciaria; incluso los omisivos que se reclaman, pues estos últimos se producen en virtud de la organización carcelaria, la cual debe controvertirse a través del mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución, como se destacó; en consecuencia, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues en contra de los actos reclamados, procede un mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, sin que éste se haya hecho valer antes de la presentación de la demanda de amparo, mediante el cual podrían modificarse, revocarse o nulificarse aquellos. Pronunciamiento respecto de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo. Como se advierte de la demanda, los promoventes reclaman actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo; sin embargo, no es el caso que esta juzgadora analice ese aspecto, atento que el órgano jurisdiccional declinante, en observancia a lo estipulado en el artículo 48, primer párrafo, en relación con el diverso 42, ambos de la Ley de Amparo, emitió determinación en cuanto a tales actos.

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