Carlos Alberto Angelino Barrón
Expediente 22/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 22/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón
- Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, uno de febrero de dos mil veintitrés. Exhorto diligenciado. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, téngase recibido y agréguese a los autos el comunicado de la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 22/2023 orden 54/2023, enviado a fin de notificar a la parte quejosa el proveído de veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; sin que sea necesario ordenar el acuse de recibo relativo toda vez que, como refiere la autoridad exhortada, el Sistema integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), lo generó al momento de su remisión. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de enero de dos mil veintitrés. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, téngase recibido el oficio signado por Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, mediante el acusa recibo del diverso por el que se le devolvió el juicio de amparo 599/2022 de su índice, al no haber aceptado la competencia planteada por ese Juzgado Federal. Anotaciones y archivo. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en virtud de que no se encuentra trámite pendiente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental del presente expediente. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez transcurrido el plazo de tres años, este expediente debe ser susceptible de destrucción, toda vez que no cuenta con valor jurídico al haberse determinado que este órgano jurisdiccional no es competente para conocer de la demanda, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. Orden de archivo. Anótese en la carátula que este expediente que es susceptible de destrucción; así como la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Se recibe oficio y demanda. agréguese para que obre como corresponda, el oficio de la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, derivado del juicio de amparo promovido por. Ello en razón, que el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, mediante proveído de cuatro de enero de dos mil veintitrés, declaró carecer de competencia legal para conocer del aludido juicio de amparo, declinando dicha competencia a favor del Juzgado de Distrito en el estado de Tlaxcala, que se encontrara en turno, mismo que, según se advierte del comunicado de cuenta, determinó no aceptar la competencia planteada en proveído de nueve de enero del presente año. Por tanto, mediante acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, determinó declinar dicha competencia a favor de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad. Registro. Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 22/2023-II-H. Determinación de incompetencia. Ahora, del análisis integral de la demanda se advierte que los quejosos señalan como autoridades responsables, entre otras: Por tanto, este Juzgado Federal carece de competencia legal para conocer de los actos reclamados por los promoventes del amparo, conforme con lo dispuesto en el artículo 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 37, 38 y 48 de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;. Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." De lo anterior se pone de manifiesto, que de acuerdo con el artículo 37 de la Ley que rige el juicio constitucional, se establecen tres hipótesis para determinar la competencia de un Juzgado de Distrito, que son: 1.- Es competente el Juez de Distrito del lugar en que debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, es decir, de aquellos actos que después de su emisión, requieren de una ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora, esto es, por parte de una ejecutora; de lo cual será competente el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde tenga ejecución el acto reclamado. 2.- Cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno y siga ejecutándose en otro, será competente aquel juez ante quien se haya presentado la demanda de amparo; y 3.- Cuando el acto reclamado no exige ejecución material, será competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por su parte, el numeral 38, de la Ley de Amparo, prevé una regla de excepción a lo previsto por el artículo 37, al determinar que será competente para conocer del juicio de amparo que se promueva contra actos de un juez Federal, otro del mismo distrito y especialización y si no lo hubiera, será el más cercano dentro de la jurisdicción al que pertenezca, sin que se establezca expresamente la hipótesis relativa a que el juicio de amparo se promueva contra todos los jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial. Lo que conduce a sostener que del mencionado artículo 38, se advierten los siguientes supuestos. Asimismo, señaló como autoridades responsables al Director de la Penitenciaria, Subdirector Jurídico de la Penitenciaria, Subdirector de Seguridad de la Penitenciaria, Comité Técnico de la Penitenciaria, Subdirectora de Apoyo Técnico de la Penitenciaria, Jefe de Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico, Ubicación y Determinación del Tratamiento de la Penitenciaria, Subsecretario de Sistema Penitenciario, Secretario de Seguridad Ciudadana, Jefa de Gobierno, Jefatura de Unidad Departamental de Jurídico, Normatividad de la Penitenciaria, Contraloría, Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, todos de la Ciudad de México. Así como a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México del Primero al Décimo Sexto; Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa de la Ciudad de México del Primero al Décimo Séptimo; Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí (excepto los de la ciudad capital), Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas. En ese contexto, las reglas previstas por el numeral 37, de la Ley de la materia, quedan excluidas, en la medida que, derivado de la designación de los anotados jueces de Distrito con el carácter de autoridades responsables, se debe atender a la regla especial contenida en el precepto 38, de la misma legislación, que establece que el competente para conocer del juicio de amparo indirecto, que se promueva contra actos de un juez de Distrito, es otro del mismo Distrito y especialización; y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que perteneciera. Esto es así, en virtud de que la regulación del régimen de competencias previsto en la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107, constitucionales, ha hecho distinción respecto de las autoridades responsables emisoras de los actos reclamados, pues cuando se promueve amparo contra actos de Tribunales Unitarios de Circuito, el competente es otro de la misma naturaleza dentro del propio Circuito, y si no lo hubiera, le correspondería al más próximo de la residencia de aquél, sin tener en consideración lo relativo a la ejecución. En esa tesitura se colige que no se surte la competencia para conocer de los actos que por esta vía se combaten, pues de la demanda se advierte que no señala como responsables a diversos jueces de distrito, incluido aquellos con sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí, salvo a excepción hecha de los homólogos federales con residencia en la ciudad capital de San Luis Potosí, por lo que, resulta inconcuso que es a dicho juzgado a quien le surte la competencia para conocer de dicho asunto, al no haber sido señalado como autoridad responsable y estar con mayor proximidad al Circuito del Juzgado que inicialmente declinó competencia, tal como originalmente lo observó el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco. Máxime que aun y cuando se llegara a determinar que únicamente se exceptúa como autoridad responsable a la sede Ciudad Valles, San Luis Potosí; sin embargo, del escrito de demanda no se advierten actos reclamados de manera concreta a los jueces federales; por ende, el juzgado declinante también se encuentra en condiciones de continuar conociendo del juicio de garantías de que se trata. Ello es así, pues de la demanda de amparo se aprecia que los impetrantes señalan una serie de autoridades administrativas a quienes reclama diversos actos relacionados con su traslado del centro penitenciario en el que se encuentran recluidos a uno distinto en la Ciudad de México o fuera de ésta, emitidos fuera de procedimiento judicial, así como su reubicación a diversa área en el centro de reclusión. Asimismo, los quejosos señalaron como autoridades responsables a los Jueces de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México y de los diversos Estados de la República que precisan; empero, no expusieron algún acto concreto en su contra por lo que no son actos de autoridad sino se trata de supuestas violaciones a sus derechos humanos que se pudieran imputar -en opinión de los disconformes- a los juzgadores federales. Hecho notorio. Resta decir que en similares términos se pronunció el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, al resolver el conflicto competencia en sesión de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, suscitado entre la Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala y el Juez Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí; lo cual se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. En mérito de lo expuesto, no se acepta la competencia que se plantea para conocer del juicio de amparo.contra actos de esta y otras autoridades. Mediante oficio que al respecto se gire, hágase esta circunstancia del conocimiento del Juzgado federal declinante, adjuntándole los autos del mencionado juicio, previa copia certificada que se obtenga y formación del cuaderno de antecedentes relativo, solicitando el acuse de recibo respectivo. Representante común. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a.por así haberse solicitado en la demanda. Notificación a la parte quejosa. Dado que el representante común de los quejosos.se encuentra privado de su libertad en la Penitenciaría de la Ciudad de México, de conformidad con los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición del artículo segundo de la Ley de Amparo, envíese atento exhorto electrónico al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 79 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, a fin de que genere la boleta respectiva y lo envíe al órgano jurisdiccional que por turno corresponda, con el objeto que de no existir inconveniente legal alguno y en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda notifique personalmente el presente proveído al citado representante común de la parte quejosa, hecho lo cual deberá devolver todo lo actuado por la misma vía. Exhortación a tramitar asuntos "en línea", y consulta de expedientes. Con apoyo en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado a través del acuerdo general del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Asimismo, de conformidad con los artículos 261 y 262 del primero de los citados acuerdos generales, hágase del conocimiento de las partes, que las personas que acudan a los órganos jurisdiccionales podrán hacer uso de los equipos de cómputo que en cada órgano jurisdiccional se dispondrán para tal efecto, los cuales podrán destinarse a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Digitalización. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. Transparencia y protección de datos personales. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Integración. Finalmente, se precisa que, con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la integración del presente expediente - electrónico y en su caso físico-, se llevará a cabo en términos de lo dispuesto por el numeral 3° del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese y personalmente al representante común de la parte quejosa vía exhorto.
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