Carlos Alberto Angelino Barrón
Expediente 471/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 471/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, quince de octubre de dos mil veintiuno. Visto el oficio del Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2o, agréguese para que obre como constancia, toda vez que el cinco de octubre del año en curso, se recibió dicho comunicado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y se proveyó lo conducente. Notifíquese.
- Principal
agréguese a los presentes autos para que obre como constancia los telegramas remitidos por Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario y Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos en ausencia y suplencia del Subsecretario del Sistema Penitenciario, ambos en la Ciudad de México, por el cual rinde el informe relativo a la suspensión de plano decretada en autos, toda vez que por auto de tres del propio mes y año, se tuvieron por recibidos vía correo electrónico. RECEPCION DE OFICIO. Por otra parte, téngase recibido el oficio remitido por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, a través del cual acusa recibo del diverso oficio 13981/2021 e informa que mediante proveído de cuatro de octubre de este año, aceptó la competencia declinada por este juzgado federal del expediente en que se actúa y se avocó al conocimiento del asunto, radicándolo bajo el número estadístico 1310/2021. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte; una vez transcurrido el plazo de tres años este expediente debe ser depurado, toda vez que cuenta con valor jurídico al haberse concedido la suspensión de plano del acto reclamado a la parte quejosa; amén de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que deba conservarse en su integridad por su valor histórico o relevancia documental. En la inteligencia que deberán conservarse las resoluciones en las que se concedió la suspensión de plano, el proveído en que se acuerda el archivo del expediente y los demás documentos que se consideren importantes al estar vinculados con aquélla. ANOTACIÓN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y FECHA DE ARCHIVO EN CARÁTULA DE EXPEDIENTE. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de depuración, y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. REMISIÓN DE EXPEDIENTE A LOS DEPÓSITOS DOCUMENTALES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN. Una vez terminado el proceso de depuración a que se refiere el artículo 18 del citado Acuerdo General, se ordena la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. REMISIÓN DE CONSTANCIAS AL HABERSE ACEPTADO LA COMPETENCIA DECLINADA POR ESTE JUZGADO. Por otra parte, se advierte que obran agregados los oficio remitidos por el Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario y Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos en ausencia y suplencia del Subsecretario del Sistema Penitenciario, ambos en la Ciudad de México, relativos al informe a la suspensión de plano concedida en el presente asunto; por tanto, remítanse el comunicado de referencia, vía Sistema integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, para que esté en aptitud de proveer lo que en derecho corresponda. Asimismo, infórmesele que las autoridades responsables Director de la Penitenciaria, Subdirección y Subdirector Jurídico de la Penitenciaria, Subdirección y Subdirectora de Apoyo Técnico de la Penitenciaria, Subdirección y Subdirector de Seguridad de la Penitenciaria, Comité Técnico de la Penitenciaria, Jefatura y Jefe de la Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico, Ubicación y Determinación del Tratamiento de la Penitenciaria, todos de la Ciudad de México, a la fecha han sido omisas en rendir los informes relativos a la suspensión de plano que se les solicitó, no obstante estar debidamente notificadas. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, tres de octubre de dos mil veintiuno. INFORME SUSPENSIÓN DE PLANO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, ténganse recibidos los oficios remitidos por el Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario y el Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos en ausencia y suplencia del Subsecretario del Sistema Penitenciario, ambos en la Ciudad de México, a través de los cuales rinden su informe relativo a la suspensión de plano concedida en el presente juicio de amparo. SE RECIBE EXHORTO. Por otra parte, téngase recibido el comunicado del Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por el cual devuelve diligenciado en sus términos el exhorto 179/2021 orden 535, enviado a fin de notificar el acuerdo de treinta de septiembre pasado al quejoso Carlos Alberto Angelino Barrón, así como dar fe de las condiciones físicas en las que se encuentra. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2o, agréguense a los autos los comunicados de cuenta para que obren como constancia, toda vez que el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, a quien se declinó la competencia para conocer del presente asunto, será quien se pronuncie al respecto, por lo que, en el momento procesal oportuno deberán ser remitidas dichas actuaciones. Finalmente, respecto a la comunicación oficial que se recibe, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, sin que sea necesario ordenar el acuse de recibo relativo toda vez que el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), lo generó al momento de su remisión. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. IDENTIFICACIÓN DE PROMOVENTE Y REGISTRO. Vista la demanda de amparo promovida por .... contra actos del Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México y otras autoridades, por trasgresión que estima de los artículos 1, 4, 8, 14, 16, 17, 18, 19 y 22, Constitucionales. Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 471/2021-IV. SUSPENSIÓN DE PLANO. Por tanto, con fundamento en los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano de los actos reclamados consistentes en represalias, discriminación, intimidación y cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, solo por cuanto hace a las autoridades señaladas como responsables Director de la Penitenciaria, Subdirección y Subdirector Jurídico de la Penitenciaria, Subdirección y Subdirector de Seguridad de la Penitenciaria, Subdirección y Subdirectora de Apoyo Técnico de la Penitenciaria, Jefe y Jefatura de la Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico, Ubicación y Determinación del Tratamiento de la Penitenciaria, Subsecretaría de Sistema Penitenciario, Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria, todos de la Ciudad de México, para el efecto de que cesen de inmediato, pues aun y cuando la parte quejosa señalara diversas autoridades; sin embargo, no se advierte que tengan injerencia alguna con el internamiento del directo quejoso. En el entendido que el directamente quejoso deberá permanecer en el área de internamiento asignada de manera previa a los actos reclamados, siempre y cuando no corra riesgo en su integridad física o de algún otro de los internos del centro de reclusión, pues en caso de que exista riesgo alguno de los señalados, deberá permanecer en uno de condiciones similares al existente antes de los actos reclamados en donde pueda realizar las actividades que tuviere asignadas en el centro de reclusión, se reitera, siempre que se garantice en todo momento la seguridad respecto de su integridad física y del resto de la población, así como la tranquilidad y estabilidad del centro de internamiento a cargo de las mencionadas responsables. En este contexto, comuníquese a través de correo electrónico, así como por vía telegráfica a las referidas autoridades responsables, la presente determinación para que suspendan bajo su más estricta responsabilidad dichos actos y se abstengan de ejecutar en el aquí impetrante cualquiera de los actos restringidos por la aludida norma primaria. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I. 3o. A. J/7 publicada en la página 951, del Tomo III, Segunda Parte-2, enero a junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 229397, cuyo rubro y texto son: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por este, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." REQUERIMIENTO SUSPENSIÓN DE PLANO. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables por las que se concedió la suspensión de plano, que deberán acatar dicha suspensión bajo su más estricta responsabilidad y deberán informar a este Juzgado de Distrito dentro del término de veinticuatro horas las medidas tomadas al respecto y justificarlas con copia certificada de las constancias que correspondan. En la inteligencia, de que el informe correspondiente podrá ser remitido vía electrónica a la dirección de correo 5jdo9cto@correo.cjf.gob.mx. SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que la trasgresión de este mandamiento, traerá como consecuencia la aplicación de las sanciones a que se refiere el artículo 262 de la ley de la materia. NOTIFICACIÓN AL AGRAVIADO DIRECTO Y CERTIFICACIÓN DE SU ESTADO FÍSICO. Dado que la promovente señala que el quejoso directo Carlos Alberto Angelino Barrón, se encuentra privado de su libertad en la Penitenciaria CDMX, de conformidad con los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición del artículo segundo de la Ley de Amparo, envíese atento exhorto electrónico al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, que se encuentre en turno, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, con el objeto que de no existir inconveniente legal alguno y en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda notifique personalmente el presente proveído a la parte quejosa, dé fe de las condiciones físicas en que se encuentra, hecho lo cual deberá devolver todo lo actuado por la misma vía. DETERMINACIÓN DE INCOMPETENCIA. En el caso, del análisis integral de la demanda se advierte que este Juzgado Federal carece de competencia legal para conocer de los actos reclamados por el promovente del amparo, conforme con lo dispuesto en el artículo 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 37, 38 y 48 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;. "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." De lo anterior se pone de manifiesto, que de acuerdo con el artículo 37 de la Ley que rige el juicio constitucional, se establecen tres hipótesis para determinar la competencia de un Juzgado de Distrito, que son: 1.- Es competente el Juez de Distrito del lugar en que debe tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado. 2.- Cuando el acto se haya empezado a ejecutar en un Distrito y siga realizándose en otro, será competente cualquiera de los jueces que ejerza jurisdicción en el lugar de prevención; y 3.- Cuando el acto reclamado no exige ejecución material resultará competente el juez en cuya jurisdicción reside la autoridad que hubiera dictado la resolución reclamada. Y de igual forma que será competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. En la especie, el peticionario del amparo señala como actos reclamados: a) Resolución de fecha veintinueve de septiembre de la sesión 39/2021 del comité técnico de la penitenciaria de la Ciudad de México. b) Sesión 39/2021 del comité técnico de la penitenciaria de la Ciudad de México. c) Intimidación d) Actos prohibidos en el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo. e) Represalias f) Discriminación. Asimismo, señaló como autoridades responsables al Director de la Penitenciaria, Subdirección y Subdirector Jurídico de la Penitenciaria, Subdirección y Subdirector de Seguridad de la Penitenciaria, Subdirección y Subdirectora de Apoyo Técnico de la Penitenciaria, Jefe y Jefatura de la Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico, Ubicación y Determinación del Tratamiento de la Penitenciaria, Subsecretaría de Sistema Penitenciario, Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria, Secretario de Seguridad Ciudadana, Secretario de Gobierno y Jefa de Gobierno, todos de la Ciudad de México. Así como a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México del Primero al Décimo Sexto; Jueces de Distrito de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Campeche, Durango, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Guerrero, Guanajuato, Nayarit, Nuevo León, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Tamaulipas excepto el Noveno de Tampico. De igual manera, de la demanda de amparo se advierte que el directo impetrante se encuentra interno en la Penitenciaria de la Ciudad de México. Bajo ese contexto, se colige que no se surte la competencia para conocer de los actos que por esta vía se combaten, en virtud de que los actos reclamados tendrán ejecución en el lugar donde se encuentren internos los directos quejoso; no obstante, al tener en cuenta que se señalaron como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito de los treinta y dos circuitos judiciales, comprendido también a los Jueces de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, incluida la suscrita, con excepción de los de Baja California, Baja California Sur, y el Juez de Noveno de Distrito en Tampico, Tamaulipas; el Juez de Distrito más cercano al Primer Circuito Ciudad de México, es el ubicado en el Decimonoveno Circuito Judicial, cuya demarcación territorial se asienta en la Ciudad de Tampico, Tamaulipas. Es así, dado que una vez que fue consultada la página oficial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se obtuvo que los órganos jurisdiccionales más cercanos al Primer Circuito son los ubicados en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico. Se cita a fin de robustecer lo anterior, la jurisprudencia P./J. 44/2001, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, página 75, con registro digital 190008, de rubro: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO EN LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN", por lo que de conformidad con el criterio jurisprudencial invocado, será competente el Juez de Distrito más cercano al Primer Circuito. En virtud de lo anterior, en aras de preservar la seguridad jurídica en la administración de justicia, con fundamento en lo establecido en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, se declara que este órgano de control constitucional, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata y por ende, previa formación del cuaderno de antecedentes, se ordena remitir la misma al Juez Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, por ser el Juez de Distrito más cercano al Primer Circuito y no encontrarse señalado como autoridad responsable, para que resuelva lo que estime procedente; solicitándole el acuse de recibo respectivo. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA". En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, firmar los oficios que deriven del presente auto. Notifíquese.
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