Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
Expediente 800/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 800/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/05/2022
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón
- Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta, se advierte que se encuentra dirigido al juicio de amparo *** del orden de este órgano judicial; sin embargo, de su contenido se obtiene que se relaciona con el juicio del orden del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad; por tanto, previa copia que se deje en autos, remítase al órgano jurisdiccional de referencia, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, debido a que es suficiente con la constancia de notificación respectiva. Cúmplase.
- Principal
Ciudad de México, a once de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la intervención ministerial de cuenta, se advierte que se encuentra dirigido al juicio de amparo *** del Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, y que el quejoso que se refiere en el mismo no corresponde a los de este asunto; por tanto, previa copia que se deje en autos, remítase al órgano jurisdiccional de referencia, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo debido a que es suficiente con la constancia de notificación respectiva. Cúmplase.
- Principal
Ciudad de México, a veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Vistas la constancia y la primera certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. Asimismo, tómese conocimiento de la segunda certificación secretarial de cuenta, relativa a la coincidencia de las constancias físicas y electrónicas que obran en los expedientes respectivos, para los efectos legales que haya lugar, en términos del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en vigor a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al diverso numeral 6 del citado Acuerdo General, toda vez que se desechó la demanda y en autos no constan documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el dispositivo 21, inciso d), del acuerdo general en cita, se establece que el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años que ahí se estipula. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a catorce de octubre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de cuenta, promovida por *** en favor de *** contra acto(s) que reclaman del "Director de la Penitenciaría cdmx" y otras autoridades; de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden ***. I. En principio, se considera necesario precisar si al particular se le dará el trámite regular que para la substanciación de los amparos indirectos prevé la ley de la materia; o bien, la especial que señala el artículo 15 de dicho ordenamiento, en relación con el 22 de la Constitución General de la República, cuyo contenido es: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. - En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. - Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas (.)". "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado (.)". Conforme al primer precepto transcrito, resulta evidente que la substanciación del juicio de control constitucional en los términos ahí previstos, está supeditada a que los actos señalados como reclamados se traten de aquellos que importen: a) Peligro de privación de la vida. b) Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. c) Incomunicación. d) Deportación. e) Expulsión. f) Proscripción. g) Destierro. h) Extradición. i) Desaparición forzada de personas. j) Alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. k) Incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. (...) IV. Como se observa, ninguno de los actos impugnados se encuentra enlistado ni en el artículo 15 de la Ley de Amparo, como tampoco en el 22 de la Constitución General de la República. En la demanda, tampoco se expusieron argumentos, ni se acompañaron pruebas a partir de las que se generen indicios tendentes a establecer que los quejosos se encuentran imposibilitados para promover el juicio de amparo indirecto por sí mismos. Con apoyo en lo anterior, es válido afirmar que si en el particular no se está ante el supuesto de representación que prevé el numeral 15 de la ley en la materia, resulta evidente que la persona que promovió la demanda de amparo carece de legitimación procesal activa para instar la acción constitucional. Por tanto, al no cumplirse el principio de instancia de parte agraviada, en los términos en que se presentó la demanda, de conformidad de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia, este juzgador considera que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, del mismo ordenamiento, en relación con los numerales 107, fracción I de la Constitución General de la República y 6° del primer ordenamiento señalado. Ahora, no se soslaya que la promovente indicó en el escrito de demanda que los actos reclamados ponen "(.) en riesgo grave e inminente la vida, salud integral y dignidad personal sicofísica y sicoemocional de los quejosos y que actualiza actos prohibidos en el artículo 22 constitucional y 15 ley de amparo y angustia síquica equiparada sicofísica y dolor síquico equiparado a tortura sicoemocional (.)", pues del contenido del mismo, se advierte que dicho planteamiento se hace derivar de que, en su caso, se efectúe el traslado o cambio de dormitorio. Ahora, no se soslaya que la jurisprudencia de rubro "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO", obliga a este órgano jurisdiccional a prevenir a la persona que se encuentre privada de la libertad y promueva demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, a que nombre a un abogado que lo represente y que en caso de que no quiera o no pueda nombrarlo, se le debe asignar uno de oficio; sin embargo, este juzgador considera innecesario actuar en esos términos, dada la existencia de la causal invocada. V. Dado que no se señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, todas las notificaciones deberán realizarse por lista de acuerdos que se publica en este juzgado. Finalmente, se instruye al personal judicial que le corresponda, supervise la debida integración entre el expediente físico y electrónico. Notifíquese.
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