Carlos Alberto Angelino Barron
Expediente 915/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 915/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/11/2022
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barron
- Carlos Alberto Angelino Barron y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a diez de noviembre de dos mil veintidós. Vista la primera certificación que antecede, se advierte que no se recurrió el auto por el que se desechó la demanda de amparo... se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido... en su oportunidad envíese al archivo. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta, provenientes del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, mediante el cual remite el expediente ********** del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, y remite testimonio de la resolución emitida en el conflicto competencial **********. Ahora, el órgano revisor resolvió: "PRIMERO. Sí existe conflicto competencial. SEGUNDO. Se declara que es un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, el competente para conocer de la demanda promovida por ************** y otros; al que se ordena remitir los autos por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de dichos Juzgados. TERCERO. Hágase del conocimiento lo así resuelto al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; también al Juzgado Segundo de Distrito en San Luis Potosí". Por tanto, en estricto acatamiento a lo ordenado por la superioridad, este juzgador se avoca al conocimiento del asunto; acúsese el recibo correspondiente, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el orden *********. (.) II. A. En efecto, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio se analizará la procedencia de la acción constitucional, toda vez que se trata de una cuestión de orden público, cuyo estudio es oficioso y preferente. Tal precepto, indica: "(.)". Los preceptos transcritos contienen uno de los principios fundamentales que rigen al juicio de amparo, consistente en que quien lo accione sea la parte agraviada; es decir, debe promoverse únicamente por la persona a quien afecte el acto reclamado, que podrá comparecer por sí mismo o bien, en los casos así previstos en la ley reglamentaria, por conducto de su representante, defensor, algún pariente o incluso, una persona extraña. Significa entonces, que el escrito de demanda a través del que se pretenda instaurar el citado mecanismo de control constitucional, debe estar suscrito y firmado por alguna de las personas suprarreferidas, pues de lo contrario, se desconocería la identidad del promovente y consecuentemente, se estaría incumpliendo con el principio de "instancia de parte agraviada"; lo cual causaría la improcedencia de la acción de amparo. (.). Ahora bien, para el particular resulta relevante el contenido de los numerales 2, fracciones XV y XVI y 45 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los cuales señalan: "(.)". De las anteriores disposiciones normativas, se deduce que la "firma electrónica vigente" o FIREL, es la forma de autenticar los escritos y promociones que se presenten a través del Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo cual, de suscitarse la ausencia de dicho requisito en la presentación de la demanda de amparo por medios electrónicos, es evidente que la consecuencia procesal sea la misma que tratándose de firma autógrafa. Por tanto, si en el caso la demanda carece de la firma de los quejosos, es inconcuso que no puede apreciarse su voluntad de instar la acción constitucional. (.). Cabe señalar, que en el caso no se está en algún supuesto de excepción contenido en el artículo 15 de la ley de la materia, cuyo contenido es: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad (...)". Significa entonces que salvo la excepción descrita, la ausencia de firma electrónica en la presentación de la demanda de amparo a través del portal de servicios en línea, provoca su desechamiento al actualizar la causal de improcedencia a que se refiere el precepto 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, el cual indica: "(.)". B. En el caso, de la lectura de la demanda presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se advierte que carece de firma electrónica de los quejosos. C. Ahora, como puede apreciarse, ninguno de los actos impugnados se encuentra enlistado ni en el artículo 15 de la Ley de Amparo, como tampoco en el 22 de la Constitución General de la República, pues no obstante que se refieren actos contenidos en tales artículos, lo cierto es que de la lectura integral de la demanda no se advierten circunstancias de hecho a partir de las cuales pueda inferirse su ejecución. Incluso, no se soslaya que la parte quejosa indicó en el escrito de demanda que los actos reclamados ponen en riesgo la vida, salud, integridad física y genera tormento psicoemocional, sin embargo, tales planteamientos los hace derivar de que, en su caso, se efectúe el cambio de dormitorio o la orden de traslado a cualquier otro centro de reclusión. Por tanto, al no cumplirse con el principio de instancia de parte agraviada, en los términos en que se presentó la demanda, de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia, este juzgador considera que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, del mismo ordenamiento, en relación con los numerales 107, fracción I de la Constitución General de la República y 6 del primer ordenamiento señalado. Consecuentemente, lo procedente es desechar de plano la demanda de cuenta. "(.)". Sin embargo, se estima que este criterio es inaplicable al caso en particular, pues no se actualiza el supuesto del que parte, ya que si bien en la actualidad subsiste la contingencia sanitaria a causa de la propagación generalizada del virus Sars-CoV2 (Covid19), lo que conllevó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 22/2020, implementara condiciones de trabajo y atención al público que limitan y restringen el acceso de los usuarios a los recintos judiciales; también es cierto que a virtud de ese mismo ordenamiento, se prevé e instruye a los titulares de los órganos jurisdiccionales a que incentiven la utilización del juicio en línea, mediante el uso precisamente de la firma electrónica. Asimismo, hoy en día, a diferencia de la época en que iniciaron las medidas sanitarias a consecuencia de la pandemia en comento, se encuentran abiertas las Oficinas de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por lo que en caso de que el justiciable no estuviere en posibilidad de tramitar y obtener su FIREL, tiene las condiciones para presentar su demanda a través de aquéllas. Significa entonces, que a la fecha de la presentación del escrito respecto del que ahora se provee, no se suscitan las situaciones fácticas que se consideraron por el tribunal colegiado, al emitir el criterio jurisprudencial en mención, y por ende, se insiste en que éste resulta inaplicable al presente asunto. III. No ha lugar a proveer en cuanto al domicilio que se señaló para oír y recibir notificaciones, dado el sentido de la anterior determinación, de ahí que este proveído y los subsecuentes habrán de notificarse mediante lista de acuerdos de este juzgado. Notifíquese.
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