Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
Expediente 672/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 672/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 11/11/2021
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad de México, a once de noviembre de dos mil veintiuno. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. Asimismo, tómese conocimiento de la segunda certificación secretarial de cuenta, relativa a la coincidencia de las constancias físicas y electrónicas que obran en los expedientes respectivos, para los efectos legales que haya lugar, en términos del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en vigor a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al diverso numeral 6 del citado Acuerdo General, toda vez que se desechó la demanda y en autos no constan documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el dispositivo 21, inciso d), del acuerdo general en cita, se establece que el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años que ahí se estipula. Notifíquese; y personalmente a los quejosos ****
- Principal
Ciudad de México, a veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el actuario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo indirecto *** y remite la resolución dictada en el conflicto competencial ***; háganse las anotaciones en el libro de gobierno; acúsese el recibo de estilo; intégrense únicamente las constancias en original del cuaderno de antecedentes, e infórmese a la parte quejosa que el órgano revisor resolvió: "Primero. No existe el conflicto competencial. Segundo. Remítanse los autos al Juez Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para los efectos precisados en esta ejecutoria". En estricto cumplimiento a lo ordenado por el mencionado tribunal colegiado, este juzgador se avoca al conocimiento del asunto. Ahora, de las consideraciones expuestas en la resolución de cuenta, se advierte que los magistrados integrantes del tribunal revisor, determinaron que a este juzgador no puede recaer propiamente el carácter de autoridad responsable en el presente juicio, dada las funciones propias establecidas en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que con base en ello, se considera que esta autoridad judicial queda excluida del planteamiento contenido en la demanda de amparo. I. Dicho ello, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio se analizará la procedencia de la acción constitucional, toda vez que se trata de una cuestión de orden público, cuyo estudio es oficioso y preferente. (...) Los preceptos transcritos contienen uno de los principios fundamentales que rigen al juicio de amparo, consistente en que quien lo accione sea la parte agraviada; es decir, debe promoverse únicamente por la persona a quien afecte el acto reclamado. Ahora bien, el quejoso puede comparecer al juicio por sí mismo; o bien, en los casos así previstos en la ley reglamentaria, podrá hacerlo por conducto de: a) su representante o apoderado; b) su defensor; o incluso, c) cualquier persona. Es en relación con los últimos supuestos, que este juzgador considera necesario abundar, en tanto se encuentran vinculados con el presupuesto procesal denominado legitimación procesal activa, que debe de satisfacerse cuando el juicio de amparo sea promovido por conducto de una persona diversa a la agraviada. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 2a./J. 75/97, consultable en la página 351, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto indican: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. (...) En ese orden, la Ley de Amparo prevé diversas hipótesis en las que el quejoso puede promover el juicio por conducto de un tercero que ostente su representación legal. La primera se observa en el numeral 6°, en relación con el diverso 114, fracción III, de la ley de la materia, relativa a que el promovente se trate del representante o apoderado legal de la parte quejosa y, al promover el juicio exhiba adjunto a la demanda, documento con que acredite su personalidad. A partir de ello, el juez de amparo podrá determinar, según sea el caso, si el promovente carece de facultades de representación; insuficiencia de las mismas; o, ineficacia de la documentación presentada para ese efecto; lo cual propiciará que aquél lo prevenga para subsanar tal irregularidad detectada. La segunda hipótesis es acorde con el numeral 11 de la Ley de Amparo y surge cuando la persona, al instar la acción constitucional a nombre del quejoso, afirma tener reconocida su representación ante la autoridad responsable. Bajo este supuesto, la regla general es admitir la demanda, siempre que acredite lo anterior con las constancias respectivas; salvo en materia penal, en la que basta la afirmación en ese sentido. En el entendido que, en este último caso, si quien acude es el defensor del justiciable, tal manifestación tendrá que realizarla bajo protesta de decir verdad, de conformidad con el precepto 14 de la ley reglamentaria. La tercera hipótesis, se trata de aquellos asuntos promovidos en términos de lo que señala el artículo 15 de la Ley de Amparo, en los que se reclaman actos ahí precisados, incluyendo a los que se refiere el diverso 22 constitucional. En estos casos, la demanda podrá promoverla cualquier persona -incluso siendo menor de edad- a nombre del quejoso; siempre y cuando, este último se encuentre imposibilitado para promover el amparo. De esta forma, si quien insta la acción constitucional a nombre del quejoso carece de legitimación procesal activa, traerá como consecuencia la improcedencia del juicio. Sirve de apoyo la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 272, Tomo VII, Enero de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN MATERIA PENAL POR FALTA DE LEGITIMACION PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVERLO. (...) Significa entonces que la falta de legitimación procesal activa, provoca el desechamiento de la demanda al actualizar la causal de improcedencia a que se refiere el precepto 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 6 del mismo ordenamiento y 107, fracción I constitucional. El primer numeral indica: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". II. En el caso, Yoanna Fonseca Valencia promueve demanda a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -que carece de firma electrónica-, en representación de los justiciables, bajo el supuesto que ampara el artículo 15 de la Ley de Amparo, y señala como actos reclamados los siguientes: "Traslado (ataque a la libertad personal art 48 61 fracc XVIII y 126 ley de Amparo) con fines intimidatorios y represalias de los quejosos de la Penitenciaría cdmx a otro centro diverso dentro o fuera de la cdmx que pone en riesgo grave la vida salud integridad y dignidad personal sicofisica y sicoemocional de los quejosos actualiza actos prohibidos en el art 22 constitucional y 126 ley Amparo Reubicación (ataque a la libertad personal art 48 61 fracc XVIII y 126 ley de Amparo) con fines intimidatorios y represalias de *** del dormitorio cuatro zona uno estancia once a otro dormitorio diverso módulo diverso o área diversa pone en riesgo grave la vida salud integridad y dignidad personal sicofisica y sicoemocional de los quejosos actualiza actos prohibidos en el art 22 constitucional y 126 ley Amparo Reubicación (ataque a la libertad personal art 48 61 fracc XVIII y 126 ley de Amparo) con fines intimidatorios y represalias de *** del dormitorio cuatro zona uno estancia cinco a otro dormitorio diverso módulo diverso o área diversa pone en riesgo grave la vida salud integridad y dignidad personal sicofisica y sicoemocional actualiza actos prohibidos en el art 22 constitucional y 126 ley Amparo Reubicación (ataque a la libertad personal art 48 61 fracc XVIII y 126 ley de Amparo) con fines intimidatorios y represalias de *** del dormitorio cuatro zona tres estancia nueve a otro dormitorio diverso módulo diverso o área diversa pone en riesgo grave la vida salud integridad y dignidad personal sicofisica y sicoemocional actualiza actos prohibidos en el art 22 constitucional y 126 ley Amparo Reubicación (ataque a la libertad personal art 48 61 fracc XVIII y 126 ley de Amparo) con fines intimidatorios y represalias de *** del dormitorio cuatro zona tres estancia ocho a otro dormitorio diverso módulo diverso o área diversa pone en riesgo grave la vida salud integridad y dignidad personal sicofisica y sicoemocional actualiza actos prohibidos en el art 22 constitucional y 126 ley Amparo Reubicación (ataque a la libertad personal art 48 61 fracc XVIII y 126 ley de Amparo) con fines intimidatorios y represalias de *** del dormitorio cuatro zona uno estancia once a otro dormitorio dos zona seis o diverso o módulo diverso o área diversa pone en riesgo grave la vida salud integridad y dignidad personal sicofisica y sicoemocional actualiza actos prohibidos en el art 22 constitucional y 126 ley Amparo Reubicación (ataque a la libertad personal art 48 61 fracc XVIII y 126 ley de Amparo) con fines intimidatorios y represalias de *** del dormitorio cuatro zona uno estancia once a otro dormitorio nueve zona cuatro o diverso o módulo diverso o área diversa pone en riesgo grave la vida salud integridad y dignidad personal sicofisica y sicoemocional actualiza actos prohibidos en el art 22 constitucional y 126 ley Amparo Discriminación Represalias Intimidación Amenazas Actos prohibidos en el art 22 constitucional y 126 ley Amparo Los actos reclamados bajo protesta de verdad son Discriminación Inaplicabilidad de criterios internacionales pro persona Violación al principio pro persona". III. Como se observa, ninguno de los actos impugnados se encuentra enlistado ni en el artículo 15 de la Ley de Amparo, como tampoco en el 22 de la Constitución General de la República. En la demanda, tampoco se expusieron argumentos, ni se acompañaron pruebas a partir de las que se generen indicios tendentes a establecer que los quejosos se encuentran imposibilitados para promover el juicio de amparo indirecto por sí mismos. Con apoyo en lo anterior, es válido afirmar que si en el particular no se está ante el supuesto de representación que prevé el numeral 15 de la ley en la materia, resulta evidente que la persona que promovió la demanda de amparo carece de legitimación procesal activa para instar la acción constitucional. Por tanto, al no cumplirse el principio de instancia de parte agraviada, en los términos en que se presentó la demanda, de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia, esta autoridad judicial considera que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, del mismo ordenamiento, en relación con los numerales 107, fracción I de la Constitución General de la República y 6° del primer ordenamiento señalado. Consecuentemente, lo procedente es desechar de plano la demanda de cuenta. Notifíquese; y personalmente a los quejosos ***
- Principal
Ciudad de México, a veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio de cuenta, procedente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual se informa que se avocó al conocimiento del conflicto competencial planteado, que quedó registrado como C.C.P. ****, de lo que se toma conocimiento. Cúmplase.
- Principal
Ciudad de México, a diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad de la fedataria pública de notificar al quejoso **** el proveído de ocho de este mes y año, en virtud de que fue informada: ". que dicho amparista se encuentra en la zona aislada de dicho centro de reclusión, por medidas de seguridad, ya que el día seis del presente mes, salió a una diligencia procesal, por lo que acudí a la subdirección jurídica donde **** escribiente, corroboró dicha información, y manifestó que: 'el protocolo para esa situación, es mantener aislado al interno aproximadamente por una semana, en lo que se determina si es o no portador del virus.". En consecuencia, requiérase al Subdirector Jurídico de la Penitenciaría de esta ciudad, para que, en cuanto cese el resguardo en el que se encuentra el quejoso, lo informe a la brevedad a este juzgado a fin de proveer lo conducente con la notificación y requerimiento ordenado en autos. En caso de no hacerlo, o bien, de no informar el impedimento legal que para ese efecto tenga, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el numeral 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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