Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.

Expediente 1034/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1034/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
23/11/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
  • Carlos Alberto Angelino Barrón

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, procedente del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en atención a su contenido, dígasele que mediante proveído de quince de diciembre de dos mil veintiuno, esta autoridad judicial aceptó la competencia declinada por el juzgador oficiante, respecto del juicio de amparo *** , promovido por *** y otros, siendo que, en misma data se desechó la demanda. Por lo que, mediante auto de veintiocho posterior, causó estado dicha determinación; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Vistas la constancia y la primera certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los numerales 98 de la legislación reglamentaria, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. Asimismo, tómese conocimiento de la segunda certificación secretarial de cuenta, relativa a la coincidencia de las constancias físicas y electrónicas que obran en los expedientes respectivos, para los efectos legales que haya lugar, en términos del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en vigor a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al diverso numeral 6 del citado Acuerdo General, toda vez que se desechó la demanda y en autos no constan documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el dispositivo 21, inciso d), del acuerdo general en cita, se establece que el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años que ahí se estipula. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, a quince de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual atento a lo solicitado, remite el expediente ***, promovido por *** contra actos que reclaman del "Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México" y otras autoridades. (...) Por tanto, si en el caso la demanda carece de la firma de los quejosos, es inconcuso que no puede apreciarse su voluntad de instar la acción constitucional. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 79, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". Cabe señalar, que en el caso no se está en algún supuesto de excepción contenido en el artículo 15 de la ley de la materia, cuyo contenido es: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. (...)". Significa entonces que salvo la excepción descrita, la ausencia de firma electrónica en la presentación de la demanda de amparo a través del portal de servicios en línea, provoca su desechamiento al actualizar la causal de improcedencia a que se refiere el precepto 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, el cual indica: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". B. En el caso, de la lectura de la demanda presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se advierte que carece (...) C. Como se observa, ninguno de los actos impugnados se encuentra enlistado en el artículo 15 de la Ley de Amparo, ni en el 22 de la Constitución General de la República. No se soslaya que los quejosos indicaron en el escrito de demanda que los actos reclamados ponen en riesgo la vida, salud, integridad física y psicoemocional, así como que se equiparan a actos de tortura, sin embargo, tales planteamientos los hacen derivar de que, en su caso, se efectúe el traslado del centro de reclusión en que se encuentran a uno diverso o que se les cambie de dormitorio. Además, la parte quejosa no señala, ni siquiera de manera indiciaria que los actos de discriminación por condición, así como las represalias de los que señala son objeto, se equiparen a los prohibidos en el artículo 22 constitucional, aunado a que omite indicar en qué consisten o cómo se han materializado tales actos por las autoridades que señala como responsables. Por tanto, al no cumplirse con el principio de instancia de parte agraviada, en los términos en que se presentó la demanda, de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia, este juzgador considera que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, del mismo ordenamiento, en relación con los numerales 107, fracción I de la Constitución General de la República y 6 del primer ordenamiento señalado. Consecuentemente, lo procedente es desechar de plano la demanda de cuenta. (...) Asimismo, hoy en día, a diferencia de la época en que iniciaron las medidas sanitarias a consecuencia de la pandemia en comento, se encuentran abiertas las Oficinas de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por lo que en caso de que el justiciable no estuviere en posibilidad de tramitar y obtener su FIREL, tiene las condiciones para presentar su demanda a través de aquéllas. Significa entonces, que a la fecha de la presentación del escrito respecto del que ahora se provee, no se suscitan las situaciones fácticas que se consideraron por el tribunal colegiado, al emitir el criterio jurisprudencial en mención, y por ende, se insiste en que éste resulta inaplicable al presente asunto. IV. Finalmente, no ha lugar a proveer en cuanto al domicilio que se señaló para oír y recibir notificaciones, dado el sentido de la anterior determinación, de ahí que este proveído y los subsecuentes habrán de notificarse mediante lista de acuerdos de este juzgado. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, a siete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta, procedente del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por el que se remitió vía interconexión el juicio de amparo *** promovido por *** pues se estimó que esa autoridad judicial carece de competencia legal, por razón de materia, para conocer y resolver de dicho asunto. Al respecto, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el orden *** Ahora, este juzgador a efecto de estar en condiciones de proveer respecto de la competencia planteada, solicita a la juez declinante remita el original de las constancias que integran dicho controvertido. Cúmplase.

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