Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
Expediente 732/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 732/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/10/2021
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
- Carlos Alberto Angelino Barrón
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto por el que, entre otro, se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. Asimismo, tómese conocimiento de la segunda certificación secretarial de cuenta, relativa a la coincidencia de las constancias físicas y electrónicas que obran en los expedientes respectivos, para los efectos legales que haya lugar, en términos del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en vigor a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al diverso numeral 6 del citado Acuerdo General, toda vez que se desechó la demanda y en autos no constan documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el dispositivo 21, inciso d), del acuerdo general en cita, se establece que el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años que ahí se estipula. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a través del cual acusa recibo del diverso 12529/2021, por el que se remitió copia certificada del juicio de amparo ****, promovido por Yoanna Fonseca Valencia, en favor de ******* asimismo, informa que se avocó al conocimiento del asunto; por tanto, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por **** en favor de ****** e ******* contra acto(s) que reclama del "Director de la Penitenciaría cdmx" y otras autoridades; de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el orden **** I. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio se analizará la procedencia de la acción constitucional, toda vez que se trata de una cuestión de orden público, cuyo estudio es oficioso y preferente. Dicho precepto, indica: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Al respecto, es conveniente precisar que los artículos 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 6° de la Ley de Amparo, prevén: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: - I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (...) Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.- Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Los preceptos transcritos contienen uno de los principios fundamentales que rigen al juicio de amparo, consistente en que quien lo accione sea la parte agraviada; es decir, debe promoverse únicamente por la persona a quien afecte el acto reclamado. Ahora bien, el quejoso puede comparecer al juicio por sí mismo; o bien, en los casos así previstos en la ley reglamentaria, podrá hacerlo por conducto de: a) su representante o apoderado; b) su defensor; o incluso, c) cualquier persona. Es en relación con los últimos supuestos, que este juzgador considera necesario abundar, en tanto se encuentran vinculados con el presupuesto procesal denominado legitimación procesal activa, que debe de satisfacerse cuando el juicio de amparo sea promovido por conducto de una persona diversa a la agraviada. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 2a./J. 75/97, consultable en la página 351, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto indican: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable." En ese orden, la Ley de Amparo prevé diversas hipótesis en las que el quejoso puede promover el juicio por conducto de un tercero que ostente su representación legal. La primera se observa en el numeral 6°, en relación con el diverso 114, fracción III, de la ley de la materia, relativa a que el promovente se trate del representante o apoderado legal de la parte quejosa y, al promover el juicio exhiba adjunto a la demanda, documento con que acredite su personalidad. A partir de ello, el juez de amparo podrá determinar, según sea el caso, si el promovente carece de facultades de representación; insuficiencia de las mismas; o, ineficacia de la documentación presentada para ese efecto; lo cual propiciará que aquél lo prevenga para subsanar tal irregularidad detectada. La segunda hipótesis es acorde con el numeral 11 de la Ley de Amparo y surge cuando la persona, al instar la acción constitucional a nombre del quejoso, afirma tener reconocida su representación ante la autoridad responsable. Bajo este supuesto, la regla general es admitir la demanda, siempre que acredite lo anterior con las constancias respectivas; salvo en materia penal, en la que basta la afirmación en ese sentido. En el entendido que, en este último caso, si quien acude es el defensor del justiciable, tal manifestación tendrá que realizarla bajo protesta de decir verdad, de conformidad con el precepto 14 de la ley reglamentaria. La tercera hipótesis, se trata de aquellos asuntos promovidos en términos de lo que señala el artículo 15 de la Ley de Amparo, en los que se reclaman actos ahí precisados, incluyendo a los que se refiere el diverso 22 constitucional. En estos casos, la demanda podrá promoverla cualquier persona -incluso siendo menor de edad- a nombre del quejoso; siempre y cuando, este último se encuentre imposibilitado para promover el amparo. De esta forma, si quien insta la acción constitucional a nombre del quejoso carece de legitimación procesal activa, traerá como consecuencia la improcedencia del juicio. Sirve de apoyo la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 272, Tomo VII, Enero de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN MATERIA PENAL POR FALTA DE LEGITIMACION PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVERLO. (.) Significa entonces que la falta de legitimación procesal activa, provoca el desechamiento de la demanda al actualizar la causal de improcedencia a que se refiere el precepto 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 6 del mismo ordenamiento y 107, fracción I constitucional. El primer numeral indica: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". II. En el caso, Yoanna Fonseca Valencia promueve demanda a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -que carece de firma electrónica-, en representación de los justiciables, bajo el supuesto que ampara el artículo 15 de la Ley de Amparo y señala como actos reclamados los siguientes: "Reubicación por motivos discriminatorios (ataques a la libertad personal art 48 y 61 fracción XVIII ley de amparo) de Irvin o Edwin Daniel Guerra Cordova del dormitorio cuatro zona uno estancia once al dormitorio dos zona cinco estancia once que pone en riesgo grave la vida salud integridad y dignidad personal sicofisica y sicoemocional del quejoso y actualiza actos prohibidos en el artículo 22 constitucional y 15 ley de amparo con fines intimidatorios y por represalias Discriminación por condición Actos prohibidos en el artículo 22 constitucional y 15 ley de amparo intimidación Resolución 37/2021 de quince de septiembre de dos mil veintiuno que autorizo la reubicación discriminatoria de Irvin o Edwin Daniel Guerra Cordova del dormitorio cuatro al dormitorio dos Violación al principio pro persona Discriminación Inaplicabilidad de criterios internacionales pro persona". III. A consideración del suscrito, ninguno de los actos impugnados se encuentra enlistado ni en el artículo 15 de la Ley de Amparo, como tampoco en el 22 de la Constitución General de la República, pues no se relató algún hecho o circunstancia que así permita inferirlo. Asimismo, en la demanda, tampoco se expusieron argumentos, ni se acompañaron pruebas a partir de las que se generen indicios tendentes a establecer que los quejosos se encuentran imposibilitados para promover el juicio de amparo indirecto por sí mismos. Con apoyo en lo anterior, es válido afirmar que si en el particular no se está ante el supuesto de representación que prevé el numeral 15 de la ley en la materia, resulta evidente que la persona que promovió la demanda de amparo carece de legitimación procesal activa para instar la acción constitucional. Por tanto, al no cumplirse el principio de instancia de parte agraviada, en los términos en que se presentó la demanda, de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia, esta autoridad judicial considera que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, del mismo ordenamiento, en relación con los numerales 107, fracción I de la Constitución General de la República y 6° del primer ordenamiento señalado. Consecuentemente, lo procedente es desechar de plano la demanda de cuenta (con excepción de los actos reclamados a este órgano jurisdiccional). IV. Y es en ese orden que, de conformidad con lo establecido en el numeral 38 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo de que se trata, en cuanto a los actos reclamados a este juzgador, por las razones siguientes: La parte promovente expresamente señala como autoridad responsable de actos señalados en la demanda como reclamados, además de otras, al Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, lo cual pone en evidencia que el que suscribe no debe conocer del asunto que nos ocupa, pues ya de manera concreta se me atribuyen actos específicos de autoridad. Lo anterior, en atención a que en la especie se actualiza la hipótesis de incompetencia prevista en el artículo 38 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, sí no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca". En atención al numeral transcrito, se advierte que es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de Distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca, de ahí que, si este Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, se encuentra señalado como responsable, resulta legalmente incompetente para conocer de la demanda de que se trata, por los actos cuestionados a este juzgador. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J.88/2006 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 75, Tomo XXV, Febrero de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y SE SEÑALAN COMOAUTORIDADES RESPONSABLES A TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UNMISMO ÁMBITO TERRITORIAL, SE SURTEAFAVOR DEL MÁS INMEDIATO. (.) De lo que se obtiene que es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Por tanto, de conformidad con el numeral 48 de la ley de la materia, se ordena remitir el presente asunto al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno (con excepción del Juzgado Decimotercero de Distrito de esta especialidad y sede), a quien se considera competente para conocer de ella, por tratarse de un órgano judicial que conoce de la misma naturaleza que este Juzgado Federal, por ya no encontrarse señalado como responsable y por ser el más cercano a la jurisdicción de este órgano de control constitucional. De igual forma, se solicita al Juez de Distrito de mérito, que tenga a bien acusar de recibo y, hacer del conocimiento lo que acuerde, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que este juzgado se pronuncie respecto de la suspensión de plano, habida cuenta que los actos que se reclaman, a consideración del suscrito, no se encuentran contemplados en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15 y 126 de la Ley de Amparo. Ello es así, puesto que la discriminación reclamada, en el caso que se analiza, no puede ubicarse como de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual al igual que el diverso 15 de la Ley de Amparo, se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Lo anterior, pues la discriminación recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, desde aquéllos actos que generaran una distinción de trato que por sí no colocan a las personas en internamiento en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas (por ejemplo, cambios de dormitorio por razones de seguridad, para el centro penitenciario o para el interno mismo, la edad, el estado de salud, duración de la sentencia, situación jurídica y otros datos objetivos sobre su persona tendientes a armonizar la gobernabilidad del mismo y la convivencia), hasta aquellos que, por su naturaleza o trascendencia, pudieran someterlos a cierto dolor físico y/o estado psicológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, sea factible que lo ubiquen en la situación apuntada Sin embargo, en el contexto de las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, no existen bases suficientes que permitan afirmar categóricamente que la discriminación por condición que se señala, comprometa gravemente la dignidad e integridad personal de los directamente agraviados, al grado de equipararse tal situación a un tormento, por el contrario, se observa la señalan en el contexto de la posibilidad de que sean cambiados de dormitorio, que conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, de existir, tienen la presunción de fines constitucionalmente válidos. Apoya lo anterior, por las razones de fondo que se sostienen, la jurisprudencia 1a./J. 55/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1270, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial dela Federación, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. (.) Remítase la presente determinación y copia certificada del anexo correspondiente. V. Dado que no se señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, todas las notificaciones deberán realizarse por lista de acuerdos que se publica en este juzgado Se instruye al personal judicial que le corresponda, supervise la debida integración entre el expediente físico y electrónico. Finalmente, se autoriza al secretario para que firme los oficios de este juicio. Notifíquese
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