Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
Expediente 586/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 586/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 18/10/2021
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
- Carlos Alberto Angelino Barrón
- Juan Manuel Espinosa González y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad de México, a dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Vistas la constancia y la primera certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los numerales 98 de la legislación reglamentaria, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. Asimismo, tómese conocimiento de la segunda certificación secretarial de cuenta, relativa a la coincidencia de las constancias físicas y electrónicas que obran en los expedientes respectivos, para los efectos legales que haya lugar, en términos del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en vigor a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al diverso numeral 6 del citado Acuerdo General, toda vez que se desechó la demanda y en autos no constan documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el dispositivo 21, inciso d), del acuerdo general en cita, se establece que el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años que ahí se estipula. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a ocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta, se advierte que se encuentra dirigido al juicio de amparo indirecto *** del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad; no así, al presente controvertido de este órgano jurisdiccional, por tanto, remítase vía interconexión a aquel juzgado, previa copia que se deje en autos. Cúmplase.
- Principal
Ciudad de México, a cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el secretario de acuerdos adscrito al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo indirecto ***, y remite transcrita la resolución dictada en el conflicto competencial ****; háganse las anotaciones en el libro de gobierno; acúsese el recibo de estilo; intégrense únicamente las constancias en original del cuaderno de antecedentes, e infórmese a la parte quejosa que el órgano revisor resolvió: "Único. Es legalmente competente el Juez Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta Ciudad, quien debe seguir conociendo de la demanda de amparo promovida por **** por conducto de ****, atento a las razones expuestas en el último considerando de esta ejecutoria; en consecuencia, remítanse los autos a dicho órgano jurisdiccional". En estricto cumplimiento a lo ordenado por el mencionado tribunal colegiado, este juzgador se avoca al conocimiento del asunto. Ahora, de las consideraciones expuestas en la resolución de cuenta, se advierte que los magistrados integrantes del tribunal revisor, determinaron que a este juzgador no puede recaer propiamente el carácter de autoridad responsable en el presente juicio, dada las funciones propias establecidas en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que con base en ello, se considera que esta autoridad judicial queda excluida del planteamiento contenido en la demanda de amparo. I. Dicho ello, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio se analizará la procedencia de la acción constitucional, toda vez que se trata de una cuestión de orden público, cuyo estudio es oficioso y preferente. (...) Los preceptos transcritos contienen uno de los principios fundamentales que rigen al juicio de amparo, consistente en que quien lo accione sea la parte agraviada; es decir, debe promoverse únicamente por la persona a quien afecte el acto reclamado. Ahora bien, el quejoso puede comparecer al juicio por sí mismo; o bien, en los casos así previstos en la ley reglamentaria, podrá hacerlo por conducto de: a) su representante o apoderado; b) su defensor; o incluso, c) cualquier persona. Es en relación con los últimos supuestos, que este juzgador considera necesario abundar, en tanto se encuentran vinculados con el presupuesto procesal denominado legitimación procesal activa, que debe de satisfacerse cuando el juicio de amparo sea promovido por conducto de una persona diversa a la agraviada. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 2a./J. 75/97, consultable en la página 351, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto indican: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable." En ese orden, la Ley de Amparo prevé diversas hipótesis en las que el quejoso puede promover el juicio por conducto de un tercero que ostente su representación legal. La primera se observa en el numeral 6°, en relación con el diverso 114, fracción III, de la ley de la materia, relativa a que el promovente se trate del representante o apoderado legal de la parte quejosa y, al promover el juicio exhiba adjunto a la demanda, documento con que acredite su personalidad. A partir de ello, el juez de amparo podrá determinar, según sea el caso, si el promovente carece de facultades de representación; insuficiencia de las mismas; o, ineficacia de la documentación presentada para ese efecto; lo cual propiciará que aquél lo prevenga para subsanar tal irregularidad detectada. La segunda hipótesis es acorde con el numeral 11 de la Ley de Amparo y surge cuando la persona, al instar la acción constitucional a nombre del quejoso, afirma tener reconocida su representación ante la autoridad responsable. Bajo este supuesto, la regla general es admitir la demanda, siempre que acredite lo anterior con las constancias respectivas; salvo en materia penal, en la que basta la afirmación en ese sentido. En el entendido que, en este último caso, si quien acude es el defensor del justiciable, tal manifestación tendrá que realizarla bajo protesta de decir verdad, de conformidad con el precepto 14 de la ley reglamentaria. La tercera hipótesis, se trata de aquellos asuntos promovidos en términos de lo que señala el artículo 15 de la Ley de Amparo, en los que se reclaman actos ahí precisados, incluyendo a los que se refiere el diverso 22 constitucional. En estos casos, la demanda podrá promoverla cualquier persona -incluso siendo menor de edad- a nombre del quejoso; siempre y cuando, este último se encuentre imposibilitado para promover el amparo. De esta forma, si quien insta la acción constitucional a nombre del quejoso carece de legitimación procesal activa, traerá como consecuencia la improcedencia del juicio. Sirve de apoyo la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 272, Tomo VII, Enero de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN MATERIA PENAL POR FALTA DE LEGITIMACION PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVERLO. (...) Significa entonces que la falta de legitimación procesal activa, provoca el desechamiento de la demanda al actualizar la causal de improcedencia a que se refiere el precepto 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 6 del mismo ordenamiento y 107, fracción I constitucional. El primer numeral indica: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." II. En el caso, *** promueve demanda a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -que carece de firma electrónica-, en representación de los justiciables, bajo el supuesto que ampara el artículo 15 de la Ley de Amparo, y señala como actos reclamados los siguientes: "Traslado con fines intimidatorios y por represalia de los quejosos de la Penitenciaría de la Ciudad de México a otro centro diverso dentro o fuera de la Ciudad de México que pone en riesgo grave la vida, salud, integridad, dignidad personal y psicoemocional de los quejosos y actualiza actos prohibidos en el artículo (...) constitucional y 15 de la Ley de Amparo, y contagio de covid 19, así como es un ataque a la libertad personal art. 48 y 61 fracción (...) Reubicación por represalias y con fines intimidatorios y discriminatorios de los quejosos ****** y ***** del dormitorio cuatro, zona uno, estancia once a otro dormitorio, diverso módulo o área diversa que pone en riesgo grave la vida, salud, integridad, dignidad personal y psicoemocional de los quejosos y actualiza actos prohibidos en el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo y es un ataque a la libertad personal art. 48 y 61 de la Ley de Amparo. Reubicación con fines intimidatorios de **** del dormitorio cuatro, zona uno, estancia cinco a otro dormitorio, diverso módulo o área diversa que pone en riesgo grave la vida, salud, integridad, dignidad personal y psicoemocional de los quejosos y actualiza actos prohibidos en el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo y es un ataque a la libertad personal art. 48 y 61 (.) Reubicación con fines intimidatorios de **** del dormitorio cuatro, zona tres, estancia ocho a otro dormitorio, diverso módulo o área diversa que pone en riesgo grave la (...), salud, integridad, dignidad personal y psicoemocional de los quejosos y actualiza actos prohibidos (...) artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo y es un ataque a la libertad personal art. 48 (.) de la Ley de Amparo. Reubicación con fines intimidatorios de ***** del dormitorio cuatro, zona tres, estancia nueve a otro dormitorio, diverso módulo o área diversa que pone en riesgo grave la vida, salud, integridad, dignidad personal y psicoemocional de los quejosos y actualiza actos prohibidos en el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo y es un ataque a la libertad personal art. 48 y 61 fracción (...) Reubicación con fines intimidatorios de **** del dormitorio cuatro, zona uno, estancia dos a otro dormitorio, diverso módulo o área diversa que pone en riesgo grave la vida (...), integridad, dignidad personal y psicoemocional de los quejosos y actualiza actos prohibidos en el (...) constitucional y 15 de la Ley de Amparo y es un ataque a la libertad personal art. 48 y 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo. Reubicación con fines intimidatorios de ***** del dormitorio cuatro, zona uno, estancia seis a otro dormitorio, diverso módulo o área diversa que pone en riesgo grave la vida, salud, integridad, dignidad personal y psicoemocional de los quejosos y actualiza (...) prohibidos en el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo y es un ataque a la libertad (...) 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo. (...) Violación al principio pro persona. Discriminación por condición. Inaplicabilidad de criterios internacionales pro persona". III. Como se observa, ninguno de los actos impugnados se encuentra enlistado ni en el artículo 15 de la Ley de Amparo, como tampoco en el 22 de la Constitución General de la República. En la demanda, tampoco se expusieron argumentos, ni se acompañaron pruebas a partir de las que se generen indicios tendentes a establecer que los quejosos se encuentran imposibilitados para promover el juicio de amparo indirecto por sí mismos. Con apoyo en lo anterior, es válido afirmar que si en el particular no se está ante el supuesto de representación que prevé el numeral 15 de la ley en la materia, resulta evidente que la persona que promovió la demanda de amparo carece de legitimación procesal activa para instar la acción constitucional. Por tanto, al no cumplirse el principio de instancia de parte agraviada, en los términos en que se presentó la demanda, de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia, esta autoridad judicial considera que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, del mismo ordenamiento, en relación con los numerales 107, fracción I de la Constitución General de la República y 6° del primer ordenamiento señalado. Consecuentemente, lo procedente es desechar de plano la demanda de cuenta. IV. Dado que no se señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, todas las notificaciones deberán realizarse por lista de acuerdos que se publica en este juzgado. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a tres de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el secretario adscrito al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, del que se advierte que acusa recibo del diverso comunicado 11194/2021 de dieciocho de agosto pasado, e informa a este órgano de control constitucional que admitió a trámite el conflicto competencial planteado, y quedó registrado con el orden C.C.P. ****. Cúmplase.
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