Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.

Expediente 450/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 17 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
450/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
15/05/2023

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
  • Carlos Alberto Angelino Barrón
  • Juan Manuel Espinosa González y Otros.
  • Dirección de la Penitenciaria. Ciudad de México
  • Juan Manuel Espinosa González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Ciudad de México, a quince de mayo de dos mil veintitrés. Vista la primera certificación que antecede, se advierte que no se recurrió el auto por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los numerales 98 de la legislación reglamentaria, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho acuerdo. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo... Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Ciudad de México, a dos de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se reservó acordar lo conducente en relación con el oficio registrado con el folio ****, proveniente del Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, hasta en tanto se verificara la vinculación del expediente electrónico ********************, de su índice, lo que en el caso acontece. I. Ahora, del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: "(.) Las autoridades señaladas en el amparo son Dirección de la penitenciaría cdmx Subdirección de seguridad de la penitenciaría cdmx Subdirección de apoyo técnico de la penitenciaría Comité técnico de la penitenciaría cdmx Jefatura de unidad departamental del centro de diagnóstico ubicación y determinación del tratamiento de la penitenciaría cdmx Subsecretaría de sistema penitenciario CDMX Director ejecutivo de seguridad penitenciaria de CDMX Secretaría de seguridad ciudadana de CDMX Secretaría de gobierno de CDMX Jefa de gobierno de CDMX Presidente de México Secretaría de gobernación Secretaría de seguridad y protección ciudadana Órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social OADPRS Gobernadores de Aguascalientes Baja California Baja California Sur Chiapas Chihuahua Coahuila Colima Campeche Durango Estado de México Guerrero Guanajuato Jalisco Hidalgo Nayarit Nuevo León Michoacán Morelos Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sonora Tabasco Tlaxcala Veracruz Yucatán y Zacatecas Los actos reclamados bajo protesta de verdad son Traslado de los quejosos de la penitenciaría cdmx (fuera de procedimiento ataques a la libertad personal) a otro centro diverso dentro o fuera de CDMX que pone en riesgo grave la vida salud integridad y dignidad personal de los quejosos y actualiza actos prohibidos en el artículo 22 constitucional y 15 de la ley de amparo Reubicación de los quejosos del dormitorio ********************zona ********************estancia ********************a otro dormitorio diverso módulo diverso o área diversa fuera de procedimiento (ataques a la libertad personal y por motivos discriminatorios que pone en riesgo grave la vida salud integridad y dignidad personal de los quejosos y que actua prohibidos en el artículo 22 constitucional y 15 ley de amparo. Las autoridades responsables señaladas en el amparo son Jueces de distrito de amparo en materia penal de CDMX del primero al décimo sexto Jueces de distrito, jueces de distrito con especialidad en materia penal y amparo y jueces de distrito con subespecialidad en materia penal y amparo de edomex Morelos Puebla Querétaro Hidalgo Tlaxcala Veracruz Guerrero Guanajuato Jalisco Michoacán Nayarit Aguascalientes Colima Nuevo León Chiapas Campeche Durango Tamaulipas Tabasco Yucatán Sinaloa Sonora Coahuila San Luis Potosí Zacatecas Los actos reclamados bajo protesta de verdad son Discriminación por condición Violación al principio pro hominem Inaplicabilidad de criterios internacionales pro hominem Violación al artículo 17 constitucional". No obstante lo anterior, del escrito integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el controvertido, se advierte que los actos reclamados constituyen violaciones que derivan de la orden de traslado o reubicación que los quejosos aducen se pretende ejecutar en su contra, por lo que el acto destacado en este asunto lo constituye: "(.) Traslado de los quejosos de la penitenciaría cdmx (.) a otro centro diverso dentro o fuera de CDMX (.) Reubicación de los quejosos del dormitorio ********************zona ********************estancia ********************a otro dormitorio diverso módulo diverso o área diversa (.)". II. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio se analizará la procedencia de la acción constitucional, toda vez que se trata de una cuestión de orden público, cuyo estudio es oficioso y preferente. Dicho precepto, indica: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Al respecto, es conveniente precisar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley.- No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.- Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (...)". Asimismo, es necesario citar los preceptos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establecen: "Artículo 52. La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las ********************horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario.- En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. - En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa". "Artículo 117. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: (...) III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente (...). Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada". En torno a los actos reclamados: "(.) Traslado de los quejosos de la penitenciaría cdmx (.) a otro centro diverso dentro o fuera de CDMX (.).- Reubicación de los quejosos del dormitorio ********************zona ********************estancia ********************a otro dormitorio diverso módulo diverso o área diversa (.)", Cabe señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la tesis 1a. XXIV/2021 (10a.), Undécima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, dispuso: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a ********************diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Justificación: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinti********************horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional". (Énfasis propio). III. En relación con el diverso acto reclamado consistente en: "(.) Traslado de los quejosos de la penitenciaría cdmx (.) a otro centro diverso dentro o fuera de CDMX (.).- Reubicación de los quejosos del dormitorio ********************zona ********************estancia ********************a otro dormitorio diverso módulo diverso o área diversa (.)", Si los justiciables no agotaron previamente el medio de defensa ordinario denominado controversia judicial o recurso de apelación, previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por medio del cual puede ser modificado, revocado o anulado el referido acto que reclama, y no se actualiza ningún supuesto de excepción, de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia, este juzgador considera que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, del mismo ordenamiento. Lo anterior es así, pues no cumplieron con el principio que rige en el juicio de amparo denominado definitividad. De ahí que, consecuentemente, lo procedente es desechar de plano la demanda. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Ciudad de México, a diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el comunicado de cuenta, proveniente del Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, mediante el cual se informa la vinculación del expediente electrónico ********************, de su índice; al respecto, una vez que se verifique dicha circunstancia se acordará lo conducente. Cúmplase.

  4. Principal

    Ciudad de México, a diez de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se observa que al realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que en el Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, está radicado el juicio de amparo ***********, promovido por el aquí quejoso, y otros. En ese sentido, solicítese atentamente al titular de dicho órgano jurisdiccional, que de no tener inconveniente legal alguno, permita la vinculación del citado expediente electrónico, a efecto de que este juzgado pueda consultarlo a través de la funcionalidad "expedientes electrónicos relacionados" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); o bien, remita copia certificada de la papeleta de turno, demanda, auto admisorio, informes justificados de las autoridades responsables que hayan aceptado la existencia de los actos reclamados, sentencia que se hubieren dictado y, de haberlo, auto en el que haya causado ejecutoria dicha resolución, asimismo, informe el estado procesal que guarda ese expediente. Cúmplase.

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