Carlos Alberto Angelino Barrón

Expediente 319/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
319/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
24/05/2021

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón
  • Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta, provenientes del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual acusa recibo del comunicado a través del que se le comunicó que este juzgado se avocó al conocimiento del presente controvertido e informa que se ordenó el archivo del expediente 376/2021-7 de su orden. Asimismo, remite diversos informes relacionados con la suspensión de plano concedida a los amparistas, respecto de los cuales no se realiza pronunciamiento alguno, en virtud de que en proveído de catorce de mayo pasado, se ordenó el archivo del juicio en que se actúa. Cúmplase.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Ciudad de México, a treinta de abril de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta, provenientes del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en la ciudad del mismo nombre, por medio del cual remite el expediente del juicio de amparo 376/2021-7, sin que se realice pronunciamiento alguno, en virtud de que el mismo fue recibido vía interconexión en este órgano de control constitucional el veintinueve del mes en curso y se proveyó al respecto. Finalmente, acúsese recibo del expediente indicado. Cúmplase.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en la ciudad de mismo nombre, a través del cual remite el expediente 376/2021-7, promovido por Carlos González Valencia, en favor de Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González, contra actos del Comité Técnico de la Penitenciaría de esta ciudad y otras autoridades, al considerar que carece de competencia legal para conocer de dicho asunto por razón de territorio, y declina competencia a favor del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, en turno, correspondiendo su conocimiento a este órgano de control constitucional. Al respecto, este juzgado acepta la competencia planteada; fórmese expediente; regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 319/2021; dese vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; hágase del conocimiento de las diversas partes, y acúsese recibo. Ahora, en principio, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Luego, de la demanda se aprecia que lo que realmente impugnan los amparistas es el traslado y la reubicación de dormitorio, de los que hacen derivar diversos actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, que fueron materia de la suspensión de oficio y de plano, respecto de los cuales se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia. Ahora bien, para resolver como se hace, este juzgado parte de los razonamientos que sustentan la ejecutoria emitida en la queja 36/2020, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En principio, se establece que dicha resolución se vincula, en específico, con un acto reclamado consistente en la orden verbal del traslado del quejoso, de un centro penitenciario a otro, emitida por autoridad administrativa, como se aprecia de la siguiente transcripción: ". S É P T I M O. ESTUDIO DE FONDO. La materia de la queja, consiste en determinar si fue correcta o no, la determinación que asumió la Juez de Distrito, de desechar de plano la demanda de amparo que promovió el quejoso contra la orden verbal de su traslado de un centro penitenciario a otro, atribuida a una autoridad administrativa penitenciaria; bajo el argumento de que se actualizaba una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio constitucional, porque la parte quejosa no agotó previamente el respectivo medio ordinario de defensa, previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal.". No obstante esa circunstancia, en la resolución de que se trata, además del análisis del principio de definitividad, existió pronunciamiento de aspectos generales, relativos a: a) Los diversos tipos de traslado que prevé la ley nacional en cita (en el entendido de que el supuesto ahí analizado, se calificó como una determinación administrativa); y b) Lo concerniente a los alcances y aplicabilidad del medio de defensa, previsto en esa ley, denominado "controversia judicial", así como del recurso de apelación, cuando existe intervención de autoridad judicial. Ahora, en cuanto a las excepciones al principio de definitividad, la Primera Sala del Máximo Tribunal de justicia, concluyó que en: - En el caso de que se reclamen determinaciones administrativas, como la ahí analizada (o diversas, pero que tengan esta misma naturaleza), previo a instar la acción constitucional, debe agotarse el medio de defensa denominado controversia judicial; igualmente, debe hacerse en la hipótesis de que se haya dado intervención a la autoridad judicial, y esta haya sido omisa en realizar el pronunciamiento correspondiente. - En el supuesto de que haya dado intervención a la autoridad judicial y exista pronunciamiento de esta en cuanto a lo planteado, procederá el recurso de apelación. Así, en razón de las consideraciones que sustentan la resolución de que se trata, como se dijo, este juzgado llega a la conclusión de que en el caso específico que nos ocupa, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, por lo que procede desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con el numeral 113 de la ley reglamentaria. Lo anterior, toda vez que los solicitantes de amparo no agotaron previamente el medio de defensa ordinario denominado controversia judicial, previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por medio del cual pueden ser modificados, revocados o anulados el traslado y la reubicación que reclaman, y no se actualiza ningún supuesto de excepción de los señalados en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora, no es obstáculo que los justiciables hayan aducido en el escrito de demanda que se infringió en su perjuicio el artículo 22 constitucional, toda vez que los actos prohibidos los hacen derivar del traslado y cambio de dormitorio que reclaman; máxime que ello por sí mismo no hace procedente el juicio de amparo, pues de ser así, se dejaría a su arbitrio el tramitar la instancia constitucional o el medio ordinario de defensa, ya que bastaría que únicamente se refiriera en la demanda la contravención a preceptos constitucionales para hacer procedente el juicio. Ahora, no se soslaya que la jurisprudencia de rubro: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO", obliga a este órgano jurisdiccional a prevenir a la persona que se encuentre privada de la libertad y promueva demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, a que nombre a un abogado que lo represente y que en caso de que no quiera o no pueda nombrarlo, se le debe asignar uno de oficio; sin embargo, este juzgado considera innecesario actuar en esos términos, dada la existencia de la causal invocada. Asimismo, se tiene como representante común al que precisaron en su escrito de demanda. Finalmente, con fundamento en el numeral 26, fracción I, inciso a), de la ley reglamentaria citada, notifíquense este proveído y los subsecuentes a los quejosos en el interior del centro de reclusión en que se encuentran, en virtud que lo señalaron como domicilio para oír y recibir notificaciones, aunado a que no autorizaron a persona alguna para tal efecto, en el entendido que de conformidad con el numeral 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de dichas notificaciones. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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