Carlos Alberto Angelino Barrón

Expediente 476/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
476/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
01/09/2021

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón
  • Juan Manuel Espinoza González

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase recibido el oficio signado por el secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, a través del cual informa que aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional. En consecuencia SE ORDENA ARCHIVAR el presente cuadernillo como definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible, una vez que cuente con más de seis meses contados a partir de este proveído.

  2. Principal

    Téngase recibido el oficio 1068/2021-I, signado por la Secretaria adscrita al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, por medio del cual devuelve el juicio de amparo indirecto 476/2021, e informa que no aceptó el conocimiento de dicho asunto, por las razones que en el propio comunicado expone. Acúsese recibo a la autoridad oficiante. Ahora bien, del análisis del oficio de cuenta, se advierte que la autoridad oficiante no aceptó la competencia, en razón de que la competencia recae en un Juzgado de Distrito del Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, por ser el más inmediato. Atendiendo a lo anterior, no se insiste la competencia de referencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Quintana Roo, en turno, con residencia en Cancún. INCOMPETENCIA. De la lectura de la demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado en el presente juicio se hizo consistir en la orden de traslado del centro penitenciario en el que se encuentran recluidos los quejosos a uno diverso por represalias, así como la reubicación fuera de procedimiento del dormitorio a otro diverso módulo o área. Por otra parte, del apartado de autoridades responsables, se obtiene que los quejosos señalan como tales, entre otras, a los Jueces de Distrito en el Estado de Sinaloa, entre los cuales se encuentra este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán. Ahora, a fin de motivar claramente esta determinación, conviene mencionar que la competencia es la suma de atribuciones de un órgano del Estado. En el ámbito jurisdiccional, se traduce en la facultad de un órgano para desempeñar su potestad en el conocimiento y la resolución de determinados asuntos sometidos a su decisión. En ese contexto, la competencia constituye la primera categoría procesal de validez de todo proceso o procedimiento (incluyendo el juicio de amparo), cuyo análisis es preponderante y de orden público, como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante diversos criterios. Como muestra de lo anterior, resulta ilustrativa la jurisprudencia P./J. 21/2009 del Pleno del alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, abril del 2009, página 5, que dice: COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO QUE CARECE DE ELLA RESUELVE UN JUICIO DE AMPARO, TAL SITUACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. La competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez incompetente. Por otra parte, de la interpretación sistemática de los artículos 107, fracción V y 94, párrafo sexto, constitucionales, se infiere que la competencia especializada por razón de materia de los Juzgados de Distrito está elevada a rango constitucional. En congruencia con lo anterior, se concluye que aquella competencia es un presupuesto de validez del proceso cuya infracción por los citados órganos jurisdiccionales al resolver un juicio de amparo sin tener competencia por razón de materia, se traduce en el desconocimiento de la voluntad del Constituyente y, por ende, de la del legislador que la desarrolla, lo que ocasiona que se violen las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo en perjuicio de las partes, porque se les sujeta a la determinación proveniente de una autoridad que prorroga indebidamente su competencia y resuelve un juicio específico sin tener facultades para ello, afectando directamente los derechos sustantivos de aquéllas. En el juicio de amparo, la competencia se fija a través de diversos criterios, entre ellos, el sustentado con el axioma jurídico de "nadie pues ser juez y parte" y que reconoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este aserto se orienta con el criterio de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 181-186, Cuarta Parte, página 108, que dice: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE ELLA UN JUEZ DE DISTRITO, CUANDO ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. Si en un juicio de amparo el Juez de Distrito ante el que se presentó la demanda figura en ésta como autoridad responsable, el mismo carece de competencia para conocer del negocio, pues no se puede tener el carácter de Juez y parte. Además, en los términos del artículo 42 de la Ley de Amparo, "es competente para conocer del juicio de amparo que se promueva contra actos de un Juez de Distrito, otro de la misma categoría dentro del mismo Distrito, si lo hubiere, o, en su defecto, el más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito a que pertenezca dicho Juez. Este supuesto de competencia, para el caso de los juzgados de Distrito que son los órganos competentes para conocer, entre otros asuntos, de los juicios de amparo indirecto, está previsto en el artículo 38 de la ley, que dice: Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. De la interpretación del precepto se obtiene que cuando se promueva demanda de amparo indirecto y se designe como autoridad responsable a un Juez de Distrito, es competente otro del mismo Distrito y especialización; si no lo hay, entonces, será competente el más cercano, de ser posible, dentro de la jurisdicción del Circuito al que pertenezca. Pues bien, como se expuso con antelación, el promovente designó como autoridades responsables, además de otros, al suscrito en su carácter de titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa [en virtud de haber señalado a los Jueces de Distrito en el Estado de Sinaloa], por lo que en términos del artículo 38 de la ley, este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer del presente juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 38 y 48 de la ley, quien suscribe declara carecer de competencia para conocer de la demanda y ordena que se remita al Juzgado de Distrito en el Estado de Tamaulipas en turno, con residencia en Tampico, que por turno corresponda, por resultar ser el más cercano a la Ciudad de México [lugar donde se ejecutan los actos reclamados], descartando a aquellos que fueron señalados como responsables. Por tanto, remítanse los autos originales del presente juicio de amparo por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, se solicita atentamente al Juez de Distrito, en favor de quien se declina la competencia, informe si la acepta o no.

  3. Principal

    Téngase recibido el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, a través del cual remite parcialmente diligenciado nuestro exhorto E-104/2021-I-A, orden 156/2021; del índice de este juzgado; el cual se ordena agregar en autos para que obre como corresponda. Sin que haya lugar a acusar recibo del mismo toda vez que éste fue expedido por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Hágase la anotación que corresponda en el libro de gobierno relativo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), respecto de la diligenciación de la comunicación oficial de mérito.

  4. Principal

    RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo promovida por Yoanna Fonseca Valencia, quien se ostenta como representante legítimo de Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa González, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, Enrique Mejía Bello, Erick Adrián Rosas Gamiño, Luis Fernando Alejo Chávez y Jesús Salas Aguilera, en contra de actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y otras autoridades. REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 476/2021 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, constitucionales; 1º, fracción I, 15, 20, 37, 107, 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se tiene presentada la demanda en sus términos.

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