Carlo Alberto Angelino Barron
Expediente 222/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 222/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Carlo Alberto Angelino Barron
Actuaciones
- Principal
Téngase recibido el oficio 9804/2023, firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, a través del cual informa que aceptó la competencia planteada por este juzgado para conocer de la demanda de amparo que dio origen al juicio 222/2023 en que se actúa, promovido por Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Cordova, Iván García Mijares Hernández, Erick Adrian Rosas Gamiño, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejia Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Flores Castro, Hugo Melchor Nieto, Cristian Eduardo Nava Verde, Diego Issac Hernández González, Hansel Jesus Huitron González, Juan Carlos Cárcamo Cano, Iván Farías Chávez, Demian Ricardo Cruz García y Alejandro Díaz Madrid, quedando registrado bajo el número 430/2023-III-9 de su índice administrativo; por tanto, SE ORDENA ARCHIVAR el presente asunto como totalmente concluido. Hecho lo anterior, de conformidad con el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este cuadernillo de antecedentes es DESTRUIBLE, transcurridos seis meses.
- Principal
Téngase recibido el oficio 9062/2023, firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, mediante el cual, en atención a la incompetencia plateada por este órgano jurisdiccional respecto del juicio de amparo indirecto 222/2023, promovido por Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Cordova, Iván García Mijares Hernández, Erick Adrián Rosas Gamiño, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Flores Castro, Hugo Melchor Nieto, Cristian Eduardo Nava Verde, Diego Issac Hernández González, Hansel Jesús Huitron González, Juan Carlos Cárcamo Cano, Iván Farías Chávez, Demian Ricardo Cruz García y Alejandro Díaz Madrid, solicita se le remitan las constancias que lo integran, a fin de encontrarse en aptitud de analizar el expediente y acordar lo conducente. En atención a lo anterior, y tomando en consideración que el presente juicio de amparo fue presentado electrónicamente, remítase vía mensajería acelerada, al juzgado federal oficiante impresiones certificadas de las constancias que integran el presente asunto. Asimismo, se ordena a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, adscrita a este órgano jurisdiccional, realizar las acciones pertinentes para que se haga disponible la correspondiente vinculación del presente expediente electrónico 222/2023 de nuestro índice, al juicio 430/2023 del índice administrativo del juzgado oficiante.
- Principal
RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo electrónica que remiten Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Cordova, Iván García Mijares Hernández, Erick Adrian Rosas Gamiño, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejia Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Flores Castro, Hugo Melchor Nieto, Cristian Eduardo Nava Verde, Diego Issac Hernández González, Hansel Jesus Huitron González, Juan Carlos Cárcamo Cano, Iván Farías Chávez, Demian Ricardo Cruz García y Alejandro Díaz Madrid, contra actos de este órgano jurisdiccional y otras autoridades, por violación a diversos preceptos constitucionales, el juez acuerda: SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19; y, se da inicio a la era de la E. Justicia o Justicia Digital; también, se estableció que a partir del uno de diciembre de esta anualidad, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico, para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, se hace constar que conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente electrónico correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 222/2023. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 al 26 Ter, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada, al igual que los incidentes o cuadernos físicos que deriven del mismo. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis de la demanda de amparo, se colige que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: 1) Reubicación de Carlos Alberto Angelino Barrón del dormitorio 4 Zona 1 Estancia 11, a otro diverso que le genera afectaciones a su salud y dignidad, así como afectaciones psicofisicas y emocionales y tortura psicofisica y emocional con fines intimidatorios de tracto sucesivo y como forma de coacción y es un acto de represalia por su activismo social y de derechos humanos y LGBTTTIQ y por ser persona inscrita en el Renavi. 2) Ataques y actos de coacción contra Carlos Alberto Angelino Barrón por ser defensor y promotor de Derechos Humanos y LGBTTTIQ+ así como represalia y agresiones por custodios del segundo y tercer grupo y del director, subdirección jurídica, subdirección de apoyo técnico, subdirección de seguridad, jefatura de unidad departamental de centro de diagnóstico ubicación y determinación de tratamiento y de jurídica y normativa de la Penitenciaría de la ciudad de México y de custodio Victor Joel Palma Escalante, rondines del segundo grupo de seguridad y líder coordinador A y B del tercer grupo de seguridad de la Penitenciaría de la ciudad de México y con ello violan la convención de la Habana 1990. 3) Reubicación de Edwin Daniel Guerra Cordova, del dormitorio 4 Zona 1 Estancia 11, a otro dormitorio diverso o área diversa que le genera tormento psicofisico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y coacción para desistir de amparos judiciales y de reubicarlo a área de población con contubernio del comité técnico así como la reubicación obligada que el jefe de unidad departamental de centro de diagnóstico ubicación y determinación de tratamiento de la Penitenciaría de la ciudad de México Orlando Fabrizio Meza Trujillo quiere hacer del quejoso al área de población ya que el quejoso NO HA SOLICITADO su reubicación a dicha área y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ y por su afinidad con Carlos Alberto Angelino Barrón al ser pareja sentimental de él. 4) Reubicación de Luis Gabriel Jop Corzo, del Dormitorio 4 Zona 1 Estancia 5, a otro diverso que pone en riesgo su vida y genera tormento psicofisico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ y afinidad y amistad con Carlos Alberto Angelino Barrón. 5) Reubicación de José Othón Ramiro Hernández Lima, del Dormitorio 4 Zona 3 Estancia 8 a otro diverso que le genera tormento Psicofisico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo de derechos humanos y afinidad y amistad con Carlos Alberto Angelino Barrón. 6) Reubicación de Enrique Mejia Bello y José Antonio Contreras Chávez, del Dormitorio 4 Zona 3 Estancia 9, a otro diverso que genera tormento psicofisico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo de derechos humanos. 7) Reubicación de Enrique Alvarado Saucillo, del Dormitorio 4 Zona 3 Estancia 12, a otro diverso que le genera tormento psicofisico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo de derechos humanos. 8) Reubicación de Eduardo Flores Castro, del Dormitorio 4 Zona 3 Estancia 7 a otro diverso que le genera tormento psicofisico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo de derechos humanos. 9) actos de molestia, intimidación, extorsión y de coacción de custodios del segundo y tercer grupo de seguridad de la Penitenciaría. 10) Iván García Mijares Hernández y Erick Adrian Rosas Gamiño, reclaman la Restricción de reubicación al dormitorio cuatro ya que le genera afectaciones a su salud y dignidad personal así como lo pone en riesgo psicofisico y genera angustia ,así como afectaciones psicofisicas y psicoemocional de tracto sucesivo y es un acto de discriminación y represalia por su afinidad con Carlos Alberto Angelino Barrón y tener vínculos afectivos con este promotor de derechos humanos. 11) violencia y agresiones psicoemocionales como medio de intimidación y de coacción por autoridades penitenciarias y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. 12) Desacato de cumplir órdenes judiciales y las órdenes de suspensión dictadas por jueces y tribunales federales. 13) Traslados de los quejosos de la penitenciaria dé la ciudad de México a otro centro diverso dentro y fuera de la ciudad de México con fines intimidatorios y por represalias que ponen en riesgo su vida y dignidad, y les genera tormento psicofisico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y que por su activismo de derechos humanos es represalia de las autoridades penitenciarias. 14) Actos Prohibidos en el artículo 22 de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y 15 de la Ley de Amparo de tracto sucesivo. 15) Intimidación, castigos ilegales y agresiones como medios de represalia contra quejosos y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. 16) Discriminación por ideología, preferencia y condiciones socioeconómicos. 17) Violación al principio Pro Persona. 18) Inaplicación de criterios internacionales. 19) Omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos. 20) Omisión de suspender de sus funciones a los Servidores públicos bajo investigación ministerial, por la comisión de actos constitutivos de delitos. 21) Encubrimiento de actos constitutivos del Delito de tortura. 22) Restricción de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos como medio de Coacción, intimidación y represalias, atribuidas al comité técnico de esta penitenciaria. 23) La inconstitucionalidad del obsoleto reglamento de reclusorios 2006 y que usan las autoridades a su discrecionalidad y siempre en nuestro perjuicio, siendo que no está armonizada con los Derechos Humanos, más fundamentales, y los tratados internacionales signados por México en ese sentido, colisionando además, con la Ley Nacional de ejecución de Sanciones Penales, que tampoco se respeta y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. 24) intimidación y discriminación y coacción de parte de Orlando Fabrizio Meza Trujillo, Guillermo Mandujano Rosillo, Yesenia Sánchez Ortega y Victor Joel Palma Escalante contra los quejosos. 25) audiencias de comité técnico sin presencia de asesores jurídicos y contrarias a las establecidas por la ley nacional de ejecución ya que se sesionan en protocolo de consejo técnico y no como comité técnico (presencia de más de seis funcionarios) lo cual es ilegal conforme a la ley de ejecución de sanciones penales. 26) la negación de otorgar Kits de limpieza y aseo personal a los quejosos. 27) negación del servicio médico y dental. 28) discriminación y actos de molestia e intimidación del custodio Manuel González Farias, Victor Joel Palma Escalante Edgar Iván Arellano, Ricardo Romero Villalobos del tercer grupo de seguridad así como Víctor Hugo García Gutiérrez, Anselmo Rojas Martinez, Ahmed Espinosa Prado Guillermo Alvarez Palafox del segundo grupo de seguridad de la Penitenciaría de la ciudad de México. 29) actos de molestia intimidación y represalia por parte de custodios y rondín del segundo y tercer grupo de seguridad de la Penitenciaría de la ciudad de México y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. 30) obligar a realizar fajina (trabajos forzados) a los quejosos por custodios de la Penitenciaría de la ciudad de México. 31) coacción de Orlando Fabrizio Meza Trujillo contra el quejoso Iván García Mijares Hernández y Erick Adrian Rosas Gamiño, para coaccionarlo de desistir de los amparos con ello poniendo en riesgo inminente su vida integridad y dignidad sicofisica y sicoemocional por motivos discriminatorios y de intimidación y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. 32) coacción del comité técnico contra los quejosos para desistir de los amparos promovidos mediante escritos falsos dónde supuestamente se desisten de los recursos. 33) intimidación contra Edwin Daniel Guerra Cordova por el comité técnico y el jefe de unidad departamental de centro de diagnóstico ubicación y determinación de tratamiento de la Penitenciaría de la ciudad de México por su afinidad con Carlos Alberto Angelino Barrón y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ y por ser pareja de él. 34) restricción de reubicar a Iván García Mijares Hernández y Erick Adrian Rosas Gamiño, al dormitorio cuatro para proteger y salvaguardar su integridad personal y sicoemocional y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. 35) intimidación contra Iván García Mijares Hernández y Erick Adrian Rosas Gamiño, por el comité técnico y el jefe de unidad departamental de centro de diagnóstico ubicación y determinación de tratamiento de la Penitenciaría de la ciudad de México por su afinidad con Carlos Alberto Angelino Barrón así como reclaman la restricción de reubicarlos al dormitorio cuatro para proteger su integridad personal y sicoemocional por su afinidad con Carlos Alberto Angelino Barrón. 36) restricción de entrega de colchones a los quejosos así como ropa de lluvia y de invierno y de botas para lluvia. 37) Omisión de reparar techo de estancia once dormitorio cuatro zona uno. 38) actos de molestia de los médicos y personal de enfermería del servicio médico de la Penitenciaría de la ciudad de México contra los quejosos cómo represalia por la certificación de estado sicofisico de los quejosos. 39) negación de inscribir a los quejosos cómo víctimas de tortura en el RENAVI. 40) actos de molestia y discriminación de los tres grupos de seguridad de la Penitenciaría de la ciudad de México por su condición y activismo y por su afinidad con Carlos Alberto Angelino Barrón. 41) reubicación de los quejosos del dormitorio cuatro a los módulos siete, ocho o nueve de castigo y segregación en represalia y con fines de Intimidación y tortura sicofisica y sicoemocional. 42) restricción de visita familiar los días sábados y martes en el módulo cuatro de la Penitenciaría. 43) sobreprecios de productos de canasta básica, insumos de limpieza e higiene y de alimentación. 44) alimentos proporcionados por la institución en mal estado y que no corresponden a los que se indican en el menú que se envía a la subsecretaría de sistema penitenciario y la jefatura de gobierno de la ciudad de México. 45) falta de agua potable de consumo humano accesible. 46) imposición de compra en comercializadora de productos que es propiedad de directivos de la Penitenciaría. 47) revisiones fuera de procedimiento y que conllevan a incautación y confiscación ilegal de bienes. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA. De la lectura de la demanda de amparo, en específico, del apartado de autoridades responsables, se obtiene que los quejosos señalan como tales, entre otras, a los Jueces de Distrito en el Estado de Sinaloa, entre los cuales se encuentra este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán. Ahora, a fin de motivar claramente esta determinación, conviene mencionar que la competencia es la suma de atribuciones de un órgano del Estado. En el ámbito jurisdiccional, se traduce en la facultad de un órgano para desempeñar su potestad en el conocimiento y la resolución de determinados asuntos sometidos a su decisión. En ese contexto, la competencia constituye la primera categoría procesal de validez de todo proceso o procedimiento (incluyendo el juicio de amparo), cuyo análisis es preponderante y de orden público, como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante diversos criterios. Como muestra de lo anterior, resulta ilustrativa la jurisprudencia P./J. 21/2009 del Pleno del alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, abril del 2009, página 5, de rubro: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO QUE CARECE DE ELLA RESUELVE UN JUICIO DE AMPARO, TAL SITUACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO." En el juicio de amparo, la competencia se fija a través de diversos criterios, entre ellos, el sustentado con el axioma jurídico de "nadie pues ser juez y parte" y que reconoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este aserto se orienta con el criterio de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 181- 186, Cuarta Parte, página 108, de rubro siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE ELLA UN JUEZ DE DISTRITO, CUANDO ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE." Este supuesto de competencia, para el caso de los juzgados de Distrito que son los órganos competentes para conocer, entre otros asuntos, de los juicios de amparo indirecto, está previsto en el artículo 38 de la ley, que dice: Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. De la interpretación del precepto se obtiene que cuando se promueva demanda de amparo indirecto y se designe como autoridad responsable a un juez de distrito, es competente otro del mismo distrito y especialización; si no lo hay, entonces, será competente el más cercano, de ser posible, dentro de la jurisdicción del Circuito al que pertenezca. Pues bien, como se expuso con antelación, el quejoso designó como autoridades responsables, además de otros, al suscrito en su carácter de Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa [en virtud de haber señalado a los Jueces de Distrito en el Estado de Sinaloa], por lo que en términos del artículo 38 de la ley, este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer del presente juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 38 y 48 de la ley, quien suscribe declara carecer de competencia para conocer de la demanda y ordena que se remita al Juzgado de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, que por turno corresponda, por resultar ser el más cercano a la Ciudad de México [lugar donde se ejecutan los actos reclamados], descartando a aquellos que fueron señalados como responsables [Jueces de Distrito en todos los Estados de la República, con excepción de los que tienen residencia en Baja California, Baja California Sur y Tamaulipas] Por tanto, se solicita atentamente al Juez de Distrito, en favor de quien se declina la competencia, informe si la acepta o no. INCOMPETENCIA SIN PROVEER SOBRE LA SUSPENSIÓN DE PLANO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 48, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO. Al respecto, debe indicarse que la calificación de la urgencia de los actos reclamados es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto de los establecidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del numeral 15 de la ley de la materia. Ahora, analizada la demanda de derechos fundamentales y atendiendo a la narrativa de la misma, se advierte que lo que los promoventes atribuyen a las autoridades responsables es, entre otros, actos de tracto sucesivo prohibidos por los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo, intimidación, castigos ilegales y agresiones; éstos podrían encuadrarse en los previstos por los artículos recién mencionados, sin embargo, no refieren cuál es la naturaleza o sobre qué versa lo que pretenden ubicar los supuestos actos de tortura que aducen. Ante dicha situación, no puede considerarse que se está ante uno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna "tormento de cualquier especie", y por tanto, que se ubique en alguno de los supuestos para otorgarle la calidad de urgente que prevé el artículo 48, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Ello es así, pues la solicitud de suspensión de dichos actos debe estar sustentada en hechos ciertos y actuales no probables o hipotéticos, como se consideran en este caso, en el que los promoventes no especifican en qué consiste el tormento de que son objeto o cuál ha sido el actuar de las responsable que ha concluido con esa violación a sus derechos fundamentales, siendo insuficiente que refieran que la tortura es física y psicológica, cuando de la lectura integral de la demanda, como se indicó, no se aprecia la existencia de un acto concreto del que pudieran derivar las vejaciones a que hacen alusión. Consecuentemente, no procede proveer sobre la suspensión de plano por no actualizase el supuesto de excepción del artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior, en razón de que como se explicó, la demanda de amparo que se provee no se encuentra en los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo; por tanto, este juzgador no se pronuncia sobre la suspensión de plano, ni es procedente girar los oficios a las autoridades señaladas como responsables, sino únicamente remitir este asunto al Juez de Distrito a favor del cual se declina su competencia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado al interior de la penitenciaria dé la Ciudad de México, sin que haya lugar a ordenar la notificación personal de los quejosos, toda vez que corresponde al juez competente informarles la aceptación o no de la competencia planteada. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. No se nombran. COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán copias certificadas electrónicamente, sin perjuicio de que las partes puedan solicitar copias simples del expediente en que se actúa. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En otro orden, con apoyo en la Circular 12/2009, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, ello sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Entonces, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre del dos mil veintidós, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio.
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