CARLOS ALBERTO ANGELINO BARRON y Otros.

Expediente 2366/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 1 actuación registrada, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2366/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • CARLOS ALBERTO ANGELINO BARRON y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida electrónicamente por *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***, contra actos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades, al respecto se provee: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 2366/2023. PERSONALIDAD. Sin hacer mayor pronunciamiento, toda vez que la parte quejosa promueve por su propio derecho PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda se advierte que la parte promovente reclama de las responsables, lo siguiente: "Negación de proporcionar medicamentos para padecimientos crónicos y degenerativos, deficiente atención médica y dental; así como discriminación del personal médico." DESECHAMIENTO. Al respecto, se considera que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 3, 5 y 6 de la ley de la materia y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que carece de firma electrónica. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación, se realiza el pronunciamiento correspondiente. Asentado la anterior, se sostiene que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 3, 5 y 6 de la ley de la materia y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales prevén: (.) En primer término, es necesario señalar que la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna. En esa medida, conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, así como por el artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona o, bien, una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se hace a los derechos o intereses de un particular. En efecto, en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante o apoderado, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de cualquier persona en los casos en que la ley lo permita. Por su parte, el numeral 5°, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter del quejoso, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por otra parte, el numeral 3° de la ley de la materia, dispone que las promociones se deberán presentar por escrito y que siempre deberán de contar con firma electrónica o autógrafa; disposición de la que se obtiene que la firma resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad del quejoso para instar la acción constitucional, porque a través de ella, se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que la ausencia de la misma, convierte a la promoción de que se trate, en un documento anónimo o privado de autenticidad. Así, de los preceptos normativos invocados, queda evidenciado que la falta de firma se traduce en la falta de exteriorización de la promoción de la demanda, lo que al mismo tiempo, evidencia su falta de interés jurídico y/o legítimo para promover el juicio, pues no queda demostrada la existencia de un titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por consiguiente, al recibir una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en el entendido de que, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino solo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. Bajo ese contexto, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo el artículo 3° dispone que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Asimismo, se destaca el contenido de los artículos 45, 46, 47, 52 y 53 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que prevén: "Artículo 45. Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente. Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, y elegirán el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda." (.) De los numerales transcritos se advierte que para presentar una demanda de amparo vía medios electrónicos, con excepción de los casos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, es necesario que el promovente ingrese su "Nombre de Usuario y Contraseña" que generó al momento de registrarse conforme al artículo 64 del citado Acuerdo General Conjunto o, bien, a través de su firma electrónica vigente y reconocida por la Unidad; asimismo, ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo y agregarán a su escrito de demanda su firma electrónica vigente a efecto de enviar su demanda. De igual forma, el último de los numerales citados indica que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica. Ahora, en el caso concreto, la demanda de amparo que se provee carece de la evidencia criptográfica de la firma electrónica y, por lo tanto, el suscrito no advierte la manifestación de la voluntad de los promoventes, ya que como se ha precisado que tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo el artículo 3°, dispone que la Firma Electrónica es el medio de ingreso aI sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, a través del cual las partes en un procedimiento expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, y con ello se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Lo que, en el caso, no se cumple, y por tanto, hay ausencia de su voluntad para dar inicio a la presente instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 235463, publicada en la página 29, volumen 8, Segunda Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: (.) Así las cosas, con relación a la certificación secretarial hecha respecto de la presentación de tal documento y los diversos razonamientos antes esgrimidos, se advierte que no se le puede dar valor probatorio alguno a la promoción (demanda) de cuenta por haber sido presentada sin firma electrónica (evidencia criptográfica); es decir, no puede decirse que exista voluntad de ejercer la acción de amparo. En consecuencia, al ser considerada la falta de firma, como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, implica el no ejercicio de la acción constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima época, publicada el veintiséis de abril de dos mil diecinueve, con registro 2019715, cuyo rubro y contenido son: (.) No se soslaya que la demanda, se promueve en los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, sin embargo, de su lectura es patente, que no se trata de aquéllos descritos en la última norma citada, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, ataquen su libertad personal fuera del procedimiento, permitieran su incomunicación, su deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En efecto, de la demanda de amparo se advierte que reclaman la cuestiones de salud y en vía de consecuencia es que consideran se pondría en riesgo la vida integridad y dignidad de la persona como actualización del artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo; además, no se advierte algún elemento adicional del que se pueda inferir que efectivamente se pondrá a los quejosos en riesgo para la ejecución de tales actos. Por otra parte, también aluden actos como discriminación por condición, inaplicabilidad de criterios internacionales pro homine y violación a dicho principio hominem, empero, no se tratan de actos reclamados en sí mismos, sino calificativos en vía conceptos de violación contra de la reubicación, lo que debe plantear ante el juez de ejecución correspondiente. Tampoco deja de observarse el hecho que en la demanda de cuenta se establezca la posible realización de actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y señalados en el artículo 15 de la Ley de Amparo, toda vez que constituye un hecho notorio para el suscrito juzgador que se encuentra radicado en el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el juicio de amparo 385/2023 -notificado por oficio 18491, con número de registro 6261, que obra en el cuaderno de varios 2/2023 de este Juzgado-, en el cual, si bien declaró carecer de competencia legal para conocer los actos señalados en la demanda, incluidos los señalados respecto al artículo 22 Constitucional, mediante auto de dieciséis de abril de este año, se concedió la suspensión de plano contra tales actos; razón por la cual no se provee al respecto en el presente juicio de amparo. La parte quejosa reclama cuestiones que pondrían en riesgo su salud, así como la posible repercusión que ocasionaría en su dignidad. Previo acudir al amparo, los quejosos tenían la obligación de agotar el medio ordinario de defensa que se encuentra establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, específicamente en los artículos 116, 117, 122, 123, 124, 127, 131 y 132. De los dispositivos normativos antes referidos, se advierte el derecho de los internos a plantear controversia ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, pues es necesario que las personas privadas de la libertad en un centro de reclusión, previamente a acudir al juicio de amparo a reclamar la omisión de brindar atención médica y, en su caso, el tratamiento respectivo, sean de carácter urgente o no, agoten el mecanismo de control previsto en la citada ley nacional, al tratarse de una cuestión relacionada con condiciones de internamiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, visible a página 230, del rubro siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Así, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto; con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y, sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. En caso de tratarse de los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de salud y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Incluso, en la citada legislación nacional que es la que rige los actos ahora reclamados, se prevé en su capítulo VI, específicamente en el artículo 131, la posibilidad de recurrir el auto o resolución que resuelva o de por concluida la controversia judicial, mediante la interposición del recurso de apelación, el cual tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla; sin perjuicio que contra esa determinación pueda acudirse a la vía constitucional. Sirve de orientación a lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de Vigésimo Segundo Circuito, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 2017653, que dice lo siguiente: "ACTOS IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN. CUÁLES SON EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL." En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida aparentemente por Carlos Alberto Angelino Barrón y otros, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 3, 5 y 6 de la ley de la materia y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no exteriorizó en la demanda de amparo su voluntad de dar inicio a este juicio constitucional. Por lo expuesto, no procede tener por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones. (...) NOTIFÍQUESE.

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