CARLOS ALBERTO ANGELINO BARRON y Otros.

Expediente 1092/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1092/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
25/04/2023

Partes del expediente

  • CARLOS ALBERTO ANGELINO BARRON y Otros.
  • José Antonio Contreras Chavez

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y el Actuario adscrito a dicha junta, no han dado continuidad al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, es decir, no han acreditado haber notificado a la parte actora el acuerdo de fecha tres de los cursantes referente a la prevención para señalar nuevo domicilio donde puedan ser emplazados los demandados, en autos del juicio reclamatorio laboral ***/2021 de su índice. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente; requiérase a las citadas autoridades responsables, para que dentro del término de tres días siguientes al en que se le notifique este acuerdo, cumplan con la ejecutoria de amparo. Apercibida que de no cumplir, se le impondrá una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia de que los autos se remitan al Tribunal Colegiado de Circuito, para el trámite de inejecución, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de la materia. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    II. Se notifica por lista de estrados a la parte tercero interesada ****, la determinación de 04 de 04 de 2023, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, mismo que refiere: V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 22/2023-II, promovido por *** contra un acto de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en Mérida, Yucatán; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. El veintiuno de octubre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, se recibió demanda de amparo (fojas 2 a 16) presentada por**** contra un acto atribuido a la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en Mérida, Yucatán, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales que precisó. SEGUNDO. Trámite del juicio. El veinticuatro siguiente, por razón de turno, se recibió la demanda en el Juzgado Tercero de Distrito; por lo cual, en auto de veinticinco siguiente, se ordenó formar expediente que se registró bajo el número 2506/2022-VI, se admitió a trámite; se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; y, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados. Previo apersonamiento de la parte tercera interesada Sergio Arévalo Galindo y emplazamiento el agente del Ministerio Público adscrito a la Sala responsable, la audiencia constitucional se celebró el nueve de diciembre de dos mil veintidós. [.] Dicho concepto de violación es infundado por lo siguiente. La Sala responsable estableció que sí se demostró la titularidad del dinero, esencialmente, porque la víctima señaló que era suyo y su actuación se debería presumir de buena fe en términos del artículo 5 de la Ley General de Víctimas, salvo prueba en contrario. Aspecto que además se corroboró con las entrevistas realizadas a su esposa e hijo, quienes corroboraron las entregas de dinero, aunado a que se le expidieron a la víctima siete recibos por diferentes cantidades. Y en efecto, se dijo que con los estados de cuenta bancarios se corroboró que la víctima tenía un flujo económico que le permitía realizar los pagos que hizo. Por tanto, esos indicios se consideraron suficientes para considerar a la víctima como titular del bien jurídico afectado por el delito de fraude, esto es, como titular del dinero y, por ende, que sí estaba legitimado para querellarse. Ahora, la parte quejosa insiste que tales indicios son insuficientes para tener por demostrada la titularidad del bien jurídico; sin embargo, no se comparte dicha postura, sustancialmente porque a diferencia de los diversos bienes que pueden existir, el dinero por ser un bien fungible, su titularidad o propiedad no se puede identificar de manera simple, como lo sería a través de una factura o un número de serie, ya que por su simple naturaleza va cambiando de mano en mano, de ahí que por lo que hace al dinero la propia ley establece cómo se puede demostrar su titularidad. En ese sentido, el artículo 625 del Código Civil del Estado de Yucatán establece que la posesión es el ejercicio de un poder de hecho sobre una cosa, o el goce de un derecho, ya sea por uno mismo o por otro en su nombre. Y el diverso artículo 635 del citado código, precisa que la posesión da al que la tiene, presunción de propietario para todos los efectos legales. Asimismo, el diverso 637 del propio código indica que la moneda y los títulos al portador no pueden ser reivindicados del adquirente de buena fe, aunque el poseedor haya sido desposeído de ellos contra su voluntad. En suma, de tales preceptos se extrae que el dinero por ser un bien mueble de naturaleza fungible, su mera posesión da la presunción legal de propiedad. Por tanto, eso es suficiente para considerar que la víctima tiene la presunción de ser propietario del dinero erogado, lo que es suficiente para considerarlo como la persona que resintió la afectación a su patrimonio y, por ende, que sí es titular del bien jurídico tutelado. En consecuencia, por las mismas razones, sí está legitimado para querellarse en los términos que lo hizo. Sin que obste como señala la parte quejosa, que el dinero haya podido tener un origen ilícito, puesto que mientras esa posibilidad no se haya demostrado, a la víctima le asiste la presunción de buena fe en términos del artículo 5 de la Ley General de Víctimas e, inclusive, esa buena fe, impide de conformidad con el Código Civil de esta entidad que dicho dinero pueda ser reivindicado, aunque el poseedor haya sido desposeído de él contra su voluntad. De ahí que si bien pueda ser relevante el origen del dinero, no menos cierto es que mientras no se demuestre que el dinero es de procedencia ilícita, se debe partir de la presunción de su licitud; de ahí lo innecesario de que la Fiscalía tuviera que acreditar el origen del dinero, dado que ese extremo no es un aspecto contenido en la descripción típica del delito que se analiza, tal como lo determinó la responsable. En otro rubro, la parte quejosa refiere que fue la propia víctima quien se acercó a comprar el inmueble, con predisposición para ello, por lo que la quejosa no tenía ninguna intención de hacerle creer falsamente algo. De igual manera es infundado el argumento. Se afirma lo anterior, porque para verificar si se actualiza el delito de fraude, es irrelevante si la víctima fue quien tuvo iniciativa con interés de comprar una propiedad, ya que si bien eso fue así, el hecho de que una persona se acerque voluntariamente a otra no es una circunstancia de hecho que permita cometer delitos en su contra. Esto es, el hecho de que una persona se acerque a preguntar por un producto no implica que dé su consentimiento para que se cometan delitos en su contra, de ahí lo irrelevante en torno si fue la víctima quien se acercó o no, dado que finalmente se concuerda con la Sala responsable, por las razones ya expresadas, que sí hay datos suficientes para tener por demostrado el hecho delictivo atribuido a la aquí quejosa. Por otra parte, refiere la parte quejosa que se demostró con la pericial en fotografía, que la lona que contenía el anuncio de venta, indicaba que se vendían seis departamentos, por lo que no se configuró el engaño. Dicho argumento es infundado. Es así, porque tal como lo determinó la responsable, el engaño atribuido no se configura por lo que dice una manta, sino que el engaño, en este caso, lo constituyó el señalamiento de que el inmueble era de un solo propietario, cuando en realidad era de tres propietarios. Y es esa afirmación la que por el momento permite considerar que sí se demostró el engaño atribuido, porque no se aportó ningún dato de prueba que desvirtuara esos señalamientos, porque en ningún momento se demostró que la víctima ya tuviere conocimiento de tal situación. Finalmente, la parte quejosa señala que las cantidades de dinero en efectivo fueron parte del acuerdo y el no pactar un contrato no es delito, es un aspecto civil, por lo que no se debió vinculársele a proceso. Dicho planteamiento es infundado. Ello, puesto que con independencia de que estos hechos puedan ser objeto de una controversia civil, no menos cierto es que la procedencia de dicha vía no excluye la posibilidad de acudir a la instancia penal. Ello, con apoyo en la tesis de jurisprudencia 194065 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro emitido: «REPARACIÓN DEL DAÑO EN EL DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR. LA IMPOSICIÓN DE ESA PENA NO EXCLUYE LA POSIBILIDAD QUE TIENEN LOS ACREEDORES PARA RECLAMAR EL PAGO DE ALIMENTOS POR LA VÍA CIVIL». Aunado a ello, cabe precisar que el pasado diecinueve de enero de dos mil veintidós, al resolver el amparo directo en revisión 1329/2020, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad, determinó que: ".incluso si se acuerda la culminación del proceso penal, la responsabilidad civil extracontractual se mantiene como una característica esencial del resarcimiento del daño -por su propia naturaleza como la vía de reparación de aquel que ha resentido un hecho ilícito- y debe prosperar dentro de un sistema de justicia restaurativa, en el que prima la accesibilidad de una reparación para los afectados sobre el accionar la potestad punitiva para el perpetrador"; por tanto, debe concluirse que por regla general la procedencia de la vía civil, no excluye la vía penal, al ser procesos totalmente independientes y autónomos. En suma, si bien es posible la versión defensiva en torno a que la víctima sabía que eran seis departamentos a nombres de diversos propietarios o que se pactó un precio mayor, no menos cierto es que no se aportó ningún dato de prueba que corroborara esos aspectos y, por ende, se concuerda con la Sala responsable que los datos reseñados por la fiscalía y tomados en cuenta por la jueza de control, son suficientes para tener por demostrado, hasta este momento procesal, la existencia de un hecho con apariencia delictiva y la probable intervención de la imputada en su comisión. Se afirma lo anterior, dado que, para considerar la inexistencia de una conducta delictiva, no basta el dicho de la imputada, sino que se debió aportar algún dato o medio de prueba que pusiera en evidencia que los hechos no ocurrieron como lo señaló la víctima. Aspectos que en el caso no se aportaron y, por ende, como ya se anticipó, si bien la versión defensiva es digna de investigarse, es insuficiente para anular los datos de prueba que obran contra la imputada. Ello, porque para el dictado del auto de vinculación no se requiere certezas ni tampoco la inexistencia de duda razonable, como lo afirma la quejosa. Es así, porque es cierto que los datos expuestos se pueden robustecer con mayores actos de investigación, pero de momento se estima que son suficientes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado. Se explica. Si bien es posible que con mayor investigación se pudiera cambiar el panorama probatorio que se tuvo al resolver en instancia, no menos cierto es que para combatir la suficiencia de los datos de prueba aportados por la Fiscalía al menos se debe evidenciar que por sí mismos son insuficientes y no meramente señalar lo que a juicio de cada uno se debe interpretar de los datos de prueba. Ello, ya que el solamente referir esa interpretación, en nada trastoca el análisis de los datos de prueba expuestos durante la audiencia inicial por la jueza control que fue confirmado por la Sala responsable, al ser también posible, como ya ha quedado evidenciado. Máxime que, el artículo 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales refiere que el auto de vinculación a proceso establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento. Cabe destacar que, si bien es cierto que no le corresponde a la parte quejosa demostrar que no cometió el delito, porque la carga de la prueba es de la Fiscalía; sin embargo, contrario a lo que afirma, en cuanto a que no hay datos suficientes para vincular a proceso, lo cierto es que la investigación complementaria es precisamente para eso, para agotar la investigación en beneficio de todas las partes y esclarecer los hechos. Lo anterior es así, pues basta atender a la denominación de la etapa que se denomina "investigación complementaria", para concluir que se trata precisamente de una investigación y que debe ser de tal manera, que el propio código refiere que una vez agotada la investigación de conformidad con la fracción I del artículo 324, la Fiscalía puede solicitar inclusive el sobreseimiento. Es decir, atendiendo al estándar probatorio que rige la emisión de un auto de vinculación, siempre que se concluya que hay indicios razonables para iniciar una investigación bajo la tutela del juez de control, es viable vincular a proceso, para que sea en la investigación complementaria en donde se esclarezca si en realidad se tiene un caso para llevar a juicio o no. Por tanto, se concuerda con la Sala responsable que los datos reseñados por la fiscalía son suficientes para tener por demostrado, hasta este momento procesal, la existencia del delito de fraude y la probable intervención de la imputada en su comisión. En resumen, en el caso, se valoraron la totalidad de los datos de prueba aportados y debatidos por la fiscalía y la defensa, el juez de control los justipreció y determinó que eran bastantes para demostrar el hecho delictuoso expuesto por aquélla y la posible intervención de la imputada en su comisión, con el grado correspondiente; por tanto, se concuerda con la Sala responsable al emitir el acto reclamado que confirmó la vinculación. Apoya lo anterior, la jurisprudencia con registro 2014800, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Con lo anterior no se trastoca el derecho a la presunción de inocencia, porque tal derecho no implica que las autoridades jurisdiccionales deban coincidir con lo que la parte imputada percibe, recuerda o interpreta de los datos de prueba, puesto que en este caso, la responsable sí dio razones por las que aún en una valoración conjunta, no se puede considerar inexistente la conducta delictiva que se le atribuyó a la quejosa, conclusión que se comparte por este órgano jurisdiccional, por las razones ya expuestas. En esa virtud, ante lo infundado de los conceptos de violación, sin que se advierta motivo alguno que suplir en su deficiencia en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se niega la protección constitucional. Por lo expuesto y fundado; S E R E S U E L V E: UNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***, contra el acto que reclama de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en Mérida, Yucatán, consistente en la sentencia de treinta de septiembre de dos mil veintidós, dictada dentro del toca penal 61/2022, de su índice, mediante la que se confirmó el auto de vinculación emitido por la Jueza Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado, en la causa penal 227/2021, el veinticinco de abril de dos mil veintidós, en términos de lo expuesto en el último considerando de este fallo. Notifiquese personalmente [...]

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