Carlos Alberto Angelino Barrón

Expediente 524/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
524/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
23/05/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón

Actuaciones

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio y anexo remitido vía sise con evidencia criptográfica, por el Secretario del juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 277/2022-5 con número de orden 398/2022. Sin que haya lugar a acusar recibo respectivo, en razón que el mismo se generó una vez enviada la comunicación oficial por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, dese de baja en la estadística y háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese.

  2. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; de la certificación que antecede, de la cual se desprende que el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído emitido el once de abril del presente año, en el cual se desechó de plano la demanda intentada por Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa González, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Frausto, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta y Hugo Melchor Nieto, transcurrió del veinticinco al veintinueve de abril del año que transcurre, sin que hayan interpuesto el recurso de queja que prevé el artículo 97, de la citada Ley; por tanto se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Ahora bien, toda vez que los promoventes, se encuentran recluidos en la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, líbrese atento exhorto vía interconexión a través del sistema integral de seguimiento de expedientes al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione a cualquiera de los actuarios de su adscripción para que notifique a los aludidos promoventes el presente auto. Ahora bien, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de su adscripción, realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. Una vez diligenciada la comunicación en comento la devuelva a este órgano constitucional por la misma vía. Por otra parte, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio y anexo de cuenta signado vía electrónica con su evidencia criptográfica, por el Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 150/2022-5 con número de orden 254/2022. En consecuencia, dese de baja en la estadística y háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese por exhorto vía interconexión a la parte quejosa.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; agréguense a los presentes autos para que obren como correspondan los oficios y anexos de cuenta, el primero, signado vía electrónica con su evidencia criptográfica, por el Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 139/2022-5 con número de orden 223/2022. Acuse de recibo vía interconexión. En consecuencia, dese de baja en la estadística y háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Ahora, de la certificación de cuenta se advierte que en notificación personal de veintiuno de abril del presente año, efectuada por el Actuario del Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, el quejoso Carlos Alberto Angelino Barrón, asentó en su carácter de representante común, que promueve incidente de violación a la suspensión. Al respecto, dígase al citado promovente que no ha lugar a dar trámite al incidente de violación a la suspensión que solicita, en virtud de que mediante proveído de once de abril de dos mil veintidós, se desechó de plano la demanda de amparo de que se trata, por su manifiesta e indudable improcedencia, en el cual no se hizo pronunciamiento alguno sobre suspensión de plano. Ahora bien, toda vez que los promoventes, se encuentran recluidos en la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, líbrese atento exhorto vía interconexión a través del sistema integral de seguimiento de expedientes al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione a cualquiera de los actuarios de su adscripción para que notifique a los aludidos promoventes el presente auto. Ahora bien, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de su adscripción, realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. Una vez diligenciada la comunicación en comento la devuelva a este órgano constitucional por la misma vía. Notifíquese por exhorto vía interconexión a la parte quejosa.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, ONCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Vistos; glósese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito en el estado de Tabasco, al que adjunta el escrito de demanda promovido por Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa González, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta y Hugo Melchor Nieto, mediante el cual por su propio derecho, solicitan el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclaman del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, y otras autoridades, que estiman violatorios de los artículos 1°, 4°, 8°, 14, 16, 17, 18, 19 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 524/2022-5. DESECHAMIENTO. En la especie, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de garantías, el Juez de Amparo debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la Jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. CAUSA DE IMPROCEDENCIA RESPECTO DE LA PARTE QUEJOSA. En ese sentido, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causa prevista en la fracción X, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." Atento a lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al contenido de la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. En tal razón, se ordena integrar a los autos en que se actúa las constancias con que da cuenta la secretaria, de las que se advierte que el juicio de que se trata resulta notoriamente improcedente, en virtud de que ante este juzgado se tramita el diverso 425/2022-5, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa González, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta y Hugo Melchor Nieto, en el que reclaman los mismos actos atribuidos a las mismas autoridades responsables; entonces, resulta claro que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción X de la precitada Ley, y en esa virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 ibídem, se DESECHA DE PLANO por el libelo de amparo de que se trata, por su manifiesta e indudable improcedencia. Tiene aplicación al caso la tesis jurisprudencial I.11o.C. J/6 (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 808, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "COSA JUZGADA. OPERA CUANDO SE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO CON SUSTENTO EN UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA CUYA NATURALEZA HACE INEJERCITABLE UNA NUEVA ACCIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA EL MISMO ACTO RECLAMADO Y AUTORIDAD. El artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en términos de la diversa fracción X, la cual prevé la improcedencia de la acción constitucional contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, cuando se desecha una demanda de amparo, es claro que no se dicta la sentencia que analizará la constitucionalidad del acto reclamado; sin embargo, cuando el desechamiento se sustenta en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción de amparo, ello impedirá al quejoso promover una segunda demanda respecto del mismo acto, so pretexto de que, al desecharse la primera, no se analizó el fondo. Ello es así, porque atento a la naturaleza de la hipótesis de improcedencia que sustentó el desechamiento de la demanda de amparo previa, imposibilita, por sí sola, la promoción de un nuevo juicio contra los mismos actos de las autoridades, máxime si la resolución respectiva no fue impugnada y, por ello, adquirió firmeza. Lo anterior, conforme al principio de cosa juzgada que rige en el juicio constitucional, pues no puede desconocerse la firmeza de la determinación que desechó la primera demanda, mediante la promoción de un nuevo juicio contra el mismo acto reclamado, dado que el quejoso tenía la carga procesal de impugnar esa resolución mediante el recurso de queja por ser el medio impugnativo idóneo y eficaz para, en su caso, lograr la admisión de la demanda y que eventualmente se resolviera sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Consecuentemente, cuando se desecha la demanda con sustento en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción constitucional contra el mismo acto reclamado y autoridad, opera el principio de cosa juzgada." Así como la tesis I.11o.C.31 K (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada el viernes 01 de febrero de 2019, en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido a la letra dicen: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente." DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Ahora, toda vez que los promoventes Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa González, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta y Hugo Melchor Nieto, se encuentran recluidos en la penitenciaria de la Ciudad de México; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, líbrese atento exhorto vía interconexión a través del sistema integral de seguimiento de expedientes al Juez de Distrito en Materia de Amparo en Materia Penal, en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione a cualquiera de los actuarios de su adscripción para que notifique a los aludidos promoventes el presente auto. Ahora bien, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de su adscripción, realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. Así también, se solicita que una vez diligenciado la comunicación en comento lo devuelva a este órgano constitucional. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2 del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que cualquiera de los actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se les encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS En ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este juzgado federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a éste, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del "juicio en línea". Asimismo, se les exhorta para que propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales. Notifíquese por exhorto vía interconexión a la parte quejosa.

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