Carlos Alberto Angelino Barrón
Expediente 675/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 675/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón
Actuaciones
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; como del cuaderno de antecedentes en que se actúa, se advierte que por auto de trece de mayo del año en curso, se tuvo al Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la ciudad de México, informando que aceptó el conocimiento del juicio de amparo 675/2022-3 del índice de este juzgado, promovido por Carlos Alberto Angelino Barrón y otros; correspondiéndole el diverso 409/2022-IX-B, de su índice. En esa razón, remítase vía interconexión al citado juzgado de distrito, el oficio y anexos de cuenta recibidos vía electrónica, signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 332/2022, orden 342/2022-2; de su índice, derivado del diverso 213/2022-3, orden 330/2022, del índice de este juzgado; a fin de que provea lo que en derecho corresponda, déjese en autos copia certificada del oficio a que se alude, para los efectos legales procedentes. Asimismo, dése de baja a la comunicación oficial en mención, y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), sin que sea necesario acusar de recibo a la autoridad oficiante, toda vez que el sistema lo genera de manera automática. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta recibido a través del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), signado criptográficamente por la Actuaria del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la ciudad de México, a través del cual informa que el órgano de su adscripción aceptó el conocimiento del juicio de amparo 675/2022-3, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón y otros, el cual se registró con el número 409/2022-IX-B, de su estadística. Hágase del conocimiento del juez federal oficiante, que tan pronto sea recepcionado el exhorto por el cual se ordenó requerir a los quejosos la ratificación de su demanda, se le enviará la comunicación de que se trata, para que se encuentre en aptitud de proveer lo conducente. Por otra parte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En términos del artículo Vigésimo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a su destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, inciso a) del numeral citado, al ser un expediente auxiliar (cuaderno de antecedentes), previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto Vigésimo Segundo del acuerdo normativo. En razón a lo anterior, remítase vía interconexión al citado juzgado de distrito, el oficio signado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, a fin de que provea lo conducente. Déjese en autos copia certificada del oficio a que se alude, para los efectos legales procedentes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, NUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto el escrito de demanda mediante el cual 1. Carlos Alberto Angelino Barrón, 2. Edwin Daniel Guerra Córdova, 3. Luis Gabriel Jop Corzo, 4. José Othón Ramiro Hernández Lima, 5. José Antonio Contreras Chávez, 6. Enrique Mejía Bello, 7. Enrique Alvarado Saucillo, 8. Eduardo Ampudia Fraustro, 9. Eduardo Flores Castro, 10. Renán Hidalgo Echazarreta, 11. Luis Arturo Zavala Rosas e 12.- Iván López Hinojosa, por su propio derecho, solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México o Centro Penitenciario de la Ciudad de México y otras autoridades, que estiman violatorios de los artículos 1°, 4°, 8°, 14, 16, 17, 18, 19 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 675/2022-3. Ahora, la demanda de amparo de cuenta, se desprende que no contiene firma autógrafa ni firma electrónica certificada de los promoventes; sin embargo, esta Juzgadora advierte que del contenido de la demanda, se desprende que reclamada diversos actos entre los que se encuentran los relacionados con el artículo 15 de la Ley de Amparo y 22 Constitucional, en este caso los relativos al tormento, tortura e intimidación, por lo que procede en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, proveer sobre la suspensión de plano. Por su parte, respecto al requisito esencial de la firma de los quejosos, se proveerá más delante de este acuerdo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia con registro 2020430, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1270, Tomo II, de Agosto de 2019, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO.- Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento. SUSPENSIÓN DE PLANO De conformidad con lo dispuesto por los artículos 126 y 161 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano, para que cese de inmediato la tortura psicológica, amenazas, aislamiento y malos tratos e intimidación de los quejosos 1. Carlos Alberto Angelino Barrón, 2. Edwin Daniel Guerra Córdova, 3. Luis Gabriel Jop Corzo, 4. José Othón Ramiro Hernández Lima, 5. José Antonio Contreras Chávez, 6. Enrique Mejía Bello, 7. Enrique Alvarado Saucillo, 8. Eduardo Ampudia Fraustro, 9. Eduardo Flores Castro, 10. Renán Hidalgo Echazarreta, 11. Luis Arturo Zavala Rosas e 12.- Iván López Hinojosa; por encontrarse dentro de las conductas prohibidas por el artículo 22 constitucional, esto es, para que cesen de inmediato dichos actos, y cualquier otro que ponga en peligro la vida o alguno de los prohibidos por el citado precepto constitucional, pues de tratarse de algún otro acto que se llegare a consumar, haría físicamente imposible restituir a los quejosos del goce de la garantía individual peticionada, para lo cual las autoridades responsables e involucradas, deberán tomar todas las medidas de seguridad necesarias, a efecto de preservar la integridad física de los impetrantes de mérito. REQUERIMIENTO DE INFORME RESPECTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora, para el inmediato y debido cumplimiento de la SUSPENSIÓN DE PLANO DECRETADA, comuníquese a las autoridades responsables enlistadas en el inciso A) del capítulo de autoridades responsables, la medida cautelar concedida para su debido acatamiento; debiendo informar en el plazo de VEINTICUATRO HORAS por oficio a este Juzgado de Distrito, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad señalada como responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. [.]" PROMOCIONES VÍA CORREO INSTITUCIONAL De conformidad con los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117, 119 de la Ley de Amparo y 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos de su numeral 2°, infórmese a las autoridades responsables en cuestión que está en aptitud de aportar como pruebas toda clase de elementos provenientes de los descubrimientos de la ciencia, por lo que, podrá adjuntar a su informe el disco que contenga el archivo electrónico de la resolución reclamada, o bien, podrá remitirlo al correo electrónico 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx; lo anterior permitirá, además, agilizar el trámite y resolución del presente asunto y cumplir con el principio constitucional de impartición de justicia pronta y expedita. Apercibidas que para el caso de no cumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá una multa de CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto publicado el siete de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, en donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dio a conocer el cálculo y determinación del valor actualizado diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA, en términos de los arábigos 238 y 260 fracción II, de la ley de la materia; sin perjuicio de proceder en su contra por el delito de desobediencia, en términos del artículo 262, fracción III de éste último ordenamiento. EXHORTO Por otra parte, toda vez que los quejosos 1. Carlos Alberto Angelino Barrón, 2. Edwin Daniel Guerra Córdova, 3. Luis Gabriel Jop Corzo, 4. José Othón Ramiro Hernández Lima, 5. José Antonio Contreras Chávez, 6. Enrique Mejía Bello, 7. Enrique Alvarado Saucillo, 8. Eduardo Ampudia Fraustro, 9. Eduardo Flores Castro, 10. Renán Hidalgo Echazarreta, 11. Luis Arturo Zavala Rosas e 12.- Iván López Hinojosa, se aduce se encuentran en recluidos en la Penitenciaría de la Ciudad de México, conocido también como el Polígono de Santa Martha, ubicado en la Zona Oriente, Avenida Ermita, Iztapalapa en el Kilómetro 17.5 de la carretera México a Puebla de Zaragoza. Por lo que ese centro penitenciario se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, con fundamento en los artículos 26 fracción I, inciso b), en relación al 27, fracción II y 116 segundo párrafo, de la Ley de Amparo, así como el 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia; gírese atento exhorto vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), Juicio en Línea o interconexión, al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo en Materia Penal, en la Ciudad de México. Lo anterior, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado y de la Justicia Federal, comisione a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, para que se constituyan en las instalaciones de la Penitenciaria de la Ciudad de México, conocido también como el Polígono de Santa Martha, ubicado en la Zona Oriente, Avenida Ermita, Iztapalapa en el Kilómetro 17.5 de la carretera México a Puebla de Zaragoza, y notifiquen la presente determinación a los quejosos; además, para que a través de sus sentidos, de fe del estado físico y condiciones en que se encuentren, debiendo asentarlo en la razón que levante para tal efecto; lo anterior, para lograr un efectivo cumplimiento de la medida suspensional otorgada y no sea incumplida o violada por parte de la responsable. De igual forma, requiera a los directos quejosos 1. Carlos Alberto Angelino Barrón, 2. Edwin Daniel Guerra Córdova, 3. Luis Gabriel Jop Corzo, 4. José Othón Ramiro Hernández Lima, 5. José Antonio Contreras Chávez, 6. Enrique Mejía Bello, 7. Enrique Alvarado Saucillo, 8. Eduardo Ampudia Fraustro, 9. Eduardo Flores Castro, 10. Renán Hidalgo Echazarreta, 11. Luis Arturo Zavala Rosas e 12.- Iván López Hinojosa, para que en el acto de la notificación o dentro de los tres días siguientes a ésta: Manifiesten SI RATIFICAN O NO LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA en el entendido que de no hacerlo se tendrá por NO PRESENTADA, acorde lo establecido en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 constitucional, y se dejará sin efectos las providencias tomadas en el presente acuerdo. Asimismo, hagan entrega a las autoridades responsables de los oficios correspondientes, en este caso las que radican en la Ciudad de México, y que se desprenden del escrito de demanda. INCOMPETENCIA Por otro lado, atendiendo las manifestaciones de los quejosos en su demanda de amparo, de las que se desprende que reclaman entre otras cosas la orden de traslado del lugar donde se encuentran recluidos a otro diverso dentro y fuera de la Ciudad de México, resulta necesario analizar el aspecto relacionado a la legal competencia de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y, por tanto, preferentes. Lo anterior, tomando en consideración que, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, es obligación de los jueces de Distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto surja. En esa medida, es necesario precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para la Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, dijo la Sala la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará. Sirve de apoyo la Jurisprudencia con registro 2020828, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 899, Tomo I, de Octubre de 2019, Libro 71, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, dicen: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará". En este orden de ideas, en el caso, se advierte que no consta información del lugar donde puedan ser trasladados los quejosos, por lo que no se sabe si dicho traslado tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. Por tanto, puede advertirse que los actos materia de reclamo en esta instancia constitucional, tienen ejecución en la Ciudad de México, además de que a decir de los quejosos, se encuentran en la Penitenciaría de la Ciudad de México y no se tiene certeza del lugar donde se ejecutara donde van a ser trasladados. En consecuencia, conforme a la precitada regla, prevista en el referido arábigo 37 de la ley reglamentaria, que consiste en que es competente el juez de Distrito donde se ejecute el acto reclamado, se colige que quien debe conocer de la demanda de amparo que dio origen a este asunto es el Juez de Distrito en Materia de Amparo en Materia Penal, en la Ciudad de México, en Turno, acorde a lo previsto en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y Límites Territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Por tal razón, este juzgado de amparo estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que se provee; por tanto, con fundamento en el artículo 38 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, remítase este juicio de amparo vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a la OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, para que por su conducto sea remitido al JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO EN MATERIA PENAL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO, solicitando a este último el acuse de recibo e informe si acepta o no la competencia declinada. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2 del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de las autoridades responsables, a quien se les comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Ahora, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS En ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Por último, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se les invita a las partes para lo siguiente: De estimarlo conveniente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales. Notifíquese por exhorto vía interconexión a la parte quejosa.
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