Carlos Alberto Angelino Barron

Expediente 844/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 14 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
844/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
14/08/2023

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barron

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de agosto de dos mil veintitrés. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Que la demanda de amparo con la que se dará cuenta, fue recibida trece de agosto de dos mil veintitrés - electrónicamente- ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, la misma no cuenta con la evidencia criptográfica de la Firma Electrónica a que se refieren los artículos 2, fracción XVI, 6, 45, párrafo tercero y 52, párrafo tercero, del Acuerdo General 122020. Sin embargo, la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa y constituye el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, pero, debido a que la mencionada demanda se ubica en algunos de los supuestos de urgencia que prevén los artículos 15 de la Ley de Amparo, al señalar actos prohibitivos previstos en el artículo 22 Constitucional, no obstante la ausencia de la firma electrónica, al ser presentada mediante el Portal de Juicios en Línea, y en aras de salvaguardar los derechos humanos a la vida y libertad de los quejosos directos, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 10, párrafo segundo, 17 y 42, del Acuerdo General 122020, para la presentación de la demanda de amparo, se está en condiciones de prescindir de la firma electrónica de los peticionarios de amparo. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE. Fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 8442023, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO. La formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes. Toda aquella documentación recibida por vía electrónica demandas, recursos, promociones etc. o generada electrónicamente acuerdos, notificaciones electrónicas constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 122020, no así en el expediente impreso. Tomando en consideración que acorde a lo previsto en el numeral 3, fracción XII, del citado Acuerdo General 122020, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en virtud que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para la consulta de las partes, así como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. En tal sentido, los únicos acuerdos o proveídos que se integrarán al expediente físico, serán aquéllos que resulten indispensables para el impulso del procedimiento. CONSULTA DE EXPEDIENTE. De conformidad con lo establecido en el artículo 263, fracción IV, del multicitado Acuerdo General, se hace saber a las partes, que para quienes no tengan habilitado el acceso al expediente electrónico, podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea, o bien, podrán acudir físicamente a este Juzgado, para consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que se dispongan para tal fin. SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO RESPECTO A CUALQUIER ACTO PROHIBIDO POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL. En la demanda de amparo, los aquí quejosos señalan entre otros actos, los siguientes: a Traslado de los quejosos de la Penitenciaría Ciudad de México a otro centro diverso -dentro o fuera de la Ciudad de México-, que ponga en riesgo grave e inminente, la vida, salud, integridad y dignidad personal sicofísica y sicoemocional de los quejosos directos, así como el desacato a la suspensión plano concedidas dentro de los juicios de amparo 13232022 del índice del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas y el diverso 5422022-III-A del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Hidalgo respecto del quejoso 1. Carlos Alberto Angelino Barrón b Intimidación. c Reubicación de los quejosos directos del dormitorio en que se encuentran a otro dormitorio diverso, módulo diverso o área diversa que ponga en riesgo grave e inminente, su vida, salud, integridad y dignidad personal sicofísica y sicoemocional. d Discriminación. e Actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; así como por los diversos 15 y 126 de la Ley Amparo, por motivos discriminatorios e intimidatorios y por represalias. En ese tenor, con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados, consistentes en la tortura -de cualquier tipo-, o cualquier acto que atente contra la vida y la dignidad humana o de los previstos en el artículo 22, primer párrafo, Constitucional, para el efecto de que dichos actos cesen de manera inmediata como medida para evitar la consumación de los mismos. En ese sentido, del escrito que se provee, se advierte que la parte promovente indicó que los quejosos directos sufren los posibles actos violatorios del artículo 22 constitucional en el lugar en que se encuentran privados de su libertad personal, esto es, en la Penitenciaría de la Ciudad de México y diverso ubicado en Santa Martha Acatitla; y, si bien señaló múltiples autoridades con el carácter de responsables, lo cierto es que únicamente las autoridades penitenciarias podrían cumplir con la suspensión de plano decretada, por tener a su disposición materialmente a los quejosos directos. Por tanto, a efecto de que se cumpla de forma efectiva la suspensión de plano anteriormente decretada, se requiere a las autoridades penitenciarias señaladas como responsables: AUTORIDADES RESPONSABLES. 1. DIRECTOR DE LA PENITENCIARIA DÉ LA CIUDAD DE MÉXICO. 2. SUBDIRECTOR JURÍDICO DE LA PENITENCIARIA DÉ LA CIUDAD DE MÉXICO. 3. COMITÉ TÉCNICO DE LA PENITENCIARIA DÉ LA CIUDAD DE MÉXICO. 4. SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA PENITENCIARÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 5. SUBDIRECTOR DE APOYO TÉCNICO DE LA PENITENCIARÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 6. JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CENTRO DE DIAGNÓSTICO UBICACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA PENITENCIARÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 7. SERVIDORES PÚBLICOS DE NOMBRE ORLANDO FABRIZIO MEZA TRUJILLO, VÍCTOR JOEL PALMA ESCALANTE, ALEJANDRO NOLASCO CABALLERO, GUILLERMO MANDUJANO ROSILLO, YESENIA ELIZABETH SÁNCHEZ, ARTURO AHMED ESPINOSA PRADO, ANSELMO ROJAS MARTÍNEZ, RICARDO ROMERO VILLALOBOS, SIXTO MEDINA LÓPEZ, EDGAR IVÁN ARELLANO, ADSCRITOS A LA PENITENCIARÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 8 DIRECCIÓN DEL SERVICIO MÉDICO DE LA PENITENCIARÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 9 SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 10 DIRECTOR EJECUTIVO DE SEGURIDAD PENITENCIARIA DE LA SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 11 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. 12 SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO El acatamiento inmediato de la medida cautelar concedida en favor de los quejosos directos. REQUERIMIENTO DE INFORME. Hágase del conocimiento de las autoridades antes precisadas que deberán realizar lo siguiente: Acatar dicha suspensión bajo su más estricta responsabilidad e informar a este Juzgado de Distrito inmediatamente, las medidas tomadas al respecto y justificarlas con copia certificada de las constancias que correspondan. Girar las instrucciones pertinentes a sus subalternos para que se abstengan de ejecutar cualquier acto previsto en el artículo 22, primer párrafo, Constitucional, o de los que cataloga el artículo 15, primer párrafo, de la ley de la materia. Rendir el informe respectivo a su nombre y en representación de los oficiales, custodios y demás personal operativo que tenga en su resguardo y vigilancia a los aquí quejosos. Debe indicarse a las autoridades requeridas, que la medida aquí decretada no impide la aplicación de las correcciones disciplinarias; debiendo en su caso, remitir las constancias correspondientes. Se apercibe a las autoridades requeridas, que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo indicado, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización UMA, vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Asimismo, se hace de su conocimiento que la violación de este mandamiento constituye un delito federal, conforme al artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el inicio del proceso penal correspondiente en su contra. A efecto de que las autoridades requeridas se encuentren en posibilidad de informar el acatamiento a la suspensión de plano decretada en este auto, se le hace saber que , es el secretario encargado del trámite de este asunto, y cuenta con teléfono móvil 222 436 8070, y correo electrónico institucional raul.bonilla.hernandez@correo.cjf.gob.mx para recibir dicha información y podrá confirmar su recepción. No se inadvierte, que los quejosos señalaron como actos reclamados, entre otros, la orden de traslado del centro penitenciario en el que se encuentran, a uno diverso; así como la reubicación de los mismos de los dormitorios en que se encuentran a uno diverso, módulo diverso o área diversa. Sin embargo, al respecto, se estima improcedente conceder la suspensión de plano en relación con dichos actos, pues ellos no constituyen una violación directa a la Constitución Federal, al ser dictados dentro del procedimiento correspondiente, y al respecto, existen medios ordinarios de defensa previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, con los cuales la determinación que al efecto se dicte, puede ser efectivamente combatida. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Justificación: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional. INCOMPETENCIA. Sentado lo anterior, resulta conveniente establecer que la competencia es una cuestión de orden público, que previamente debe analizarse en cualquier estado del juicio, mientras no se dicte resolución que ponga fin a la instancia. En el caso, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, estima que no es legalmente competente, por razón de territorio, para analizar la constitucionalidad o no, de los actos reclamados por los quejosos. En efecto los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 48, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, disponen: Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: . VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; .. Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante jueza o juez de distrito o tribunal colegiado de apelación y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, a la jueza, juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Al respecto existen los criterios -los cuales no contravienen a lo dispuesto en la Ley de Amparo en vigor, de conformidad con el artículo sexto transitorio de dicha normatividad- del tenor siguiente: COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo. COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- párrafo tercero y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad párrafo primero. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo. Ahora, de la intelección de los normativos y criterios apuntados, se obtienen tres supuestos para definir la competencia de los Juzgados de Distrito: a La primera regla está contenida en el primer párrafo del señalado numeral 37 de la Ley de Amparo; y se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto, es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. b La segunda hipótesis, establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito, y continúa ejecutándose en otro, el juez Federal de cualquiera de esas jurisdicciones que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c La tercera hipótesis, señala que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, la competencia para conocer de una demanda de amparo, por razón de territorio, deriva de la naturaleza del acto reclamado y de sus consecuencias jurídicas, ya que debe determinarse si éste requiere o no ejecución material, por lo que para resolver sobre dicha competencia, se debe hacer el análisis del acto reclamado, de los hechos contenidos en la demanda, y de las constancias con las que se cuente. Al respecto, resulta aplicable lo decidido en la tesis I.1o.A.44 A, de rubro y texto: COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO.- Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora. En ese aspecto, la norma de competencia contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, por prelación, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para sustentar cuál Juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo. En el particular, los aquí quejosos señalan entre otros actos, los siguientes: a Traslado de los quejosos de la Penitenciaría Ciudad de México a otro centro diverso -dentro o fuera de la Ciudad de México-, que ponga en riesgo grave e inminente, la vida, salud, integridad y dignidad personal sicofísica y sicoemocional de los quejosos directos, así como el desacato a la suspensión plano concedidas dentro de los juicios de amparo 13232022 del índice del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas y el diverso 5422022-III-A del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Hidalgo respecto del quejoso 1. Carlos Alberto Angelino Barrón b Intimidación. c Reubicación de los quejosos directos del dormitorio en que se encuentran a otro dormitorio diverso, módulo diverso o área diversa que ponga en riesgo grave e inminente, su vida, salud, integridad y dignidad personal sicofísica y sicoemocional. d Discriminación. e Actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; así como por los diversos 15 y 126 de la Ley Amparo, por motivos discriminatorios e intimidatorios y por represalias. En ese sentido, en el presente asunto se actualiza el principio genérico de competencia a que se refiere el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que la parte promovente refirió en sus escritos de demanda, que actualmente los quejosos directos se encuentran privados de su libertad personal en la Penitenciaría de la Ciudad de México y en el diverso de Santa Martha Acatitla, por lo que, tomando en consideración la naturaleza de los actos reclamados, resulta evidente que éstos se ejecutan, tratan de ejecutarse o se ejecutarán en dichos centros penitenciarios. En efecto, de autos se aprecia que no existe razón jurídica que conduzca a fincar competencia legal a este Juzgado de Distrito para conocer del presente juicio de derechos fundamentales, toda vez que los actos controvertidos no se ejecutan, tratan de ejecutar, ni se ejecutarán en el Estado de Puebla. Ahora bien, no obstante que los quejosos se encuentran privados de su libertad personal en reclusorios de la Ciudad de México, a efecto de determinar quién es el Juez competente para conocer del presente asunto, debe precisarse que, en la demanda de amparo, se señalaron como autoridades responsables, entre otras, a todos los Jueces de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México. Al respecto, el artículo 38 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. El artículo transcrito, determina la competencia para conocer del juicio de amparo que se promueva contra actos de un Juez de Distrito, siendo competente otro de la misma categoría dentro del mismo Distrito, si lo hubiere, o en su defecto, el más inmediato dentro de la jurisdicción del Circuito a que pertenezca dicho Juez. Sin embargo, dicho numeral no establece expresamente quién será competente si el juicio de derechos fundamentales se promueve en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial, ya sea de un Distrito o de un Circuito; supuesto que se actualiza en el caso a estudio, pues la promovente señaló, entre otras autoridades responsables, a: Jueces de Distrito de Amparo de Materia Penal de la Ciudad de México del primero al décimo sexto.- Jueces de Distrito de amparo en materia administrativa y civil de la ciudad de México del primero al décimo séptimo.- Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí , Tamaulipas, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas. No obstante, debe decirse, que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció al respecto en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN. El primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Amparo constituye una regla de excepción a la competencia por territorio que prevé el numeral 36 del propio ordenamiento, al establecer que corresponde conocer de un juicio de garantías promovido contra actos de un Juez de Distrito a otro de igual categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, al más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito al que pertenezca dicho Juez, regla que debe aplicarse para determinar cuál es el Juez competente cuando el amparo se promueve contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial distrito o circuito, aun cuando no se prevea en forma expresa esa hipótesis. Ahora bien, atendiendo a la interpretación sistemática de lo dispuesto en el referido artículo 42, no sólo debe tomarse en cuenta el factor de la cercanía, sino también la materia en que están especializados o de que pueden conocer los Jueces de Distrito. En estas condiciones, puede concluirse que el competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un distrito, es el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito; y, en el caso de que el amparo se promueva en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un circuito, aplicando dicha regla, será competente el Juez de garantías más cercano a ese circuito. Contradicción de tesis 222000. La jurisprudencia transcrita sustenta que el Juez de Distrito competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un Distrito o Circuito, es el más cercano a éstos dentro del propio circuito, si lo hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito. Entonces, de conformidad con el Acuerdo General 032013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo un Juzgado de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, en turno, que es el más próximo -en virtud que de una consulta en la página de google maps, se advierte que Hermosillo se encuentra a 1,901.4 kilómetros, Nogales se encuentra a 2,183.5 kilómetros, y Ciudad Obregón a 1,648.6 kilómetros- a la residencia de los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal que integran el Primer Circuito; y, el cual no fue señalado por los quejosos como autoridad responsable -entre otros-. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia que ha quedado trascrita, este Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla declara carecer de legal competencia para conocer y resolver sobre la referida demanda de amparo que dio origen a este juicio y la declina a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, en turno. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el expediente de amparo en que se actúa, a al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, para que por su conducto sea remitida al Juzgado de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, en turno; hecho lo cual, se solicita respetuosamente al Juez de Distrito que reciba la demanda de amparo, se sirva informar la determinación que adopte respecto a si acepta o no la competencia planteada, solicitándole el acuse de recibo correspondiente por la misma vía. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, y, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. REPRESENTANTE COMÚN. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos, a Carlos Alberto Angelino Barrón. NOTIFICACIÓN A LOS DIRECTOS QUEJOSOS Y A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Toda vez que los quejosos se encuentran privados de su libertad en la Penitenciaria de la Ciudad de México y en el diverso de Santa Martha Acatitla, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones que este juzgado estime pertinentes en el centro penitenciario indicado en último término, por conducto del representante común antes señalado. Ahora bien, atento a que dicho centro penitenciario se ubica fuera de la circunscripción de éste Juzgado Federal; con fundamento en los artículos 27, fracción II y 116, segundo párrafo de la Ley de Amparo, 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los numerales 298, 300 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo y, en términos del Acuerdo General 32013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, líbrese exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda a fin de que realice lo siguiente: a Se constituya en las instalaciones de la Penitenciaria de la Ciudad de México y en el diverso de Santa Martha Acatitla; b Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, a los quejosos: 1. Carlos Alberto Angelino Barrón interno en el Centro Penitenciario de Santa Martha Acatitla; 2. Renán Hidalgo Hechezarreta; 3. Eduardo Ampudia Flaustro; 4. Luis Gabriel Jop Corzo; 5. Enrique Mejia Bello; 6. José Antonio Contreras Chávez; 7. Eduardo Flores Castro; 8. José Othón Ramiro Hernández Lima; 9. Enrique Alvarado Saucillo; y, 10. Eduardo Flores Castro; y se cerciore de sus identidades; c Les haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente juicio de amparo 8442023; d Notifique el presente auto a los referidos quejosos; e Les corra traslado con copia autorizada del presente proveído; f Asiente el estado físico en que se encuentran los aquí quejosos y les pregunte si han sufrido alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. g Notifique a las autoridades responsables los oficios que llevan inserto el presente proveído. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de dicha diligencia. Envíese de inmediato vía electrónica el exhorto de referencia y se autoriza a , Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal para que sea la encargada del envío de dicha comunicación oficial; sin que se requiera el acuse de recibo correspondiente, pues éste se genera automáticamente. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO EN LÍNEA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que: De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE FÍSICO. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente juicio de amparo. COMPENSACIÓN DE CARGAS. Finalmente, toda vez que la demanda que dio origen a este controvertido, fue recibida en la vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, gírese atento oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, a fin que se compensen las cargas procesales, remitiéndole para tal efecto, copia autorizada de la demanda de cuenta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE VÍA EXHORTO A LA PARTE QUEJOSA EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN; Y MEDIANTE OFICIO AL JEFE DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SONORA, CON RESIDENCIA EN CIUDAD OBREGÓN, ASÍ COMO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES REQUERIDAS PARA ACATAR LA SUSPENSIÓN DE PLANO.Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, ante , Secretarioa que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. Jorge Isaac En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. San Andrés Cholula, Puebla, catorce de agosto de dos mil veintitrés. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Que la demanda de amparo con la que se dará cuenta, fue recibida trece de agosto de dos mil veintitrés - electrónicamente- ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, la misma no cuenta con la evidencia criptográfica de la Firma Electrónica a que se refieren los artículos 2, fracción XVI, 6, 45, párrafo tercero y 52, párrafo tercero, del Acuerdo General 122020. Sin embargo, la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa y constituye el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, pero, debido a que la mencionada demanda se ubica en algunos de los supuestos de urgencia que prevén los artículos 15 de la Ley de Amparo, al señalar actos prohibitivos previstos en el artículo 22 Constitucional, no obstante la ausencia de la firma electrónica, al ser presentada mediante el Portal de Juicios en Línea, y en aras de salvaguardar los derechos humanos a la vida y libertad de los quejosos directos, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 10, párrafo segundo, 17 y 42, del Acuerdo General 122020, para la presentación de la demanda de amparo, se está en condiciones de prescindir de la firma electrónica de los peticionarios de amparo. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE. Fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 8442023, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO. La formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes. Toda aquella documentación recibida por vía electrónica demandas, recursos, promociones etc. o generada electrónicamente acuerdos, notificaciones electrónicas constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 122020, no así en el expediente impreso. Tomando en consideración que acorde a lo previsto en el numeral 3, fracción XII, del citado Acuerdo General 122020, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en virtud que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para la consulta de las partes, así como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. En tal sentido, los únicos acuerdos o proveídos que se integrarán al expediente físico, serán aquéllos que resulten indispensables para el impulso del procedimiento. CONSULTA DE EXPEDIENTE. De conformidad con lo establecido en el artículo 263, fracción IV, del multicitado Acuerdo General, se hace saber a las partes, que para quienes no tengan habilitado el acceso al expediente electrónico, podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea, o bien, podrán acudir físicamente a este Juzgado, para consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que se dispongan para tal fin. SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO RESPECTO A CUALQUIER ACTO PROHIBIDO POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL. En la demanda de amparo, los aquí quejosos señalan entre otros actos, los siguientes: a Traslado de los quejosos de la Penitenciaría Ciudad de México a otro centro diverso -dentro o fuera de la Ciudad de México-, que ponga en riesgo grave e inminente, la vida, salud, integridad y dignidad personal sicofísica y sicoemocional de los quejosos directos, así como el desacato a la suspensión plano concedidas dentro de los juicios de amparo 13232022 del índice del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas y el diverso 5422022-III-A del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Hidalgo respecto del quejoso 1. Carlos Alberto Angelino Barrón b Intimidación. c Reubicación de los quejosos directos del dormitorio en que se encuentran a otro dormitorio diverso, módulo diverso o área diversa que ponga en riesgo grave e inminente, su vida, salud, integridad y dignidad personal sicofísica y sicoemocional. d Discriminación. e Actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; así como por los diversos 15 y 126 de la Ley Amparo, por motivos discriminatorios e intimidatorios y por represalias. En ese tenor, con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados, consistentes en la tortura -de cualquier tipo-, o cualquier acto que atente contra la vida y la dignidad humana o de los previstos en el artículo 22, primer párrafo, Constitucional, para el efecto de que dichos actos cesen de manera inmediata como medida para evitar la consumación de los mismos. En ese sentido, del escrito que se provee, se advierte que la parte promovente indicó que los quejosos directos sufren los posibles actos violatorios del artículo 22 constitucional en el lugar en que se encuentran privados de su libertad personal, esto es, en la Penitenciaría de la Ciudad de México y diverso ubicado en Santa Martha Acatitla; y, si bien señaló múltiples autoridades con el carácter de responsables, lo cierto es que únicamente las autoridades penitenciarias podrían cumplir con la suspensión de plano decretada, por tener a su disposición materialmente a los quejosos directos. Por tanto, a efecto de que se cumpla de forma efectiva la suspensión de plano anteriormente decretada, se requiere a las autoridades penitenciarias señaladas como responsables: AUTORIDADES RESPONSABLES. 1. DIRECTOR DE LA PENITENCIARIA DÉ LA CIUDAD DE MÉXICO. 2. SUBDIRECTOR JURÍDICO DE LA PENITENCIARIA DÉ LA CIUDAD DE MÉXICO. 3. COMITÉ TÉCNICO DE LA PENITENCIARIA DÉ LA CIUDAD DE MÉXICO. 4. SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA PENITENCIARÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 5. SUBDIRECTOR DE APOYO TÉCNICO DE LA PENITENCIARÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 6. JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CENTRO DE DIAGNÓSTICO UBICACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA PENITENCIARÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 7. SERVIDORES PÚBLICOS DE NOMBRE ORLANDO FABRIZIO MEZA TRUJILLO, VÍCTOR JOEL PALMA ESCALANTE, ALEJANDRO NOLASCO CABALLERO, GUILLERMO MANDUJANO ROSILLO, YESENIA ELIZABETH SÁNCHEZ, ARTURO AHMED ESPINOSA PRADO, ANSELMO ROJAS MARTÍNEZ, RICARDO ROMERO VILLALOBOS, SIXTO MEDINA LÓPEZ, EDGAR IVÁN ARELLANO, ADSCRITOS A LA PENITENCIARÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 8 DIRECCIÓN DEL SERVICIO MÉDICO DE LA PENITENCIARÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 9 SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 10 DIRECTOR EJECUTIVO DE SEGURIDAD PENITENCIARIA DE LA SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 11 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. 12 SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO El acatamiento inmediato de la medida cautelar concedida en favor de los quejosos directos. REQUERIMIENTO DE INFORME. Hágase del conocimiento de las autoridades antes precisadas que deberán realizar lo siguiente: Acatar dicha suspensión bajo su más estricta responsabilidad e informar a este Juzgado de Distrito inmediatamente, las medidas tomadas al respecto y justificarlas con copia certificada de las constancias que correspondan. Girar las instrucciones pertinentes a sus subalternos para que se abstengan de ejecutar cualquier acto previsto en el artículo 22, primer párrafo, Constitucional, o de los que cataloga el artículo 15, primer párrafo, de la ley de la materia. Rendir el informe respectivo a su nombre y en representación de los oficiales, custodios y demás personal operativo que tenga en su resguardo y vigilancia a los aquí quejosos. Debe indicarse a las autoridades requeridas, que la medida aquí decretada no impide la aplicación de las correcciones disciplinarias; debiendo en su caso, remitir las constancias correspondientes. Se apercibe a las autoridades requeridas, que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo indicado, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización UMA, vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Asimismo, se hace de su conocimiento que la violación de este mandamiento constituye un delito federal, conforme al artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el inicio del proceso penal correspondiente en su contra. A efecto de que las autoridades requeridas se encuentren en posibilidad de informar el acatamiento a la suspensión de plano decretada en este auto, se le hace saber que , es el secretario encargado del trámite de este asunto, y cuenta con teléfono móvil 222 436 8070, y correo electrónico institucional raul.bonilla.hernandez@correo.cjf.gob.mx para recibir dicha información y podrá confirmar su recepción. No se inadvierte, que los quejosos señalaron como actos reclamados, entre otros, la orden de traslado del centro penitenciario en el que se encuentran, a uno diverso; así como la reubicación de los mismos de los dormitorios en que se encuentran a uno diverso, módulo diverso o área diversa. Sin embargo, al respecto, se estima improcedente conceder la suspensión de plano en relación con dichos actos, pues ellos no constituyen una violación directa a la Constitución Federal, al ser dictados dentro del procedimiento correspondiente, y al respecto, existen medios ordinarios de defensa previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, con los cuales la determinación que al efecto se dicte, puede ser efectivamente combatida. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Justificación: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional. INCOMPETENCIA. Sentado lo anterior, resulta conveniente establecer que la competencia es una cuestión de orden público, que previamente debe analizarse en cualquier estado del juicio, mientras no se dicte resolución que ponga fin a la instancia. En el caso, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, estima que no es legalmente competente, por razón de territorio, para analizar la constitucionalidad o no, de los actos reclamados por los quejosos. En efecto los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 48, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, disponen: Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: . VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; .. Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante jueza o juez de distrito o tribunal colegiado de apelación y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, a la jueza, juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Al respecto existen los criterios -los cuales no contravienen a lo dispuesto en la Ley de Amparo en vigor, de conformidad con el artículo sexto transitorio de dicha normatividad- del tenor siguiente: COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo. COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- párrafo tercero y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad párrafo primero. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo. Ahora, de la intelección de los normativos y criterios apuntados, se obtienen tres supuestos para definir la competencia de los Juzgados de Distrito: a La primera regla está contenida en el primer párrafo del señalado numeral 37 de la Ley de Amparo; y se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto, es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. b La segunda hipótesis, establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito, y continúa ejecutándose en otro, el juez Federal de cualquiera de esas jurisdicciones que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c La tercera hipótesis, señala que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, la competencia para conocer de una demanda de amparo, por razón de territorio, deriva de la naturaleza del acto reclamado y de sus consecuencias jurídicas, ya que debe determinarse si éste requiere o no ejecución material, por lo que para resolver sobre dicha competencia, se debe hacer el análisis del acto reclamado, de los hechos contenidos en la demanda, y de las constancias con las que se cuente. Al respecto, resulta aplicable lo decidido en la tesis I.1o.A.44 A, de rubro y texto: COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO.- Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora. En ese aspecto, la norma de competencia contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, por prelación, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para sustentar cuál Juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo. En el particular, los aquí quejosos señalan entre otros actos, los siguientes: a Traslado de los quejosos de la Penitenciaría Ciudad de México a otro centro diverso -dentro o fuera de la Ciudad de México-, que ponga en riesgo grave e inminente, la vida, salud, integridad y dignidad personal sicofísica y sicoemocional de los quejosos directos, así como el desacato a la suspensión plano concedidas dentro de los juicios de amparo 13232022 del índice del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas y el diverso 5422022-III-A del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Hidalgo respecto del quejoso 1. Carlos Alberto Angelino Barrón b Intimidación. c Reubicación de los quejosos directos del dormitorio en que se encuentran a otro dormitorio diverso, módulo diverso o área diversa que ponga en riesgo grave e inminente, su vida, salud, integridad y dignidad personal sicofísica y sicoemocional. d Discriminación. e Actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; así como por los diversos 15 y 126 de la Ley Amparo, por motivos discriminatorios e intimidatorios y por represalias. En ese sentido, en el presente asunto se actualiza el principio genérico de competencia a que se refiere el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que la parte promovente refirió en sus escritos de demanda, que actualmente los quejosos directos se encuentran privados de su libertad personal en la Penitenciaría de la Ciudad de México y en el diverso de Santa Martha Acatitla, por lo que, tomando en consideración la naturaleza de los actos reclamados, resulta evidente que éstos se ejecutan, tratan de ejecutarse o se ejecutarán en dichos centros penitenciarios. En efecto, de autos se aprecia que no existe razón jurídica que conduzca a fincar competencia legal a este Juzgado de Distrito para conocer del presente juicio de derechos fundamentales, toda vez que los actos controvertidos no se ejecutan, tratan de ejecutar, ni se ejecutarán en el Estado de Puebla. Ahora bien, no obstante que los quejosos se encuentran privados de su libertad personal en reclusorios de la Ciudad de México, a efecto de determinar quién es el Juez competente para conocer del presente asunto, debe precisarse que, en la demanda de amparo, se señalaron como autoridades responsables, entre otras, a todos los Jueces de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México. Al respecto, el artículo 38 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. El artículo transcrito, determina la competencia para conocer del juicio de amparo que se promueva contra actos de un Juez de Distrito, siendo competente otro de la misma categoría dentro del mismo Distrito, si lo hubiere, o en su defecto, el más inmediato dentro de la jurisdicción del Circuito a que pertenezca dicho Juez. Sin embargo, dicho numeral no establece expresamente quién será competente si el juicio de derechos fundamentales se promueve en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial, ya sea de un Distrito o de un Circuito; supuesto que se actualiza en el caso a estudio, pues la promovente señaló, entre otras autoridades responsables, a: Jueces de Distrito de Amparo de Materia Penal de la Ciudad de México del primero al décimo sexto.- Jueces de Distrito de amparo en materia administrativa y civil de la ciudad de México del primero al décimo séptimo.- Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí , Tamaulipas, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas. No obstante, debe decirse, que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció al respecto en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN. El primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Amparo constituye una regla de excepción a la competencia por territorio que prevé el numeral 36 del propio ordenamiento, al establecer que corresponde conocer de un juicio de garantías promovido contra actos de un Juez de Distrito a otro de igual categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, al más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito al que pertenezca dicho Juez, regla que debe aplicarse para determinar cuál es el Juez competente cuando el amparo se promueve contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial distrito o circuito, aun cuando no se prevea en forma expresa esa hipótesis. Ahora bien, atendiendo a la interpretación sistemática de lo dispuesto en el referido artículo 42, no sólo debe tomarse en cuenta el factor de la cercanía, sino también la materia en que están especializados o de que pueden conocer los Jueces de Distrito. En estas condiciones, puede concluirse que el competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un distrito, es el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito; y, en el caso de que el amparo se promueva en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un circuito, aplicando dicha regla, será competente el Juez de garantías más cercano a ese circuito. Contradicción de tesis 222000. La jurisprudencia transcrita sustenta que el Juez de Distrito competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un Distrito o Circuito, es el más cercano a éstos dentro del propio circuito, si lo hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito. Entonces, de conformidad con el Acuerdo General 032013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo un Juzgado de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, en turno, que es el más próximo -en virtud que de una consulta en la página de google maps, se advierte que Hermosillo se encuentra a 1,901.4 kilómetros, Nogales se encuentra a 2,183.5 kilómetros, y Ciudad Obregón a 1,648.6 kilómetros- a la residencia de los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal que integran el Primer Circuito; y, el cual no fue señalado por los quejosos como autoridad responsable -entre otros-. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia que ha quedado trascrita, este Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla declara carecer de legal competencia para conocer y resolver sobre la referida demanda de amparo que dio origen a este juicio y la declina a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, en turno. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el expediente de amparo en que se actúa, a al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, para que por su conducto sea remitida al Juzgado de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, en turno; hecho lo cual, se solicita respetuosamente al Juez de Distrito que reciba la demanda de amparo, se sirva informar la determinación que adopte respecto a si acepta o no la competencia planteada, solicitándole el acuse de recibo correspondiente por la misma vía. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, y, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. REPRESENTANTE COMÚN. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos, a Carlos Alberto Angelino Barrón. NOTIFICACIÓN A LOS DIRECTOS QUEJOSOS Y A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Toda vez que los quejosos se encuentran privados de su libertad en la Penitenciaria de la Ciudad de México y en el diverso de Santa Martha Acatitla, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones que este juzgado estime pertinentes en el centro penitenciario indicado en último término, por conducto del representante común antes señalado. Ahora bien, atento a que dicho centro penitenciario se ubica fuera de la circunscripción de éste Juzgado Federal; con fundamento en los artículos 27, fracción II y 116, segundo párrafo de la Ley de Amparo, 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los numerales 298, 300 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo y, en términos del Acuerdo General 32013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, líbrese exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda a fin de que realice lo siguiente: a Se constituya en las instalaciones de la Penitenciaria de la Ciudad de México y en el diverso de Santa Martha Acatitla; b Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, a los quejosos: 1. Carlos Alberto Angelino Barrón interno en el Centro Penitenciario de Santa Martha Acatitla; 2. Renan Hidalgo Hechezarreta; 3. Eduardo Ampudia Flaustro; 4. Luis Gabriel Jop Corzo; 5. Enrique Mejia Bello; 6. José Antonio Contreras Chávez; 7. Eduardo Flores Castro; 8. José Othón Ramiro Hernández Lima; 9. Enrique Alvarado Saucillo; y, 10. Eduardo Flores Castro; y se cerciore de sus identidades; c Les haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente juicio de amparo 8442023; d Notifique el presente auto a los referidos quejosos; e Les corra traslado con copia autorizada del presente proveído; f Asiente el estado físico en que se encuentran los aquí quejosos y les pregunte si han sufrido alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. g Notifique a las autoridades responsables los oficios que llevan inserto el presente proveído. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de dicha diligencia. Envíese de inmediato vía electrónica el exhorto de referencia y se autoriza a , Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal para que sea la encargada del envío de dicha comunicación oficial; sin que se requiera el acuse de recibo correspondiente, pues éste se genera automáticamente. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO EN LÍNEA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que: De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE FÍSICO. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente juicio de amparo. COMPENSACIÓN DE CARGAS. Finalmente, toda vez que la demanda que dio origen a este controvertido, fue recibida en la vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, gírese atento oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, a fin que se compensen las cargas procesales, remitiéndole para tal efecto, copia autorizada de la demanda de cuenta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE VÍA EXHORTO A LA PARTE QUEJOSA EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN; Y MEDIANTE OFICIO AL JEFE DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SONORA, CON RESIDENCIA EN CIUDAD OBREGÓN, ASÍ COMO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES REQUERIDAS PARA ACATAR LA SUSPENSIÓN DE PLANO.San Andrés Cholula, Puebla, catorce de agosto de dos mil veintitrés. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Que la demanda de amparo con la que se dará cuenta, fue recibida trece de agosto de dos mil veintitrés - electrónicamente- ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, la misma no cuenta con la evidencia criptográfica de la Firma Electrónica a que se refieren los artículos 2, fracción XVI, 6, 45, párrafo tercero y 52, párrafo tercero, del Acuerdo General 122020. Sin embargo, la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa y constituye el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, pero, debido a que la mencionada demanda se ubica en algunos de los supuestos de urgencia que prevén los artículos 15 de la Ley de Amparo, al señalar actos prohibitivos previstos en el artículo 22 Constitucional, no obstante la ausencia de la firma electrónica, al ser presentada mediante el Portal de Juicios en Línea, y en aras de salvaguardar los derechos humanos a la vida y libertad de los quejosos directos, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 10, párrafo segundo, 17 y 42, del Acuerdo General 122020, para la presentación de la demanda de amparo, se está en condiciones de prescindir de la firma electrónica de los peticionarios de amparo. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE. 4Fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 8442023, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO. La formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes. Toda aquella documentación recibida por vía electrónica demandas, recursos, promociones etc. o generada electrónicamente acuerdos, notificaciones electrónicas constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 122020, no así en el expediente impreso. Tomando en consideración que acorde a lo previsto en el numeral 3, fracción XII, del citado Acuerdo General 122020, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en virtud que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para la consulta de las partes, así como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. En tal sentido, los únicos acuerdos o proveídos que se integrarán al expediente físico, serán aquéllos que resulten indispensables para el impulso del procedimiento. CONSULTA DE EXPEDIENTE. De conformidad con lo establecido en el artículo 263, fracción IV, del multicitado Acuerdo General, se hace saber a las partes, que para quienes no tengan habilitado el acceso al expediente electrónico, podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea, o bien, podrán acudir físicamente a este Juzgado, para consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que se dispongan para tal fin. SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO RESPECTO A CUALQUIER ACTO PROHIBIDO POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL. En la demanda de amparo, los aquí quejosos señalan entre otros actos, los siguientes: a Traslado de los quejosos de la Penitenciaría Ciudad de México a otro centro diverso -dentro o fuera de la Ciudad de México-, que ponga en riesgo grave e inminente, la vida, salud, integridad y dignidad personal sicofísica y sicoemocional de los quejosos directos, así como el desacato a la suspensión plano concedidas dentro de los juicios de amparo 13232022 del índice del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas y el diverso 5422022-III-A del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Hidalgo respecto del quejoso 1. Carlos Alberto Angelino Barrón b Intimidación. c Reubicación de los quejosos directos del dormitorio en que se encuentran a otro dormitorio diverso, módulo diverso o área diversa que ponga en riesgo grave e inminente, su vida, salud, integridad y dignidad personal sicofísica y sicoemocional. d Discriminación. e Actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; así como por los diversos 15 y 126 de la Ley Amparo, por motivos discriminatorios e intimidatorios y por represalias. En ese tenor, con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados, consistentes en la tortura -de cualquier tipo-, o cualquier acto que atente contra la vida y la dignidad humana o de los previstos en el artículo 22, primer párrafo, Constitucional, para el efecto de que dichos actos cesen de manera inmediata como medida para evitar la consumación de los mismos. En ese sentido, del escrito que se provee, se advierte que la parte promovente indicó que los quejosos directos sufren los posibles actos violatorios del artículo 22 constitucional en el lugar en que se encuentran privados de su libertad personal, esto es, en la Penitenciaría de la Ciudad de México y diverso ubicado en Santa Martha Acatitla; y, si bien señaló múltiples autoridades con el carácter de responsables, lo cierto es que únicamente las autoridades penitenciarias podrían cumplir con la suspensión de plano decretada, por tener a su disposición materialmente a los quejosos directos. Por tanto, a efecto de que se cumpla de forma efectiva la suspensión de plano anteriormente decretada, se requiere a las autoridades penitenciarias señaladas como responsables: AUTORIDADES RESPONSABLES. 1. DIRECTOR DE LA PENITENCIARIA DÉ LA CIUDAD DE MÉXICO. 2. SUBDIRECTOR JURÍDICO DE LA PENITENCIARIA DÉ LA CIUDAD DE MÉXICO. 3. COMITÉ TÉCNICO DE LA PENITENCIARIA DÉ LA CIUDAD DE MÉXICO. 4. SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA PENITENCIARÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 5. SUBDIRECTOR DE APOYO TÉCNICO DE LA PENITENCIARÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 6. JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CENTRO DE DIAGNÓSTICO UBICACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA PENITENCIARÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 7. SERVIDORES PÚBLICOS DE NOMBRE ORLANDO FABRIZIO MEZA TRUJILLO, VÍCTOR JOEL PALMA ESCALANTE, ALEJANDRO NOLASCO CABALLERO, GUILLERMO MANDUJANO ROSILLO, YESENIA ELIZABETH SÁNCHEZ, ARTURO AHMED ESPINOSA PRADO, ANSELMO ROJAS MARTÍNEZ, RICARDO ROMERO VILLALOBOS, SIXTO MEDINA LÓPEZ, EDGAR IVÁN ARELLANO, ADSCRITOS A LA PENITENCIARÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 8 DIRECCIÓN DEL SERVICIO MÉDICO DE LA PENITENCIARÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 9 SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 10 DIRECTOR EJECUTIVO DE SEGURIDAD PENITENCIARIA DE LA SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 11 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. 12 SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO El acatamiento inmediato de la medida cautelar concedida en favor de los quejosos directos. REQUERIMIENTO DE INFORME. Hágase del conocimiento de las autoridades antes precisadas que deberán realizar lo siguiente: Acatar dicha suspensión bajo su más estricta responsabilidad e informar a este Juzgado de Distrito inmediatamente, las medidas tomadas al respecto y justificarlas con copia certificada de las constancias que correspondan. Girar las instrucciones pertinentes a sus subalternos para que se abstengan de ejecutar cualquier acto previsto en el artículo 22, primer párrafo, Constitucional, o de los que cataloga el artículo 15, primer párrafo, de la ley de la materia. Rendir el informe respectivo a su nombre y en representación de los oficiales, custodios y demás personal operativo que tenga en su resguardo y vigilancia a los aquí quejosos. Debe indicarse a las autoridades requeridas, que la medida aquí decretada no impide la aplicación de las correcciones disciplinarias; debiendo en su caso, remitir las constancias correspondientes. Se apercibe a las autoridades requeridas, que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo indicado, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización UMA, vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Asimismo, se hace de su conocimiento que la violación de este mandamiento constituye un delito federal, conforme al artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el inicio del proceso penal correspondiente en su contra. A efecto de que las autoridades requeridas se encuentren en posibilidad de informar el acatamiento a la suspensión de plano decretada en este auto, se le hace saber que , es el secretario encargado del trámite de este asunto, y cuenta con teléfono móvil 222 436 8070, y correo electrónico institucional raul.bonilla.hernandez@correo.cjf.gob.mx para recibir dicha información y podrá confirmar su recepción. No se inadvierte, que los quejosos señalaron como actos reclamados, entre otros, la orden de traslado del centro penitenciario en el que se encuentran, a uno diverso; así como la reubicación de los mismos de los dormitorios en que se encuentran a uno diverso, módulo diverso o área diversa. Sin embargo, al respecto, se estima improcedente conceder la suspensión de plano en relación con dichos actos, pues ellos no constituyen una violación directa a la Constitución Federal, al ser dictados dentro del procedimiento correspondiente, y al respecto, existen medios ordinarios de defensa previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, con los cuales la determinación que al efecto se dicte, puede ser efectivamente combatida. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Justificación: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional. INCOMPETENCIA. Sentado lo anterior, resulta conveniente establecer que la competencia es una cuestión de orden público, que previamente debe analizarse en cualquier estado del juicio, mientras no se dicte resolución que ponga fin a la instancia. En el caso, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, estima que no es legalmente competente, por razón de territorio, para analizar la constitucionalidad o no, de los actos reclamados por los quejosos. En efecto los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 48, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, disponen: Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: . VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; .. Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante jueza o juez de distrito o tribunal colegiado de apelación y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, a la jueza, juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Al respecto existen los criterios -los cuales no contravienen a lo dispuesto en la Ley de Amparo en vigor, de conformidad con el artículo sexto transitorio de dicha normatividad- del tenor siguiente: COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo. COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- párrafo tercero y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad párrafo primero. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo. Ahora, de la intelección de los normativos y criterios apuntados, se obtienen tres supuestos para definir la competencia de los Juzgados de Distrito: a La primera regla está contenida en el primer párrafo del señalado numeral 37 de la Ley de Amparo; y se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto, es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. b La segunda hipótesis, establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito, y continúa ejecutándose en otro, el juez Federal de cualquiera de esas jurisdicciones que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c La tercera hipótesis, señala que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, la competencia para conocer de una demanda de amparo, por razón de territorio, deriva de la naturaleza del acto reclamado y de sus consecuencias jurídicas, ya que debe determinarse si éste requiere o no ejecución material, por lo que para resolver sobre dicha competencia, se debe hacer el análisis del acto reclamado, de los hechos contenidos en la demanda, y de las constancias con las que se cuente. Al respecto, resulta aplicable lo decidido en la tesis I.1o.A.44 A, de rubro y texto: COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO.- Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora. En ese aspecto, la norma de competencia contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, por prelación, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para sustentar cuál Juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo. En el particular, los aquí quejosos señalan entre otros actos, los siguientes: a Traslado de los quejosos de la Penitenciaría Ciudad de México a otro centro diverso -dentro o fuera de la Ciudad de México-, que ponga en riesgo grave e inminente, la vida, salud, integridad y dignidad personal sicofísica y sicoemocional de los quejosos directos, así como el desacato a la suspensión plano concedidas dentro de los juicios de amparo 13232022 del índice del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas y el diverso 5422022-III-A del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Hidalgo respecto del quejoso 1. Carlos Alberto Angelino Barrón b Intimidación. c Reubicación de los quejosos directos del dormitorio en que se encuentran a otro dormitorio diverso, módulo diverso o área diversa que ponga en riesgo grave e inminente, su vida, salud, integridad y dignidad personal sicofísica y sicoemocional. d Discriminación. e Actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; así como por los diversos 15 y 126 de la Ley Amparo, por motivos discriminatorios e intimidatorios y por represalias. En ese sentido, en el presente asunto se actualiza el principio genérico de competencia a que se refiere el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que la parte promovente refirió en sus escritos de demanda, que actualmente los quejosos directos se encuentran privados de su libertad personal en la Penitenciaría de la Ciudad de México y en el diverso de Santa Martha Acatitla, por lo que, tomando en consideración la naturaleza de los actos reclamados, resulta evidente que éstos se ejecutan, tratan de ejecutarse o se ejecutarán en dichos centros penitenciarios. En efecto, de autos se aprecia que no existe razón jurídica que conduzca a fincar competencia legal a este Juzgado de Distrito para conocer del presente juicio de derechos fundamentales, toda vez que los actos controvertidos no se ejecutan, tratan de ejecutar, ni se ejecutarán en el Estado de Puebla. Ahora bien, no obstante que los quejosos se encuentran privados de su libertad personal en reclusorios de la Ciudad de México, a efecto de determinar quién es el Juez competente para conocer del presente asunto, debe precisarse que, en la demanda de amparo, se señalaron como autoridades responsables, entre otras, a todos los Jueces de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México. Al respecto, el artículo 38 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. El artículo transcrito, determina la competencia para conocer del juicio de amparo que se promueva contra actos de un Juez de Distrito, siendo competente otro de la misma categoría dentro del mismo Distrito, si lo hubiere, o en su defecto, el más inmediato dentro de la jurisdicción del Circuito a que pertenezca dicho Juez. Sin embargo, dicho numeral no establece expresamente quién será competente si el juicio de derechos fundamentales se promueve en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial, ya sea de un Distrito o de un Circuito; supuesto que se actualiza en el caso a estudio, pues la promovente señaló, entre otras autoridades responsables, a: Jueces de Distrito de Amparo de Materia Penal de la Ciudad de México del primero al décimo sexto.- Jueces de Distrito de amparo en materia administrativa y civil de la ciudad de México del primero al décimo séptimo.- Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí , Tamaulipas, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas. No obstante, debe decirse, que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció al respecto en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN. El primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Amparo constituye una regla de excepción a la competencia por territorio que prevé el numeral 36 del propio ordenamiento, al establecer que corresponde conocer de un juicio de garantías promovido contra actos de un Juez de Distrito a otro de igual categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, al más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito al que pertenezca dicho Juez, regla que debe aplicarse para determinar cuál es el Juez competente cuando el amparo se promueve contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial distrito o circuito, aun cuando no se prevea en forma expresa esa hipótesis. Ahora bien, atendiendo a la interpretación sistemática de lo dispuesto en el referido artículo 42, no sólo debe tomarse en cuenta el factor de la cercanía, sino también la materia en que están especializados o de que pueden conocer los Jueces de Distrito. En estas condiciones, puede concluirse que el competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un distrito, es el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito; y, en el caso de que el amparo se promueva en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un circuito, aplicando dicha regla, será competente el Juez de garantías más cercano a ese circuito. Contradicción de tesis 222000. La jurisprudencia transcrita sustenta que el Juez de Distrito competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un Distrito o Circuito, es el más cercano a éstos dentro del propio circuito, si lo hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito. Entonces, de conformidad con el Acuerdo General 032013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo un Juzgado de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, en turno, que es el más próximo -en virtud que de una consulta en la página de google maps, se advierte que Hermosillo se encuentra a 1,901.4 kilómetros, Nogales se encuentra a 2,183.5 kilómetros, y Ciudad Obregón a 1,648.6 kilómetros- a la residencia de los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal que integran el Primer Circuito; y, el cual no fue señalado por los quejosos como autoridad responsable -entre otros-. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia que ha quedado trascrita, este Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla declara carecer de legal competencia para conocer y resolver sobre la referida demanda de amparo que dio origen a este juicio y la declina a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, en turno. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el expediente de amparo en que se actúa, a al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, para que por su conducto sea remitida al Juzgado de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, en turno; hecho lo cual, se solicita respetuosamente al Juez de Distrito que reciba la demanda de amparo, se sirva informar la determinación que adopte respecto a si acepta o no la competencia planteada, solicitándole el acuse de recibo correspondiente por la misma vía. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, y, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. REPRESENTANTE COMÚN. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos, a Carlos Alberto Angelino Barrón. NOTIFICACIÓN A LOS DIRECTOS QUEJOSOS Y A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Toda vez que los quejosos se encuentran privados de su libertad en la Penitenciaria de la Ciudad de México y en el diverso de Santa Martha Acatitla, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones que este juzgado estime pertinentes en el centro penitenciario indicado en último término, por conducto del representante común antes señalado. Ahora bien, atento a que dicho centro penitenciario se ubica fuera de la circunscripción de éste Juzgado Federal; con fundamento en los artículos 27, fracción II y 116, segundo párrafo de la Ley de Amparo, 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los numerales 298, 300 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo y, en términos del Acuerdo General 32013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, líbrese exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda a fin de que realice lo siguiente: a Se constituya en las instalaciones de la Penitenciaria de la Ciudad de México y en el diverso de Santa Martha Acatitla; b Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, a los quejosos: 1. Carlos Alberto Angelino Barrón interno en el Centro Penitenciario de Santa Martha Acatitla; 2. Renan Hidalgo Hechezarreta; 3. Eduardo Ampudia Flaustro; 4. Luis Gabriel Jop Corzo; 5. Enrique Mejia Bello; 6. José Antonio Contreras Chávez; 7. Eduardo Flores Castro; 8. José Othón Ramiro Hernández Lima; 9. Enrique Alvarado Saucillo; y, 10. Eduardo Flores Castro; y se cerciore de sus identidades; c Les haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente juicio de amparo 8442023; d Notifique el presente auto a los referidos quejosos; e Les corra traslado con copia autorizada del presente proveído; f Asiente el estado físico en que se encuentran los aquí quejosos y les pregunte si han sufrido alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. g Notifique a las autoridades responsables los oficios que llevan inserto el presente proveído. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de dicha diligencia. Envíese de inmediato vía electrónica el exhorto de referencia y se autoriza a , Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal para que sea la encargada del envío de dicha comunicación oficial; sin que se requiera el acuse de recibo correspondiente, pues éste se genera automáticamente. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO EN LÍNEA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que: De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE FÍSICO. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente juicio de amparo. COMPENSACIÓN DE CARGAS. Finalmente, toda vez que la demanda que dio origen a este controvertido, fue recibida en la vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, gírese atento oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, a fin que se compensen las cargas procesales, remitiéndole para tal efecto, copia autorizada de la demanda de cuenta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE VÍA EXHORTO A LA PARTE QUEJOSA EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN; Y MEDIANTE OFICIO AL JEFE DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SONORA, CON RESIDENCIA EN CIUDAD OBREGÓN, ASÍ COMO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES REQUERIDAS PARA ACATAR LA SUSPENSIÓN DE PLANO.

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