Carlos Alberto Angelino Barron
Expediente 384/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 384/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barron
- CARLOS ALBERTO ANGELINO BARRON y Otros.
- Luis Gabriel Jop Corzo
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Visto, agréguese a los autos, el oficio proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre -por duplicado-, en atención a su contenido, se provee lo siguiente: Se le tiene informando que por acuerdo de veinte de abril de dos mil veintidós, en lo que interesa, dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto. En tal virtud, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido es susceptible de destrucción transcurridos seis meses contados a partir del presente auto, de con el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General). Asimismo, se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de abril de dos mil veintidós. SE RECIBE EXHORTO DEBIDAMENTE DILIGENCIADO. Visto, agréguese el oficio del secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual, atento a lo solicitado mediante proveído de ocho de abril del año en curso, devuelve diligenciado el exhorto 130/2022, orden 288/2022, deducido del presente asunto, pues se desprende que: I) El diecinueve de abril de dos mil veintidós, se notificó el auto de once de abril de dos mil veintidós, a las autoridades responsables 1. Director de la Penitenciaría de la ciudad de México, 2. Subdirector Jurídico de la Penitenciaría de la ciudad de México, 3. Subdirector de Seguridad de la Penitenciaría de la ciudad de México, 4. Comité Técnico de la Penitenciaría de la ciudad de México, 5. Subdirectora de Apoyo Técnico de la Penitenciaría de la ciudad de México y 6. Jefe de Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico Ubicación y Determinación del Tratamiento de la Penitenciaría de la ciudad de México; y, II) El diecinueve de abril de dos mil veintidós), se notificó el referido auto de once de abril de dos mil veintidós, a los quejosos 1. Carlos Alberto Angelino Barrón, 2. Juan Manuel Espinosa González, 3. Edwin Daniel Guerra Córdova, 4. Luis Gabriel Jop Corzo, 5. José Othón Ramiro Hernández Lima, 6. José Antonio Contreras Chávez, 7. Enrique Mejía Bello, 8. Enrique Alvarado Saucillo, 9. Eduardo Ampudia Fraustro, 10. Eduardo Flores Castro, 11. Renan Hidalgo Echazarreta y 12. Hugo Melchor Nieto, y dando fe de que ninguno de los referidos quejos tengan marcas de haber sido golpeados o torturados y que tampoco fueron víctimas de dichos actos. En consecuencia, dese de baja dicha comunicación oficial del índice de este juzgado en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sin que sea necesario enviar a la autoridad exhortante el acuse de recibo de la presente comunicación oficial, ya que éste fue generado automáticamente al momento de su remisión. CÚMPLASE...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de abril de dos mil veintidós. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. ...ACUMULACIÓN DE LAS DEMANDAS DE AMPARO 385/2022 y 386/2022 A LA 384/2022 -..... Justificación: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional." INCOMPETENCIA. Sentado lo anterior, resulta conveniente establecer que la competencia es una cuestión de orden público, que previamente debe analizarse en cualquier estado del juicio, mientras no se dicte resolución que ponga fin a la instancia. En el caso, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, estima que no es legalmente competente, por razón de territorio, para analizar la constitucionalidad o no, de los actos reclamados por los quejosos. En efecto los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 48, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, disponen: ...Al respecto existen los criterios -los cuales no contravienen a lo dispuesto en la Ley de Amparo en vigor, de conformidad con el artículo sexto transitorio de dicha normatividad- del tenor siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. ..."COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. ...El artículo transcrito, determina la competencia para conocer del juicio de amparo que se promueva contra actos de un Juez de Distrito, siendo competente otro de la misma categoría dentro del mismo Distrito, si lo hubiere, o en su defecto, el más inmediato dentro de la jurisdicción del Circuito a que pertenezca dicho Juez. Sin embargo, dicho numeral no establece expresamente quién será competente si el juicio de derechos fundamentales se promueve en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial, ya sea de un Distrito o de un Circuito; supuesto que se actualiza en el caso a estudio, pues la promovente señaló, entre otras autoridades responsables, a: "-Jueces de distrito de amparo de materia penal de la ciudad de México del primero al décimo sexto. - jueces de distrito de amparo en materia administrativa de la ciudad de México del primero al décimo séptimo. - jueces de distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Ciudad Valles, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Excepto los de San Luis Potosí, capital" No obstante, debe decirse, que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció al respecto en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN. El primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Amparo constituye una regla de excepción a la competencia por territorio que prevé el numeral 36 del propio ordenamiento, al establecer que corresponde conocer de un juicio de garantías promovido contra actos de un Juez de Distrito a otro de igual categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, al más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito al que pertenezca dicho Juez, regla que debe aplicarse para determinar cuál es el Juez competente cuando el amparo se promueve contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial (distrito o circuito), aun cuando no se prevea en forma expresa esa hipótesis. Ahora bien, atendiendo a la interpretación sistemática de lo dispuesto en el referido artículo 42, no sólo debe tomarse en cuenta el factor de la cercanía, sino también la materia en que están especializados o de que pueden conocer los Jueces de Distrito. En estas condiciones, puede concluirse que el competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un distrito, es el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito; y, en el caso de que el amparo se promueva en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un circuito, aplicando dicha regla, será competente el Juez de garantías más cercano a ese circuito." (Contradicción de tesis 22/2000). La jurisprudencia transcrita sustenta que el Juez de Distrito competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un Distrito o Circuito, es el más cercano a éstos dentro del propio circuito, si lo hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito. Por tanto, si en el caso, todos los jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito fueron señalados como autoridades responsables, así como: "(.) - "-Jueces de distrito de amparo de materia penal de la ciudad de México del primero al décimo sexto. - jueces de distrito de amparo en materia administrativa de la ciudad de México del primero al décimo séptimo. - jueces de distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Ciudad Valles, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. ..... DOMICILIO. Toda vez que la promovente no señaló domicilio alguno para recibir notificaciones personales, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena realizarle todas las notificaciones derivadas de este asunto mediante lista. NOTIFICACIÓN A LOS DIRECTOS QUEJOSOS Y A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Toda vez que los quejosos se encuentran privados de su libertad en la Penitenciaria de la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones que este juzgado estime pertinentes en dicho centro penitenciario. Ahora bien, atento a que dicho centro penitenciario se ubica fuera de la circunscripción de éste Juzgado Federal; con fundamento en los artículos 27, fracción II y 116, segundo párrafo de la Ley de Amparo, 144, 145 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los numerales 298, 300 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo y, en términos del Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, líbrese exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda a fin de que realice lo siguiente: ....SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. ...y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. ... DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA". .... NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE VÍA EXHORTO A LA PARTE QUEJOSA EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN; Y MEDIANTE OFICIO AL JEFE DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CON RESIDENCIA EN SAN LUIS POTOSÍ, ASÍ COMO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES REQUERIDAS PARA ACATAR LA SUSPENSIÓN DE PLANO.
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