CARLOS ALBERTO ANGELINO BARRÓN y Otros.

Expediente 599/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
599/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
04/11/2022

Partes del expediente

  • CARLOS ALBERTO ANGELINO BARRÓN y Otros.
  • Carlos Alberto Angelino Barrón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad de México, a cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido del nueve al dieciséis de noviembre de la pasada anualidad, el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja en contra del proveído de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. Hágase la anotación respectiva en el Libro de Gobierno y de conformidad con el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado contrario sensu, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis siguiente y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHO LA DEMANDA DE AMPARO; en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Asimismo, previo a la trasferencia correspondiente, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Ciudad de México, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio y anexo que remite el Actuario del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el que se remite testimonio de la resolución aprobada en sesión ordinaria virtual de veintiuno de octubre último, dictada en el conflicto competencial CCA-33/2021, formado con motivo del conflicto planteado con el presente asunto; sentencia en la que se determinó: "PRIMERO. No existe conflicto competencial. SEGUNDO. Remítase la demanda de amparo promovida por YOANNA FONSECA VALENCIA en representación CARLOS ALBERTO ANGELINO BARRÓN y HUGO MELCHOR NIETO al Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.". Ahora bien, en virtud de lo expuesto por la Superioridad este órgano jurisdiccional, hace constar que de una consulta realizada en los libros de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, no existe alguna causa penal seguida en contra de los citados quejosos; en ese sentido, este juzgado federal se avoca al conocimiento de la citada demanda de amparo. Acúsese recibo de estilo correspondiente. Fijación de litis En la especie los actos reclamados por los quejosos se hacen consistir en: a) La omisión de investigar y sancionar actos de extorción de Nury Mariene Trujillo Francisco contra el quejoso. b) La omisión de proporcionar asesoría y ayuda al quejoso como victima c) La omisión de restringir el acceso a la penitenciaria de Nury Mariene Trujillo Francisco para evitar daños al quejoso. d) Discriminación por condición. e) Inaplicabilidad de criterios internacionales pro persona. f) Violación al principio pro hominem. Los cuales atribuyen a las autoridades responsables siguientes: Directorio de la Penitenciaría de la Ciudad de México. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Secretaria de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México. Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México. Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. Presidente de México. Secretaria de Gobernación. Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Jueces Primero a Décimo Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 10) Jueces de Distrito en los Estados de Aguascalientes, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo. Pronunciamiento sobre la suspensión de plano De las constancias que obran en autos, se advierte que mediante proveído de veintiuno de julio pasado, el Juzgado de Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, determinó que no resultaba procedente conceder la suspensión de plano de los actos que se combaten, por lo que al existir pronunciamiento sobre ese tópico no resulta dable abordarlo nuevamente; máxime que este juzgador comparte lo ahí determinado. Al respecto conviene señalar que el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, en el referido proveído determinó que los actos reclamados, no se ubican en las hipótesis establecidas en los numerales 22 y 15 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la legislación aplicable, respectivamente, ya que los justiciables no quedan sin defensa, dado que disponen de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución, por lo que consideró que se trata de actos emitidos dentro de procedimiento. Asimismo, en relación con los diversos precisados como discriminación por condición, violación al principio pro hominem, e inaplicabilidad de criterios internacionales pro hominem, expuso que tampoco son actos que se encuentren en los supuestos establecidos por el numeral 22 de nuestra carta magna, pues en la demanda no se señaló, ni siquiera indiciadamente, que los actos de discriminación por condición, sean equiparables a los prohibidos en el citado artículo 22 constitucional, aunado a que se omitió señalar en qué consisten o cómo se han materializado dichos actos portas autoridades que se señalan como responsables, postura que comparte el suscrito juzgador. Desechamiento Puntualizado lo anterior, al ser de estudio preferente se advierte que en el presente asunto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, y con el diverso numeral 6o., de la ley de la materia, con excepción de los actos que se atribuyen a este Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Como se ve, el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente escritos en calidad de promovente, debidamente firmados, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital o firma electrónica, pues de no hacerlo así, no se insta a este órgano jurisdiccional para que conozca y estudie las manifestaciones vertidas, porque un escrito, cualquiera que sea la naturaleza del mismo, sin firma autógrafa, electrónica o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello, tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del Juez mediante una prevención. Así, si el escrito de demanda promovido por YOANNA FONSECA VALENCIA en representación CARLOS ALBERTO ANGELINO BARRÓN y HUGO MELCHOR NIETO carece de firmas autógrafas o electrónicas; es indudable que, no contiene la voluntad de éstos en comprometerse con su contenido, pues el acto de estampar el signo gráfico correspondiente a su firma o firma electrónica, sirve para que no quede duda acerca de la circunstancia de que las manifestaciones ahí vertidas son de la voluntad de la persona que aparece como suscriptor; toda vez que la firma no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento. Resultan aplicables al caso por los motivos que exponen, las tesis siguientes: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE. EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA ES CORRECTO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, POR SER UNA MANIFIESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo firmada por la parte quejosa. Un escrito de demanda presentado sin firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda. El obligar al Juez a otorgar al promovente el término de tres días para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. Por tanto, resulta correcta la conducta del Juez de Distrito al desechar de plano la demanda presentada sin firma de la parte quejosa.". "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO SIN. ES CORRECTO SU DESECHAMIENTO. Según tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un escrito sin firmar, de cualquier naturaleza, a nadie obliga, pues para que tenga validez debe estar firmado o autorizado por alguien que aparezca como responsable de su contenido. De acuerdo con lo anterior, es lícito desechar una demanda de amparo que carece de la firma del solicitante, sin que sea óbice el que haya firmado un ocurso por el que exhibió la demanda, porque es precisamente en ésta en la que debe constar la firma del quejoso puesto que en la demanda es en la que se solicita la protección constitucional y en la que se expresan los elementos necesarios para que la solicitud sea eficaz.". Sin que en el presente asunto se actualice la excepción a que se refiere el artículo 109 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 15 de ese ordenamiento legal, pues como ya se precisó, los actos reclamados no son de aquellos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales condiciones, al no satisfacerse el principio de instancia de parte agraviada, ni actualizarse algunos de los supuestos de excepción que contempla la norma, se actualiza la causa de improcedencia invocada, por lo que SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de cuenta por su notoria e indudable improcedencia, con excepción de los actos que se atribuyen a este Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Por otro lado, en estricto cumplimiento a la determinación de cuenta dictada en el conflicto competencial 33/2021, antes precisado, en la que se destaca que si de la verificación de los registros no se cuenta con alguna causa penal contra los quejosos, y se constata que el suscrito no es autoridad responsable, por lo que se debe avocar al conocimiento. Ante tales circunstancias, conviene precisar que del análisis de la demanda, se aprecia que la promovente no redactó los antecedentes de los actos reclamados que atribuyen al suscrito, ni de los registros que se llevan en este órgano jurisdiccional se integra causa penal alguna en contra de los directos justiciables. De tal suerte, que los actos que se atribuyen, se hace en carácter de Juez de control constitucional. Partiendo de lo anterior, en términos del artículo 80 de la ley de la materia, en el juicio de amparo sólo se admitirán los recursos de revisión, queja y reclamación; y tratándose del cumplimiento de sentencia, el de inconformidad; siendo esto así, contra lo actuado por un Juez de distrito en materia de amparo, proceden tales recursos como medio de impugnación vertical, a modo de revisar la actuación del juzgador. En ese tenor, se actualiza motivo de improcedencia, ya que se insiste, contra las actuaciones del suscrito proceden los recursos mencionados y no una demanda independiente o autónoma; asimismo, el suscrito no tiene la calidad de autoridad responsable atendiendo a su calidad de juez de control constitucional. En tales condiciones, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de cuenta por su notoria e indudable improcedencia. Domicilio de los quejosos Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de este órgano jurisdiccional, toda vez que no fue señalado domicilio para oír y recibir notificaciones. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    (Cédula de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno a los quejosos, el cual en lo conducente dice:" Ciudad de México, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio y anexo que remite el Actuario del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el que se remite testimonio de la resolución aprobada en sesión ordinaria virtual de veintiuno de octubre último, dictada en el conflicto competencial CCA-33/2021, formado con motivo del conflicto planteado con el presente asunto; sentencia en la que se determinó: "PRIMERO. No existe conflicto competencial. SEGUNDO. Remítase la demanda de amparo promovida por YOANNA FONSECA VALENCIA en representación CARLOS ALBERTO ANGELINO BARRÓN y HUGO MELCHOR NIETO al Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.". Ahora bien, en virtud de lo expuesto por la Superioridad este órgano jurisdiccional, hace constar que de una consulta realizada en los libros de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, no existe alguna causa penal seguida en contra de los citados quejosos; en ese sentido, este juzgado federal se avoca al conocimiento de la citada demanda de amparo. Acúsese recibo de estilo correspondiente. Fijación de litis En la especie los actos reclamados por los quejosos se hacen consistir en: a) La omisión de investigar y sancionar actos de extorción de Nury Mariene Trujillo Francisco contra el quejoso. b) La omisión de proporcionar asesoría y ayuda al quejoso como victima c) La omisión de restringir el acceso a la penitenciaria de Nury Mariene Trujillo Francisco para evitar daños al quejoso. d) Discriminación por condición. e) Inaplicabilidad de criterios internacionales pro persona. f) Violación al principio pro hominem. Los cuales atribuyen a las autoridades responsables siguientes: Directorio de la Penitenciaría de la Ciudad de México. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Secretaria de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México. Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México. Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. Presidente de México. Secretaria de Gobernación. Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Jueces Primero a Décimo Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 10) Jueces de Distrito en los Estados de Aguascalientes, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo. Pronunciamiento sobre la suspensión de plano De las constancias que obran en autos, se advierte que mediante proveído de veintiuno de julio pasado, el Juzgado de Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, determinó que no resultaba procedente conceder la suspensión de plano de los actos que se combaten, por lo que al existir pronunciamiento sobre ese tópico no resulta dable abordarlo nuevamente; máxime que este juzgador comparte lo ahí determinado. Al respecto conviene señalar que el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, en el referido proveído determinó que los actos reclamados, no se ubican en las hipótesis establecidas en los numerales 22 y 15 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la legislación aplicable, respectivamente, ya que los justiciables no quedan sin defensa, dado que disponen de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución, por lo que consideró que se trata de actos emitidos dentro de procedimiento. Asimismo, en relación con los diversos precisados como discriminación por condición, violación al principio pro hominem, e inaplicabilidad de criterios internacionales pro hominem, expuso que tampoco son actos que se encuentren en los supuestos establecidos por el numeral 22 de nuestra carta magna, pues en la demanda no se señaló, ni siquiera indiciadamente, que los actos de discriminación por condición, sean equiparables a los prohibidos en el citado artículo 22 constitucional, aunado a que se omitió señalar en qué consisten o cómo se han materializado dichos actos portas autoridades que se señalan como responsables, postura que comparte el suscrito juzgador. Desechamiento Puntualizado lo anterior, al ser de estudio preferente se advierte que en el presente asunto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, y con el diverso numeral 6o., de la ley de la materia, con excepción de los actos que se atribuyen a este Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Como se ve, el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente escritos en calidad de promovente, debidamente firmados, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital o firma electrónica, pues de no hacerlo así, no se insta a este órgano jurisdiccional para que conozca y estudie las manifestaciones vertidas, porque un escrito, cualquiera que sea la naturaleza del mismo, sin firma autógrafa, electrónica o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello, tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del Juez mediante una prevención. Así, si el escrito de demanda promovido por YOANNA FONSECA VALENCIA en representación CARLOS ALBERTO ANGELINO BARRÓN y HUGO MELCHOR NIETO carece de firmas autógrafas o electrónicas; es indudable que, no contiene la voluntad de éstos en comprometerse con su contenido, pues el acto de estampar el signo gráfico correspondiente a su firma o firma electrónica, sirve para que no quede duda acerca de la circunstancia de que las manifestaciones ahí vertidas son de la voluntad de la persona que aparece como suscriptor; toda vez que la firma no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento. Resultan aplicables al caso por los motivos que exponen, las tesis siguientes: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE. EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA ES CORRECTO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, POR SER UNA MANIFIESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo firmada por la parte quejosa. Un escrito de demanda presentado sin firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda. El obligar al Juez a otorgar al promovente el término de tres días para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. Por tanto, resulta correcta la conducta del Juez de Distrito al desechar de plano la demanda presentada sin firma de la parte quejosa.". "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO SIN. ES CORRECTO SU DESECHAMIENTO. Según tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un escrito sin firmar, de cualquier naturaleza, a nadie obliga, pues para que tenga validez debe estar firmado o autorizado por alguien que aparezca como responsable de su contenido. De acuerdo con lo anterior, es lícito desechar una demanda de amparo que carece de la firma del solicitante, sin que sea óbice el que haya firmado un ocurso por el que exhibió la demanda, porque es precisamente en ésta en la que debe constar la firma del quejoso puesto que en la demanda es en la que se solicita la protección constitucional y en la que se expresan los elementos necesarios para que la solicitud sea eficaz.". Sin que en el presente asunto se actualice la excepción a que se refiere el artículo 109 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 15 de ese ordenamiento legal, pues como ya se precisó, los actos reclamados no son de aquellos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales condiciones, al no satisfacerse el principio de instancia de parte agraviada, ni actualizarse algunos de los supuestos de excepción que contempla la norma, se actualiza la causa de improcedencia invocada, por lo que SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de cuenta por su notoria e indudable improcedencia, con excepción de los actos que se atribuyen a este Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Por otro lado, en estricto cumplimiento a la determinación de cuenta dictada en el conflicto competencial 33/2021, antes precisado, en la que se destaca que si de la verificación de los registros no se cuenta con alguna causa penal contra los quejosos, y se constata que el suscrito no es autoridad responsable, por lo que se debe avocar al conocimiento. Ante tales circunstancias, conviene precisar que del análisis de la demanda, se aprecia que la promovente no redactó los antecedentes de los actos reclamados que atribuyen al suscrito, ni de los registros que se llevan en este órgano jurisdiccional se integra causa penal alguna en contra de los directos justiciables. De tal suerte, que los actos que se atribuyen, se hace en carácter de Juez de control constitucional. Partiendo de lo anterior, en términos del artículo 80 de la ley de la materia, en el juicio de amparo sólo se admitirán los recursos de revisión, queja y reclamación; y tratándose del cumplimiento de sentencia, el de inconformidad; siendo esto así, contra lo actuado por un Juez de distrito en materia de amparo, proceden tales recursos como medio de impugnación vertical, a modo de revisar la actuación del juzgador. En ese tenor, se actualiza motivo de improcedencia, ya que se insiste, contra las actuaciones del suscrito proceden los recursos mencionados y no una demanda independiente o autónoma; asimismo, el suscrito no tiene la calidad de autoridad responsable atendiendo a su calidad de juez de control constitucional. En tales condiciones, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de cuenta por su notoria e indudable improcedencia. Domicilio de los quejosos Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de este órgano jurisdiccional, toda vez que no fue señalado domicilio para oír y recibir notificaciones. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese personalmente.".

  4. Principal

    Ciudad de México, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual informa que se admitió a trámite el conflicto competencial planteado por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, registrándolo bajo el número C.C.A. 33/2021; circunstancia de la que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

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