Carlos Alberto Alvarado Vázquez

Expediente 187/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 20 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
187/2021
Año
2021
Actuaciones
20
Última actuación
24/10/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Alvarado Vázquez
  • Antonio Trugeque Valdez
  • Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos
  • Luis Ocampo Rocha

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se ordenó la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el nueve de marzo de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Carlos Alberto Alvarado Vázquez, Antonio Trugeque Valdez, Luis Ocampo Rocha, Julio Cesar Hernández Dorantes, Fernando Esquivel Silva, Yolanda Rosales Reyes, Karen Cid Rück, Alejandra Yunely Salgado Luna y Karla Paulina Garay Estrada, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridad responsable. ° Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. ° Directora Administrativa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Acto reclamado: ". La cancelación, modificación y disminución de las remuneraciones del personal y/o servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, establecidas en el tabulador salarial aprobado por el Congreso del Estado mediante decreto número mil ciento cinco, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos, en su edición número 5899 de fecha 31 de diciembre del año 2020. La ilegal disminución en el pago y asignación de la remuneración económica como la de nuestros compañeros realizada a partir del mes de enero del año en curso, toda vez que no existe disposición jurídica alguna que permita o faculte al Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos para modificar y disminuir la remuneración establecida al puesto que ostentamos conforme al tabulador aprobado por el Congreso mediante el decreto número mil ciento cinco, por el que se aprueba el presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" órgano de difusión oficial del Gobierno de Estado de Morelos, en su edición número 5899, de fecha 31 de diciembre del año 2020; lo cual afecta nuestros derechos fundamentales y humanos de protección al salario y su progresividad para un nivel de vida digno y adecuado, así como también se traduce en afectaciones irreparables que sufriremos en nuestros ingresos, y a la subsistencia de nuestra persona y la de nuestra familia o dependientes económicos, pues se recalca que de manera ilegal y autoritaria se disminuyó el pago de nuestras remuneraciones sin sustento legal para ello. .Todos los efectos y consecuencias que ha generado su ilegal actuar en términos de los incisos que anteceden. .De la autoridad marcada con el inciso D, reclamo en el ámbito de sus atribuciones. .La materialización en el ámbito de su competencia de las consecuencias de la ilegal modificación y disminución de la remuneración asignada al puesto que ostentamos cada uno de los trabajadores y/o servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, conforme a lo previsto en el tabulador aprobado y emitido por el Congreso del Estado de Morelos mediante el decreto número mil ciento cinco, por el que se aprueba el presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos, en su edición número 5899, de fecha 31 de diciembre del año 2020 a partir del mes de enero del año en curso.". SEGUNDO. El once de marzo de dos mil veintiuno, esta autoridad radicó el asunto con el número de expediente 187/2021, y desechó la demanda de amparo. TERCERO. Mediante escrito de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, la parte quejosa interpuso recurso de queja, recurso que esta autoridad tuvo por interpuesto el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. CUARTO. Mediante oficio recibido el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, signado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Décimo Octavo Circuito, por el que remitió ejecutoria del veintiuno de octubre de dos mi veintiuno, en la que se determinó como fundado el recurso de queja. QUINTO. Por auto de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó agregar el oficio del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, y en acatamiento a la ejecutoria esta autoridad admitió, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. SEXTO. Mediante escrito presentado el tres de febrero de dos mil veintidós, en el buzón oficial y remitido al día hábil siguiente, la parte quejosa a través de su autorizada promovieron ampliación de demanda, en contra de la autoridad y actos siguientes: Autoridad responsable. ° Congreso del Estado de Morelos. Actos reclamados. ".omisión de asignar, verificar y aprobar los recursos económicos y/o la partida presupuestal requerida a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en el Decreto Número Mil Ciento Cinco, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, que le permitan cumplir a la citada Comisión de Derechos Humanos del Estado, con el pago de las remuneraciones de la suscrita y demás personal conforme al tabulador salarial que le fue aprobado por el propio Congreso. .omisión de realizar los actos legislativos necesarios para garantizar nuestro derecho humano a recibir las remuneraciones salariales que el propio Congreso aprobó, conforme a sus atribuciones en la materia. .omisión de asignarle, garantizar y/o dotar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de los recursos económicos y/o partidas presupuestales suficientes que le hagan posible cumplir con el pago de las percepciones salariales de la suscrita y demás trabajadores determinados por el propio Congreso mediante el Tabulador autorizado en el Decreto Número Mil Ciento Cinco, por el que se aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021". SEPTIMO. Por auto de ocho de febrero de dos mil veintidós, esta autoridad admite la ampliación de demanda, requiere informe justificado a la autoridad señalada como responsable, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte promovente del amparo reclama la cancelación, modificación y disminución de remuneraciones económicas, establecidas en el tabulador salarial aprobado por el Congreso del Estado de Morelos, mediante decreto número mil ciento cinco, por el que se aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, en su edición 5899, del treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompaña a su informe justificado; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aún de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional lo aleguen o no las partes de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Debido a ello, se procede al estudio de las causas de improcedencia que, de oficio, se advierten actualizadas en este juicio de amparo en relación con los actos reclamados. En primer lugar el acto reclamado relativo al Decreto mil ciento cinco, por el que se aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, en su edición 5899, del treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, se planteó como heteroaplicativo. Asimismo, es necesario recordar que no se demostró el acto de aplicación del decreto reclamado. En vista de lo anterior, se examinará la procedencia del juicio de acuerdo con la siguiente metodología: por un lado, se hará el pronunciamiento en relación con el Decreto por el que se aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno; y, por otro lado, se analizará la procedencia del reclamo en función del acto de aplicación del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, en su edición 5899, del treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. Finalmente, se hará un pronunciamiento en relación con el planteamiento de inconstitucionalidad respecto del tabulador salarial materia de acto reclamado respecto de la modificación y disminución salarial implementada a los hoy quejosos. Respecto del acto reclamado relativo al decreto número mil ciento cinco, por el que se aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno de Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos, en su edición 5899, de fecha treinta y uno de diciembre del dos mil veinte, en su carácter de normas heteroaplicativas. Este Juzgado Federal, advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo (no fue acreditado el acto de aplicación del Decreto mil ciento cinco por el que se aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos, en su edición número 5899, de fecha treinta y uno de enero de dos mil veinte. Es importante señalar que cuando se promueve un juicio de amparo indirecto en contra de una ley, reglamento o norma general con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación, por lo que debe proceder, por regla general, de la siguiente manera: 1. Verificar si en relación con el pretendido acto de aplicación no se actualiza una causa de improcedencia; pues de ser así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada; 2. Luego, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, deberá analizarse, en su caso, la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas; y, 3. En el supuesto de que se determine negar el amparo o sobreseer en el juicio por lo que corresponde a la disposición impugnada, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios contra el pretendido acto de aplicación, esto último como aspectos propiamente de legalidad y no de constitucionalidad de normas generales. Es ilustrativa, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 235, Tomo XII, agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN." Precisado lo anterior, en la especie opera la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados que a continuación se enuncian: El artículo de improcedencia invocado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.". Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;.". El interés jurídico o legítimo a que alude el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de sus derechos humanos y de las garantías otorgadas para su protección, en su perjuicio; se refiere al derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio, una ofensa o daño en los derechos o intereses del particular, en su caso, que exista un acto de aplicación en contra de una norma de carácter general posterior a su vigencia. Estos conceptos se vinculan con uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, del agravio personal y directo, que explica que la acción constitucional solo podrá ser promovida por aquella persona física o moral, que se vea afectada en su esfera jurídica por un acto de autoridad. Es necesario establecer que para promover un juicio de amparo, al atender a la naturaleza del acto que se reclama, es necesario demostrar la existencia de ese derecho en su haber patrimonial o jurídico y, por otra parte, el perjuicio que al mismo ocasione el acto autoritario, lo que legitima al gobernado para acudir ante el órgano de control constitucional demandando el respeto a sus derechos. Debe indicarse que el análisis de la procedencia del juicio de amparo contra normas generales, debe partir, necesariamente, del examen de su naturaleza para determinar la oportunidad y condiciones en que pueden reclamarse, por lo que es preciso considerar que en ese ámbito se clasifican de la siguiente manera: ° Leyes autoaplicativas: se caracterizan por tener disposiciones que vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia y, por ende, admiten la procedencia de la vía constitucional desde que entran en vigor, pues desde ese momento crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, dado que las obligaciones derivadas de éstas surgen con independencia de la actualización de condición alguna y pueden reclamarse en dos distintos momentos: el primero, dentro del plazo de treinta días computado a partir del día en que entró en vigor, según lo previsto en el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo; y, el segundo, dentro de los quince días siguientes a la actualización de alguna hipótesis prevista en el aludido precepto. ° Leyes heteroaplicativas: se distinguen porque obligan al gobernado al cumplimiento de obligaciones de hacer o no hacer, mediante la actualización de un perjuicio que surge con un acto de su aplicación, y pueden reclamarse sólo en una oportunidad a través del juicio de amparo indirecto, dentro del plazo de quince días siguientes al de su acto de aplicación. Esto es, que solo puede cuestionarse su constitucionalidad ante la actualización de su primera aplicación concreta, explícita o implícita en perjuicio del gobernado y no con motivo de ulteriores aplicaciones. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia P. 55/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Julio de 1997, página 5, de rubro siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA". De lo anterior se desprende la clasificación de las leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, sobre el concepto de individualización incondicionada de las leyes. Las primeras admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento de su entrada en vigor, porque se trata de ordenamientos que por el imperativo que las mismas contienen, generan perjuicio al gobernado, por su sola creación, transformación o extensión de situaciones concretas de derecho. Este concepto de individualización da una base firme para determinar la procedencia del juicio constitucional, ya que basta examinar en cada caso particular cuando la concretización de los efectos de una disposición legal puede tener lugar incondicionada o condicionadamente; esto es, que la condición puede consistir en la expedición de un acto necesario para que la ley adquiera individualización de actos administrativos o jurisdiccionales de aplicación de la norma, o incluso de un hecho jurídico como suceso independiente de la voluntad humana o bien de un acto jurídico realizado por el propio particular, dado que tal acontecimiento o acto voluntario determina la colocación de una persona dentro de la hipótesis legal. Atendiendo al concepto de individualización incondicionada de las leyes, cuando las obligaciones que impone la ley de un hacer o no hacer al particular no nacen a partir de la entrada en vigor de la misma, porque no son de acción automática, puesto que con su sola expedición no se crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, eficacia inherente exclusivamente a las leyes de individualización incondicionada. Por el contrario, necesita para causar un perjuicio de un acto que condicione la aplicación de la norma a las situaciones jurídicas concretas ya sea por actuación del particular o del Estado, no se trata de leyes autoaplicativas, sino de leyes heteroaplicativas, porque la afectación que éstas irroguen al gobernado, está condicionada a la existencia necesaria de la aplicación de la norma o del acreditamiento del particular de realizar el acto condición para estar dentro del supuesto de la misma, ya que de no adoptar tal conducta, los efectos de la ley no le son aplicados jurídica y materialmente. Bajo este contexto, del análisis integral a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa combate el decreto con motivo de su primer acto de aplicación. Sin embargo, las pruebas exhibidas en el sumario no demostraron su aplicación; por tanto, se estima que el juicio de amparo es improcedente respecto a dichos Decretos. En efecto, en el caso, los quejosos únicamente probaron que ocupan los cargos siguientes: Karla Paulina Garay Estrada (Auxiliar Jurídico), Alejandra Yunely Salgado Luna (Auxiliar Jurídico), Karen Cid Rück (Jefa de la Unidad de Seguimiento a Recomendaciones y Solicitudes, Yolanda Rosales Reyes (Auxiliar Jurídico), Fernando Esquivel Silva (Auxiliar Jurídico), Julio Cesar Hernández Dorantes (Auxiliar Jurídico), Luis Ocampo Rocha (Auxiliar Jurídico), Antonio Trugeque Valdéz (Auxiliar Jurídico), Carlos Alberto Alvarado Vázquez (Auxiliar Jurídico), como se advierte de los documentos que acompañó al escrito inicial de demanda, consistentes entre otros, en los nombramientos firmados por el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Documentos a los que se les reconoce valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 202 y 210-A, y las que resulten aplicables del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. A mayor abundamiento, como se señaló previamente, la modificación del tabulador salarial del personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos que señala fue aprobado por el Congreso del Estado de Morelos mediante decreto mil ciento cinco, y que es consecuencia del mencionado decreto que aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, (el cual hizo consistir en el acto de aplicación), no está acreditado que fuera el fundamento para que se tomara el acuerdo correspondiente a cargo del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, lo que hace evidente que no quedó acreditado el acto de aplicación; en este orden, como quedó precisado, no acreditó el acto de aplicación de la normatividad reclamada, puesto que de lo que en esencia se duele la parte quejosa es de la disminución de sus remuneraciones. Así, es posible concluir que no quedó acreditado el acto de aplicación, y que no es factible analizar de manera aislada y autónoma el Decreto por el que se aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, publicado el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, dado que el reclamo del decreto en su caso se planteó como heteroaplicativo. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del referido artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en la fracción V del diverso numeral 63 de la legislación de la materia, procede decretar el sobreseimiento sobre el particular. Por otro lado, en relación al acto concreto de la disminución de las remuneraciones derivado de la modificación al tabulador salarial por parte de las autoridades señaladas como responsables, resulta improcedente por las siguientes consideraciones: Ahora bien, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone: "El juicio de amparo es improcedente... XX.- "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.". De lo anterior, se desprende que en términos de la aludida fracción XX, del ordinal 61, de la Ley en comento, para que se surta la improcedencia del juicio de amparo es necesario que se actualicen las siguientes hipótesis: 1.- Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo. En el caso, los actos reclamados se atribuye al Consejo Consultivo, el Presidente y la Directora Consultiva todos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos; esto es, el acto tildado de inconstitucional proviene de autoridades distintas a los Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo, actualizándose la primera hipótesis contenida en el dispositivo 61, fracción XX, de la Ley de la materia. 2.- Que la ley conceda algún recurso, juicio o medio de defensa por el cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, o deban ser revisados de oficio. En la especie, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, prevé un procedimiento para el caso en concreto: ".Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general y obligatoria para el Gobierno Estatal y los Municipios del Estado de Morelos y tiene por objeto determinar los derechos y obligaciones de los trabajadores a su servicio. Artículo 2.- El trabajador al servicio del Estado es la persona física que presta un servicio en forma permanente o transitoria, en virtud de nombramiento expedido a su favor por alguno de los Poderes del Estado, por un Municipio, o por una Entidad Paraestatal o Paramunicipal. Tienen ese mismo carácter quienes laboran sujetos a lista de raya o figuran en las nóminas de las anteriores instituciones. Artículo 8.- Esta Ley regirá las relaciones laborales entre los Poderes del Estado o los Municipios con sus trabajadores de base. Los empleados de confianza y los eventuales sólo tendrán los derechos que les sean aplicables de acuerdo con esta Ley y la costumbre. Artículo 14.- El nombramiento aceptado obliga al cumplimiento de las condiciones fijadas en él y a las consecuencias que sean conforme a la buena fe, al uso o a la Ley. Artículo 15.- Serán condiciones nulas y no obligarán a los trabajadores aún cuando las admitieren expresamente: I.- Las que estipulen una jornada mayor de la permitida por esta Ley; II.- Las que fijen labores peligrosas o insalubres para las mujeres y menores de18 años o que establezcan para unos u otros el trabajo nocturno; III.- Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva o peligrosa para la vida del trabajador, para la salud de la trabajadora embarazada o para el producto de la concepción; IV.- Las que fijen un salario inferior al mínimo; V.- Las que estipulen un plazo mayor de 15 días para el pago de los salarios; y VI.- La renuncia del trabajador a cualquier derecho o prerrogativa derivada de los ordenamientos legales aplicables." De la anterior transcripción de los preceptos invocados, se advierte con claridad la improcedencia, en virtud de que en contra del acto que reclama la parte peticionaria de amparo, procede el juicio laboral, que debiera promoverse ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, conforme a lo dispuesto por los ordinales 1,2,3, 8, 14 y 15 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, procedimiento en el cual la parte quejosa puede hacer valer lo que en esta instancia reclama; motivo por el cual se actualiza la hipótesis contenida en la fracción XX, del ordinal 61, de la Ley de la materia. Esto es así, en atención a que si una persona impugna en la vía constitucional un acto de autoridad como el que aquí se analiza, sin acudir previamente al juicio ordinario laboral, opera la causal de improcedencia aplicada en el caso, al no cumplirse con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Debe mencionarse además, que para que el gobernado esté obligado a agotarlo, sólo se requiere que exista una ley que prevea un recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados. Así las cosas, la falta de que cubran y mantengan las remuneraciones signadas y aprobadas, no implica un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo en los términos expresados, sino una determinación de carácter laboral derivada del patrón de la parte quejosa, por lo que, cualquier cuestión que surja en relación a los conflictos individuales que se relacionen con la falta de pago o su disminución, debe ser ventilada ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, a través del juicio laboral ordinario, como así se colige del artículo 114 de la Ley de Servicio Civil del Estado, ello porque dicha omisión de realizar el referido pago, es un derecho que se incorpora a la esfera jurídica de los trabajadores burocráticos como consecuencia de la relación laboral que tiene con el Estado y sus Municipios. Por ello, la parte quejosa se inconforma con la omisión de las autoridades que señala como responsables de que cubran y mantengan las remuneraciones signadas y aprobadas, lo procedente es que acuda ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, a promover demanda laboral ordinaria, por ser esta la autoridad legalmente competente para resolver la controversia que plantea ante este Órgano de Control Constitucional. En atenciones a las consideraciones ya plasmadas, y para mayor abundamiento del tema, se precisa que el Estado tiene una doble personalidad, por un lado como ente de derecho público, cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados y la otra en su calidad de persona moral sujeto de derecho privado, es decir, como particular, como es el caso particular de cuestiones reguladas por el derecho laboral, donde deberán acudir a los tribunales ordinarios para defender sus derecho en un plano de coordinación y no de supra o subordinación. Aunado a lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó que conforme al artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Derechos Humanos es un órgano constitucional autónomo, y que la relación con sus empleados en caso de conflicto laboral, deberá dirimirse en el Tribunal Federal Laboral. A todo lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 197/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 565, Materia Laboral, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. ES COMPETENTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS QUE SE SUSCITEN CON SUS TRABAJADORES. Conforme al artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un órgano constitucional autónomo, que conforme al artículo 74 de su ley refiere que el personal que preste sus servicios a la Comisión citada se regirá por las disposiciones del apartado B del numeral 123 de la Constitución Federal y por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; apartado y numeral de la constitución en los que se dispone que los conflictos individuales serán sometidos al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. En ese sentido, se concluye que los suscitados entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sus trabajadores debe resolverlos el indicado Tribunal, sin que sea óbice que el apartado B del artículo 123 constitucional sólo haga referencia a las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal con sus respectivos trabajadores, ya que con independencia de ello, el Congreso de la Unión, en el mencionado artículo 74 estableció expresamente que las relaciones laborales de ésta con sus trabajadores se regirán por ese apartado, además de que el precepto legal en mención no ha sido declarado inconstitucional, por lo que su aplicación es obligatoria, al gozar la ley de la presunción de constitucionalidad a su favor.". Asimismo, la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), de Tribunales Colegiados de Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, página 1639, Materia Común, Laboral, Décima Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo.". Además, la tesis 2a. CXVII/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo IV, Diciembre de 1996, página 220, Materia Laboral, Constitucional, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE SAN LUIS POTOSI CONOCER DE LOS CONFLICTOS LABORALES ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS TRABAJADORES. La indicada Junta es competente, en términos de los artículos 2o. de la Ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y 1o. del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de las Autoridades de San Luis Potosí, para conocer de las controversias laborales en que la citada Comisión sea parte, toda vez que del análisis pormenorizado del decreto de creación de ese organismo público descentralizado no se estableció que las relaciones de trabajo entre éste y sus trabajadores se normen por lo dispuesto en el referido estatuto; por el contrario, en el artículo 62 del decreto de creación en estudio se establece que: "El personal que preste sus servicios a la Comisión Estatal de Derechos Humanos se regirá por las disposiciones del apartado 'A', del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicho personal quedará incorporado al régimen del Instituto Mexicano del Seguro Social"; además, tampoco se surten las hipótesis previstas en los artículos 123, apartado "A", fracción XXXI constitucional, ni 527 de la Ley Federal del Trabajo, para dirimir la competencia a favor de las autoridades federales.". Por tanto, no estando en el caso ante actos que tengan el carácter de definitivos, ello en términos del numeral 61, fracción XX, de la Ley reglamentaria del juicio de amparo en relación con los numerales 1° y 5°, fracción II, de la legislación antes invocada, en consecuencia, procede sobreseer el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63 fracción V del ordenamiento en cita. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Erik Calderón Ocampo, hasta hoy veintinueve de junio de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta de mayo de dos mil veintidós Visto que el expediente del que deriva el presente juicio de amparo se encuentra con audiencia celebrada se ordena formar cuadernillo correspondiente y una vez que se cuente con el expediente principal, glósense a los autos las actuaciones que en original obren en el presente cuaderno provisional. Ahora bien, agréguese a los autos el escrito signado electrónicamente por Luis Ocampo Rocha, parte quejosa en el presente juicio, mediante el cual solicita se le informe el estado procesal que guarda el presente juicio. En ese sentido, se hace de su conocimiento que por auto de treinta de marzo de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional, por lo que el expediente se encuentra en estudio para dictar el fallo correspondiente. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a quince de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio, se advierte que por acuerdo de nueve de marzo del presente año, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, por lo que no ha transcurrido el plazo de ocho días establecido en el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, que debe mediar entre la fecha de notificación a las partes de dicho informe y la de celebración de la audiencia constitucional; en consecuencia, se difiere la misma y se fijan las DIEZ HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS para su celebración. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 29/98, visible en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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