Carlos Alamán Bueno

Expediente 909/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 18 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
909/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Carlos Alamán Bueno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el escrito signado por el quejoso Carlos Alamán Bueno, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. Al respecto, téngase por hechas las manifestaciones que vierte para los afectos legales a que haya lugar, y en atención a las mismas, así como al estado procesal que guardan los autos, a criterio de quien resuelve, se advierte que a la fecha no se encuentra totalmente cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el expediente en que se actúa, en atención a que, si bien es cierto la responsable dejó insubsistente el acuerdo de doce de agosto de dos mil veintiuno, de donde derivaron los oficios reclamados FEMDO/UEIDCS/1036/2021 y FEMDO/UEIDCS/1037/2021, y que mediante oficio con terminación 5937/2023 de trece de noviembre de dos mil veintitrés, Juan Carlos Castillo Figueroa, Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, con residencia en la Ciudad de México, remitió copia certificada del acuerdo de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, proveído que fue notificado al quejoso. Esto es, una vez analizadas dichas actuaciones, se desprende que la responsable, realizó de nueva cuenta el estudio sobre el interés jurídico que carece la parte quejosa en indagatoria de donde derivó el acto reclamado y de ello deviene la incertidumbre legal de emitir acuerdo de fondo a la solicitud de la parte quejosa. Sin embargo, la autoridad responsable dejó de advertir que dicha situación ya fue superada, es decir, ya fue materia de estudio en la ejecutoria de amparo donde se reitera que la parte quejosa sí acreditó la propiedad del inmueble materia del acto reclamado, tan es así que se concedió el amparo y protección en el presente juicio. Por ello, se considera que a la fecha no atiende los lineamientos señalados en la ejecutoria protectora, ya que muy independiente de la propiedad del inmueble, se advierte que la responsable no ha dado un estudio apegado a los efectos del amparo donde en lo conducente se le señaló lo siguiente: ":..Por lo que se advierte del estudio integral de la resolución reclamada que solo se limitó a referir que se trata de un instrumento del delito y por esa razón niega la devolución sin dar mayores elementos para que la parte quejosa se encuentra en aptitud de defenderse, sin que obste que básicamente señala que no se acreditó la legitima propiedad del inmueble en cuestión, por ser una cuestión totalmente independiente de las razones del aseguramiento de un inmueble conforme a las facultades de la autoridad investigadora. En resumen, de la resolución que remitió el fiscal responsable no se encuentra justificado el motivo del porqué deba seguir asegurado el bien inmueble, ni tampoco se advierte diversa o alguna diligencia pendiente por desahogar en ese inmueble, que explique continuar con esa medida, mucho menos del oficio notificado al hoy quejoso a través de su autorizado, donde únicamente se limitó a negar la devolución, sin exponer mayor razonamiento, ni tampoco que en dicha notificación le fuera entregado copia de la resolución que se relacionó y donde resuelve negar la devolución materia de los oficios reclamados. Lo anterior se afirma, porque después de llevarse a cabo el aseguramiento mencionado, era su deber constitucional realizar con la prontitud posible las investigaciones necesarias a efecto de esclarecer los hechos denunciados, empero, contrario a ello y de acuerdo a las documentales allegadas, en particular de la resolución y oficios reclamados no se aprecia diligencia pendiente por desahogar o la descripción de la necesidad de evitar que ciertos objetos o instrumentos relacionados ubicados en el inmueble estén en riesgo de alterarse, destruirse, ocultarse o que desaparezcan. Entonces, como ya se vio, la resolución y por tanto los oficios reclamados derivan de la imposición de la medida cautelar decretada en estudio la cual ha estado vigente durante aproximadamente catorce años, en que la autoridad responsable ha tenido el tiempo suficiente para realizar las investigaciones respectivas respecto dicho inmueble y el aseguramiento al ser una medida provisional, no puede prolongarse en exceso de tiempo, dando como resultado que la persona que tenga derechos sobre el inmueble se encuentre en incertidumbre jurídica respecto de dicho acto de molestia. Luego entonces, de la resolución reclamada no se desprenden los motivos y fundamentos para mantener asegurado un inmueble indeterminadamente, menos aun y, cuando se omita mencionar qué actos de investigación resultarían necesarios para el esclarecimiento de los hechos que se investigan. Partiendo de estas consideraciones resulta inconcuso que el acto reclamado es violatorio de la garantía de seguridad jurídica, ya que la finalidad de dicha medida provisional materia de la resolución reclamada, es esclarecer los hechos investigados, pero ese logro no se garantiza con el aseguramiento de la finca materia de este amparo. Además, no debe olvidarse que el efecto de tener un bien inmueble asegurado consiste en que llegado el momento se debe poner a disposición de la autoridad judicial para garantizar, por un lado, la comprobación del hecho delictivo y la probable intervención del imputado en su comisión y, por otro, la eventual reparación del daño o el cumplimiento de la pena de decomiso que en su caso se dictara, de ahí que por su naturaleza se trate de una medida provisional o cautelar. Así, el simple transcurso del tiempo no propicia el esclarecimiento de los hechos, por el contrario, los dificulta al desvanecerse las huellas que pudieran existir; de ahí que si se decreta el aseguramiento por tiempo indefinido o su temporalidad se prolonga excesivamente, es contrario a su naturaleza provisional o transitoria, lo que provoca efectos secundarios a los pretendidos violando los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica en contra del propietario del predio afecto a la investigación. Partiendo de estas consideraciones resulta inconcuso que el acto reclamado es violatorio del derecho de seguridad jurídica, ya que la finalidad de dicha medida provisional contenida o que sustenta la resolución reclamada, es con el objeto de allegarse de elementos probatorios que servirían para determinar la devolución o no del citado inmueble. Por lo tanto, y con base a las consideraciones de la presente resolución, la autoridad responsable deberá de analizar en todo caso, si procede o no una devolución provisional del referido predio a quien acredite tener su titularidad, o deba o no continuar asegurado y a disposición de la autoridad ministerial correspondiente. Lo antes precisado, resulta necesario, pues además se trata de un bien cuya naturaleza no es de fácil ocultación y en su caso, en ciertas situaciones se puede otorgar la posesión a la parte que justifique su propiedad o a quien considere tiene mejor derecho sobre el predio, pero con la seguridad de que esa persona no puede disponer del bien para ser enajenado o transmitido a terceros. En conclusión, no debe olvidarse que el efecto de tener bienes asegurados consiste en que llegado el momento se debe poner a disposición de la autoridad judicial para garantizar, por un lado, la comprobación del hecho delictivo o la probable intervención del implicado; y, por otro, la eventual reparación del daño o el cumplimiento de la pena de decomiso que en su caso se dictara, de ahí que por su naturaleza se trate de una medida provisional o cautelar, lo que significa que en el caso la responsable debe llevar a cabo los actos de investigación que considere necesarios para el esclarecimiento de los hechos en los que se vio involucrado el citado bien o en su caso exponer los motivos que le impiden levantar tal aseguramiento. Dado su contenido jurídico por identidad sustancial, es aplicable la Jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/22 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 2203, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, Materia Constitucional, Penal, Décima Época, con registro 2019849, que dice: "ASEGURAMIENTO DE UN INMUEBLE POR EL MINISTERIO PÚBLICO. SI SE DECRETA EN FORMA INDEFINIDA O SU TEMPORALIDAD SE PROLONGA EXCESIVAMENTE, VIOLA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. El aseguramiento de un inmueble por el Ministerio Público es una medida de carácter provisional o transitoria con la finalidad de esclarecer los hechos materia de la investigación, garantizar la reparación del daño y evitar lesiones a terceros. Así, el simple transcurso del tiempo no propicia el esclarecimiento de los hechos, por el contrario, los dificulta al desvanecer las huellas que pudieran existir. En consecuencia, si se decreta dicha medida cautelar por tiempo indefinido o su temporalidad se prolonga excesivamente (por uno o más años), ello es contrario a su naturaleza provisional o transitoria, lo que provoca efectos contrarios a los pretendidos, es decir, no garantiza la seguridad en el patrimonio de los justiciables, sino que lo afecta sobremanera, lo que, a su vez, viola los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica.". Por ello se considera que la determinación reclamada notificada a través de los oficios reclamados descritos en la presente resolución carece de la debida fundamentación y motivación que debía realizar la autoridad responsable, principalmente en lo relativo al aspecto -temporal- del aseguramiento que decretó y que sustenta la negativa de la devolución del inmueble, esto es, además de expresar los motivos y razones en que sustentó el acto reclamado y deberá justificar la prolongación de la medida de aseguramiento, indicando algún precepto legal que funde esa determinación, por lo que debe conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y emita otra resolución con plenitud de jurisdicción, en la que cumpliera los principios de fundamentación y motivación, para lo cual deberá justificar razonadamente tanto la imposición de la medida de aseguramiento, así como el aspecto temporal.": Por lo anterior, se considera que la determinación emitida por el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, con residencia en la Ciudad de México, carece de la debida fundamentación y motivación, principalmente en lo relativo al aspecto -temporal- del aseguramiento que decretó y que sustenta la negativa de la devolución del inmueble, esto es, además de expresar los motivos y razones en que sustentó el acto reclamado y deberá justificar la prolongación de la medida de aseguramiento. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a Juan Carlos Castillo Figueroa, Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, con residencia en la Ciudad de México, que conoce de la averiguación previa A.P.PGR/SIEDO/UEIDCS/155/2008, para que en el término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: ".emita otra resolución con plenitud de jurisdicción, en la que cumpla los principios de fundamentación y motivación, para lo cual deberá justificar razonadamente tanto la imposición de la medida de aseguramiento, así como el aspecto temporal, resolviendo sobre la necesidad de que el bien inmueble afecto deba seguir asegurado o en su caso la entrega o no del mismo, con base en las reglas establecidas en los artículos 123 Quater, 181 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Penales.": Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Juan Carlos Castillo Figueroa, Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual remite copia certificada del acuerdo de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, que emitió en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, determinación que fue notificada al quejoso el trece de noviembre del presente año. Téngase por hecha la comunicación anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio de cuenta y anexos, y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Juan Carlos Castillo Figueroa, Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual solicita una prórroga para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya que le fue reasignada la indagatoria PGR/SEIDO/UEIDCS/155/2008, además de la voluminosidad de la misma. Al respecto, atendiendo a sus manifestaciones, se concede una prórroga para acatar la ejecutoria protectora, por lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a Juan Carlos Castillo Figueroa, Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, con residencia en la Ciudad de México, para que en el término de diez días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: a).- Señalar fecha prudente en que concluirá los trabajos de investigación en la Averiguación Previa A.P.PGR/SIEDO/UEIDCS/155/2008, referente a la medida decretada el treinta de enero de dos mil ocho, misma que señala debe continuar en auto del uno de marzo de dos mil veintitrés, lo anterior, toda vez que NO PRECISA ASPECTO TEMPORAL DE CONCLUSIÓN de esa investigación; b).- Debido a que sólo se ha limitado a decir que el quejoso en el amparo 1000/2021, carece de personalidad jurídica para poder acreditar la propiedad del inmueble materia de la referida indagatoria, lo cual informó en su diverso oficio FEMDO/FEIDCS/CGD/4037/2023, del siete de julio del año curso; por lo tanto, se hace necesario determine conforme a derecho el destino del bien inmueble asegurado, pues, como lo precisa la ejecutoria de mérito debe: "resolviendo sobre la necesidad de que el bien inmueble afecto deba seguir asegurado o en su caso la entrega o no del mismo."; lo cual, resulta necesario precise con claridad el motivo por el cual no está en posibilidad jurídica de establecer el tiempo de terminación de la investigación, que se lo impide, o bien, con claridad establezca porque determina negar la devolución del inmueble de que se trata, pues no basta con relacionar lo terminado en los juicios de amparo 371/2018 y 1000/2021, puesto que existe contradicción con los motivos que expuso en el acuerdo del uno de marzo de dos mil veintitrés. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Juan Carlos Castillo Figueroa, Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud, mediante el cual en cumplimiento al auto de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, informe que lo correcto es lo señalado en el acuerdo de uno de marzo de dos mil veintitrés, dictado en la averiguación previa A.P.PGR/SIEDO/UEIDCS/155/2008. Al respecto, se tiene por hecha la comunicación anterior para los efectos legales a que haya lugar y dígase que se esté lo ordenado por auto de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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