Carlos Aguirre Morales

Expediente 960/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
960/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
28/11/2018

Partes del expediente

  • Carlos Aguirre Morales
  • Fiscal Tercero Especializado en Delitos cometidos por Servidores Públicos, con sede en Xalapa, Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo de treinta y uno de octubre del año en curso, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, interpusiera el recurso de revisión en su contra, sin que lo hubiera hecho; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al haberse sobreseído fuera de audiencia el presente juicio, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo; en el entendido de que se procederá para tal efecto con posterioridad al VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. Finalmente, toda vez que la autoridad responsable denominada Fiscal Décimo Especializado en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, con sede en esta ciudad, remitió diversas copias certificadas en justificación de su informe, con las que se formaron tres tomos de pruebas por separado, devuélvanse las referidas copias a la mencionada autoridad responsable, toda vez que ya no es necesaria su conservación.

  2. Principal

    Ténganse por recibido el pedimento de cuenta, signado por la Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrita a este Juzgado; en atención a su contenido, agréguese sin mayor proveer, en virtud de que por resolución de treinta y uno de octubre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte quejosa, la determinación que dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por acuerdo de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo por recibida la copia certificada del oficio FGE/FESP/698/2018, de cinco de octubre de dos mil dieciocho, signado por el Fiscal Décimo Especializado en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, con sede en esta ciudad, a través del cual dio contestación al escrito de veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, firmado por el quejoso Carlos Aguirre Morales; en consecuencia, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual contempla lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El precepto invocado prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella. Por tanto, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; esto es, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual forma apoya a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En el caso concreto, el acto reclamado en el presente asunto consiste en la omisión de emitir la correspondiente respuesta a la solicitud de copias certificadas de la determinación ministerial I.M-FESP/041/2015/III-02, del índice del Fiscal Décimo Especializado en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, con sede en esta ciudad, realizada por escrito de veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis; sin embargo, el referido Fiscal Décimo por oficio FGE/FESP/753/2018, de diecinueve de octubre del presente año, remitió copias certificadas de su diverso oficio FGE/FESP/698/2018, de cinco de octubre de dos mil dieciocho, a través del cual determinó que no era procedente acordar de conformidad la petición del aquí quejoso Carlos Aguirre Morales, formulada por escrito de veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis. Por tanto, de las constancias que remitió la autoridad responsable se puede advertir con claridad que el acto reclamado consistente en la omisión de emitir la correspondiente respuesta a la solicitud de copias certificadas de la determinación ministerial I.M-FESP/041/2015/III-02, del índice del Fiscal Décimo Especializado en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, con sede en esta ciudad, realizada por escrito de veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, ha cesado. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto. Sin que sea óbice a lo anterior, la circunstancia de que la Fiscalía responsable no haya podido notificar de forma personal al quejoso en el domicilio que proporcionó, esto es, en la calle Netzahualcóyotl número nueve, colonia Formosa, en esta ciudad, ya que por auto de veintidós de octubre del año cursante, se ordenó notificar al quejoso el referido proveído, corriéndole traslado con las constancias relativas a la respuesta que emitió la autoridad responsable, notificándosele por lista de acuerdos el veintiséis de los cursantes, en virtud de que el veintitrés de los cursantes, el actuario judicial adscrito al constituirse en el domicilio de impetrante de amparo no localizó a persona alguna que atendiera su llamado, por lo que dejó el aviso correspondiente, a fin de que acudiera a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a notificarse personalmente de tal proveído, sin que lo haya hecho. Cabe precisar que en el caso concreto, no procede dar vista a la parte quejosa, para el efecto de que manifieste si es su deseo ampliar la demanda que dio origen al presente asunto, con la contestación realizada por la autoridad que señaló como responsable, de conformidad con el artículo 111 de la Ley de Amparo, puesto que tendría que agotar el recurso previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque los jueces de control, conforme al artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Carta Magna, deben garantizar los derechos de los indiciados, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho, de ahí que la respuesta emitida por la autoridad responsable, es decir, la determinación de no acordar favorable la expedición de copias de la carpeta de investigación supracitada, en caso de que el aquí quejoso considere que le irroga un agravio deberá acudir ante el Juez de Control a efecto de impugnar dicha actuación. Sirve de apoyo al caso que se analiza la jurisprudencia 1a./J.27/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." (Lo subrayado es propio) Igualmente tiene aplicación al caso concreto la tesis aislada I.6o.P.123 (10a), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que a la letra dice: "ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LA OMISIÓN O NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PROVEER SOBRE LAS PETICIONES DEL IMPUTADO O SU DEFENSOR, DEBE AGOTARSE EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que durante la etapa de investigación de un delito, tanto el imputado, cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su defensor, como la víctima u ofendido del delito, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; de ahí que si la autoridad ministerial es omisa o se niega a proveer sobre las peticiones del imputado o su defensor, dicho acto no es privativo de la libertad, sino de molestia, por ello éstos tienen derecho a inconformarse ante la autoridad judicial, en términos del artículo 258 del propio código, que establece que las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, entre otras, pueden impugnarse ante el Juez de Control; por tanto, al no estar en presencia de las excepciones previstas en los incisos a), b) o c), fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, es imperativo para el imputado agotar la vía jurisdiccional ordinaria, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial." (Lo subrayado es propio) De ahí, que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia y, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, debe decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo. Es orientadora, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO". En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Finalmente, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Notifíquese personalmente a la parte quejosa, así como a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a las autoridades responsables.

  4. Principal

    Notificación a la parte quejosa en términos del artículo 27, fracción I, inciso c, de la Ley de Amparo Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintidós de octubre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Fiscal Décimo Especializado en Delitos relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención a lo acordado en auto de cuatro de octubre de la presente anualidad, informa la imposibilidad que tuvo de notificar al aquí quejoso Carlos Aguirre Morales, el oficio FGE/FESP/698/2018, relativo a la contestación sobre la petición de expedición de copias certificadas de la determinación ministerial I.M-FESP/041/2015/III-02, en virtud de que la Auxiliar Administrativa, adscrita a la Coordinación de Fiscales Especializados en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, con funciones de notificador, devolvió el oficio descrito en líneas que antecede, junto con el acta de notificación de nueve de octubre de dos mil dieciocho, donde asentó que al constituirse en el domicilio ubicado en calle Netzahualcóyotl, colonia Formosa, de esta ciudad, procedió a la búsqueda del número 9, sin obtener resultados favorables. En mérito de lo anterior, en aras de una pronta impartición de justicia y a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, túrnense los presentes autos a cualquiera de los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de notifiquen al aquí quejoso Carlos Aguirre Morales, la presente determinación, así como que se le corra traslado con el oficio FGE/FESP/698/2018, de cinco de octubre de la presente anualidad, que anexó la autoridad responsable al oficio que se provee; lo anterior, a fin de acordar lo que en derecho corresponda en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese personalmente al quejoso.

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