Caridad Castillo Vega
Expediente 1276/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1276/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Caridad Castillo Vega
Actuaciones
- Principal
Agréguese para que obre como corresponda el oficio y anexo de cuenta, remitido por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, mediante el cual devuelve parcialmente diligenciado el exhorto 375/2022 con número de orden 553/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, girado a efecto de notificar a los quejosos ********************, el auto de quince de diciembre de dos mil veintidós, y hacer entrega a las autoridades responsables de los oficios 29587/2022, 29588/2022 y 29589/2022; en consecuencia, dese de baja la comunicación oficial que se provee de la noticia mensual de la estadística, háganse las anotaciones en Libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes. Ahora, el juzgado exhortado remitió las siguientes constancias: 1) la diligencia de notificación personal y ratificación del escrito inicial de demanda, realizada a los quejosos directos que ahí se mencionan, 2) la constancia de notificación a la autoridad responsable Subdirector de la Estación Migratoria en Estación Migratoria, Acayucan, Veracruz, del oficio en el que se le informa la suspensión de plano decretada en el presente asunto, y 3) razón de imposibilidad de entregar las misivas 29587/2022 y 29589/2022, dirigidas a las diversas autoridades responsables, en virtud de que no existen. Ahora bien, dado que por auto de treinta de diciembre de la anualidad inmediata anterior, se tuvo al Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, informando que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo que dio origen al juicio 1276/2022 de la estadística de este órgano jurisdiccional del cual deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa; en consecuencia, se ordena la remisión de las referidas constancias al juzgado antes citado, a fin de que se encuentre en condiciones de allegarse de su contenido y acordar lo que en derecho corresponda dentro de los autos del juicio de amparo 1332/2022, de su índice. Cúmplase.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio, signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, mediante el cual informa que acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo que dio origen al juicio 1276/2022 de la estadística de este órgano jurisdiccional del cual deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa; en consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Asimismo, en estricto acatamiento a lo previsto por el artículo 20, fracción I, inciso a), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un cuaderno auxiliar, por lo que una vez transcurridos más de seis meses, y pasados treinta días de este plazo, se procederá para tal efecto. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Cúmplase.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Téngase por recibida la papeleta, remitida a través del correo electrónico institucional por personal de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, de la que se advierte que fue recepcionado el juicio de amparo 1276/2022, enviado mediante oficio 29590/2022 de quince de diciembre de dos mil veintidós, en razón de la incompetencia planteada por este juzgado; al respecto, agréguese para que obre como corresponda y tómese conocimiento que al Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, le correspondió conocer de dicho asunto; lo anterior, para los efectos conducentes. Cúmplase.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, quince de diciembre de dos mil veintidós. EXHORTACIÓN, CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMUNICACIONES CON EL PERSONAL JURISDICCIONAL. Conforme al artículo 257, fracción I, 261 y 263, fracciones II y IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se exhorta a las partes a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. De igual forma, se les hace saber que respecto de comunicaciones no procesales, se les brindará la atención vía telefónica, a través del equipo telefónico con que cuenta este Juzgado de Distrito o a través del correo electrónico 15jdo7cto@correo.cjf.gob.mx. De manera excepcional se podrá hacer uso de tales medios para comunicaciones procesales, únicamente en el caso de que no cuenten con acceso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En la inteligencia de que se conservará el registro respectivo de las comunicaciones realizadas hasta la conclusión del presente asunto. De igual manera, se hace de su conocimiento, que en caso de que alguna de las partes se presente físicamente a las instalaciones de este Juzgado de Distrito, a consultar el presente expediente, dicha consulta se realizará de manera electrónica, a través del equipo de cómputo con que se cuenta en este órgano jurisdiccional, el cual también podrá ser utilizado para acceder al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y para la participación en videoconferencias con el personal de éste órgano jurisdiccional. Se precisa que los equipos telefónicos y de cómputo a que se hace mención, se ubican en el área de recepción de este órgano jurisdiccional y su uso y atención al público será de nueve horas con treinta minutos a catorce horas con treinta minutos en días hábiles. DEMANDA DE AMPARO Vista la demanda de amparo promovida por********************, en favor de ********************y********************, originarios de la República de ********************, contra actos reclamados al Titular de la Oficina de Representación Local de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en Acayucan, Veracruz, y otras autoridades responsables. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 1276/2022/2-A Al respecto, se acuerda: ANTECEDENTES Ahora bien, de la lectura del escrito inicial de demanda se advierte que el promovente señala, esencialmente, como actos reclamados los siguientes: a. La detención de los directos quejosos, por más de treinta y seis horas, en las instalaciones de la Estación Migratoria, con sede en Acayucan, Veracruz; b. El aseguramiento y/o alojamiento y/o detención de los directos quejosos en las instalaciones de la Estación Migratoria, con sede en Acayucan, Veracruz; c. La omisión de garantizarles el debido proceso a los directos quejosos; d. La orden de traslado a otra estación migratoria; y, e. La orden de deportación al país de origen de los directos quejosos, esto es, a ********************. SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO En consecuencia, con fundamento en el precepto 126 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión de tales actos reclamados, en los siguientes términos: Con sustento en los artículos 15, 125, 160 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO a favor de ********************y******************** -de nacionalidad ********************na-, para los efectos siguientes: 1. Cesen de inmediato cualquiera de los actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, a saber, actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, tortura, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2. Asimismo, al considerar que los actos reclamados consisten por una parte en la detención (privación ilegal de la libertad fuera de un procedimiento) y/o aseguramiento (determinación de alojamiento temporal, exceso o prolongación del alojamiento temporal), de los quejosos directos ********************y******************** -de nacionalidad ********************na-, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE PLANO LA SUSPENSIÓN para el efecto de que cesen de inmediato dichas actuaciones. En el entendido que si la detención de los quejosos ********************y********************, fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, por considerarlos como probables responsables de algún delito, la suspensión se concede sin perjuicio de que sin dilación sean puestos a disposición del Ministerio Público, para que éste determine su libertad o su retención dentro del plazo y en los términos que el párrafo séptimo del artículo 16 de la Constitución Federal, esto es, en caso de delito cometido en flagrancia o urgencia, la suspensión que se decreta sólo tendría por efecto que sea puesto a disposición de la autoridad judicial dentro del término de las cuarenta y ocho o noventa y seis horas, según sea el caso previsto en el citado numeral, a partir de que quedaron a su disposición, o bien, decrete su libertad. Asimismo, si la privación de su libertad deriva de algún mandamiento de captura como lo es, una orden de aprehensión, resulta procedente conceder la medida cautelar a fin de que queden a disposición de este juzgado, en el lugar en el cual se encuentren privados de su libertad, quedando también a disposición del juez de la causa por lo que hace a la continuación del procedimiento del orden penal. De tal forma, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que otro de los efectos de la suspensión de plano decretada, es que sean ellas quienes bajo su más estricta responsabilidad, determinen si la privación de la libertad reclamada por los quejosos guarda relación con la comisión de un delito, debiendo actuar en ese supuesto conforme a lo establecido en párrafos precedentes, esto es, ponerlos a disposición del Ministerio Público, o bien, si no se está en tal hipótesis, PONERLOS EN INMEDIATA LIBERTAD. Ahora, toda vez que del escrito de demanda se desprende que los quejosos ********************y******************** son de nacionalidad ********************na, esto es, que tienen la calidad de migrantes, por lo cual pueden ser susceptibles a la deportación o expulsión del territorio nacional, acto previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo; se precisa que la suspensión de plano decretada también es para el efecto de que si la privación de la libertad fuera de procedimiento reclamada, es en atención a la deportación y/o expulsión de aquel a su país de origen, dicha deportación y/o expulsión no se ejecute, por lo que quedan a disposición del Juzgado de Distrito competente, únicamente en cuanto a su libertad se refiere, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la ejecutoria dictada en el presente juicio. Lo anterior, atento a lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 160. Cuando el acto reclamado sea la orden de deportación, expulsión o extradición, la suspensión tiene por efecto que no se ejecute y el interesado quede en el lugar donde se encuentre a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal." Ello además, porque conforme a lo dispuesto por los artículos 15, 125, 126 y 127, fracción II, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de procurar que se mantenga viva la materia del amparo; de ahí que en el supuesto mencionado, de permitirse que la orden de deportación y/o expulsión se ejecute, se corre el riesgo de que el acto reclamado se consume irreparablemente en perjuicio de la parte quejosa. Brinda sustento a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 15 del Tomo XXVI, Diciembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo". En el entendido de que si las autoridades responsables llegan a determinar que la detención de los quejosos ********************y******************** no guarda relación con la comisión de un delito, y debido a ello LOS PONEN EN INMEDIATA LIBERTAD, la efectividad de la suspensión de plano decretada ESTÁ CONDICIONADA a que ********************y******************** establezcan su domicilio y/o residencia en Acayucan, Veracruz, el cual deberán proporcionar al Juez de Distrito competente, y no abandonar esa demarcación geográfica, debiendo además comparecer todas las veces que le sean requeridas ante la autoridad administrativa (Instituto Nacional de Migración), a fin de continuar y concluir el procedimiento migratorio respectivo; condiciones que las autoridades responsables que los pongan en libertad deberán hacer del conocimiento de los quejosos, ello con independencia de que el presente auto sea notificado a éstos. Por tanto, los quejosos deberán permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentra la autoridad migratoria (Acayucan, Veracruz), con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio correspondiente, por lo que, de no hacerlo así, la presente medida cautelar quedará sin efectos. Con independencia de lo anterior, las autoridades migratorias deberán fijar las medidas alternativas a la detención, aptas para lograr el seguimiento del procedimiento administrativo migratorio. Por otra parte, la suspensión además se concede para el efecto de que las autoridades responsables del Instituto Nacional de Migración hagan de su conocimiento el motivo de su ingreso a dicho lugar; del procedimiento migratorio que, en su caso, se haya iniciado; de su derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiados o la determinación de apátridas; del derecho a regularizar su estancia en términos de los artículos 132, 133 y 134 de la Ley Migratoria, en su caso, de la posibilidad de solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; así como del derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto, de conformidad con el artículo 109, fracción II, de la Ley de la Materia. Al mismo tiempo, se precisa que en relación al resguardo de los quejosos en la estación migratoria y/o diverso lugar (con motivo del procedimiento migratorio iniciado a su persona), se concede la medida suspensional para el efecto de que, mientras prevalezca la detención por motivos migratorios, las autoridades garanticen en todo momento a favor de los quejosos, el cúmulo de derechos que la Ley de Migración prevé en su artículo 109, entre los que destacan, de manera enunciativa, mas no limitativa, acceder a comunicación telefónica, recibir protección de su representación consular y comunicarse con ella, recibir durante su estancia un espacio digno, alimentos, enseres básicos para su aseo personal y atención médica en caso de ser necesario; permitir ser visitados por sus familiares y por sus representantes legales, así como todos aquéllos que tengan por objeto conservar la dignidad, vida e integridad física de los directos quejosos. Igualmente, dígase a las autoridades responsables, que deberán permitir el acceso de manera mesurada y bajo las medidas de salubridad necesarias, a los familiares, persona de confianza y abogados de los quejosos, en horas hábiles, esto, sin alterar el debido orden y procurando, en todo caso, la protección de los derechos humanos de la persona detenida. Queda bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables el cumplimiento de lo anterior, debiendo además informar dentro del término de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento de esta resolución, apercibidas que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización prevista en el artículo 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo. Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que al rendir el informe sobre la suspensión de plano, remitan copia certificada de las constancias que obran en el expediente generador de los actos reclamados, de manera que de ellas se desprenda la situación migratoria de los quejosos, y el estado que guarda dicho procedimiento; bajo apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término de veinticuatro horas, se les impondrá una multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización prevista en el artículo 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Para el debido cumplimiento de esta suspensión, comuníquese ésta a las autoridades responsables, para que de inmediato se abstengan de llevar a cabo dichos actos, así como cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la prevención de que, dentro del término de veinticuatro horas hagan del conocimiento de este Juzgado de Distrito, la forma y término en que dé cumplimiento a la medida decretada, anexando al efecto, en su caso, copia certificada de las constancias que acrediten la estancia legal de los quejosos en el lugar que se señala en la demanda de derechos fundamentales, así como de las constancias solicitadas en el párrafo inmediato anterior; en la inteligencia de que la violación a esta medida de suspensión entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, conforme a lo dispuesto por el artículo 262, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, por lo que de consumarse el mismo, de inmediato se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que haya lugar. Esta medida cautelar debe ser acatada por las autoridades responsables, apercibidas que en caso de desobediencia se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 206 de la Ley de Amparo. Asimismo, apercíbase a las autoridades responsables que si se niegan a recibir los oficios librados en el presente juicio, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización prevista en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 245, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento a las autoridades responsables que se pone a su disposición el correo electrónico institucional 15jdo7cto@correo.cjf.gob.mx, para que rindan sus respectivos informes que se les solicita. Es oportuno aclarar que el término citado transcurre de momento a momento, sin tomar en consideración días y horas inhábiles. RATIFICACIÓN Estimando que la demanda de amparo es promovida por********************, en favor de ********************y********************, quienes se encuentran alojados en la Estación Migratoria, con sede en Acayucan, Veracruz; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 298, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2° de la ley de la materia, y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz en turno, con sede en Coatzacoalcos, que conforme al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, es quien ejerce la jurisdicción territorial en el domicilio oficial de la Estación Migratoria, con sede en Acayucan, Veracruz, por conducto de la persona actuaria de su adscripción, solicítesele se realizar lo siguiente: 1. Requiera al encargado de la dependencia o institución en que se constituya para que le permita el acceso al lugar donde se encuentren los directos agraviados. 2. Vocear a los quejosos en el lugar en que esté constituido dicho notificador. 3. Analizará los libros de registro de entrada, para verificar cuándo ingresaron las personas buscadas; y en específico, el momento exacto de su arribo y de ser posible, el motivo, fundamento del ingreso a sus instalaciones y a cargo de qué autoridad se encuentran a disposición en cuanto a su libertad. 4. En caso de encontrarlos, deberá dar fe de las condiciones físicas que presenten los antes nombrados, así como de las condiciones del lugar donde se encuentren privados de su libertad y, de ser posible, los cuestione si presentan alguna lesión que no pueda ser apreciada a simple vista; asimismo, deberá hacer constar en el acta respectiva las circunstancias del entorno en el que se encuentran y si los quejosos se encuentran incomunicados o no. 5. Les notifique el presente proveído. 6. Los requiera para que en el acto de la notificación, o bien, dentro de los tres días siguientes, manifiesten si ratifican o no la demanda promovida en su nombre por********************, con el apercibimiento que de no ratificar la demanda de amparo en el plazo indicado, se tendrá por no presentada la misma y quedarán sin efecto las providencias dictadas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. 7. Ratificarle a la autoridad ante quien estén detenido, la suspensión de plano de los actos reclamados decretada en el presente asunto. 8. Deberá requerirlos para que manifiesten si es su deseo señalar como autorizados y vías para oír y recibir notificaciones los señalados en el escrito de demanda. 9. Haga entrega de los oficios 29587, 29588 y 29589 a las autoridades señaladas como responsables. 10. El actuario deberá levantar acta pormenorizada de todo lo que realice. En la inteligencia que de no localizarse a los directamente quejosos, se haga constar esa circunstancia a efecto de dar vista a la parte promovente con el resultado de la diligencia encomendada. INCOMPETENCIA Por otra parte, el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la trascripción se advierten tres hipótesis: I. Por regla general, la competencia para conocer de un juicio de amparo se determina en función del lugar en que residan las autoridades en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; II. Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, III. Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Con base en lo anterior, se aprecia que este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, no es competente por razón de territorio para conocer ni resolver el juicio de amparo en que se actúa. En efecto, se estima conforme a la regla señalada en primer lugar, corresponde conocer al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz en turno, con sede en Coatzacoalcos, pues los actos reclamados tienen ejecución dentro de la jurisdicción territorial que ejerce dicho órgano federal, al ser donde se materializan sus efectos, toda vez que, tales efectos se trasladan directamente en el lugar en el cual los quejosos se encuentran alojados, esto es, en la Estación Migratoria, con sede en Acayucan, Veracruz. Máxime que es la competencia una cuestión de orden público que no puede quedar al arbitrio de las partes, sino condicionada a las circunstancias y naturaleza del acto reclamado, salvo en los casos en que los actos no tienen ejecución, que, como se dijo, no se actualiza en el presente asunto, pues sí tienen ejecución los actos reclamados. Cobra aplicación a lo antes expuesto la tesis aislada I.1o.A.44 A, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, página 1299, con registro 189167, que dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia IV.1o.A.17 A (11a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, Undécima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2025512, de rubro y texto siguientes: "MIGRANTES. AL TRATARSE DE PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DEBE DETERMINARSE DE MANERA ÁGIL Y SIN FORMULISMOS LEGALOIDES, FAVORECIENDO EN TODO TIEMPO LA PROTECCIÓN MÁS AMPLIA, CONFORME AL PRINCIPIO INTERPRETATIVO PRO PERSONA. Hechos: Personas migrantes promovieron juicio de amparo en contra de autoridades del Instituto Nacional de Migración, de quienes reclamaron la privación ilegal de la libertad fuera de todo procedimiento, la deportación, expulsión, proscripción o destierro. El Juzgado de Distrito en Materia Administrativa se declaró legalmente incompetente por razón de materia al estimar que los actos reclamados son de naturaleza penal. A su vez, el Juez de Distrito en Materia Penal, al que se remitió el amparo no aceptó la competencia al estimar que los actos reclamados son eminentemente administrativos, dado que fueron emitidos por las autoridades migratorias. El Juez requirente insistió en la incompetencia y se formuló el conflicto competencial. Criterio jurídico: Para establecer la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto cuando se reclama la retención de un migrante, se debe atender a la reforma constitucional en derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, concretamente al principio interpretativo pro persona contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el juzgador debe tener en cuenta que las reglas establecidas sobre la competencia se deben interpretar de la manera que más favorezca a los derechos de las personas verificando la actuación real de la autoridad. Además, se deben atender los tratados internacionales y el bloque de constitucionalidad y, analógicamente, lo determinado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra en el año 2020 en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la que México forma Parte y que se refiere a los ajustes del procedimiento que deben realizar todos los juzgadores a nivel nacional, pues de no hacerlo se "vulnera el derecho a un juicio imparcial y puede propiciar exclusión de las actuaciones judiciales o dar lugar a que se dicten sentencias injustas". Justificación: Conforme a lo dispuesto en el artículo 1o. de la Constitución General, el ejercicio de regularidad constitucional debe realizarse por los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito, en el ámbito de sus competencias y procedimientos, para dar cumplimiento al mandato constitucional de proteger, respetar y prevenir violaciones a los derechos humanos. Lo anterior, porque ese ejercicio es necesario para proteger los derechos humanos reconocidos constitucionalmente a las personas más vulnerables, como lo son los migrantes, en aras de una justicia más pronta y expedita." En tal virtud, este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer y resolver el juicio de amparo en que se actúa. Por lo que la declina a favor del Juez de Distrito en el Estado de Veracruz en turno, con sede en Coatzacoalcos. Previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, remítanse las actuaciones que integran el presente juicio al Juez de Distrito de mérito, para que determinen lo conducente, solicitando el acuse de recibo correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza el uso de escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona a las personas secretarias, así como a las y los oficiales judiciales correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a las personas actuarias judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo y el punto Cuarto, artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. DEPURACIÓN Al concluirse este juicio se procederá conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación. TRANSPARENCIA Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese por lista de acuerdos, personalmente a la parte quejosa, a través de exhorto, y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado,Pablo Alberto Ochoa Blanco, secretario que autoriza y da fe.
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- Camila León González319/2023
- Camilo Vicente Bonilla Acosta316/2018
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- Carlos Aburto Gamino844/2019
- Carlos Adrian Campillo Lazcurain522/2020
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- Carlos Aguirre Morales960/2018