Carlomagno Cortés Alcántar

Expediente 420/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
420/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
29/06/2022

Partes del expediente

  • Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar en Zamora Michoacán
  • Carlomagno Cortés Alcántar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de junio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, no fue impugnada en legal término la sentencia que decretó el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 2.2. Transferencia del expediente. De conformidad con el numeral 21 del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el expediente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Incidente de suspensión. Mediante resolución de cuatro de mayo de dos mil veintidós, se negó la suspensión de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción y no es de relevancia documental. 3.1. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que con fundamento en la fracción III, del punto vigésimo del capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 4. Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA TERCERA INTERESADA CAJA POPULAR LAGUNILLAS, SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE Y/O CAJA POPULAR LAGUNILLAS S.C.L. DE C.V. Y/O CAJA POPULAR LAGUNILLAS SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHOORO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE Y/O CAJA POPULAR LAGUNILLAS S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. En atención al contenido del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que mediante sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, realizara lo siguiente: Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio sumario civil hipotecario 511/2018, a partir de la diligencia de doce de julio de dos mil dieciocho. Hecho lo anterior, vigile que el nuevo llamamiento a juicio del demandado, aquí quejoso, sea subsanando las deficiencias apuntadas en el cuerpo de la presente ejecutoria, restituyéndolo de esa manera en el goce de sus derechos humanos y la garantía de audiencia establecida en la Constitución General de la República para su protección, contenida en el numeral 14 de nuestra Carta Magna. 2. Causa ejecutoria. El veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, causó ejecutoria dicha sentencia y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. 3. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. El Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, remitió lo siguiente: Oficio 2795 al que se insertó el auto de tres de diciembre de dos mil diecinueve, en el que dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio civil 511/2018 de su índice, a partir de la diligencia de doce de julio de dos mil dieciocho, ordenándose practicar de nuevo el emplazamiento de la parte demandada por conducto del actuario de esa adscripción, en los términos ordenados en el auto de admisión del juicio de origen, así como a los lineamientos señalados en la ejecutoria de amparo; Oficios diversos a los que se adjuntaron las actuaciones de la actuaria adscrita al juzgado responsable en las que se hace constar la imposibilidad de llamar al contencioso de origen al aquí peticionario de amparo en los domicilios registrados, así como el resultado de la investigación llevada a cabo para localizar domicilios diversos en los cuales llevar a cabo dicha notificación, y lo que se obtuvo de las órdenes de diligenciación fuera de esta localidad; y Copia certificada del auto de veintisiete de abril del año actual, en el que ordenó el emplazamiento de la parte accionada mediante edictos. Constancias con las que se dio vista a las partes, sin que hicieran manifestación respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable. 4. Conclusión. En ese contexto, se concluye que las autoridades responsables cumplieron la ejecutoria de amparo sin defecto ni exceso, dado que cumplió con las obligaciones impuestas en el fallo protector, toda vez que se ha restituido a la parte quejosa en el goce del derecho violentado, toda vez que ha dejado insubsistente el procedimiento que afectó sus derechos, quedando a cargo de la responsable la realización de los actos atinentes a su incorporación en la forma y términos que la ley prevé. Resta agregar que este órgano jurisdiccional no se encuentra en posibilidad de pronunciarse sobre la legalidad de los actos llevados a cabo para incorporar a la parte quejosa al juicio de origen, toda vez que ello rebasa la protección del derecho violentado, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 451/2016, en la que estableció: 43. En el caso que se analiza, en que se reclama la diligencia de emplazamiento o todo lo actuado en un juicio por indebido emplazamiento, el derecho fundamental que se considera vulnerado es el de audiencia, previsto en el artículo 14 constitucional, bajo la premisa de que el emplazamiento defectuoso no garantiza el conocimiento del demandado de la demanda promovida en su contra, a fin de que se encuentre en condiciones de defenderse mediante la contestación a la demanda, el ofrecimiento de pruebas y la expresión de alegatos. 44. En ese sentido, al concederse el amparo contra dicho acto reclamado, el órgano jurisdiccional debe proveer lo necesario para restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. 45. Lo anterior se logra dejando sin efectos la actuación judicial viciada, es decir, el emplazamiento defectuoso y los actos subsecuentes, para que, en su lugar, a partir de ese momento, la autoridad jurisdiccional conduzca u ordene conducir el proceso hasta su conclusión como corresponda de acuerdo con las leyes que lo rigen. (Énfasis añadido). Luego, se reitera, al haberse restituido al peticionario de amparo en el goce del derecho violentado, lo procedente es tener por cumplido el fallo protector. 5. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 6. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por tanto, con apoyo en el artículo 18, una vez que transcurra el plazo de conservación, deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 6.1. Original del incidente de suspensión. En los autos del cuaderno incidental se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados; en consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 6.2. Duplicado del incidente. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase.

  3. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Desistimiento de la acción de amparo. Agréguese al sumario el escrito signado por el quejoso Carlomagno Cortés Alcántar; en atención a su contenido, se le tiene manifestando que, por así convenir a los intereses, se desiste de la prosecución del presente juicio constitucional. 1.1. Se comisiona notificar al promovente del amparo. Por tanto, se comisiona al actuario de la adscripción, para que notifique al promovente del amparo el presente proveído y, en el acto de esa notificación, lo requiera a fin de que manifieste si ratifica o no el escrito por el cual se desiste del presente juicio constitucional. 1.2. Ahora, para el caso de no entender la diligencia de manera personal con el promovente, al ser necesaria su comparecencia para que pueda manifestar si es su deseo ratificar el contenido y firma del ocurso de cuenta, debe decirse que, de conformidad con el artículo 6, fracción I, del Acuerdo General Plenario 21/2020, cuando el titular requiera la comparecencia física de las partes, será el órgano jurisdiccional quien generara la cita respectiva, por lo que, atento a ello, se fijan las ONCE HORAS DEL VEINTISEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que el quejoso acuda a este juzgado de distrito, plenamente identificado, a fin de que reconozca la firma y ratifique el contenido del escrito de cuenta; para tal efecto, se instruye al actuario judicial de la adscripción que, al realizar la notificación del presente proveído, anexe el código QR para el acceso respectivo. 1.3. Apercibimiento. Se apercibe a dicho promoevente que, de no hacer manifestación al respecto en el acto de la diligencia, se tendrá por no presentado el escrito en comento y se continuará con el presente asunto.

  4. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con veintidós minutos del cuatro de mayo de dos mil veintidós, Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado, procede a celebrar la audiencia incidental, asistido de la Secretaria Cristina García Maya en el incidente derivado del juicio de amparo 420/2022 de conformidad con lo dispuesto con el Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Acto continuo, para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 144 de la Ley de Amparo, la Secretaria da cuenta con las constancias necesarias para resolver y el Juez acuerda lo conducente: CUENTA ACUERDO INFORME PREVIO 1 Se da cuenta con el informe previo de las autoridad responsable: -Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del distrito judicial de Zamora, Michoacán. La autoridad siguiente fue omisa en rendir el informe previo, no obstante que fue notificada para ese el veintiséis de abril del año en curso: -Secretario del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del distrito judicial de Zamora, Michoacán. Téngase por hecha la relación de los informes previos. PRUEBAS 1 Se hace constar que obran las documentales que adjuntó la quejosa a su demanda de amparo. Se toma conocimiento y se cierra esta etapa. ALEGATOS 1 Se da cuenta que ninguna de las partes formuló alegatos. Se toma conocimiento y se cierra esta fase. Finalmente, el Juez procede a dictar la siguiente resolución: VISTOS y RESULTANDO: Primero. Solicitud de suspensión. En su demanda de amparo, Carlomagno Cortés Alcántar, por propio derecho, solicitó la suspensión de los actos reclamados. Segundo. Trámite. El incidente se tramitó por su cauce legal y la audiencia de ley fue celebrada en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 49 en relación con el 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. Segundo. Precisión de la norma, actos u omisiones reclamados. En el caso, el acto reclamado consiste en: El auto de uno de noviembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio 570/2021, promovido por María Guadalupe Rivas Chávez, en el que se decretaron alimentos provisionales en favor de los menores de iniciales I.C.R. y S.Y.C.R.. Tercero. Norma, acto u omisión cuya existencia quedó acreditada. La autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del distrito judicial de Zamora, Michoacán, aceptó la existencia del acto que se le atribuye. La autoridad responsable Secretario del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del distrito judicial de Zamora, Michoacán, omitió rendir informe previo, no obstante que se encuentra notificada para tal fin, en consecuencia, se tiene por cierto el acto que se le atribuye. Improcedencia de la suspensión en relación al acto reclamado. En el caso, es menester precisar que para que proceda conceder la suspensión del acto reclamado, de conformidad con el dispositivo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso 128 de la Ley de Amparo, se requiere tomar en cuenta los siguientes elementos: I. Que el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza sea susceptible de suspenderse; II. Que exista la solicitud del agraviado; III. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Luego, en estrecha vinculación con lo anterior, se exige que el acto reclamado acorde a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. En el caso, contra la determinación de uno de noviembre de dos mil veintiuno, que fija pago de pensión alimenticia en favor de los menores hijos del quejoso, de conformidad con el artículo 129, fracción IX, de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva, pues de concederse la medida cautelar, se afectaría el orden público y el interés social, ya que se impediría el pago de pensión alimenticia en favor de los menores. Es decir, en caso de conceder la suspensión del acto reclamado, equivaldría a dejar sin efecto la pensión alimenticia decretada a cargo del ahora quejoso y los perjuicios que se ocasionarían a los acreedores alimentarios serían irreparables, además de que los alimentos son de orden público porque tienden a proteger la subsistencia de aquélla y constituye un derecho establecido por la ley, que nace del estado matrimonial, como una obligación del marido respecto de la esposa y de los hijos, dentro de la existencia de aquel vínculo. Se suma a lo anterior, que conforme a la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias de la que Estado de Mexicano forma parte, publicada en la primera sección del Diario Oficial de la Federación el dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, en su artículo 4°, se establece que toda persona tiene derecho a recibir alimentos, sin distinción de nacionalidad, raza, sexo, religión, filiación, origen o situación migratoria, o cualquier otra forma de discriminación; de ahí que resulta improcedente conceder la medida cautelar solicitada, máxime que del escrito de demanda no se desprende que con el cobro de la pensión alimenticia el quejoso quede en estado de insolvencia. Por tanto, con apoyo en el artículo 146 fracción IV, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Único. Se niega la suspensión definitiva a Carlomagno Cortés Alcántar, por los motivos mencionados en el considerando tercero de esta interlocutoria.

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