Carla Fabiola Martínez Barrera
Expediente 845/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 845/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carla Fabiola Martínez Barrera
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, que desechó de plano la demanda de amparo promovida porsin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; por tanto, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgador este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en donde la demanda se desechó de plano y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado; y, en términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. En otro aspecto, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, el ocurso de la quejosa ********************; en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en líneas precedentes y, respecto a la devolución de documentos que solicita, con apoyo en el mencionado punto, último párrafo, del referido acuerdo, se le previene para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger el documento original que allegó al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo será destruido junto con el expediente. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: CARLA FABIOLA MARTÍNEZ BARRERA. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, que desechó de plano la demanda de amparo promovida porsin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; por tanto, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgador este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1-2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en donde la demanda se desechó de plano y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado; y, en términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. En otro aspecto, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, el ocurso de la quejosa; en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en líneas precedentes y, respecto a la devolución de documentos que solicita, con apoyo en el mencionado punto, último párrafo, del referido acuerdo, se le previene para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger el documento original que allegó al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo será destruido junto con el expediente. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: CARLA FABIOLA MARTÍNEZ BARRERA. Recepción de oficio. Visto el oficio del Secretario del Juzgado Séptimo Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, al que adjunta los autos originales del juicio de amparo indirecto 827/2018 del índice de ese órgano jurisdiccional, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Carla Fabiola Martínez Barrera, contra actos del Juez de lo Civil de Primera Instancia del distrito judicial de Puruándiro, Michoacán. Pronunciamiento relativo al conocimiento previo. Ahora, en vista de que dicho sumario es remitido a este tribunal en virtud de que guarda relación con el juicio de amparo indirecto I-730/2015 , así como los diversos II-590/2018 y II-769/2018 del índice de este juzgado, pues deriva del juicio ordinario civil 41/2014 ; lo que actualiza el supuesto contenido en el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establecen las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En esas condiciones, este juzgador se avoca al conocimiento de dicho sumario. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Fórmese expediente y regístrese con el número IV-845/2018, tanto el libro de gobierno como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. ? Precisión de actos reclamados. La parte quejosa señala en forma expresa como acto reclamado el siguiente: "La orden y pretender de ejecutarla de su propia determinación, de poner en posesión real y material de mi domicilio a los señalados como terceros con interés, ordenada por la señalada como autoridad responsable, dentro del juicio ordinario civil No. 41/2014 seguido en Juzgado Civil de Primera Instancia de Puruándiro, Michoacán por los tereceros con interés frente a MA. ANGELINA DE LA LUZ RANGEL ALCANTAR, sobre reivindicación de inmueble, del que no soy parte, no obstante que ambas partes saben perfectamente que yo estoy pagando renta de una fracción del inmueble que ahora se que se están disputando estas personas, por lo conocen que tengo la posesión real y material de mi vivienda, como así es". Ahora, resulta importante establecer que el estudio de la demanda de amparo se realiza en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En efecto, el análisis integral de la demanda de amparo revela que, en esencia, el acto reclamado por el peticionario de amparo se hace consistir en: ? La falta de llamamiento al juicio ordinario civil 41/2014 , sobre reivindicación de inmueble que promovió Fabiola Chávez Ceballos en contra de Ma. Angelina de la Luz Rangel Alcántar, y, como consecuencia de ello, los actos de desposesión de un bien inmueble que aduce tener en posesión, los cuales se pretenden llevar a cabo en la etapa de ejecución de la sentencia dictada dentro del juicio subyacente. Actos que reclama partiendo de la perspectiva consistente en que le reviste carácter de persona extraña a juicio ya que, a su decir, es arrendataria de una fracción del bien inmueble materia de la acción reivindicatoria dilucidada en el juicio ordinario civil 41/2014. ? Consideraciones previas. Cabe destacar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, respecto del acto reclamado, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." ? Análisis de la improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En la especie, este juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento". La fracción antes citada dispone que el juicio de amparo indirecto es improcedente con aquellos actos respecto de los cuales la parte quejosa haya manifestado su pleno consentimiento ya sea expresa o tácitamente. En ese contexto, es menester hacer énfasis especial a lo que el legislador federal transmitió en dicho numeral; así pues, los actos consentidos expresamente son aquellos cuyo consentimiento puede ser otorgado por escrito, verbalmente o por signos inequívocos de voluntad; de igual manera, estos pueden percibirse por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento y que se traducen en el sometimiento del quejoso para con los efectos del acto reclamado. Asimismo, el consentimiento expreso o las manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, están vinculadas con el principio de seguridad jurídica, el cual está encaminado a evitar que la parte quejosa haga uso del juicio constitucional para desconocer los actos o efectos que ella misma materializó de manera libre y espontánea con arreglo al acto que, en su momento, reclamó. Así pues, dicha improcedencia pretende evitar que los gobernados lo promuevan para desconocer los efectos de la conducta que ellos mismos asumieron al consentir los actos de autoridad; pues ante este consentimiento la parte quejosa absorbe los efectos [presentes y futuros] del acto reclamado al momento de exponer su consentimiento expreso o, bien, al momento de realizar actos de voluntad que entrañen ese consentimiento. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis P. LXXVI/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 157, tomo V, mayo de 1996, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO CONSENTIDO, NO PUEDE TENERSE COMO TAL AQUEL QUE ES INEXISTENTE AL MOMENTO DE PRODUCIRSE LA CONFORMIDAD DEL QUEJOSO CON SU FUTURA EMISIÓN. La Suprema Corte ha sustentado el criterio de que para tener por consentido un acto de autoridad, es necesario que dicho acto exista, que le produzca un agravio al gobernado en su esfera jurídica y que éste se haya conformado expresamente con él o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Por tanto, si la aquiescencia del quejoso se refiere a un acto futuro, que es inexistente al momento de su manifestación de voluntad, no se cumple el primer requisito necesario para que resulte aplicable la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que lo normal es que el gobernado consienta lo que conoce, una vez que haya ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de su asentimiento, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad, una vez que éste haya sido emitido, por lo que el consentimiento otorgado en esas condiciones es ineficaz para sobreseerse en el juicio". Del mismo modo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando se presenta demanda de amparo contra determinado[s] acto[s] de autoridad[es] y con posterioridad el quejoso se desiste de la misma, dicho actuar conlleva un consentimiento expreso. Ello toda vez que el desistimiento en el juicio de amparo implica un desistimiento de la acción y, por ende, supone el consentimiento expreso de los actos reclamados, pues el efecto de la renuncia del quejoso es el sobreseimiento en el juicio, lo cual deja a la autoridad responsable en aptitud de obrar o de no hacerlo, en el sentido asignado en el acto reclamado. Ilustra al respecto, la tesis de jurisprudencia sustentada por Pleno del Alto Tribunal, visible en la página 22, del tomo III, febrero de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, que es del tenor siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA EN EL JUICIO DE AMPARO. IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, RESULTANDO IMPROCEDENTE UN NUEVO JUICIO CONTRA ELLOS. Entre los principios rectores del juicio de amparo se encuentra el de instancia de parte agraviada, conforme con el cual dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado. Por consecuencia, es lógico concluir que quien puede promover el juicio de amparo, salvo lo dispuesto en el artículo 14 de la ley de la materia, se encuentra también en condiciones de desistir de él. El desistimiento en el juicio de amparo implica un desistimiento de la acción y, por ende, supone el consentimiento expreso de los actos reclamados, pues el efecto de la renuncia del quejoso, el sobreseimiento en el juicio, deja a la autoridad responsable en aptitud de obrar o de no hacerlo, en el sentido asignado al acto reclamado. Como ese desistimiento entraña un consentimiento expreso de los actos reclamados, si el quejoso promueve un diverso juicio en contra de los mismos actos reclamados en aquel del cual desistió, el segundo juicio resultará improcedente, al actualizarse los supuestos previstos por la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo. En ese sentido, cuando se satisfacen los requisitos legales, ese desistimiento también puede actualizar los supuestos de la fracción IV del numeral citado pues si bien, en principio y como regla general, una resolución de sobreseimiento -que es la consecuencia del desistimiento del quejoso- no constituye cosa juzgada, existen casos de excepción a ese principio, como lo ha establecido la jurisprudencia de la Suprema Corte (publicada en la página novecientos veintisiete, de la Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y ocho) que revelan la inejercitabilidad de la acción y dentro de los que se encuentra el relativo al consentimiento, en ese caso, expreso, de los actos reclamados". ? Actualización de la causal de improcedencia en el presente asunto. A fin de evidenciar la actualización de la causal de improcedencia que nos ocupa, es necesario hacer relación de los antecedentes narrados por la quejosa bajo protesta de decir verdad y que se expondrán a continuación: La quejosa sostiene que el veintisiete de abril de dos mil trece celebró contrato de arrendamiento con Ma. Angelina de la Luz Rangel Alcántar, por el término de siete años, respecto de una fracción de predio ubicado en la calle Francisco I. Madero, número trescientos treinta y tres en la ciudad de Puruándiro, Michoacán. Refiere que en diligencia de diez de septiembre de la presente anualidad, el personal del Juzgado de lo Civil de Primera Instancia de Puruándiro, Michoacán, le hizo saber a la quejosa que iban a poner en posesión real y material respecto del bien inmueble descrito anteriormente a Fabiola Chávez Ceballos; ello con motivo de la ejecución de sentencia dictada en el juicio ordinario civil 41/2014. Por ello, reclama los actos de desposesión como consecuencia de no haber sido llamada al juicio antes citado sobre reivindicación de bien inmueble. De la anterior narración de hechos y del análisis integral de la demanda se obtiene que la quejosa reclama como acto destacado el siguiente: ? La falta de llamamiento al juicio ordinario civil 41/2014 , sobre reivindicación de inmueble que promovió Fabiola Chávez Ceballos en contra de Ma. Angelina de la Luz Rangel Alcántar, y, como consecuencia de ello, los actos de desposesión de un bien inmueble que aduce tener en posesión, los cuales se pretenden llevar a cabo en la etapa de ejecución de la sentencia dentro del juicio subyacente. Cabe destacar que Carla Fabiola Martínez Barrera presentó una primer demanda de amparo que, por razón de turno, conoció de la misma el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, ante la cual dicho órgano jurisdiccional determinó declinar la competencia a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, bajo la figura del conocimiento previo. A lo anterior, este juzgador determinó asumir el conocimiento y admitió a trámite la demanda de amparo, misma que se registró con el número II-590/2018. En dicha demanda de amparo la parte quejosa Carla Fabiola Martínez Barrera señaló como acto reclamado el siguiente: "La orden y pretender de ejecutarla de su propia determinación, de poner en posesión real y material de mi domicilio a los señalados como terceros con interés, ordenada por la señalada como autoridad responsable, dentro del juicio ordinario civil No. 41/2014 seguido en Juzgado Civil de Primera Instancia de Puruándiro, Michoacán por los tereceros con interés frente a MA. ANGELINA DE LA LUZ RANGEL ALCANTAR, sobre reivindicación de inmueble, del que no soy parte, no obstante que ambas partes saben perfectamente que yo estoy pagando renta de una fracción del inmueble que ahora se que se están disputando estas personas, por lo conocen que tengo la posesión real y material de mi vivienda, como así es.-" (Sic) Esto es, reclamó la falta de llamamiento al juicio ordinario civil 41/2014, sobre reivindicación de inmueble que promovió Fabiola Chávez Ceballos en contra de Ma. Angelina de la Luz Rangel Alcántar, y, como consecuencia de ello, los actos de desposesión de un bien inmueble que aduce tener en posesión, los mismos que se pretendían llevar a cabo en la etapa de ejecución de la sentencia dentro del juicio ordinario civil citado. Cabe referir que en el juicio de amparo II-590/2018, dicha quejosa se ostentó con la calidad de tercera extraña al juicio natural, ya que, a su decir, ella únicamente es arrendataria de una fracción del inmueble [materia de la contienda judicial], y, a su vez, no formó parte de la litis que sostenían por un lado Fabiola Chávez Ceballos -actora-, y por el otro Ma. Angelina de la Luz Rangel Alcántar -arrendadora y parte demandada-. En ese sentido, durante el trámite de dicho juicio de amparo [anterior al presente] , el veintisiete de julio de la presente anualidad, la quejosa presentó escrito ante la Oficialía de Partes de este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, mediante el cual se desistió de la demanda de amparo interpuesta y posterior a la presentación del referido desistimiento, se le tuvo por ratificando tal acción procesal lo que conllevó el sobreseimiento del antedicho juicio de amparo. El contenido de las actuaciones vertidas en el juicio de amparo II-590/2018 se invoca como hecho notorio, en términos de la tesis de jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) que establece lo siguiente: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente". De lo expuesto, es factible advertir la existencia de un juicio de amparo indirecto promovido por la quejosa con anterioridad al presente, contra los mismos actos de autoridad que reclamó en su carácter de tercera extraña al juicio ordinario civil 41/2014 , a saber, la falta de llamamiento a dicho controvertido y, como consecuencia de ello, los actos de desposesión del bien inmueble que aduce tener en arrendamiento, al ostentar la calidad referida de tercera extraña a juicio. Luego, si la quejosa externó su voluntad de desistirse de la primer demanda en la que se pretendió combatir tales actos de autoridad, ello permite advertir que consintió los actos de autoridad que nuevamente pretende combatir en la demanda de amparo que nos ocupa. Ello, no obstante que ahora reclame los actos de desposesión al referir que el diez de septiembre de la presente anualidad se presentaron una personas en el domicilio que tiene en arrendamiento, quienes le manifestaron que iban a poner en posesión real y material de la casa a la señora Fabiola Chávez Ceballos. Sin embargo, dicho acto deriva de la ejecución de una sentencia dictada en un juicio del cual no formó parte y que, en su oportunidad, pudo oponerse a los mismos mediante la interposición del diverso juicio de amparo II-590/2018; empero, fue su voluntad desistirse en tal juicio, lo que trae como consecuencia la improcedencia del presente juicio de derechos humanos ya que los actos que ahora pretende combatir fueron consentidos expresamente. ? Conclusión del estudio. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista por la fracción XIII del artículo 61, de la Ley en la materia, se DESECHA de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Tampoco pasa inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena época, materia común, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 487, libro 3, tomo I, febrero de 2014, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". ? Domicilio y Autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones de carácter personal, así como autorizando para tal efecto a la persona que nombra. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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