Carlo Daniel Merales López
Expediente 1185/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 23 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1185/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 11/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Carlo Daniel Merales López
- CARLO DANIEL MERALES LÓPEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de febrero de dos mil veintiuno. Ténganse por recibidos los instrumentos señalados en la cuenta para los efectos legales correspondientes. Acúsese recibo al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito del testimonio de la ejecutoria de quince de diciembre de dos mil veinte, dictada en el toca del recurso de revisión 780/2019, así como de los autos originales del juicio constitucional 1185/2018 del índice de este órgano jurisdiccional, de un tomo de pruebas y de un sobre con tres discos versátiles digitales (DVD). En consecuencia, glósense al expediente del juicio de amparo devuelto las actuaciones originales del cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del envío de aquél. Ahora bien, del contenido de la ejecutoria de amparo se advierte que la Superioridad confirmó la resolución de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, en donde se sobreseyó en este juicio constitucional; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los normativos 356, fracción I, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el fallo de quince de diciembre de dos mil veinte, que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito dictó en el toca del recurso de revisión 780/2019 causó ejecutoria por ministerio de ley. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo señalado por el precepto 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como se sobreseyó en este juicio de amparo y el Tribunal de alzada confirmó esa determinación, de acuerdo con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) del numeral 21 del acuerdo de observancia general invocado; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, dado que resulta innecesaria la retención del toca penal ** y de los tres discos versátiles digitales (DVD) que la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, remitió en apoyo de su informe justificado, devuélvanse esos instrumentos mediante el oficio que al efecto se elabore; en tal sentido, se instruye al Actuario(a) Judicial de la adscripción que al notificar ese comunicado se cerciore que la persona con quien entienda la diligencia asiente con su puño y letra la recepción de la documentación que se devuelve en el acuse de recibo relativo. Notifíquese.
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MESA II-B "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de diciembre de dos mil diecinueve. Como está ordenado en el acuerdo de doce de noviembre del año en curso, al estar notificadas las partes de la sentencia dictada en este juicio de amparo y del referido proveído remítase el presente expediente, el original del escrito de agravios, de los documentos que se anexaron a ese ocurso y una copia de él, así como tres discos versátiles digitales asociados con la causa penal ******** del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, y un tomo de pruebas al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno, para la substanciación de ese recurso de revisión interpuesto por **********, en su carácter de defensor particular del quejoso ******. Notifíquese."
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguense un ejemplar del ocurso y los anexos señalados en la cuenta al expediente en el que se actúa para que surta sus efectos correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que Emmanuel Santiago Dávila, en su carácter de defensor particular del quejoso Carlo Daniel Mérales López interpone el recurso de revisión en contra de la sentencia de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, dictada en este juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo distribúyase entre las partes las copias del escrito de agravios y dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en el que se integre debidamente el expediente, remítase el original del escrito de agravios, el cuaderno de amparo, tres discos versátiles digitales relativos a la causa penal 173/2018 del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, y un tomo de pruebas al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno, para que substancie dicho mecanismo de impugnación. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con las constancias que revelen la historia procesal del presente sumario. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el secretario Felipe Hernández López, con quien actúa y da fe.
- Principal
...S E N T E N C I A Mediante la que resuelve el juicio de amparo indirecto 1185/2018 promovido por Carlo Daniel Mérales López, por conducto de su defensor particular Emmanuel Santiago Dávila, en contra de la resolución de dos de octubre de dos mil dieciocho, dictada por la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en el toca penal JOTP/73/2018 formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en la causa penal 173/2018 del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, mediante la cual confirmó el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretados en contra del inconforme en la audiencia inicial que comenzó el catorce de junio de dos mil dieciocho y concluyó el veinte de junio posterior en dicho proceso penal, por el hecho que la ley señala como violación equiparada cometido en agravio de la infante menor de edad identificada con las iniciales A.G.S. El problema jurídico planteado en el presente asunto exige analizar, en el caso de que se cumplan los presupuestos procesales correspondientes para el dictado de un fallo de fondo, si la resolución impugnada vulnera en perjuicio del inconforme los derechos fundamentales de debido proceso, legalidad y seguridad jurídica reconocidos por los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. I. ANTECEDENTES En la audiencia inicial que comenzó el catorce de junio de dos mil dieciocho y concluyó el veinte del propio mes y año en la causa penal 173/2018, el Juez de Control del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, dictó en contra de Carlo Daniel Mérales López auto de vinculación a proceso por el hecho que la ley señala como violación equiparada cometido en perjuicio de la niña identificada con las iniciales A.G.S. y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa1. 2. El veinticinco de junio de dos mil dieciocho2, Carlo Daniel Mérales López interpuso ante el referido Juez de Control el recurso de apelación en contra del auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretados en su contra en la audiencia inicial celebrada en la citada causa penal y en su escrito relativo expresó los agravios que esas determinaciones le ocasionaban; por otra parte, a través de los ocursos presentados el tres de julio posterior ante la propia autoridad judicial3, la Agente de Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer por razón de Género de la Región de la Cuenca, en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, y la representante legal de la infante menor de edad identificada con las iniciales A.G.S. contestaron los agravios expresados por el recurrente. 3. Por auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho4, la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca admitió el citado medio de impugnación, lo registró bajo el toca penal JOTP/73/2018, tuvo a Carlo Daniel Mérales López por formulados sus agravios, en tanto que a la fiscal señalada y a la representante legal de la niña víctima por contestados los motivos de inconformidad que el apelante formuló. El dos de octubre de dos mil dieciocho5, el Tribunal de alzada señalado dictó la resolución correspondiente, en la que confirmó el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que el Juez de Control primario decretó en contra del disidente en la audiencia inicial celebrada en el proceso criminal 173/2018, que comenzó el catorce de junio de dos mil dieciocho y concluyó el veinte de junio posterior, por el hecho que la ley señala como violación equiparada perpetrado en agravio de la infante menor de edad identificada con las iniciales A.G.S. El fallo indicado se notificó personalmente al inconforme y a sus defensores particulares por correo electrónico -dado que ese medio tecnológico fue señalado y autorizado para recibir notificaciones- el diez de octubre posterior6. 5. En consideración del disidente la resolución combatida vulnera sus derechos fundamentales y ocasiona perjuicio en su esfera jurídica. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO 6. Mediante escrito presentado el veinte de noviembre de dos mil dieciocho7 en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación que fue recibida en la propia data en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca8, Carlo Daniel Mérales López, por conducto de su defensor particular Emmanuel Santiago Dávila, promovió juicio de amparo indirecto en contra del acto reclamado y la autoridad responsable que posteriormente se precisarán. 7. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados los consagrados por los ordinales 1, 11, 14, 16, 17, 18 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de la actuación impugnada y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. 8. Este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto registró el ocurso inicial con el progresivo 1185/2019 y previos requerimientos9 que el patrocinador del inconforme atendió10, en el acuerdo de veintiuno de diciembre del año próximo pasado11, admitió a trámite dicho libelo; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. 9. En el auto de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve12, este órgano de control constitucional reconoció el carácter de terceros interesadas a la Agente de Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer por razón de Género de la Región de la Cuenca, en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, y a la infante menor de edad identificada con las iniciales A.G.S., por lo que dispuso su llamamiento a este medio extraordinario de defensa. 10. La audiencia constitucional se llevó a cabo el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve13, en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA 11. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama un acto atribuido a una autoridad judicial que tiene ejecución en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO 12. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. 13. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto14. 14. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo y sus aclaraciones, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que la inconforme reclama el acto siguiente: De la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca impugna: ? La resolución de dos de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal JOTP/73/2018 formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en la causa penal 173/2018 del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, mediante la cual confirmó el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretados en contra del justiciable en la audiencia inicial que comenzó el catorce de junio de dos mil dieciocho y concluyó el veinte de junio posterior en dicho proceso penal, por el hecho que la ley señala como violación equiparada cometido en agravio de la infante menor de edad identificada con las iniciales A.G.S. V. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO 15. Es cierto el acto reprochado a la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, porque así lo reconocieron los Magistrados de ese órgano jurisdiccional al rendir su informe justificado15, lo cual es suficiente e idóneo para tener por demostrada la existencia de la actuación que le fue atribuida a ese ente público. 16. En el caso es aplicable la jurisprudencia 278 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación16, que expone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." 17. Además, la certeza de la resolución combatida se corrobora con las constancias originales del toca penal JOTP/73/201817, que el Tribunal responsable remitió en apoyo de su informe con justificación, a las que se otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido por su ordinal 2, ya que en ese expediente se encuentra glosado el acto atacado. VI. LEGITIMACIÓN 18. Carlo Daniel Mérales López se encuentra legitimado para promover por conducto de su defensor particular este juicio constitucional, en términos de lo establecido por el arábigo 6 de la Ley de Amparo, ya que en el presente asunto está probado que en la causa penal de origen tiene la calidad de imputado y en la resolución combatida se confirmó el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que el Juez de Control de primer grado decretó en su contra en la audiencia inicial celebrada en la causa penal de origen por el hecho que la ley señala como violación equiparada perpetrado en agravio de la infante menor de edad identificada con las iniciales A.G.S., lo que implica que esa actuación impacta en su esfera normativa en sentido negativo al restringir provisionalmente su libertad ambulatoria y esa situación lo legitima para ejercer la acción de amparo en contra de tal decisión por conducto de su patrocinador. VII. PROCEDENCIA 19. Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. 20. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito18, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." 21. En el caso, se advierte que en relación con el acto reclamado a la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca consistente en la resolución de dos de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal JOTP/73/2018 formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en la causa penal 173/2018 del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, mediante la cual confirmó el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretados en contra del justiciable en la audiencia inicial que comenzó el catorce de junio de dos mil dieciocho y concluyó el veinte de junio posterior en dicho proceso penal, por el hecho que la ley señala como violación equiparada perpetrado en agravio de la infante menor de edad identificada con las iniciales A.G.S., se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el ordinal 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, dado que el inconforme consintió tácitamente esa actuación al haber promovido este medio extraordinario de defensa de manera extemporánea. 22. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de los dispositivos 17, 18 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]" 23. El precepto transcrito en último orden establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente y que se entiende por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio constitucional dentro de los plazos previstos legalmente. 24. Por otra parte, en el normativo 17 de la ley de la materia el legislador federal estableció un plazo genérico de quince días para presentar la demanda de amparo y, como excepciones a esa regla general, los casos siguientes: 24.1. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en cuyas hipótesis el plazo será de treinta días. 24.2. Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, la demanda podrá presentarse en un plazo de hasta ocho años. 24.3. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, de la posesión o del disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, el plazo para la promoción del amparo será de siete años contado a partir de que de manera indubitable la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. 24.4. Cuando el acto reclamado implique peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, a la Armada o a la Fuerza Aérea, en cuyos supuestos la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. 25. A su vez, el arábigo 18 de la Ley de Amparo establece tres momentos para el inicio del cómputo de los plazos (genérico y específicos) previstos por el ordinal 17 de la propia legislación, los cuales se contarán, respectivamente, a partir del día siguiente: 25.1. A aquél en el que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la actuación o de la resolución que reclame; 25.2. A aquél en el que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, 25.3. A aquél en el que se ostente sabedor de la actuación combatida o de su ejecución. 26. En ese contexto, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en el que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o de la actuación que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en el que haya tenido conocimiento de aquéllos o de su ejecución e, incluso, al en que se haya ostentado sabedor de esas actuaciones. 27. En esa línea, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en el que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas por el precepto 18 de la ley de la materia, de lo que se sigue que esos supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. 28. Por otro lado, es necesario destacar que el Máximo Tribunal Constitucional de este País ha sostenido que el conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo debe estar probado de modo directo y no inferirse con base en presunciones. 29. Ese criterio jurídico se contiene en la jurisprudencia 5 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación19, que expone: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." 30. También se invoca en respaldo de lo expuesto la tesis aislada emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal de este País20, de contenido: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL. De acuerdo con el espíritu que informa el artículo 21 de la Ley Reglamentaria del juicio de Amparo, el conocimiento del acto reclamado por el quejoso, que sirve de base para el cómputo del término que establece dicho precepto, para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo, y no inferirse a base de presunciones." 31. La lectura de los criterios jurisprudenciales transcritos permite establecer que el hecho de que el particular tenga un conocimiento del acto de manera directa, exacta y completa le da la posibilidad de que pueda impugnarlo en la instancia constitucional, ya que tiene a su alcance todos los elementos necesarios para poder atacar en su integridad los vicios que considera adolece y así defender sus derechos, de lo contrario podría darse el caso de que careciera de información para que estuviera en aptitud de hacerlo. 32. Con base en lo expuesto es factible sostener que para la actualización de la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso el acto que reclama, ya que sólo de esta manera el plazo genérico de quince días que concede el artículo 17 de la ley de la materia para presentar la demanda de amparo comenzará a contarse a partir del día siguiente a aquél en el que surta sus efectos la notificación. 33. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos, en virtud de que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el plazo de quince días mencionado deba computarse a partir del siguiente al en el que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor del acto que controvierte. 34. Sobre el particular es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 115/2010 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación21, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar elmismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." 35. También cobra vigencia la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito22, que indica: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." 36. En otro aspecto es necesario señalar que el Alto Tribunal del País en un criterio jurisprudencial vinculante en términos de lo dispuesto por el normativo 217 de la Ley de Amparo estableció que el plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro de un proceso penal a partir del tres de abril de dos mil trece es el genérico de quince días previsto en el diverso 17 de la propia legislación, lo cual dijo que es acorde con el principio de progresividad en la materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del numeral 20 de la Carta Magna, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y las providencias necesarias para la protección y la restitución de sus derechos. 37. Asimismo, puntualizó que la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de quince días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva corresponde al Juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que el órgano de amparo encuentre; de ahí que consideró que el plazo de quince días es suficiente para entablar su defensa, porque dijo que basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del ordinal 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. 38. Además, dijo que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo que los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso específico alguno para promover el juicio constitucional contra los actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal El criterio invocado está compendiado en la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación23, que informa: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." 40. En otro punto, debe destacarse que la Primera Sala del Máximo Tribunal Constitucional del País al resolver la contradicción de tesis 414/2011 sostuvo que el hecho de que a una persona se le vincule a un proceso penal implica una afectación a su libertad, al menos parcialmente, en la medida en que su prosecución requiere de su ineludible presencia como presupuesto de continuidad, pues se le obliga a comparecer en los plazos o fechas indicados las veces que resulte necesario para garantizar el seguimiento del proceso penal. Así, la Superioridad indicó que aun cuando dicha determinación no lo priva en sí misma y directamente de su libertad personal, sí puede considerarse un acto que indirectamente lo hace, pues constituye una condición para someterlo formal y materialmente a proceso. 41. El Alto Tribunal de la Nación precisó que la sujeción al proceso es lo que restringe temporalmente la libertad ambulatoria del imputado, porque al encontrarse ésta afectada temporalmente con el dictado de un auto de vinculación a proceso se afecta un derecho sustantivo. 42. En otro punto, debe señalarse que de lo dispuesto por el numeral 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales24 se obtiene que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa es un acto restrictivo de la libertad personal del imputado. 43. Con base en el marco referencial anterior es factible sostener que en la especie se patentiza el supuesto de inejercicio de la acción constitucional examinado porque la demanda de amparo se presentó fuera del plazo genérico de quince días establecido por el ordinal 17 de la Ley de Amparo. 44. Para evidenciar lo anterior es necesario recordar que conforme a lo dispuesto por el normativo 18 de la ley de la materia, uno de los tres momentos para computar ese plazo genérico es a partir del día siguiente a aquél en el que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la actuación o de la resolución que reclame. 45. En los párrafos anteriores se estableció que el acto impugnado en este sumario es la resolución de dos de octubre de dos mil dieciocho, dictada por la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en el toca penal JOTP/73/2018 formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en la causa penal 173/2018 del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, mediante la cual confirmó el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretados en contra del inconforme en la audiencia inicial que comenzó el catorce de junio de dos mil dieciocho y concluyó el veinte de junio posterior en dicho proceso penal, por el hecho que la ley señala como violación equiparada cometido en agravio de la infante menor de edad identificada con las iniciales A.G.S. 46. La actuación descrita no es de las que se enuncian en las cuatro fracciones del arábigo 17 de la Ley de Amparo, sino que se trata de un acto que confirma dos determinaciones restrictivas de la libertad personal del justiciable que emanan del proceso penal 173/2018 del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca; por tanto, en el caso rige el plazo genérico de quince días hábiles que señala el primer párrafo de ese precepto para la promoción del juicio constitucional de acuerdo con lo establecido por la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización se indicaron con antelación. 47. Ahora, debe destacarse que de las actuaciones del toca penal JOTP/73/2018 de la estadística de la Sala responsable se desprende que la resolución combatida se notificó personalmente al inconforme y a sus defensores particulares por correo electrónico -dado que ese medio tecnológico fue señalado y autorizado para recibir notificaciones- el diez de octubre de dos mil dieciocho. 48. Para clarificar lo anterior, es necesario destacar que Carlo Daniel Mérales López en su escrito presentado veinticinco de junio de dos mil dieciocho25, mediante el cual interpuso el recurso de apelación en contra del auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretados en su contra en la audiencia inicial celebrada en la citada causa penal señaló como medio para recibir notificaciones, aún las de carácter personal, la forma virtual a través del usuario 70DA6C68 vinculado al correo electrónico justiciaparatodosinstitución@hotmail.com y, en su caso, los estrados del Tribunal de alzada. 49. En razón de lo anterior, en el auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho26, en donde la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca admitió el citado medio de impugnación registrándolo bajo el toca penal JOTP/73/2018, tuvo al apelante por señalado como forma especial de notificación el correo electrónico justiciaparatodosinstitución@hotmail.com y, en el caso de defecto, los estrados de ese órgano jurisdiccional. 50. Ahora, la resolución de dos de octubre de dos mil dieciocho, que la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca dictó en el toca penal JOTP/73/2018 formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en la causa penal 173/2018 del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, mediante la cual confirmó el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretados en contra del inconforme en la audiencia inicial que comenzó el catorce de junio de dos mil dieciocho y concluyó el veinte de junio posterior en dicho proceso penal, por el hecho que la ley señala como violación equiparada cometido en agravio de la infante menor de edad identificada con las iniciales A.G.S., se notificó de manera personal al inconforme y a sus defensores particulares en el correo electrónico justiciaparatodosinstitución@hotmail.com el diez de octubre siguiente27 51. Luego, si el disidente fue notificado de manera personal de la resolución impugnada el diez de octubre de dos mil dieciocho, entonces esa notificación surtió efectos al día siguiente al en el que se practicó, es decir, el once de octubre posterior, conforme a lo dispuesto por el ordinal 82, fracción I, inciso b), y último párrafo, del Código Nacional del Procedimientos Penales28. 52. En ese sentido, el plazo genérico de quince días previsto por el arábigo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo para la promoción de este juicio constitucional transcurrió para el quejoso del quince de octubre al seis de noviembre de dos mil dieciocho. 53. Del plazo indicado se descuentan el veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de octubre, así como el uno, dos, tres y cuatro de noviembre, todos del año próximo pasado, por ser inhábiles en términos de lo establecido por el arábigo 19 de la ley de la materia y por la circular 31/2018 de diecisiete de octubre de la citada anualidad, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 54. En ese sentido, si la demanda de amparo se presentó el veinte de noviembre de dos mil dieciocho29 en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación que fue recibida en la propia data en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad30, tal como se colige de la constancia que contiene la evidencia criptográfica de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) que corresponde a Emmanuel Santiago Dávila, en su calidad de defensor particular de Carlo Daniel Mérales López y de la boleta de turno, entonces debe estimarse que ocurrió de manera extemporánea y, por ende, que este medio procesal de tutela constitucional no se promovió dentro del plazo genérico de quince días establecido por el artículo 17 de la Ley de Amparo. 55. Se afirma lo anterior, porque entre la fecha en la que inició a correr ese lapso y la de presentación de la demanda de amparo transcurrió con exceso el lapso de quince días indicado, aproximadamente veintitrés días hábiles, lo que conduce a establecer que el disidente consintió tácitamente el acto impugnado al haber ejercido la acción constitucional fuera del plazo genérico previsto legalmente. 56. Entonces, si la demanda de amparo se presentó de manera extemporánea, ya que entre las datas que fueron precisadas transcurrió con exceso el plazo genérico de quince días hábiles establecido por el numeral 17 de la legislación invocada debe concluirse que este juicio de protección de los derechos fundamentales es improcedente ante el consentimiento tácito de la resolución atacada. 57. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 13 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación31, que expone: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. Contra ellos es improcedente el amparo, y debe sobreseerse en el juicio respectivo." 58. También resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.) sustentada por el propio Tribunal Constitucional, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA.", cuyos texto y datos de localización fueron señalados anteriormente. 59. No pasa inadvertido que el solicitante del amparo manifestó en su demanda que su abogado conoció del acto reclamado el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, porque en esa data se notificó a su patrocinador en el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, autoridad distinta al Tribunal de alzada que conoció del recurso de apelación y ante la cual señaló como medio para recibir notificaciones, aún las de carácter personal, la forma virtual a través del usuario 70DA6C68 vinculado al correo electrónico justiciaparatodosinstitución@hotmail.com y, en su caso, los estrados de ese órgano jurisdiccional, dentro de la causa penal 173/2018. 60. Sin embargo, es necesario señalar que de los autos que integran este juicio de amparo se advierte que esa manifestación quedó desvirtuada con la constancia de notificación de la determinación impugnada de diez de octubre de dos mil dieciocho, elaborada por el actuario judicial adscrito a la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; además, debe destacarse que la aludida notificación no fue combatida por el quejoso ni aportó algún medio de convicción con el que demostrara que esa notificación fue declarada nula, conforme a lo estatuido por el arábigo 88 del Código Nacional del Procedimientos Penales, que señala "La notificación podrá ser nula cuando cause indefensión y no se cumplan las formalidades previstas en el presente Código.". 61. Luego, si dicha notificación no fue controvertida ni el justiciable acreditó que se declaró su nulidad debe estimarse que goza del atributo de presunción de validez que no se desvirtuó; en contexto, es factible derivar de ella consecuencias jurídicas. VIII. DECISIÓN 62. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el arábigo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, este Juzgador determina decretar el sobreseimiento en este juicio constitucional, con fundamento en el normativo 63, fracción V, del propio ordenamiento, respecto del acto reclamado a la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca consistente en la resolución de dos de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal JOTP/73/2018 formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en la causa penal 173/2018 del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, mediante la cual confirmó el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretados en contra del justiciable en la audiencia inicial que comenzó el catorce de junio de dos mil dieciocho y concluyó el veinte de junio posterior en dicho proceso penal, por el hecho que la ley señala como violación equiparada perpetrado en agravio de la infante menor de edad identificada con las iniciales A.G.S. 63. En otro aspecto, al actualizarse la causal de improcedencia examinada con antelación es innecesario el estudio de la diversa que la Fiscal Federal adscrita invocó en su escrito de alegatos, porque aun cuando operara la que señala sería irrelevante, dado que el sentido de esta resolución no cambiaría. 64. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 54/98 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País32, que informa: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." 65. Finalmente, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. 66. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación33, de contenido: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." También es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación34, que expone: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." 68. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Carlo Daniel Mérales López en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por las razones expuestas en el apartado VII de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
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