CARITINA FILOMENA GARCIA GARCIA y Otros.
Expediente 578/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 578/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- CARITINA FILOMENA GARCIA GARCIA y Otros.
- Caritina Filomena Garcia Garcia
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo para que la inconforme interpusiera el recurso de queja en contra del acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que la disidente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en donde se desechó de plano la demanda de amparo ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como en el proveído de veintiséis de mayo pasado se desechó de plano el escrito inicial, por lo que con esa resolución se puso fin al juicio sin decirlo en cuanto al fondo, de acuerdo con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido Acuerdo General, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso d) del numeral 21 del propio acuerdo; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Ténganse por recibidos el ocurso inicial y el anexo señalados en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 578/2021. Aspectos preliminares. Primeramente es necesario establecer que del contenido integral de la demanda de amparo se advierte que la inconforme * * *reclama los actos siguientes: Del Alcalde Municipal del Ayuntamiento de Santo Domingo Xagacia, Oaxaca, combate: La orden de apeo y deslinde que se pretende realizar en una fracción de terreno ubicada en el paraje denominado en zapoteco Lash-Sxrite (que en español quiere decir metido o al fondo), con las medidas y colindancias siguientes: al Norte mide diecisiete metros con cincuenta centímetros y colinda con el terreno de Isaías Zúñiga; al Sur mide catorce metros y colinda con camino al centro; al Oriente mide diez metros con cuarenta y seis centímetros y colinda con la propiedad de * **l; y, al Poniente mide diez metros y colinda con la propiedad de * * * con una inflexión al Oriente que mide cuatro metros y colinda con el terreno de * * * y una inflexión al Sur que mide cuatro metros y colinda con camino al centro, el cual se encuentra al lado Oriente de la presidencia municipal de Santo Domingo Xagacia, Oaxaca, respecto del cual aduce tener la propiedad y la posesión. Del Alcalde Municipal, del Regidor de Salud, del Regidor de Bienes y Muebles y del Comandante de la Policía Municipal, todos del Ayuntamiento de Santo Domingo Xagacia, Oaxaca, impugna: La probable ejecución del mandamiento descrito y sus consecuencias. Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial y su anexo se dicta la determinación siguiente: Desechamiento de la demanda. Con fundamento en lo estatuido por el artículo 113 de la Ley de Amparo este órgano jurisdiccional desecha de plano la demanda de amparo presentada por Caritina Filomena García García, porque respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables señalados en los párrafos precedentes se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción VI, de la propia legislación, este último numeral interpretado en sentido contrario, dado que la disidente no tiene el carácter de persona extraña frente al procedimiento de apeo y deslinde de donde derivan los actos que combate y, en esa medida, está en aptitud de acudir a dicho procedimiento y promover los mecanismos que estime pertinentes para defender el inmueble descrito, en tanto que aún no ha concluido ese asunto con una resolución final. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de las disposiciones jurídicas invocadas, las cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; [.]" El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano o de la Ley de Amparo. Al respecto es necesario señalar que la improcedencia constituye un obstáculo jurídico o de hecho que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o de pertinencia de la acción constitucional intentada. Por otro lado, del precepto inserto en segundo orden se advierte que el juicio de protección de los derechos fundamentales procede contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas a él. En tal sentido, debe precisarse que tanto la doctrina como la jurisprudencia utilizan indistintamente la expresión de persona extraña y de tercero extraño al referirse al supuesto de procedencia del amparo indirecto previsto por el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; sin embargo, acorde con el criterio actual adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el concepto de persona extraña al juicio es más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. Con base en lo anterior es factible sostener que para los efectos del juicio de amparo, en términos del ordinal 107, fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es en principio aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del asunto o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, y queda incluida en este concepto por equiparación la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 7/98 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Por otro lado, es preciso indicar que si bien la disposición analizada se refiere a los actos dictados dentro o fuera de juicio, es aplicable, por analogía, a los actos dictados en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, al margen de que éstos se substancien por órganos que formalmente tienen una función distinta a la administrativa, porque las actuaciones de un procedimiento de la naturaleza indicada se asemejan, dependiendo del estadio procesal en el que se encuentren y por sus características, a los actos dictados dentro o fuera de un contradictorio. En diverso aspecto, es preciso indicar que el Alto Tribunal del País ha establecido en relación con la procedencia de este medio procesal de tutela constitucional cuando se promueve por una persona extraña al juicio por equiparación que ese carácter se pierde cuando el gobernado conoce de la existencia del procedimiento contencioso antes de que se dicte la sentencia, ya que basta ese conocimiento para dar por sentado que está en aptitud de integrarse a la relación jurídica procesal para hacer valer los recursos y los medios ordinarios de defensa previstos por la ley para ejercer su derecho fundamental de audiencia. La Superioridad también ha sostenido que cuando el afectado conoce de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparece al asunto a pesar de que no haya sido legalmente emplazado desvirtúa su carácter de persona extraña frente al procedimiento relativo, porque al acudir a la controversia tiene la posibilidad de defenderse dentro de ella, pero puntualizó que ese criterio no es extensivo a todos los casos, ya que no es válido afirmar que la calidad de persona extraña al juicio alegada por la parte formal en el contradictorio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del proceso contencioso y la comparecencia a él, porque basta que antes de que se dicte el fallo correspondiente el promovente del amparo tenga conocimiento de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda ese carácter, dado que en tal supuesto está en aptitud de integrarse a la relación jurídica procesal para hacer valer los mecanismos de defensa establecidos por la legislación aplicable a fin de defender sus intereses. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." También se cita por las razones que suministra la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal de la Nación, que informa: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Ahora, en la especie la disidente promovió este medio extraordinario de defensa ostentándose como persona extraña frente al procedimiento de apeo y deslinde de donde emanan los actos impugnados, dado que asevera que esas actuaciones se emitieron y pretender ejecutar sin que se hayan observado las formalidades esenciales del procedimiento, por lo que asevera que al no haber solicitado un apeo y deslinde del inmuebles respecto del cual se ostenta como propietaria y posesionaria se le priva de su derecho de audiencia y estima que esos actos transgreden en su perjuicio la referida prerrogativa fundamental y las diversas de legalidad y de seguridad jurídica reconocidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, con la consecuente afectación a sus derechos reales de propiedad y de posesión que dice ejercer sobre el predio descrito en los párrafos precedentes. Sin embargo, del contenido integral del escrito inicial se advierte que la peticionaria del amparo conoció de la existencia del procedimiento de apeo y deslinde antes de que pueda pronunciarse la resolución o la determinación final en ese asunto, pues de lo relatado por la inconforme se advierte que dicho procedimiento se encuentra en trámite, porque aún no se ha realizado el apeo y deslinde del bien raíz señalado, ni se ha dictado la determinación final que concluya ese procedimiento, por lo que esa situación da pauta a considerar que está en la posibilidad de acudir a dicho procedimiento e intervenir en él antes de que pueda pronunciarse una resolución en ese asunto. Para evidenciar lo anterior, es necesario traer a contexto el contenido del ordinal 145, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, el cual establece lo siguiente: "Artículo 145. Son atribuciones de los alcaldes: I. Conocer de los asuntos de jurisdicción voluntaria y de aquellos no contenciosos de su competencia que soliciten las partes con excepción de las informaciones de dominio y ad-perpetuam; [.]". Del precepto transcrito se advierte que los Alcaldes de los municipios de esta entidad federativa aun cuando son autoridades administrativas, pueden realizar funciones materialmente jurisdiccionales, ya que entre otras atribuciones, tienen la de conocer de los asuntos de jurisdicción voluntaria y de aquellos no contenciosos de su competencia que soliciten las partes, con excepción de las informaciones de dominio y ad-perpetuam. Por otra parte, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca en el Título Decimoquinto regula los procedimientos de jurisdicción voluntaria y en el Capítulo VI de ese Título norma como un procedimiento de jurisdicción voluntaria el apeo y deslinde, en específico en los normativos 923, 924, 925, 926, 927 y 928, que disponen: "Artículo 923. El apeo o deslinde tiene lugar siempre que no se hayan fijado los límites que separan un predio de otro u otros, o que habiéndose fijado hay motivo fundado para creer que no son exactos, ya porque naturalmente se hayan confundido, ora porque se hayan destruido las señales que los marcaban, bien porque éstas se hayan colocado en lugar distinto del primitivo. Artículo 924. Tiene derecho para promover el apeo: I. El propietario; II. El poseedor con título bastante para transferir el dominio; III. El usufructuario. Artículo 925. La petición de apeo debe contener: I. El nombre y ubicación de la finca que debe deslindarse; II. La parte o partes de aquella en que el acto debe ejecutarse; III. Los nombres de los colindantes que pueden tener interés en el apeo; IV. El sitio donde están y donde deben colocarse las señales, y si éstas no existen, el lugar donde estuvieron; V. Los planos y demás documentos que deban servir para la diligencia; VI. Designación de un perito por parte del promovente. Artículo 926. Hecha la promoción, el juez la mandará hacer saber a los colindantes para que dentro de tres días presenten los títulos o documentos de su posesión y nombren peritos si quisieren hacerlo, y se señalará el día, hora y lugar para que dé principio la diligencia de deslinde. Si fuere necesario identificar alguno o algunos de los puntos de (sic) deslinde, los interesados podrán presentar dos testigos de identificación cada uno, a la hora de la diligencia. Artículo 927. El día y hora señalados el juez, acompañado de su secretario, peritos, testigos de identificación e interesados que asistan al lugar designado para dar principio a la diligencia, la verificará conforme a las reglas siguientes: I. Practicará el apeo, asentándose acta en que consten todas las observaciones que hicieren los interesados; II. La diligencia no se suspenderá por virtud de las observaciones, sino en el caso de que alguna persona presente en el acto un documento debidamente registrado, que pruebe que el terreno que se trata de deslindar es de su propiedad; III. El juez, al ir demarcando los límites del fundo deslindado, otorgará al promovente la posesión de la propiedad que quede comprendida dentro de aquellos linderos, si ninguno de los colindantes se opusiere, o mandará que se mantenga en la que esté disfrutando; IV. Si hay oposición de alguno de los colindantes respecto a un punto determinado, por considerar que conforme a sus títulos quede comprendido dentro de los límites de su propiedad, el tribunal oirá a los testigos de identificación y a los peritos, e invitará a los interesados a que se pongan de acuerdo. Si esto se lograre, se hará constar y se otorgará la posesión según su sentido. Si no se lograre el acuerdo, se abstendrá el juez de hacer declaración alguna en cuanto a la posesión, respetando en ella a quien la disfrute, y mandará reservar sus derechos a los interesados para que lo hagan valer en el juicio correspondiente; V. El juez mandará que se fijen las señales convenientes en los puntos deslindados, las que quedarán como límites legales. Los puntos respecto a los cuales hubiere oposición, no quedarán deslindados ni se fijará en ellos señal alguna, mientras no haya sentencia ejecutoria que resuelva la cuestión, dictada en el juicio correspondiente. Artículo 928. Los gastos generales del apeo se harán por el que lo promueva. Los que importen la intervención de los peritos que designen y de los testigos que presenten los colindantes serán pagados por el que nombre a los unos y presente a los otros." De las normas insertas se desprenden, en lo que interesa, las premisas siguientes: El apeo o deslinde tiene lugar siempre que no se hayan fijado los límites que separan un predio de otro u otros, o que habiéndose fijado hay motivo fundado para creer que no son exactos, ya porque naturalmente se hayan confundido, ora porque se hayan destruido las señales que los marcaban, o bien, porque éstas se hayan colocado en lugar distinto del primitivo. Tiene derecho para promover el apeo: a) el propietario; b) el poseedor con título bastante para transferir el dominio; y, c) el usufructuario. La petición de apeo debe contener: (i) el nombre y ubicación de la finca que debe deslindarse; (ii) la parte o partes de aquella en que el acto debe ejecutarse; (iii) los nombres de los colindantes que pueden tener interés en el apeo; (iv) el sitio donde están y donde deben colocarse las señales, y si éstas no existen, el lugar donde estuvieron; (v) los planos y demás documentos que deban servir para la diligencia; y, (vii) la designación de un perito por parte del promovente. Hecha la promoción, el juez la mandará hacer saber a los colindantes para que dentro de tres días presenten los títulos o documentos de su posesión y nombren peritos si quisieren hacerlo, y se señalará el día, hora y lugar para que dé principio la diligencia de deslinde. Si fuere necesario identificar alguno o algunos de los puntos de deslinde, los interesados podrán presentar dos testigos de identificación cada uno, a la hora de la diligencia. El día y hora señalados el juez, acompañado de su secretario, peritos, testigos de identificación e interesados que asistan al lugar designado para dar principio a la diligencia, la verificará conforme a las reglas siguientes: I. Practicará el apeo, asentándose acta en que consten todas las observaciones que hicieren los interesados. II. La diligencia no se suspenderá por virtud de las observaciones, sino en el caso de que alguna persona presente en el acto un documento debidamente registrado, que pruebe que el terreno que se trata de deslindar es de su propiedad. III. El juez al ir demarcando los límites del fundo deslindado, otorgará al promovente la posesión de la propiedad que quede comprendida dentro de aquellos linderos, si ninguno de los colindantes se opusiere, o mandará que se mantenga en la que esté disfrutando. IV. Si hay oposición de alguno de los colindantes respecto a un punto determinado, por considerar que conforme a sus títulos quede comprendido dentro de los límites de su propiedad, el tribunal oirá a los testigos de identificación y a los peritos, e invitará a los interesados a que se pongan de acuerdo. Si esto se lograre, se hará constar y se otorgará la posesión según su sentido. Si no se lograre el acuerdo, se abstendrá el juez de hacer declaración alguna en cuanto a la posesión, respetando en ella a quien la disfrute, y mandará reservar sus derechos a los interesados para que lo hagan valer en el juicio correspondiente; V. El juez mandará que se fijen las señales convenientes en los puntos deslindados, las que quedarán como límites legales. Los puntos respecto a los cuales hubiere oposición, no quedarán deslindados ni se fijará en ellos señal alguna, mientras no haya sentencia ejecutoria que resuelva la cuestión, dictada en el juicio correspondiente. Con base en lo anterior, es factible sostener que si el procedimiento de jurisdicción voluntaria de apeo y deslinde que el Alcalde Municipal del Ayuntamiento de Santo Domingo Xagacia, Oaxaca, está instrumentando actualmente se encuentra en su fase inicial, porque aún no se lleva a cabo el apeo y deslinde, sino que la orden de esa diligencia apenas se pretende realizar; por tanto, dicho procedimiento se encuentra en trámite, de acuerdo con lo expuesto por la justiciable y hasta este momento no se ha dictado la resolución final en ese asunto, entonces la calidad de persona extraña al juicio con la que la inconforme se ostenta está desvirtuada, porque conoció de la existencia de ese procedimiento antes de que pueda pronunciarse la determinación que ponga fin a ese asunto, por lo que basta ese conocimiento para dar por sentado que está en aptitud de acudir e intervenir en tal procedimiento para hacer valer sus derechos respecto del inmueble que defiende en los términos que prescriben los dispositivos 926 y 927 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, así como interponer los recursos previstos por la ley para atacar las decisiones que le ocasionen agravios. En ese sentido, al estar evidenciado que la justiciable conoció del procedimiento de jurisdicción voluntaria de apeo y deslinde señalado antes de que pueda dictarse la resolución final en ese asunto es factible concluir que el carácter de persona extraña con la que promueve se encuentra desvirtuado, dado que en tal supuesto está en aptitud de acudir e intervenir en ese procedimiento para defender los derechos reales de propiedad y de posesión y hacer valer los mecanismos de defensa establecidos por la legislación aplicable a fin de defender sus intereses. Las consideraciones expuestas evidencian que en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción VI, de la propia legislación, este último dispositivo interpretado en sentido contrario, en relación con los actos reclamados al Alcalde Municipal, al Regidor de Salud, al Regidor de Bienes y Muebles y al Comandante de la Policía Municipal, todos del Ayuntamiento de Santo Domingo Xagacia, Oaxaca, consistentes en la orden de apeo y deslinde que se pretende realizar en una fracción de terreno ubicada en el paraje denominado en zapoteco Lash-Sxrite (que en español quiere decir metido o al fondo), con las medidas y colindancias siguientes: al Norte mide diecisiete metros con cincuenta centímetros y colinda con el terreno de Isaías Zúñiga; al Sur mide catorce metros y colinda con camino al centro; al Oriente mide diez metros con cuarenta y seis centímetros y colinda con la propiedad de Espiridión Gabriel; y, al Poniente mide diez metros y colinda con la propiedad de Feliciano Hernández con una inflexión al Oriente que mide cuatro metros y colinda con el terreno de Feliciano Hernández y una inflexión al Sur que mide cuatro metros y colinda con camino al centro, el cual se encuentra al lado Oriente de la presidencia municipal de Santo Domingo Xagacia, Oaxaca, respecto del cual aduce tener la propiedad y la posesión y la probable ejecución del mandamiento descrito y sus consecuencias, dado que la disidente no tiene el carácter de persona extraña frente al procedimiento de apeo y deslinde indicado y, en esa medida, está en aptitud de acudir e intervenir en él a defender el citado inmueble y promover los mecanismos que estime pertinentes para defenderse en contra de los actos que le ocasionan agravios, en tanto que aún no ha concluido ese asunto con la resolución final; por tanto, se desecha de plano la demanda en cuanto a esas actuaciones con apoyo en lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley de la materia. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Se tiene como domicilio procesal de la inconforme el que indica en su ocurso y como sus autorizados en términos restringidos de los normativos 12 y 24 de la Ley de Amparo, esto es, para recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que designa, porque así lo solicitó expresamente. En otro punto, se tiene a la disidente señalando el correo electrónico que proporciona, únicamente como medio de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por los numerales 5 y 22 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este juzgado se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente. (SE NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA)
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