Carla Jaqueline Alvarez Martínez

Expediente 1556/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 18 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1556/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
01/12/2022

Partes del expediente

  • Carla Jaqueline Alvarez Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a primero de diciembre de dos mil veintidós Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depuración, toda vez que se negó la protección constitucional, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que puede ser depurable en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión (ambos destruibles) Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado de dicho incidente al cuaderno principal, así como del original en toda vez que encuadra en la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso c), de dicha normativa, ello en razón de que la medida cautelar fue negada definitivamente. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que en caso de ser procedente se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que en su caso hayan exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Devolución de anexo autoridad responsable Finalmente, tomando en consideración que de autos de advierte que se encuentra en este juzgado federal copias certificadas de diversas constancias y un disco versátil digital (DVD) remitidas por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia Especializado de Control del Único Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con residencia en Xochitepec y habiéndose declarado este juicio de garantías con el carácter de cosa juzgada, no existe motivo alguno por el cual deban de permanecer dicho testimonio, motivo por el cual se ordena remitir el mismo a la autoridad responsable remitente, sin que sea necesario acuse de recibo. Notifíquese Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de septiembre de dos mil veintidós Vista la razón asentada por el fedatario de la adscripción, mediante la cual manifiesta la imposibilidad que tiene para notificar personalmente al tercero interesado de iniciales C.B.T., por las razones que señala en la misma; al respecto, con fundamento en lo previsto por la fracción III, inciso a) del artículo 27 y 29, de la Ley de Amparo, la notificación de la resolución de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, el presente acuerdo, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hágansele a la parte tercero interesada, por medio de lista que se fija en los estrados de éste Juzgado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LINEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR AL TERCERO INTERESADO DE INICIALES C.B.T. LA RESOLUCIÓN DE VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS EN LA QUE SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE: VISTO, para resolver el juicio de amparo 1556/2021, promovido por Carla Jaqueline Alvarez Martinez contra actos del Juez de Primera Instancia, Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Atlacholoaya, Municipio de Xochitepec, Morelos (Ramón Villanueva Uribe), y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, ante el buzón judicial de los Juzgados de Distrito y el veinticinco del mismo mes y año, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, CARLA JAQUELINE ALVAREZ MARTINEZ solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: ° JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, CONTROL, JUICIO ORAL Y EJECUCIÓN DE SANCIONES DEL DISTRITO JUDICIAL ÚNICO EN EL ESTADO DE MORELOS, CON SEDE EN ATLACHOLOAYA, MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS (RAMÓN VILLANUEVA URIBE). Acto reclamado: ".La Resolución de fecha 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, DICTADA DENTRO DE LA CAUSA PENAL NÚMERO JC/1386/2019, DICTADA POR CIUDADANO JUEZ RAMÓN VILLANUEVA URIBE DE PRIMERA INSTANCIA, CONTROL, JUICIO ORAL Y EJECUCIÓN DE SANCIONES DEL DISTRITO JUDICIAL ÚNICO EN EL ESTADO DE MORELOS.". SEGUNDO. El veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 1556/2021, admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama la resolución de diez de noviembre de dos mil veintiuno, emitida dentro de la causa penal JC/1386/2019, índice de la autoridad señalada como responsable. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así se advierte del contenido del informe justificado, pues al momento de rendirlo así lo manifestó. Tal afirmación se corrobora también con las copias certificadas de la causa penal JC/1386/2019 y un disco compacto. Pruebas a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, al tratarse de actuaciones judiciales -asunto penal-, mientras que el disco óptico se considera como una documental pública y se le otorga el mismo valor pleno. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia PC.VI.P. J/7 P (10a.), del Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo II, página 1650, Materia Penal, Décima Época, de contenido literal siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). LA CERTIFICACIÓN DE QUE SON COPIA AUTÉNTICA DEL REGISTRO AUDIOVISUAL NO REQUIERE QUE EL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES SE ENCUENTREN EN LA MATERIALIDAD DEL DISCO, SI EXISTEN OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE LE DAN CERTEZA. Las videograbaciones de las audiencias de referencia, conforme al artículo 61 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contenidas en disco versátil digital (DVD), tienen el carácter de prueba instrumental de actuaciones, al tratarse de las diligencias o actos relativos al proceso penal acusatorio, guardadas en un archivo digital y, por ende, son aptas para acreditar la existencia de un acto procesal. Por tanto, aun cuando dicho disco carezca del sello y la firma correspondientes como signo de certificación, no debe ponerse en duda su contenido, si existen otras circunstancias que le den certeza a éste, como pudieran ser, en el caso del trámite del recurso de apelación, que el disco fuera remitido al tribunal de alzada por la autoridad del Poder Judicial a quien corresponde su resguardo y esa remisión se hiciera por conducto de las oficinas que pertenecen precisamente a dicho Poder mediante un oficio que cumple con las formalidades de ley, esto es, que contiene la firma autógrafa de la autoridad emisora, así como el sello correspondiente y, sobre todo, ante el hecho de que el órgano jurisdiccional que conoce del asunto de que se trata, corrobore que la diligencia respectiva, en efecto se encuentra registrada en el disco; y en el caso del trámite de un juicio de amparo, en que el disco fuera remitido por la autoridad responsable junto con el informe justificado, mediante un oficio con la firma autógrafa de la autoridad emisora y el sello correspondiente, se tiene la presunción de autenticidad de su contenido, considerando además que las partes tienen la oportunidad de objetarlo una vez que se les da la vista correspondiente." CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En el presente asunto, las partes no invocaron causas de improcedencia, tampoco este Juzgado advierte de oficio la actualización de alguna de las previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, o bien alguna derivada de la propia legislación o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual, se analiza la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es innecesario realizar su transcripción, al no existir algún precepto en la Ley de Amparo que así lo establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Son infundados los conceptos de violación expuestos por la quejosa, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Al respecto, la quejosa aduce en sus conceptos de violación que es contrario a sus derechos fundamentales lo resuelto por el juez responsable, en el sentido de que el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que puede justificarse que la prisión preventiva exceda de dos años, cuando esa prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado, lo que considera violatorio del principio de estricta legalidad, fundamentación y motivación, esto al negar la modificación de la prisión preventiva justificada. Sostiene por otra parte que padeció una serie de violaciones procesales lo cual la dejó en estado de indefensión y que el fiscal no justificó debidamente la necesidad de la medida cautelar interpuesta en su contra. Continúa realizando argumentos encaminados a argumentar que no existe peligro para la víctima y que se le deben respetar sus derechos fundamentales. En otra tesitura, refiere que la Sala responsable no tomó en consideración que la quejosa sí justificó la necesidad de estar en libertad puesto que se encontraba lactando como se manifestó en la opinión técnica de evaluación de riesgos procesales. Por otra parte, realiza diversas manifestaciones respecto de la tipicidad y la aplicación de los principios del derecho penal a los procedimientos administrativos sancionadores. Siendo en síntesis los argumentos vertidos como conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos para los efectos legales conducentes. Ahora bien, para una mejor referencia, se establecen los antecedentes que dieron origen al acto reclamado. 1. El veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, se desahogó la audiencia inicial de control detención, formulación de imputación, vinculación a proceso e imposición de medidas cautelares en la carpeta penal JC/1386/2019, instaurada en contra de la quejosa y otra persona, por el delito de extorsión cometido en agravio de la víctima de iniciales C.B.T., en la cual el juez Arturo Ampudia Amaro, le impuso la medida cautelar consistente en prisión preventiva justificada. 2. El uno de noviembre siguiente se le dictó auto de vinculación a proceso a la aludida quejosa por el delito de extorsión agravada. 3. La defensa de la encausada solicitó audiencia de revisión de medidas cautelares, misma que se llevó a cabo el veinte de noviembre de dos mil veinte, en la que se determinó improcedente la petición. 4. Inconforme con lo anterior, interpuso recurso de apelación, el cual correspondió conocer a la Sala Auxiliar del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, quien mediante resolución de once de marzo de dos mil veintiuno, emitida en el toca penal 326/2020-15-4-5-OP, confirmaron la determinación recurrida. 5. En contra de la determinación de la Sala, de once de marzo de dos mil veintiuno, la ahora quejosa promovió juicio de amparo indirecto, el cual correspondió conocer a este órgano jurisdiccional bajo el número 1236/2021, en la que se negó al amparo y protección de la justicia federal. 6. El diez de noviembre de dos mil veintiuno, el Juez de Primera Instancia Especializado de Control, del Único Distrito Judicial en el Estado de Morelos, resolvió negar la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva, por no haberse modificado las condiciones por las cuales el diverso juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva. Determinación que constituye el acto reclamado. Los conceptos de violación devienen inoperantes por una parte e infundados por otra, aun suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Para estimarlo así, es pertinente destacar que el juez responsable, en la audiencia de diez de noviembre de dos mil veintiuno, principalmente estableció que de acuerdo con los artículos 161 y 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un requisito indispensable para la modificación de la medida cautelar, que exista una variación de manera objetiva de las condiciones que justificaron inicialmente la imposición de la medida cautelar, lo que en la especie no ocurrió. Además, mencionó que el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el plazo máximo de duración de la prisión preventiva es de dos años, sin embargo, prevé una excepción consistente en que, puede superarse esa temporalidad cuando sea consecuencia de actos realizados por la propia defensa. En ese sentido, expuso que en la causa penal de origen, obran distintos juicios de amparo, los cuales son: 384/2020, radicado en el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Morelos. 361/2020, radicado en este Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Morelos. 320/2021, radicado en el Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Morelos -ahora 1236/2021, del índice de este Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Morelos-. A consideración de la autoridad responsable, tales juicios han impedido continuar con la secuela normal del proceso, es decir, con el desahogo de la audiencia intermedia, lo cual, trajo como consecuencia que se exceda del plazo de dos años que prevé el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Finalmente, sostuvo que respecto de los argumentos planteados por la ahora quejosa en el sentido de que es madre y que tiene dependientes económicos, así como cuestiones relativas a su residencia, ya se han hecho valer anteriormente, por lo que no puede ser susceptible de ser analizado nuevamente; aunado a que no se aportaron elementos para acreditar su dicho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 161 y 165, negó la modificación de la medida cautelar impuesta a la quejosa. Acotado lo anterior, la inoperancia de los conceptos de violación esgrimidos deriva de lo argumentado por cuanto a la procedencia de la prisión preventiva y a los elementos que en su oportunidad se tomaron en consideración para imponerla, puesto que esa circunstancia es ajena a la litis de este juicio. También, son inoperantes los conceptos de violación relacionados con las violaciones procesales alegadas, desde su detención, hasta las relativas al desahogo de diversas audiencias en que refiere se violentaron sus derechos fundamentales, en virtud de que esos argumentos resultan ajenos a lo relacionado con el acto reclamado; de ahí que no puedan ser tomados en cuenta para revocar la imposición de prisión preventiva decretada. En ese mismo sentido, son inoperantes los argumentos encaminados a demostrar la aplicación del derecho penal a los procedimientos administrativos sancionadores, por no estar relacionados con el acto reclamado en este juicio. Del mismo modo, es inoperante lo aducido en el sentido de que tiene hijos menores, su modo de vivir y que se encontraba lactando, pues dichas situaciones ya fueron expuestas con anterioridad en diversas solicitudes de modificación a la medida de prisión preventiva, y que fueron valoradas en una diversa resolución al momento de debatir sobre la imposición de la medida cautelar. Respecto de este último argumento, la inoperancia que se advierte también deriva de que la parte quejosa no combatió las consideraciones del juez responsable para negar la modificación de la medida decretada, específicamente, las relativas a la falta de estudio de los argumentos expuestos ante esa autoridad para efecto de que modificara la procedencia de la prisión preventiva decretada. Ello, tomando en cuenta que tales argumentos como ya se precisó son una reiteración a lo expuesto en los agravios formulados para combatir la diversa resolución de veinte de noviembre de dos mil veinte, relativa a la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta a la hoy quejosa y que no se encaminan a combatir los argumentos del juez responsable, con los que desestimó sus motivos de disenso. Máxime que, como sostuvo el juez responsable dentro de la audiencia de diez de noviembre de dos mil veintiuno, no se aportó algún medio de prueba para corroborar sus afirmaciones. Por lo anterior, resultan inoperantes tales conceptos de violación para conceder el amparo solicitado. Esto es acorde a la jurisprudencia 2a./J. 188/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, noviembre de 2009, página 424, con número de registro digital 166031, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado". Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia I.6o.C. J/20, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 86, febrero de 1995, página 25, con número de registro digital 209202, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, CUANDO NO CONTROVIERTEN TODAS LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA. Cuando son varias las consideraciones legales en que descansa la sentencia reclamada y los conceptos de violación no controvierten la totalidad de éstas, los mismos resultan inoperantes, porque aun en el caso de que fueran fundados, no bastarían para determinar el otorgamiento del amparo, debido a la deficiencia en el ataque de los fundamentos en que se sustenta el referido fallo, los que con tal motivo quedarían firmes, rigiendo a éste". Por otro lado, resulta infundado lo esgrimido por la parte quejosa en su demanda de amparo, respecto de que el juez responsable aplica de manera incorrecta el contenido del artículo 165, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues, contrario a la interpretación que pretende realizar la quejosa, dicho precepto sí prevé la posibilidad de que esa medida pueda rebasar el plazo de dos años, tal y como se verá a continuación: "Artículo 165. Aplicación de la prisión preventiva Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. La prisión preventiva será ordenada conforme a los términos y las condiciones de este Código. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares". El artículo anterior establece que la prisión preventiva únicamente tendrá lugar para delitos que merezcan pena privativa de libertad. Dicha medida será ordenada conforme a las condiciones que prevé el propio Código Nacional de Procedimientos Penales y no podrá rebasar del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso, y en ningún caso será superior a dos años. Excepcionalmente, se podrá permitir que exceda del plazo antes señalado, cuando su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Por último se prevé que si se cumplió el término de dos años y no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En ese contexto normativo, es acertado que el juez responsable no hubiere ordenado que la quejosa continuara su proceso en libertad, a pesar de haberse excedido el plazo de dos años previsto en el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que dicha prolongación se debe al ejercicio de la defensa de la imputada, debido a los múltiples juicios de amparo indirecto promovidos por ella, que han impedido la continuación de la secuela normal del procedimiento. Ante esa circunstancia, este juzgador también advierte que se actualiza la excepción de improcedencia que para ordenar la libertad de la quejosa, que establece el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Debe mencionarse que la determinación que se analiza no se considera violatoria del marco constitucional y convencional. Para robustecer lo anterior, conviene analizar el contenido del artículo 20, apartado B, fracción IX, último párrafo, de la Constitución general que dice: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] B. De los derechos de toda persona imputada: [.] IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares.". El artículo anterior coincide con el texto establecido en el diverso 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sentido de que limita la duración de la prisión preventiva al plazo de dos años siempre y cuando esa prolongación no se deba al ejercicio de derecho de defensa de la persona imputada. Por tanto, en vista de que el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales replica el texto establecido en el artículo 20, apartado B, fracción IX, último párrafo, de la Constitución general, debe considerarse acertada la determinación de la autoridad responsable. No se pierden de vista los criterios invocados por la parte quejosa, emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con los cuales pretende que se le conceda el amparo por considerar que se ha restringido su libertad personal más allá de los límites estrictamente necesarios. Sin embargo, la determinación recurrida de ninguna manera es contraria al parámetro de regularidad constitucional en materia de derechos humanos. Para ello, debe tomarse en cuenta lo sustentado en el Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, Miembros y Activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile, en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisó las características a las cuales debe ajustarse una medida de detención o prisión preventiva, para ser considerada convencional, las cuales a continuación se reproducen para pronta referencia: "a) Es una medida cautelar y no punitiva: debe estar dirigida a lograr fines legítimos y razonablemente relacionados con el proceso penal en curso. No puede convertirse en una pena anticipada ni basarse en fines preventivos-generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena. b) Debe fundarse en elementos probatorios suficientes: Para disponer y mantener medidas como la prisión preventiva deben existir elementos probatorios suficientes que permitan suponer razonablemente que la persona sometida a proceso ha participado en el ilícito que se investiga. Verificar este presupuesto material constituye un primer paso necesario para restringir el derecho a la libertad personal por medio de una medida cautelar, pues si no existiesen mínimamente elementos que permitan vincular a la persona con el hecho punible investigado, tampoco habrá necesidad de asegurar los fines del proceso. Para la Corte, la sospecha tiene que estar fundada en hechos específicos, esto es, no en meras conjeturas o intuiciones abstractas. De allí se deduce que el Estado no debe detener para luego investigar, por el contrario, sólo está autorizado a privar de la libertad a una persona cuando alcance el conocimiento suficiente para poder llevarla a juicio. c) Está sujeta a revisión periódica: La Corte ha puesto de relieve que no debe prolongarse cuando no subsistan las razones que motivaron su adopción. También ha observado que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer los fundamentos suficientes que permitan conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad, la cual, para que no se erija en una privación de libertad arbitraria, de acuerdo con el artículo 7.3 de la Convención Americana, debe estar fundada en la necesidad de asegurar que el detenido no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. La Corte resalta, además, que el juez no tiene que esperar hasta el momento de dictar sentencia absolutoria para que una persona detenida recupere su libertad, sino que debe valorar periódicamente si se mantienen las causas de la medida y la necesidad y la proporcionalidad de ésta, así como si el plazo de la detención ha sobrepasado los límites que imponen la ley y la razón. En cualquier momento en que aparezca que la prisión preventiva no satisface estas condiciones, deberá decretarse la libertad, sin perjuicio de que el proceso respectivo continúe". De la transcripción anterior se advierte que la prisión preventiva debe estar dirigida a lograr fines legítimos y razonablemente relacionados con el proceso penal; debe fundarse en elementos probatorios suficientes; y debe estar sujeta a revisión periódica. Respecto de este último punto, se estableció que las autoridades nacionales deben ofrecer los fundamentos suficientes que permitan conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad, para que no se erija en una privación de libertad arbitraria, de acuerdo con el artículo 7.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice: "Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal [.] 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios". El artículo transcrito establece que ninguna persona puede estar sometido a detención o encarcelamiento arbitrario. En el caso, no se considera arbitraria la determinación reclamada, pues incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce que este tipo de medidas pueden estar sujetas a los plazos que determinen las leyes, lo que, en el caso, se encuentra perfectamente determinado por el artículo 20, apartado B, fracción IX, último párrafo, de la Constitución general y 165, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto, sin perjuicio de que la medida pueda revisarse nuevamente con posterioridad para determinar si se mantienen las causas de la medida, la necesidad y la proporcionalidad de esta, así como si el plazo de la detención ha sobrepasado los límites que impone la ley. Ahora, si bien se impone como obligación a las autoridades nacionales, que ofrezcan los fundamentos suficientes que permitan conocer a las personas privadas de la libertad, los motivos por los cuales se mantiene esa restricción, en el presente asunto, el juez responsable cumplió con esa exigencia al exponer las razones por las cuales, a pesar de que se excedió el plazo máximo de duración de la prisión preventiva, dicha circunstancia se debió al ejercicio del derecho de defensa de la quejosa. Máxime que, al existir una restricción expresa en la Constitución general, respecto a la libertad personal de la ahora quejosa, debe estarse a lo dispuesto en esta, conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 202, que dice: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano". Bajo ese mismo orden de ideas, la determinación impugnada tampoco implica un acto de discriminación por ser mujer, sino que fue emitida en apego al parámetro de regularidad constitucional cuya observancia es obligatoria para todas las autoridades del país. Se insiste en que, no se pierde de vista que aun cuando en materia penal, conforme a lo previsto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, los juzgados de amparo tienen la obligación de suplir la deficiencia de la queja, en el presente caso, no se advierte que dichos conceptos, aun en suplencia, puedan tener el alcance para conceder el amparo solicitado. En ese tenor, al resultar inoperantes e infundados los conceptos de violación, sin que esta autoridad advierte suplencia que analizar, lo procedente es negar la protección constitucional solicitad por el quejoso. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Carla Jaqueline Álvarez Martínez, contra el acto reclamado de la responsable precisada, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta sentencia. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Erik Calderón Ocampo, hasta hoy veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 1556/2021, promovido por Carla Jaqueline Alvarez Martinez contra actos del Juez de Primera Instancia, Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Atlacholoaya, Municipio de Xochitepec, Morelos (Ramón Villanueva Uribe), y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, ante el buzón judicial de los Juzgados de Distrito y el veinticinco del mismo mes y año, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, CARLA JAQUELINE ALVAREZ MARTINEZ solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: ° JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, CONTROL, JUICIO ORAL Y EJECUCIÓN DE SANCIONES DEL DISTRITO JUDICIAL ÚNICO EN EL ESTADO DE MORELOS, CON SEDE EN ATLACHOLOAYA, MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS (RAMÓN VILLANUEVA URIBE). Acto reclamado: ".La Resolución de fecha 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, DICTADA DENTRO DE LA CAUSA PENAL NÚMERO JC/1386/2019, DICTADA POR CIUDADANO JUEZ RAMÓN VILLANUEVA URIBE DE PRIMERA INSTANCIA, CONTROL, JUICIO ORAL Y EJECUCIÓN DE SANCIONES DEL DISTRITO JUDICIAL ÚNICO EN EL ESTADO DE MORELOS.". SEGUNDO. El veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 1556/2021, admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama la resolución de diez de noviembre de dos mil veintiuno, emitida dentro de la causa penal JC/1386/2019, índice de la autoridad señalada como responsable. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así se advierte del contenido del informe justificado, pues al momento de rendirlo así lo manifestó. Tal afirmación se corrobora también con las copias certificadas de la causa penal JC/1386/2019 y un disco compacto. Pruebas a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, al tratarse de actuaciones judiciales -asunto penal-, mientras que el disco óptico se considera como una documental pública y se le otorga el mismo valor pleno. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia PC.VI.P. J/7 P (10a.), del Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo II, página 1650, Materia Penal, Décima Época, de contenido literal siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). LA CERTIFICACIÓN DE QUE SON COPIA AUTÉNTICA DEL REGISTRO AUDIOVISUAL NO REQUIERE QUE EL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES SE ENCUENTREN EN LA MATERIALIDAD DEL DISCO, SI EXISTEN OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE LE DAN CERTEZA. Las videograbaciones de las audiencias de referencia, conforme al artículo 61 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contenidas en disco versátil digital (DVD), tienen el carácter de prueba instrumental de actuaciones, al tratarse de las diligencias o actos relativos al proceso penal acusatorio, guardadas en un archivo digital y, por ende, son aptas para acreditar la existencia de un acto procesal. Por tanto, aun cuando dicho disco carezca del sello y la firma correspondientes como signo de certificación, no debe ponerse en duda su contenido, si existen otras circunstancias que le den certeza a éste, como pudieran ser, en el caso del trámite del recurso de apelación, que el disco fuera remitido al tribunal de alzada por la autoridad del Poder Judicial a quien corresponde su resguardo y esa remisión se hiciera por conducto de las oficinas que pertenecen precisamente a dicho Poder mediante un oficio que cumple con las formalidades de ley, esto es, que contiene la firma autógrafa de la autoridad emisora, así como el sello correspondiente y, sobre todo, ante el hecho de que el órgano jurisdiccional que conoce del asunto de que se trata, corrobore que la diligencia respectiva, en efecto se encuentra registrada en el disco; y en el caso del trámite de un juicio de amparo, en que el disco fuera remitido por la autoridad responsable junto con el informe justificado, mediante un oficio con la firma autógrafa de la autoridad emisora y el sello correspondiente, se tiene la presunción de autenticidad de su contenido, considerando además que las partes tienen la oportunidad de objetarlo una vez que se les da la vista correspondiente." CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En el presente asunto, las partes no invocaron causas de improcedencia, tampoco este Juzgado advierte de oficio la actualización de alguna de las previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, o bien alguna derivada de la propia legislación o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual, se analiza la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es innecesario realizar su transcripción, al no existir algún precepto en la Ley de Amparo que así lo establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Son infundados los conceptos de violación expuestos por la quejosa, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Al respecto, la quejosa aduce en sus conceptos de violación que es contrario a sus derechos fundamentales lo resuelto por el juez responsable, en el sentido de que el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que puede justificarse que la prisión preventiva exceda de dos años, cuando esa prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado, lo que considera violatorio del principio de estricta legalidad, fundamentación y motivación, esto al negar la modificación de la prisión preventiva justificada. Sostiene por otra parte que padeció una serie de violaciones procesales lo cual la dejó en estado de indefensión y que el fiscal no justificó debidamente la necesidad de la medida cautelar interpuesta en su contra. Continúa realizando argumentos encaminados a argumentar que no existe peligro para la víctima y que se le deben respetar sus derechos fundamentales. En otra tesitura, refiere que la Sala responsable no tomó en consideración que la quejosa sí justificó la necesidad de estar en libertad puesto que se encontraba lactando como se manifestó en la opinión técnica de evaluación de riesgos procesales. Por otra parte, realiza diversas manifestaciones respecto de la tipicidad y la aplicación de los principios del derecho penal a los procedimientos administrativos sancionadores. Siendo en síntesis los argumentos vertidos como conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos para los efectos legales conducentes. Ahora bien, para una mejor referencia, se establecen los antecedentes que dieron origen al acto reclamado. 1. El veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, se desahogó la audiencia inicial de control detención, formulación de imputación, vinculación a proceso e imposición de medidas cautelares en la carpeta penal JC/1386/2019, instaurada en contra de la quejosa y otra persona, por el delito de extorsión cometido en agravio de la víctima de iniciales C.B.T., en la cual el juez Arturo Ampudia Amaro, le impuso la medida cautelar consistente en prisión preventiva justificada. 2. El uno de noviembre siguiente se le dictó auto de vinculación a proceso a la aludida quejosa por el delito de extorsión agravada. 3. La defensa de la encausada solicitó audiencia de revisión de medidas cautelares, misma que se llevó a cabo el veinte de noviembre de dos mil veinte, en la que se determinó improcedente la petición. 4. Inconforme con lo anterior, interpuso recurso de apelación, el cual correspondió conocer a la Sala Auxiliar del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, quien mediante resolución de once de marzo de dos mil veintiuno, emitida en el toca penal 326/2020-15-4-5-OP, confirmaron la determinación recurrida. 5. En contra de la determinación de la Sala, de once de marzo de dos mil veintiuno, la ahora quejosa promovió juicio de amparo indirecto, el cual correspondió conocer a este órgano jurisdiccional bajo el número 1236/2021, en la que se negó al amparo y protección de la justicia federal. 6. El diez de noviembre de dos mil veintiuno, el Juez de Primera Instancia Especializado de Control, del Único Distrito Judicial en el Estado de Morelos, resolvió negar la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva, por no haberse modificado las condiciones por las cuales el diverso juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva. Determinación que constituye el acto reclamado. Los conceptos de violación devienen inoperantes por una parte e infundados por otra, aun suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Para estimarlo así, es pertinente destacar que el juez responsable, en la audiencia de diez de noviembre de dos mil veintiuno, principalmente estableció que de acuerdo con los artículos 161 y 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un requisito indispensable para la modificación de la medida cautelar, que exista una variación de manera objetiva de las condiciones que justificaron inicialmente la imposición de la medida cautelar, lo que en la especie no ocurrió. Además, mencionó que el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el plazo máximo de duración de la prisión preventiva es de dos años, sin embargo, prevé una excepción consistente en que, puede superarse esa temporalidad cuando sea consecuencia de actos realizados por la propia defensa. En ese sentido, expuso que en la causa penal de origen, obran distintos juicios de amparo, los cuales son: 384/2020, radicado en el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Morelos. 361/2020, radicado en este Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Morelos. 320/2021, radicado en el Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Morelos -ahora 1236/2021, del índice de este Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Morelos-. A consideración de la autoridad responsable, tales juicios han impedido continuar con la secuela normal del proceso, es decir, con el desahogo de la audiencia intermedia, lo cual, trajo como consecuencia que se exceda del plazo de dos años que prevé el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Finalmente, sostuvo que respecto de los argumentos planteados por la ahora quejosa en el sentido de que es madre y que tiene dependientes económicos, así como cuestiones relativas a su residencia, ya se han hecho valer anteriormente, por lo que no puede ser susceptible de ser analizado nuevamente; aunado a que no se aportaron elementos para acreditar su dicho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 161 y 165, negó la modificación de la medida cautelar impuesta a la quejosa. Acotado lo anterior, la inoperancia de los conceptos de violación esgrimidos deriva de lo argumentado por cuanto a la procedencia de la prisión preventiva y a los elementos que en su oportunidad se tomaron en consideración para imponerla, puesto que esa circunstancia es ajena a la litis de este juicio. También, son inoperantes los conceptos de violación relacionados con las violaciones procesales alegadas, desde su detención, hasta las relativas al desahogo de diversas audiencias en que refiere se violentaron sus derechos fundamentales, en virtud de que esos argumentos resultan ajenos a lo relacionado con el acto reclamado; de ahí que no puedan ser tomados en cuenta para revocar la imposición de prisión preventiva decretada. En ese mismo sentido, son inoperantes los argumentos encaminados a demostrar la aplicación del derecho penal a los procedimientos administrativos sancionadores, por no estar relacionados con el acto reclamado en este juicio. Del mismo modo, es inoperante lo aducido en el sentido de que tiene hijos menores, su modo de vivir y que se encontraba lactando, pues dichas situaciones ya fueron expuestas con anterioridad en diversas solicitudes de modificación a la medida de prisión preventiva, y que fueron valoradas en una diversa resolución al momento de debatir sobre la imposición de la medida cautelar. Respecto de este último argumento, la inoperancia que se advierte también deriva de que la parte quejosa no combatió las consideraciones del juez responsable para negar la modificación de la medida decretada, específicamente, las relativas a la falta de estudio de los argumentos expuestos ante esa autoridad para efecto de que modificara la procedencia de la prisión preventiva decretada. Ello, tomando en cuenta que tales argumentos como ya se precisó son una reiteración a lo expuesto en los agravios formulados para combatir la diversa resolución de veinte de noviembre de dos mil veinte, relativa a la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta a la hoy quejosa y que no se encaminan a combatir los argumentos del juez responsable, con los que desestimó sus motivos de disenso. Máxime que, como sostuvo el juez responsable dentro de la audiencia de diez de noviembre de dos mil veintiuno, no se aportó algún medio de prueba para corroborar sus afirmaciones. Por lo anterior, resultan inoperantes tales conceptos de violación para conceder el amparo solicitado. Esto es acorde a la jurisprudencia 2a./J. 188/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, noviembre de 2009, página 424, con número de registro digital 166031, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado". Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia I.6o.C. J/20, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 86, febrero de 1995, página 25, con número de registro digital 209202, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, CUANDO NO CONTROVIERTEN TODAS LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA. Cuando son varias las consideraciones legales en que descansa la sentencia reclamada y los conceptos de violación no controvierten la totalidad de éstas, los mismos resultan inoperantes, porque aun en el caso de que fueran fundados, no bastarían para determinar el otorgamiento del amparo, debido a la deficiencia en el ataque de los fundamentos en que se sustenta el referido fallo, los que con tal motivo quedarían firmes, rigiendo a éste". Por otro lado, resulta infundado lo esgrimido por la parte quejosa en su demanda de amparo, respecto de que el juez responsable aplica de manera incorrecta el contenido del artículo 165, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues, contrario a la interpretación que pretende realizar la quejosa, dicho precepto sí prevé la posibilidad de que esa medida pueda rebasar el plazo de dos años, tal y como se verá a continuación: "Artículo 165. Aplicación de la prisión preventiva Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. La prisión preventiva será ordenada conforme a los términos y las condiciones de este Código. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares". El artículo anterior establece que la prisión preventiva únicamente tendrá lugar para delitos que merezcan pena privativa de libertad. Dicha medida será ordenada conforme a las condiciones que prevé el propio Código Nacional de Procedimientos Penales y no podrá rebasar del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso, y en ningún caso será superior a dos años. Excepcionalmente, se podrá permitir que exceda del plazo antes señalado, cuando su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Por último se prevé que si se cumplió el término de dos años y no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En ese contexto normativo, es acertado que el juez responsable no hubiere ordenado que la quejosa continuara su proceso en libertad, a pesar de haberse excedido el plazo de dos años previsto en el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que dicha prolongación se debe al ejercicio de la defensa de la imputada, debido a los múltiples juicios de amparo indirecto promovidos por ella, que han impedido la continuación de la secuela normal del procedimiento. Ante esa circunstancia, este juzgador también advierte que se actualiza la excepción de improcedencia que para ordenar la libertad de la quejosa, que establece el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Debe mencionarse que la determinación que se analiza no se considera violatoria del marco constitucional y convencional. Para robustecer lo anterior, conviene analizar el contenido del artículo 20, apartado B, fracción IX, último párrafo, de la Constitución general que dice: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] B. De los derechos de toda persona imputada: [.] IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares.". El artículo anterior coincide con el texto establecido en el diverso 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sentido de que limita la duración de la prisión preventiva al plazo de dos años siempre y cuando esa prolongación no se deba al ejercicio de derecho de defensa de la persona imputada. Por tanto, en vista de que el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales replica el texto establecido en el artículo 20, apartado B, fracción IX, último párrafo, de la Constitución general, debe considerarse acertada la determinación de la autoridad responsable. No se pierden de vista los criterios invocados por la parte quejosa, emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con los cuales pretende que se le conceda el amparo por considerar que se ha restringido su libertad personal más allá de los límites estrictamente necesarios. Sin embargo, la determinación recurrida de ninguna manera es contraria al parámetro de regularidad constitucional en materia de derechos humanos. Para ello, debe tomarse en cuenta lo sustentado en el Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, Miembros y Activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile, en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisó las características a las cuales debe ajustarse una medida de detención o prisión preventiva, para ser considerada convencional, las cuales a continuación se reproducen para pronta referencia: "a) Es una medida cautelar y no punitiva: debe estar dirigida a lograr fines legítimos y razonablemente relacionados con el proceso penal en curso. No puede convertirse en una pena anticipada ni basarse en fines preventivos-generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena. b) Debe fundarse en elementos probatorios suficientes: Para disponer y mantener medidas como la prisión preventiva deben existir elementos probatorios suficientes que permitan suponer razonablemente que la persona sometida a proceso ha participado en el ilícito que se investiga. Verificar este presupuesto material constituye un primer paso necesario para restringir el derecho a la libertad personal por medio de una medida cautelar, pues si no existiesen mínimamente elementos que permitan vincular a la persona con el hecho punible investigado, tampoco habrá necesidad de asegurar los fines del proceso. Para la Corte, la sospecha tiene que estar fundada en hechos específicos, esto es, no en meras conjeturas o intuiciones abstractas. De allí se deduce que el Estado no debe detener para luego investigar, por el contrario, sólo está autorizado a privar de la libertad a una persona cuando alcance el conocimiento suficiente para poder llevarla a juicio. c) Está sujeta a revisión periódica: La Corte ha puesto de relieve que no debe prolongarse cuando no subsistan las razones que motivaron su adopción. También ha observado que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer los fundamentos suficientes que permitan conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad, la cual, para que no se erija en una privación de libertad arbitraria, de acuerdo con el artículo 7.3 de la Convención Americana, debe estar fundada en la necesidad de asegurar que el detenido no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. La Corte resalta, además, que el juez no tiene que esperar hasta el momento de dictar sentencia absolutoria para que una persona detenida recupere su libertad, sino que debe valorar periódicamente si se mantienen las causas de la medida y la necesidad y la proporcionalidad de ésta, así como si el plazo de la detención ha sobrepasado los límites que imponen la ley y la razón. En cualquier momento en que aparezca que la prisión preventiva no satisface estas condiciones, deberá decretarse la libertad, sin perjuicio de que el proceso respectivo continúe". De la transcripción anterior se advierte que la prisión preventiva debe estar dirigida a lograr fines legítimos y razonablemente relacionados con el proceso penal; debe fundarse en elementos probatorios suficientes; y debe estar sujeta a revisión periódica. Respecto de este último punto, se estableció que las autoridades nacionales deben ofrecer los fundamentos suficientes que permitan conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad, para que no se erija en una privación de libertad arbitraria, de acuerdo con el artículo 7.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice: "Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal [.] 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios". El artículo transcrito establece que ninguna persona puede estar sometido a detención o encarcelamiento arbitrario. En el caso, no se considera arbitraria la determinación reclamada, pues incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce que este tipo de medidas pueden estar sujetas a los plazos que determinen las leyes, lo que, en el caso, se encuentra perfectamente determinado por el artículo 20, apartado B, fracción IX, último párrafo, de la Constitución general y 165, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto, sin perjuicio de que la medida pueda revisarse nuevamente con posterioridad para determinar si se mantienen las causas de la medida, la necesidad y la proporcionalidad de esta, así como si el plazo de la detención ha sobrepasado los límites que impone la ley. Ahora, si bien se impone como obligación a las autoridades nacionales, que ofrezcan los fundamentos suficientes que permitan conocer a las personas privadas de la libertad, los motivos por los cuales se mantiene esa restricción, en el presente asunto, el juez responsable cumplió con esa exigencia al exponer las razones por las cuales, a pesar de que se excedió el plazo máximo de duración de la prisión preventiva, dicha circunstancia se debió al ejercicio del derecho de defensa de la quejosa. Máxime que, al existir una restricción expresa en la Constitución general, respecto a la libertad personal de la ahora quejosa, debe estarse a lo dispuesto en esta, conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 202, que dice: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano". Bajo ese mismo orden de ideas, la determinación impugnada tampoco implica un acto de discriminación por ser mujer, sino que fue emitida en apego al parámetro de regularidad constitucional cuya observancia es obligatoria para todas las autoridades del país. Se insiste en que, no se pierde de vista que aun cuando en materia penal, conforme a lo previsto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, los juzgados de amparo tienen la obligación de suplir la deficiencia de la queja, en el presente caso, no se advierte que dichos conceptos, aun en suplencia, puedan tener el alcance para conceder el amparo solicitado. En ese tenor, al resultar inoperantes e infundados los conceptos de violación, sin que esta autoridad advierte suplencia que analizar, lo procedente es negar la protección constitucional solicitad por el quejoso. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Carla Jaqueline Álvarez Martínez, contra el acto reclamado de la responsable precisada, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta sentencia. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Erik Calderón Ocampo, hasta hoy veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a ocho de junio de dos mil veintidós Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes a los que haya lugar, el oficio signado por el Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado, sede Xochitepec, Morelos, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en autos y remite diversas constancias relacionadas con el acto reclamado; al respecto, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses legales convenga. Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las documentales que se ofrecen, de las cuales se hará relación en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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