Carla Jaqueline Álvarez Martínez
Expediente 361/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 27 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 361/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 07/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Carla Jaqueline Álvarez Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a siete de noviembre de dos mil veintidós Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer y negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depuración, toda vez que se sobreseyó y negó la protección constitucional, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que puede ser depurable en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20 fracción II, inciso a) del Acuerdo General multicitado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original; por otra parte, con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), se determina que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que, se concedió la suspensión definitiva. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que en su caso, hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de este. Notifíquese Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos de la Sección de Amparos Mixta de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, residente en esta Ciudad; mediante el cual solicita información acerca del estado procesal que guarda el juicio de amparo indirecto en que se actúa. Al respecto, infórmesele que el treinta de junio del año en curso, se dictó la sentencia correspondiente. Asimismo, se informa que al día de la fecha no se ha declarado ejecutoriada dicha la sentencia, lo anterior debido a que se están realizando gestiones para tener por notificada a la parte tercero interesada. Notifíquese
- Principal
Hago constar que notifico la determinación de fecha treinta de junio de dos mil veintidós, a la parte tercero interesada C.B.T., por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, ello en cumplimiento a lo ordenado en el auto de cinco de abril de dos mil veintidós. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 27 y 29 de la Ley de Amparo: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, y remitido en esa misma fecha por razón de turno al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca Carla y/o Karla Jaqueline Álvarez Martínez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y los actos siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. Señalo como autoridad responsable a los MAGISTRADOS INTEGRANTES de la Tercera Sala del H. Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos, [.]. Señalo como autoridad responsable con el carácter de ordenadora al Licenciado ARTURO AMPUDIA AMARO, Juez de primera Instancia de Control Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en Materia Penal del Estado de Morelos. COMO AUTORIDAD EJECUTORA, al Director del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", [.] IV.- ACTO RECLAMADO. "1.- La ilegal resolución emitida por los integrantes de la Tercera Sala del H. Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos; de fecha 24 DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE. RESPECTO DE TOCA PENAL NÚMERO 344/2019-18-0P, y su dictado en sus considerandos TERCERO, CUARTO, QUINTO y SEXTO y punto resolutivos PRIMERO , SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO y de la cual BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD fui notificada con fecha 28 de febrero de 2020. 2.- La ilegal resolución de control de detención y retención de la suscrita, dictado en audiencia inicial de fecha 25 veinticinco de octubre de 2019 dos mil diecinueve, misma que me fue notificado en la misma fecha. 3.- La ilegal resolución de medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta a la suscrita, dictado en audiencia inicial de fecha 25 veinticinco de octubre de 2019 dos mil diecinueve, misma que me fue notificado en la misma fecha. 4.- La omisión grave de resolver la situación jurídica de la suscrita quejosa CARLA JAQUELINE ÁLVAREZ MARTÍNEZ, dentro del plazo de ciento cuarenta y cuatro horas, que establecen los artículos 19 de la Constitución Federal, en relación con el diverso 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por violaciones a mis derechos humanos, como consecuencia de ello la prolongación de mi libertad se convirtió en ilegal al no resolverse dentro del término previsto por los artículos antes mencionados. 5.- La ilegal resolución de fecha 01 primero de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, donde dictó en mi contra AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, por el hecho delictivo de EXTORSIÓN AGRAVADA, ilícito previsto y sancionado por el artículo 146 del Código Penal vigente para el Estado de Morelos, cometido en agravio de una víctima de iniciales C.B.T., dentro de la carpeta penal JC/1386/2019. [.] DE LA ILEGAL RETENCIÓN por parte del Director del Centro de Reinserción Social Morelos por violaciones a mis derechos humanos previstos en el numeral 19 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 313 párrafo quinto del Código Nacional de Procedimientos Penales mismos que establecen: [.]". Actos que consideró violatorios de los artículos 1°, 14, 16, 17, 19 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 9.1 y 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos 5, 7, 8, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. SEGUNDO. Mediante proveído de diecisiete de marzo de dos mil veinte, esta autoridad admitió a trámite la demanda de amparo la cual quedó radicada bajo el número de expediente 361/2020; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción; ordenó el emplazamiento del tercero interesado; de igual forma, señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. A través del oficio 5/2021 de ocho de febrero de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito, ordenó la remisión del presente juicio de amparo 361/2020 al órgano auxiliar, en acatamiento a los Acuerdos Generales 54/2008 y 26/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; además, de conformidad con el oficio SECNO/STCCNO/39/2021, de fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno, aprobado por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, para efecto del dictado de la resolución correspondiente, asunto cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, que ordenó la formación del cuaderno auxiliar 41/2021. CUARTO. Sentencia. En ese contexto, el doce de marzo de dos mil veintiuno, el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con sede en Acapulco, Guerrero, dictó la sentencia respectiva, en atención y observancia a los diversos Acuerdos Generales emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, concretamente en relación al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. En la que determinó en sus puntos resolutivos lo siguiente: ".PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Carla y/o Karla Jaqueline Álvarez Martínez, contra la audiencia inicial de control de detención, formulación de imputación, vinculación a proceso e imposición de medidas cautelares de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve; el auto de vinculación a proceso dicado el uno de noviembre de dos mil diecinueve y la omisión de resolver la situación jurídica de la quejosa dentro del plazo de ciento cuarenta y cuatro horas, precisados en el considerando cuarto del presente fallo, por las razones expuestas en el considerando séptimo del mismo. .SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Carla y/o Karla Jaqueline Álvarez Martínez, respecto del acto reclamado consistente en la resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, precisada en el considerando cuarto del presente fallo, atento a las razones expresadas en el último considerando del mismo.". QUINTO. Impugnación. Mediante escrito presentado el catorce de abril de dos mil veintiuno, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, miso que se tuvo por interpuesto el quince del mismo mes y año. SEXTO. Ejecutoria de reposición de procedimiento. El cuatro de febrero de dos mil veintidós, se recibió oficio del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, mediante el cual remite ejecutoria dictada en el expediente 331/2021, de sesión del veinte de enero de dos mil veintidós, en la que resolvió lo siguiente: ".PRIMERO. SE REVOCA la sentencia engrosada el doce de marzo de dos mil veintiuno, pronunciada por el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, en auxilio del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto 361/2020, cuaderno auxiliar 41/2021. SEGUNDO. SE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO en el juicio de amparo, en los términos precisados en el último considerando de esta ejucutoria.". SÉPTIMO. Por auto de once de febrero de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la ejecutoria descrita en el considerando que antecedente, y en cumplimiento a la misma, se dejó sin efectos la sentencia definitiva de dos de marzo de dos mil veintiuno, y se ordenó requerir al Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones adscrita a la ciudad judicial de Atlacholoaya, Morelos, para que remitiera las credenciales de quienes asistieron a la imputada aquí quejosa en la audiencia inicial dentro de la causa penal JC/1386/2019, de su índice. Además se fijó fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, para lo cual se debe analizar en su integridad la demanda de amparo, y examinar no solo el capítulo que contienen los actos reclamados sino, además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; con lo que se cumple, también, con lo establecido en la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, consultable a página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 192097, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, en términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, de un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: De los Magistrados Integrantes de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos, reclama: - La resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, emitida en la carpeta penal JC/1386/2019. La audiencia inicial de control de detención, formulación de imputación, vinculación a proceso e imposición de medidas cautelares de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. - El auto de vinculación a proceso dictado el uno de noviembre de dos mil diecinueve, en contra de la parte quejosa dentro de la carpeta de investigación JC/1386/2019, por el hecho delictivo de extorsión agravada cometido en agravio de la víctima de iniciales C.B.T. - La omisión de resolver la situación jurídica de la quejosa dentro del plazo de ciento cuarenta y cuatro horas. De la Directora del Centro Penitenciario Femenil y de la Encargada de Despacho de la Dirección del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos": - La ejecución de la resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veinte. - La ilegal retención. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable Encargada de Despacho de la Dirección del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos" (fojas 62, 63 y 67 a 70), al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le reclama y para justificar lo anterior, adujo que dicho centro penitenciario solo recibe ingresos del género masculino. Negativa que no se encuentra desvirtuada por la quejosa y además se corrobora con el informe justificado rendido por la Directora del Centro Penitenciario Femenil, pues si bien manifestó que no era cierto el acto hizo manifestaciones de las que se desprende que la quejosa se encuentra recluida en dicho centro penitenciario, por lo que procede sobreseer en el juicio de amparo, respecto de la autoridad responsable Encargada de Despacho de la Dirección del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Es Cierto el acto reclamado a los Magistrados Integrantes de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos (foja 92), pues así lo manifestó su Presidente al rendir su informe justificado, por lo que se tiene plenamente probada su existencia. Certeza que se corrobora con la carpeta de investigación JC/1386/2019 y toca penal 344/2019-18-OP que remitió la autoridad responsable; documental que merece pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, toda vez que fueron expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. Cobra aplicación, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, Materia Común, consultable a página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, cuyo rubro es: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en la página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, con número de registro 2004362, que refiere: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga.". QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia II.1o. J/5, pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a página 95, Tomo VII, mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 222780, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." Este órgano de control constitucional advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 17 y 18 del citado ordenamiento legal, respecto del acto reclamado consistente en la audiencia inicial de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve donde se calificó de legal la detención de la quejosa y se impuso como medida cautelar la prisión preventiva. Los preceptos de la Ley de Amparo antes referidos señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]" De los preceptos legales transcritos se advierte, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 18 del citado ordenamiento legal establece diversas hipótesis, a partir de las cuales se debe empezar a computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, mismas que consisten en las siguientes: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido sus efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acto reclamado. b) Al día siguiente en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución. c) Al día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Resulta aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, que textualmente establece: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Expuesto ello, respecto del citado acto reclamado se actualiza la hipótesis prevista en el inciso a) que antecede, en virtud de que el término para promover la demanda de amparo comenzó a correr para el quejoso desde el día siguiente en que surtió sus efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve reclamada. De la audiencia de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, se desprende que el Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones adscrito en la Ciudad Judicial Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos, notificó a los intervinientes en dicha audiencia de su determinación, esto es la quejosa quedó debidamente notificada en la audiencia citada; notificación que conforme el numeral 82 último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, surtió sus efectos al día siguiente en que fue practicada, luego entonces, el término para su impugnación en la presente instancia constitucional, comenzó a correr en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del veintinueve de octubre de dos mil diecinueve y feneció el diecinueve de noviembre del mismo año, descontándose los días dos, tres, nueve, diez, dieciséis y diecisiete de noviembre por ser sábados y domingos, y por lo tanto inhábiles, así como el uno al ser de igual manera día inhábil. Por lo cual, si la demanda de amparo fue presentada el diecisiete de marzo de dos mil veinte (foja 3 de autos), resulta inconcuso que el término previsto en el numeral 17 de la ley de la materia transcurrió en exceso. En consecuencia, se estima que la presentación de la demanda de amparo respecto del acto reclamado consistente en la audiencia de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, en la que se calificó de legal la detención de la quejosa y se impuso como medida cautelar la prisión preventiva, resulta ser extemporánea, lo que trae como consecuencia que éste se encuentre en el supuesto de un acto consentido tácitamente, pues por tal, se entiende aquel contra el que no se promueva el juicio de amparo dentro del término de quince días que señala el citado artículo 17 de la Ley de Amparo. En consecuencia, dado que la demanda de amparo fue promovida fuera del plazo legal previsto al efecto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, tal y como se ha dejado precisado en párrafos que anteceden, lo procedente es sobreseer en el presente juicio constitucional con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el diverso artículo 61, fracción XIV, del ordenamiento legal invocado, ante su extemporaneidad, respecto del acto reclamado consistente en la audiencia de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. Además, no pasa inadvertido por este órgano constitucional que mediante proveído de nueve de octubre de dos mil veinte (fojas 99 y 100), se tuvo por inexistente a la autoridad señalada como responsable Arturo Ampudia Amaro, Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en Materia Penal del Estado de Morelos; Juez quien emitió el acto reclamado antes precisado. Por otra parte, este órgano jurisdiccional oficiosamente advierte que respecto del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso dictado el uno de noviembre de dos mil diecinueve, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; precepto que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" En relación con la causa de improcedencia que se invoca, es dable precisar que la misma se puede actualizar en diversos supuestos, a saber: 1) Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial. De lo anterior, se puede decir que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce del derecho vulnerado. De esta manera, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al finalizar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede estar acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, dado que es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia en comento se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; cuando es de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Tal supuesto ha sido interpretado por el Pleno y la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, en los siguientes criterios: Jurisprudencia del Pleno del Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 882, Tomo XIII, abril de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 190021, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria.". Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, con número de registro 193758, que estatuye lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la jurisprudencia, también de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196820, cuyo contenido es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". 2) El otro supuesto que se contempla en la fracción en estudio, se actualiza cuando se da la sustitución procesal, la que se origina por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Sobre tal hipótesis, y a manera ilustrativa, la Primera Sala y la otrora Tercera Sala, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han precisado en criterios aislados sobre el particular, lo siguiente: El de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra publicado en la página ciento cincuenta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación, 145-150, Segunda Parte, Séptima Época, número de registro 234693, cuyo contenido señala lo siguiente: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRESEIMIENTO CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA. Cuando en la demanda de amparo se reclame, entre otros actos, la "sentencia" pronunciada por el Juez a quo, mediante la cual se condenó al quejoso por el delito cometido, respecto de tal acto opera el sobreseimiento del juicio de amparo, en virtud de haberse también impugnado el fallo que confirmó aquélla, siendo evidente que la primera sentencia dejó de tener efectos legales propios, por haber sido sustituida procesalmente por la dictada en apelación, surtiéndose la causal de improcedencia de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo.". En el caso que ocupa la atención de este órgano de control constitucional, la hipótesis que interesa es la contenida en el segundo apartado, por lo que a efecto de corroborar que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, conviene decir que el acto reclamado dictado consistente en el auto de vinculación a proceso de uno de noviembre de dos mil diecinueve, ha sido sustituido por otra resolución, en consecuencia tal acto ha dejado de tener efectos legales propios, por lo que resultaría ocioso el análisis de la constitucionalidad de dicho acto. Establecido lo anterior, el acto reclamado se hace consistir en el auto de vinculación a proceso de uno de noviembre de dos mil diecinueve; sin embargo de las constancias remitidas por la Sala responsable se advierte que contra el auto de vinculación a proceso reclamado la quejosa interpuso recurso de apelación, dictándose la resolución correspondiente el veinticuatro de febrero de dos mil veinte (fojas 623 a 759 del tomo anexo de pruebas), en cuyo resolutivo primero se confirmó el auto de vinculación a proceso de uno de noviembre de dos mil diecinueve. De lo anterior, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado por la quejosa, consistente en el auto de vinculación a proceso de uno de noviembre de dos mil diecinueve, dado que tal acto ha quedado procesalmente sustituido por la resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, emitida en el recurso de apelación que la quejosa interpuso contra aquél; de esta manera, el referido acto reclamado ha dejado de tener vigencia con motivo de la resolución emitida en el citado medio de impugnación, pues tal resolución substituye el acto reclamado. Al respecto es aplicable en lo conducente la jurisprudencia XVII.5o. J/1, sostenida por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 998, Tomo XV, abril de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 187330, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AMPARO DIRECTO. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RELATIVO, CUANDO LO QUE SE RECLAMA ES LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SI ÉSTA FUE PREVIAMENTE RECURRIDA EN LA APELACIÓN. Cuando en amparo directo se reclama la sentencia de primera instancia, o se vierten conceptos de violación en contra de lo resuelto en ese fallo, si previamente fue recurrido en apelación, en dicho supuesto se actualiza la hipótesis de improcedencia a que se refiere la fracción XVI del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, pues en tal caso cesaron los efectos de aquella sentencia, al haber sido sustituida por la de segunda instancia que resolvió el recurso de apelación, pues la subsistencia, modificación o revocación de la de primer grado, deriva de lo resuelto en la alzada; por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia mencionada, lo procedente es sobreseer en el juicio respecto del acto reclamado al Juez de primera instancia, con apoyo en la fracción III del artículo 74 de la propia ley en cita." En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, contra el acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso de uno de noviembre de dos mil diecinueve, en consecuencia, debe sobreseerse en el presente juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Además, es importante destacar, que si bien la quejosa señaló como acto reclamado el auto de vinculación a proceso de uno de noviembre de dos mil diecinueve; como ya se precisó en proveído de nueve de octubre de dos mil veinte (fojas 99 y 100), se tuvo por inexistente a la autoridad señalada como responsable Arturo Ampudia Amaro, Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en Materia Penal del Estado de Morelos; Juez quien emitió el acto reclamado antes precisado. Por otro lado, es importante precisar que si bien la quejosa señala como acto destacado en su demanda de amparo la omisión de resolver su situación jurídica dentro del término de ciento cuarenta y cuatro horas; es dable sostener que dicha omisión se la atribuyó al Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en Materia Penal del Estado de Morelos; sin embargo en proveído de nueve de octubre de dos mil veinte, se tuvo como inexistente a dicha autoridad; además no pasa inadvertido que el auto de vinculación a proceso fue dictado el uno de noviembre de dos mil diecinueve, y si bien se duele de que el mismo fue dictado fuera del plazo constitucional, dicha circunstancia la hizo valer en sus agravios en el recurso de apelación que interpuso en contra de dicho auto de vinculación a proceso referido, el cual fue resuelto el veinticuatro de febrero de dos mil veinte; resolución que será analizada en el considerando respectivo. Finalmente, al no invocarse por las partes causal de improcedencia y no advertirse alguna otra de oficio, se procede al estudio de los motivos de queja expuestos por la solicitante del amparo en contra del acto reclamado consistente en la resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, dictada dentro de los autos del toca penal 344/2019-18-OP. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación hechos valer se tienen por reproducidos en este considerando, sin que resulte necesaria su trascripción, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". En principio, resulta menester precisar que en el presente asunto, opera la suplencia de la deficiencia de la queja, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en relación con la fracción II, así como en el numeral 107, quinto párrafo, de la Constitución General de la República, pues el acto reclamado es relativo a la materia penal y la quejosa es inculpada, caso en el que opera la suplencia de la queja aun ante la ausencia de conceptos de violación, con independencia de que pueda o no concederse la tutela constitucional. Previo a plasmar los argumentos sustentados por el quejoso, resulta necesario señalar los antecedentes más relevantes advertidos de las documentales acompañadas al informe justificado de la Sala Responsable: 1.- En audiencia de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, se calificó de legal la detención de la aquí quejosa; asimismo la agente del Ministerio Público, formuló imputación en contra de los imputados, entre ellos a la aquí quejosa por el delito de extorsión; en esa misma audiencia los imputados solicitaron que se resolviera su situación jurídica en el plazo constitucional de ciento cuarenta y cuatro horas, señalándose las catorce horas con quince minutos del día veintinueve de octubre de dos mil diecinueve para que tuviera verificativo la audiencia de vinculación a proceso. En esa misma audiencia se le impuso a la quejosa como medida cautelar prisión preventiva, y se ordenó girar oficio al Director del Centro Estatal de Reinserción Social para los trámites correspondientes. También se hace constancia que en la audiencia inicial de referencia llevada a cabo con la asistencia de Pascual Lara Machorro, quien asesoró a la imputada hoy quejosa Carla y/o Karla Jaqueline Álvarez Martínez, donde como ya se dijo se le formuló imputación, se le hicieron del conocimiento de los datos de prueba y se solicitó la vinculación a proceso, expresando su deseo la quejosa de que se resolviera su situación jurídica en el plazo de ciento cuarenta y cuatro horas, y que incluso también fue asesorada por en la audiencia del treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, por Óscar López Macedo, en su carácter de defensor público; sí se encontraban acreditados con las credenciales respectivas como licenciados en derecho, lo que fue corroborado mediante el oficio del quince de febrero de dos mil veintidós, signado por el Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Xochitepec, Morelos, por el que remitió copias certificadas del libro de gobierno del Tribunal de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones, en el que obra el registro de las cédulas profesionales respecto de dichas personas. 2.-Por otra parte el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, fecha que se señaló para que tuviera verificativo la audiencia de vinculación a proceso, se le hizo saber a los intervinientes que los imputados no estaban presentes en dicha audiencia debido a un código de seguridad que se activó en el Cereso de Morelos, y que por tal motivo se cancelaron los traslados, señalándose las doce horas del día treinta de octubre de dos mil diecinueve, para la continuación de la audiencia inicial en su etapa de vinculación a proceso. 3.- El treinta de octubre de dos mil diecinueve, el Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, suspendió el plazo constitucional que les corría a los imputados en la causa penal JC/1386/2019, en atención a los hechos ocurridos en el interior del Centro Estatal de Reinserción Social Morelos y por la instrucción girada por la administración del Tribunal Morelos de desalojar la sede judicial por motivos de seguridad. 4.- Posteriormente en proveído de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, el Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, señaló las diez horas con quince minutos del día treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, para que tuviera verificativo la audiencia de vinculación a proceso; sin embargo en audiencia de esa misma data se hizo saber a las partes que los imputados no estarían presentes debido a que el área jurídica del Centro Estatal de Reinserción Social Morelos informó a la administración de Juicios Orales que no fue posible realizar el traslado de los mismos por cuestiones de seguridad. De esa audiencia se desprende que el defensor público de la aquí quejosa se adhirió a lo peticionado por la representación de diverso imputado, esto es que continuara suspendido el plazo constitucional y no se desahogara la audiencia de vinculación a proceso para que pudiera estar presente su representada. 5.-En proveído de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, el Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, señaló las nueve horas del día uno de noviembre de dos mil diecinueve, para que tuviera verificativo la audiencia de vinculación a proceso. 6.- El uno de noviembre de dos mil diecinueve, el Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, decretó vinculación a proceso en contra de la aquí quejosa y otro, por el delito de extorsión agravada en agravio de la víctima de iniciales C.B.T. 7.- Inconforme con la anterior determinación, la quejosa interpuso recurso de apelación, mismo que fue resuelto por los Magistrados Integrantes de la Tercera Sala del Circuito Judicial Único en Materia de Justicia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, el veinticuatro de febrero de dos mil veinte, y determinaron confirmar el auto de vinculación de uno de noviembre de dos mil diecinueve. Resolución que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Ahora bien, en relación a los conceptos de violación hechos valer, la parte quejosa argumenta sobre la obligación de la autoridad responsable de resolver su situación jurídica dentro del plazo constitucional, de lo contrario ordenar su inmediata libertad, y que la resolución de vinculación a proceso fue dictada fuera del plazo constitucional Asimismo refiere que el plazo para dictar el auto de vinculación a proceso sólo puede prorrogarse únicamente a petición del indiciado como lo dispone el artículo 19 constitucional. En otro precisa la inexacta aplicación del artículo 19 Constitucional, así como del diverso 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 146 del Código Penal para el Estado de Morelos, al no encontrarse reunidos los elementos del cuerpo del delito de extorsión y que por lo tanto que no desplegó la conducta atribuida. También, argumenta que es ilegal que la Sala responsable pretenda subsanar deficiencias del a quo, bajo el argumento de que el defensor de oficio designado a la quejosa con fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, manifestó su conformidad con la suspensión del término para el dictado del auto de vinculación a proceso, término que además ya había fenecido desde el treinta de octubre de dos mil diecinueve, y que dicho defensor no tiene facultades para ello al ser un derecho exclusivo de la quejosa en términos del numeral 19 constitucional. Finalmente, aduce que no existe precepto legal que ordene la suspensión del plazo constitucional y si bien existió un motín en el Centro Penitenciario ese no era motivo para que no se resolviera su situación jurídica, en virtud de que conforme el numeral 47 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las audiencias pueden celebrarse en lugar diverso cuando las necesidades así lo requieran, sin embargo, se hizo caso omiso a dicho numeral. En esencia son la totalidad de los conceptos de violación hechos valer, en el sentido de que no se resolvió su situación jurídica dentro del plazo constitucional de ciento cuarenta y cuatro horas, lo que estima ilegal, además de que refiere que el plazo únicamente puede ser ampliado por los indiciados conforme el numeral 19 constitucional y no por el defensor, y que no existió justificación para que no se llevara a cabo la audiencia de vinculación a proceso. Atento a lo anterior, en relación al argumento relativo a que se transgredió el artículo 19 Constitucional, toda vez que su detención excedió el plazo de ciento cuarenta y cuatro horas previsto por dicho precepto, sin que exista auto de vinculación a proceso en su contra que justifique tal actuación. Lo anterior refiere porque a su decir el auto de vinculación a proceso dictado en su contra fue emitido fuera del plazo constitucional de ciento cuarenta y cuatro horas. Al respecto, son infundados los argumentos expuestos por la quejosa en los que destaca dicha violación. Es cierto, como lo aduce la impetrante, que el artículo 19 de la Constitución Mexicana, dispone que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas o su ampliación, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, como se ve a continuación: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (...)". Por su parte, el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus párrafos cuarto y quinto, disponen: "Artículo 313. Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso [.] La audiencia de vinculación a proceso deberá celebrarse, según sea el caso, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado detenido fue puesto a su disposición o que el imputado compareció a la audiencia de formulación de la imputación. El Juez de control deberá informar a la autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el imputado si al resolverse su situación jurídica además se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva o si se solicita la duplicidad del plazo constitucional. Si transcurrido el plazo constitucional el Juez de control no informa a la autoridad responsable, ésta deberá llamar su atención sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, deberá poner al imputado en libertad." En el caso particular, de las constancias remitidas previamente valoradas, se evidencia que el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, en la carpeta penal JC/1386/2019, tuvo verificativo la audiencia inicial de formulación de imputación, en la que, a petición de la parte imputada, se concedió la duplicidad del término constitucional a fin de resolver su situación jurídica; por ello, se señaló como fecha y hora para la continuación de dicha audiencia, las catorce horas con quince minutos del veintinueve de octubre del citado año. Sin embargo, de las referidas constancias, también se advierte que no se llevó a cabo la celebración de dicha audiencia, al haberse cancelado los traslados, derivado de un código de seguridad que se activó en el Cereso de Morelos, por lo que aún dentro del término constitucional el Juez señaló las doce horas del treinta de octubre de dos mil diecinueve para la continuación de la audiencia inicial. No obstante lo anterior y toda vez que se había programado las doce horas del treinta de octubre de dos mil diecinueve, para la celebración de la continuación de la audiencia inicial, sin embargo, tampoco fue posible el traslado de la imputada, ya que por información del Centro Estatal de Reinserción Morelos, por cuestiones de seguridad fueron cancelados los traslado incluso lo que tuvieran carácter de urgentes, por lo que a las once horas del día treinta de octubre de dos mil diecinueve, ordenó suspender el plazo constitucional que le corría a los imputados, hasta en tanto se tuvieran las condiciones de seguridad para la celebración de la audiencia. Así, una vez superado el estado de suspensión de la carpeta de origen y al haberse restablecido las condiciones para llevar a cabo el desahogo de la audiencia respectiva; el uno de noviembre de dos mil diecinueve, el Juez dictó auto de vinculación a proceso contra la aquí quejosa, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de extorsión agravada. Asimismo, no pasa inadvertido que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, existe la obligación a resolver la situación jurídica del imputado, toda vez que, como se precisó, ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso, claro en el caso con garantía de duplicidad solicitada. Sin embargo, no debe soslayarse que al estar frente a dos garantías a favor del inculpado -aparentemente equivalentes en cuestión de jerarquía constitucional- debe prevalecer la que más le favorezca; y, en el caso, el hecho de existir un impedimento para el desahogo de la audiencia de vinculación a proceso derivado de los hechos ocurridos en el interior del Centro Estatal de Reinserción Social Morelos, es decir, por motivos de seguridad, antes de velar por la pronta y expedita administración de la justicia y resolver su situación jurídica dictando el auto de vinculación a proceso o de libertad dentro de las ciento cuarenta y cuatro horas solicitadas, la autoridad señalada como responsable por auto de treinta de octubre de dos mil diecinueve, de manera correcta suspendió el plazo constitucional, hasta en tanto se tuvieran las condiciones de seguridad para la celebración de la misma, continuando bajo los efectos de la prisión preventiva, pero con ello prevaleciendo el derecho a su defensa, pues únicamente con ello y con las pruebas que, en su caso aportara, podría obtener, ya sea un auto de no vinculación o, en su caso, una sentencia absolutoria, siendo entonces esencial y primordial las garantías precitadas de audiencia y defensa, por lo que, de forma correcta apegado a los principios constitucionales, suspendió el plazo citado hasta en tanto desapareciera la causa que impedía cumplir con lo establecido constitucionalmente. Para abundar sobre el tema la legislación de la materia únicamente contempla la posibilidad de aplazar el inicio de la audiencia o suspender la misma por un plazo que no podrá exceder de diez días para la adecuada preparación de la intervención en el juicio del Ministerio Público sustituto o el nuevo Defensor, a petición de éstos, sin que contemple expresamente diversas causas materia de aplazamiento o suspensión. No obstante, la misma legislación, en su diverso numeral 351, contempla la suspensión en forma excepcional de la audiencia de juicio, cuando, entre otras causas, alguna catástrofe o algún hecho extraordinario torne imposible su continuación; cuestión que si bien está prevista para la referida audiencia de juicio y no para las diversas audiencias inicial y su continuación, se hace alusión a dicho supuesto, a fin de denotar que el ordenamiento aplicable no desconoce la posibilidad de casos repentinos, imprevisibles e irresistibles que teóricamente no encuadren en alguna de las hipótesis causantes del aplazamiento o suspensión aludida, pero que pudieran impedir el inicio o continuación de las audiencias o diligencias previstas para el desarrollo del proceso penal. Lo que permite, por ende, la aplicación analógica del precepto de mérito al caso particular. De igual forma, si se verifican circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, esto es, "imprevisibles" e "irresistibles", corresponderá al funcionario de la causa evaluarlas conforme a su legal competencia y discrecionalidad, a fin de determinar si generan, por vía de excepción, la reprogramación de la sesión o la interrupción procesal, según se acredite, previo a la iniciación del acto o después de él. En relación con el "caso fortuito" o "fuerza mayor", resulta orientadora la tesis emitida por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con el registro 245709, que señala: "CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. ELEMENTOS. Independientemente del criterio doctrinal que se adopte acerca de si los conceptos fuerza mayor y caso fortuito tienen una misma o diversa significación, no se puede negar que sus elementos fundamentales y sus efectos son los mismos, pues se trata de sucesos de la naturaleza o de hechos del hombre que, siendo extraños al obligado, lo afectan en su esfera jurídica, impidiéndole temporal o definitivamente el cumplimiento parcial o total de una obligación, sin que tales hechos le sean imputables directa o indirectamente por culpa, y cuya afectación no puede evitar con los instrumentos de que normalmente se disponga en el medio social en el que se desenvuelve, ya para prevenir el acontecimiento o para oponerse a él y resistirlo." De lo que se evidencia que, el caso fortuito o fuerza mayor, como conceptos, producen idénticas consecuencias, pero se puede distinguir el primero del segundo, para los hechos producidos por la naturaleza, mientras que el segundo para aquellos producidos por el hombre o, en su caso, por la autoridad. Si el acontecimiento proviene de cualquiera de esas fuentes y provoca la imposibilidad física o jurídica de una persona para cumplir sus obligaciones, traerá como consecuencia que el obligado no incurra en las sanciones contractuales o legales estipuladas o que derivan de la ley, al no poder considerarse como responsable de dicha situación. Ante dicha perspectiva, este órgano de control constitucional considera que la autoridad señalada como responsable Sala responsable resolvió de forma correcta al considerar que no se violentó su derecho a la libertad de la hoy quejosa, al llevar a cabo la audiencia y resolver su situación jurídica dentro del plazo ampliado de ciento cuarenta y cuatro horas, y por tanto declarar infundado el agravio puesto a su consideración. Lo anterior, en razón de que al llevar a cabo la continuación de la audiencia inicial, esto aparentemente fuera del término constitucional ampliado, se encuentra justificada, ya que, si bien el Juzgador tenía el deber legal de observar el plazo constitucional estipulado en el artículo 19 constitucional, en relación con lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de resolver la situación legal de la impetrante de amparo, cierto es también que acontecieron circunstancias excepcionales, que impidieron el traslado de los imputados para la celebración de la audiencia, por lo que el treinta de octubre de dos mil diecinueve, y de forma correcta el aquo suspendió el plazo constitucional en virtud de la imposibilidad que se tuvo para trasladar a los imputados y así como también porque se ordenó desalojar la sede judicial. Por tanto, contrario a lo que refiere la quejosa el auto de vinculación a proceso no fue dictado fuera del plazo legal, en virtud de que éste fue suspendido mediante proveído de treinta de octubre de dos mil diecinueve. De ahí lo infundado de sus conceptos de violación relacionados con ese tópico. Máxime que, de la disposición Constitucional en estudio, no se advierte que el dictado de un auto de vinculación a proceso fuera del término previsto en el mismo, por verificarse una causa justificada, implique como consecuencia que deje de producir efecto jurídico alguno; por tanto, al momento en que se emitió el auto vinculación a proceso, aún fuera del aludido término, pero por causa justificada, ello no puede llegar al extremo de considerarlo nulo, menos aún las actuaciones precedentes que llevaron a su emisión, ya que lo único impugnado es la detención prolongada derivada del mandamiento pronunciado fuera del término constitucional, no los actos de referencia. Además, el artículo 19 Constitucional establece los requisitos de forma y fondo del dictado del auto de vinculación a proceso, siendo que la temporalidad fijada para que se emita dicha determinación sólo incide en un aspecto formal y no sobre la validez de éste. Sirve de apoyo en lo conducente la tesis aislada X.1o.31 del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en la página 1087, Tomo XIV, Octubre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 188681, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. NO ES NULO EL DICTADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL TÉRMINO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL. La citada disposición constitucional establece en lo conducente: "Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión ..."; plazo que podrá prorrogarse únicamente a petición del mismo, en la forma que señala la ley; la prolongación de detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal; la autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el inculpado, que dentro del plazo no reciba copia autorizada del auto de formal prisión o de la solicitud de prórroga, deberá llamar la atención del Juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir, y si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. Ahora bien, si el auto de formal prisión fue dictado cinco horas después del momento en que feneció la ampliación del término solicitado por el inculpado, tal transgresión al artículo 19 de la Carta Magna no le causa ningún perjuicio, porque el dictado del auto de bien preso fuera del término ampliado, no implica que adolezca de nulidad, pues de considerarlo así debe decretarse ésta y su consecuencia sería la emisión de un nuevo auto, que de suyo también conlleva el vicio de haberse emitido fuera del término constitucional, pero aun dictándose un nuevo mandamiento no existe posibilidad de retrotraer el tiempo dentro del cual debió haberse emitido, por eso se estima que dicha formalidad, por ser sólo un vicio de forma que por no decretarse dentro del tiempo ordenado por la Carta Magna, quedó subsanada desde el momento en que se dictó. De esta disposición, sin embargo, no se advierte que el dictado de un auto de formal prisión fuera del término previsto en el precepto constitucional que se analiza, traiga como consecuencia que deje de producir efecto jurídico alguno; por tanto, como se indicó, al momento en que se emite el auto de formal prisión reclamado, queda consumada irreparablemente la transgresión de los derechos individuales del reo, pero tal circunstancia no puede llegar al extremo de considerarlo nulo, menos aún las actuaciones precedentes que llevaron a dictar la resolución en comento, pues lo único impugnado es el mandamiento pronunciado fuera del término constitucional, no los actos de referencia; por ello, si el procesado está privado de su libertad, y continúa en esa forma, será responsabilidad del carcelero no haberlo dejado libre dentro de las tres horas siguientes de concluido el plazo constitucional, por no haber recibido el auto de formal prisión.". Ahora, respecto el argumento de la quejosa en el que refiere que no existe un precepto legal que ordene la suspensión del plazo constitucional, debe decirse que si bien no existe un precepto como tal que disponga la posibilidad de suspender el plazo constitucional, en el Código Nacional de Procedimientos Penales existe el numeral 351 que contempla la suspensión en forma excepcional de la audiencia de juicio, cuando, entre otras causas, alguna catástrofe o algún hecho extraordinario torne imposible su continuación; cuestión que como ya se refirió si bien está prevista para la referida audiencia de juicio y no para las diversas audiencias inicial y su continuación, se hace alusión a dicho supuesto, a fin de denotar que el ordenamiento aplicable no desconoce la posibilidad de casos repentinos, imprevisibles e irresistibles que teóricamente no encuadren en alguna de las hipótesis causantes del aplazamiento o suspensión aludida, pero que pudieran impedir el inicio o continuación de las audiencias o diligencias previstas para el desarrollo del proceso penal. Por otro lado, la quejosa refiere que la Sala debió de ponerla en inmediata libertad debido a que el auto de vinculación a proceso se emitió fuera del plazo legal, toda vez que conforme al numeral 47 del mencionado código el Juez pudo habilitar una sede alterna para llevar a cabo la audiencia de vinculación a proceso y no lo hizo violándose con ello su derecho a que se le resolviera su situación jurídica dentro del plazo ampliado de ciento cuarenta y cuatro horas. El anterior argumento resulta infundado, toda vez que el Juez ordenó suspender el término constitucional por la imposibilidad de trasladar a los imputados, no solamente por el desalojo del recinto judicial; inclusive, aunque hubiese podido señalar dicho juzgador una sede alterna, se le comunicó que los traslados estaban cancelados; de ahí que el hecho de que no se hubiere señalado una sede alterna se encuentra justificado en razón a la imposibilidad de trasladar a los imputados por los hechos acontecidos en el interior del Centro de Reinserción Social. Finalmente, sostiene la parte quejosa que resulta ilegal que la Sala responsable pretenda subsanar deficiencias del a quo, con el argumento de que el defensor de oficio designado a la quejosa con fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, manifestó su conformidad con la suspensión del término para el dictado del auto de vinculación a proceso, término que además ya había fenecido desde el treinta de octubre de dos mil diecinueve, siendo además que el defensor no tiene facultades para poder ampliar dicho término al ser un derecho exclusivo de la quejosa en términos del numeral 19 constitucional. El anterior argumento resulta infundado; primeramente porque el término constitucional no feneció el treinta de octubre de dos mil diecinueve, puesto que en dicha data el Juez de la causa ordenó la suspensión del término constitucional, el cual como ya se precisó en párrafos anteriores se encontró justificado al existir causas que imposibilitaron la continuación de la audiencia inicial; asimismo contrario a lo que refiere la quejosa el hecho de que el defensor público hubiese solicitado la continuación de la suspensión del plazo constitucional no le depara perjuicio, inclusive fue precisamente para que no quedara en un estado de indefensión atendiendo a su derecho de defensa técnica adecuada en virtud de que ésta designó en escrito presentado el treinta de octubre de dos mil diecinueve (foja 47 del tomo anexo) a Monserrat Castañeda Delgado como su defensora particular, y para que la imputada contara con su defensa particular es por ello que el defensor público manifestó que se continuara con la suspensión de dicho término; de ahí que la circunstancia de que no se emitiera el auto de vinculación a proceso el treinta de octubre de dos mil diecinueve, fue porque se determinó suspender el plazo constitucional y si bien el treinta y uno de octubre del citado año no se emitió pronunciamiento en torno a la situación jurídica de la quejosa fue precisamente para no vulnerar su derecho de defensa adecuada. Por tanto, atendiendo a las razones expuestas resultan infundados los argumentos, toda vez que el auto de vinculación a proceso no se emitió fuera del plazo legal en virtud de que existió una suspensión del plazo constitucional. Por otro lado, respecto de los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa en relación a que no existen indicios de que hubiese desplegado la conducta que se le imputa, además de que no autorizó que se realizara algún depósito en su número de cuenta y/o que hubiese obtenido un lucro por el delito que se le imputa; insistiendo que no existen elementos suficientes para presumir su supuesta participación en el hecho delictivo que se le imputa y que es inexacto que la responsable considerara que existió coautoría con los diversos imputados para la realización del hecho delictivo. Los conceptos de violación, por razón de método, se analizarán de manera conjunta, en la medida que guardan relación entre sí, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, en términos de lo dispuesto por el numeral 76 de la Ley de Amparo. Dichos conceptos de violación resultan infundados, a consideración de lo siguiente. A manera de preámbulo, es conveniente acotar que en el nuevo esquema del sistema acusatorio adversarial, el proceso penal se inicia con la etapa preliminar o de investigación, cuyo objeto es determinar si existe fundamento para iniciar un proceso penal, lo cual se pretende lograr a través de la obtención de elementos o datos por parte del agente del Ministerio Público, que eventualmente le permitan sustentar la imputación y acusación. Así, en el nuevo sistema penal, ya no tiene lugar, ante el Ministerio Público, un "mini proceso" en el que se recibían y desahogaban pruebas, sino que en esta fase la policía y el fiscal recaban datos de prueba que, posteriormente puedan ser expuestos para su desahogo o incorporación en el juicio oral, ante el juez, que es el director del proceso; ello, ajustado siempre a un principio de lealtad y buena fe; por tanto, lo que se integra es una carpeta de investigación en la que se registran los datos de prueba obtenidos por el Ministerio Público; para su recopilación, se configura una nueva concepción de la policía, en cuanto a que les corresponde a todos los cuerpos policiacos, ser auxiliares del fiscal en la investigación de los hechos delictuosos. Acotado lo anterior, y con el objeto de dotar a la quejosa, en el conocimiento de lo que implica un auto de vinculación a proceso en el actual sistema de justicia penal y, con ello, evidenciar lo infundado de sus argumentos, debe precisarse que los requisitos necesarios para que se pueda dictar un auto de vinculación a proceso, se encuentran contenidos en el artículo 19, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismos que dicen literalmente: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión..." "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente.". Entonces, del análisis de dichos numerales, se deduce que la resolución de vinculación a proceso debe reunir, esencialmente, los siguientes requisitos: 1. Debe emitirse por una autoridad judicial. 2. Contener la precisión del o los delito (s) que se imputa. 3. Indicar el lugar, tiempo y circunstancias de la ejecución del ilícito. 4. Los datos que establezcan que se cometió un hecho que la ley señala como delito; y, 5. Exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Además, como requisito de todo acto de autoridad, en términos del numeral 16 de la Constitución Federal, el auto de vinculación a proceso debe estar debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por motivación, que en el acto de autoridad han de señalarse con detalle las circunstancias especiales, razones particulares o causas imputadas en forma pormenorizada, que se hayan tenido en consideración para su emisión; siendo necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas de los preceptos que se hayan invocado como fundamentación, debiendo establecerse la relación que exista entre uno y otro. Ahora, en relación al acto reclamado a la autoridad señalada como responsable Tercera Sala del Circuito Judicial Único en Materia de Justicia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, es correcta la determinación que constituye el acto reclamado, porque el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone los alcances del recurso de apelación, esto es, que el estudio de este solo comprenderá los agravios expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos, o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado, por lo que el órgano jurisdiccional que conozca del medio de impugnación, no estará obligado a dejar constancia de ello en la resolución; bastará que les dé el tratamiento conducente, con independencia de la calificación que se les otorgue. Para mayor claridad, se transcribe el artículo en mención: "ARTÍCULO 461. Alcance del recurso. El Órgano jurisdiccional ante el cual se haga valer el recurso, dará trámite al mismo y corresponderá al Tribunal de alzada competente que deba resolverlo, su admisión o desechamiento, y sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado. En caso de que el Órgano jurisdiccional no encuentre violaciones a derechos fundamentales que, en tales términos, deba reparar de oficio, no estará obligado a dejar constancia de ello en la resolución. Si sólo uno de varios imputados por el mismo delito interpusiera algún recurso contra una resolución, la decisión favorable que se dictare aprovechará a los demás, a menos que los fundamentos fueren exclusivamente personales del recurrente." En ese sentido, la autoridad responsable hizo una síntesis de los agravios planteados por el recurrente, y abordó su estudio, como se advierte en la determinación de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, y los calificó de infundados. Lo cual de manera alguna implica que se hubiese violado en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución, pues como lo consideró la Sala responsable, sí existen elementos suficientes y razonables para considerar que la aquí quejosa probablemente participó en el hecho delictivo que se le imputa. Del contenido de la resolución que constituye el acto reclamado, se advierte esencialmente que la responsable, determinó confirmar el auto de vinculación a proceso dictado en contra de la impetrante el uno de noviembre de dos mil diecinueve. En principio estimó que se encontraban acreditados los elementos para el dictado del auto de vinculación a proceso, pues se encontraron satisfechos los requisitos establecidos en los artículos 19 Constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, estableció que se encontraba acreditado el hecho delictivo extorsión agravada previsto en el numeral 146 párrafo tercero del Código Penal vigente en la época de la comisión de los hechos. En relación a lo anterior, la Sala señalada como responsable sostuvo que los elementos integradores del hecho delictivo se encontraban demostrados como lo consideró el Juez natural con el informe policial homologado, del que se advertía que el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, compareció de manera voluntaria ante la Fiscalía Especializada la víctima de iniciales C.B.T. para denunciar el delito de extorsión cometido en su agravio, dando inicio la carpeta de investigación FE/UECS/2ª/400/2019, refiriendo el denunciante que se desempeñaba como propietario de un taller mecánico y que es concesionario de taxis y que tiene dos farmacias, una ubicada en Avenida Estado de Puebla, número 148, colonia Lázaro Cárdenas de Cuernavaca, Morelos, siendo que el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, a las ocho con cuarenta y cuatro minutos recibió una llamada telefónica en su número celular 7774518170 registrándose el número 7774421702 en donde un sujeto del sexo masculino dijo tenerlo ubicado, que sabía todos sus movimientos y le pregunta si quería arreglarse por las buenas o por las malas, colgando la llamada la víctima por el temor que le causó, recibiendo tres llamadas más registrándose el mismo número de origen, las cuales ya no contestó la víctima, siendo las nueve horas con diez minutos la víctima comenzó a recibir diversos mensajes de texto del mismo número de origen en los que decían que contestara y se arreglaran, porque de otra forma quemarían sus farmacias y sus taxis, es así que la víctima al estar en las instalaciones de la Fiscalía Especializada, esto es a las diez horas con cincuenta minutos recibió una llamada telefónica del número de origen en la que el mismo masculino de la llamada anterior le reclamó que por qué no le estaba contestando las llamadas, pidiéndole que quitara el alta voz y que no escuchara la policía, proporcionándole un número de cuenta siendo el 49156674559286417 exigiéndole que en media hora le hiciera un depósito por la cantidad de treinta y cinco mil pesos, argumentando que en un inicio sería la cantidad de treinta mil pesos pero que como no había contestado y no había querido negociar tendría que pagar la cantidad de treinta y cinco mil pesos, indicándole que empeñara uno de sus coches, y que no le dijera a nadie, dándole una hora para realizar el depósito, es así como los agentes de la policía de investigación criminal reciben la orden de investigación respectiva en donde se solicita la asesoría en materia de negociación y manejo de crisis a la víctima y quien fungió en dicho carácter fue el agente de investigación criminal Miguel Lázaro Osorio, es así como empieza la negociación en las instalaciones de la Fiscalía Especializada indicando a la víctima que se haría tiempo para realizar la investigación y determinar la identidad de los sujetos activos, de manera que se le indicó a la víctima que acudiera a una sucursal bancaria a realizar un depósito por una cantidad mínima con el propósito de conocer la identidad del titular de la cuenta proporcionada, realizado dicha circunstancia la víctima y se arrojó el nombre en ese depósito de Karla Jaqueline Álvarez Martínez, cuyo comprobante se anexó al informe policial, a las quince horas el agente Miguel Lázaro Osorio informó que la víctima tenía que trasladarse a su farmacia con razón social "Azteca" manifestando que tenía miedo de que los sujetos activos le fueran a quemar su farmacia así como sus taxis porque no reunían el monto exigido porque sólo contaba con cuatro mil pesos, además que las personas que le habían llamado acudieron a su farmacia lo que le generó más temor, es así que una vez que la cantidad fue reunida por la víctima esto es ocho billetes de quinientos pesos, se implementó vigilancia alrededor de la farmacia, y el agente Lázaro le presentó a la víctima al agente quien coordinaría la seguridad que se implementaría. Asimismo, de dicho informe se advierte que los agentes aprehensores se organizaron en tres bloques, el agente Omar Sánchez Sánchez fue en compañía de David Santiago, Miguel Martínez, y Ángel Eduardo Navarrete Huesca en otro bloque y el tercer bloque César García Ayala, Giselle Bolaños y Miguel Arizmendi Estrada. A las quince horas con veinte minutos los agentes se trasladaron a la farmacia "Azteca", para la vigilancia fija y móvil ubicados en posiciones estratégicas para evitar ser detectados encontrándose a pie-tierra los agentes Omar Sánchez Sánchez y David Hurio Santiago, mientras que los demás compañeros se encontraban en las unidades oficiales en una Ford Ranger blanca y un Ford Focus blanco en vigilancia móvil sobre avenida Estado de Puebla, manteniendo siempre contacto vía radio tetra, la negociación continuó se llevó a cabo en los mismos número telefónicos. A las dieciséis horas con treinta minutos la víctima le dice al sujeto activo que ya tenía su dinero y que no había podido depositarlo en el Oxxo porque no le recibían tanta cantidad y que el banco se encontraba cerrado, es por eso que la víctima ofrece entregarlo en su negociación referida como farmacia "Azteca", quedando el extorsionador de llegar a ese punto para recogerlo y todo era informado a través de Miguel Lázaro Osorio, es así que a las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos, los agentes aprehensores que se encontraban pie-tierra tienen a la vista un vehículo nissan, Tsuru, tipo taxi, con letras verdes "Metropolitano Temixco", con placas de circulación A232LTU del Estado de Morelos, el cual se orilló frente al negocio de la víctima en la acera de enfrente, con dos masculinos y una femenina a bordo, descendiendo del lado del copiloto un sujeto joven, de complexión robusta, tez morena, cabello corto, con una playera de manga larga color obscuro entre negro y azul marino, con pantalón de mezclilla color azul, calzado blanco, dejando la puerta abierta, cruzando de manera apresurada y se acerca al mostrador donde la víctima le entrega de mano al sujeto la bolsa de papel estraza color café que contiene en su interior la cantidad de cuatro mil pesos, mientras que el conductor y la femenina que venía en el asiento trasero del taxi se notaban alertas, volteando a todos lados realizando actos de vigilancia, al percatarse de esa situación es como el agente Omar Sánchez Sánchez, reporta vía radio tetra a los compañeros y comienzan a aproximarse al establecimiento, momento en que la víctima sale a la calle y comienza a pedir auxilio advirtiendo la presencia de los agentes tanto el sujeto activo como el propio taxista, sacando el sujeto el dinero de la bolsa de papel estraza con su mano derecha mientras aceleraba su paso tirando la bolsa al suelo, mientras que el taxi de forma inesperada arranca con la puerta del copiloto abierta, emprendiendo la huida, por lo que el agente Omar Sánchez Sánchez mediante comandos verbales le indica al masculino que pusiera las manos en alto, que detuviera su marcha y empiezan a forcejear ante la negativa de acatar los mandos verbales apoyando el agente David Hurio Santiago logrando mediante técnica de control de contacto y sometiendo entre ambos. A las dieciséis horas con cuarenta y ocho minutos el agente Omar Sánchez Sánchez realiza la formal detención de quien dijo responder al nombre de Eduardo Omar Becerril Garduño, dando lectura a sus derechos en calidad de detenido, y es cuando David Hurio Santiago realiza una inspección encontrándole en el bolsillo delantero del pantalón un teléfono celular marca Samsung; la víctima le informa al agente Omar Sánchez Sánchez que el sujeto que conducía el taxi era Ezequiel Bahena quien había sido su chofer de taxi con quien terminó la relación laboral porque este no le pagaba las cuentas y le robaba piezas de su taller mecánico, que también pudo ver que en la parte trasera del taxi iba la esposa de Ezequiel Bahena, por lo que de manera inmediata se realizó el reporte vía radio tetra y con lo anterior genera una sospecha razonable objetiva respecto la manera en que se habían suscitado los hechos, ya que el taxi había huido de forma evasiva y la víctima había reconocido a su conductor y pasajero, alertando así vía radio tetra con las características del vehículo de interés, mientras trasladaban al diverso detenido a la unidad Toyota Linux blanca para su resguardo y traslado a la Fiscalía Especializada para su certificación médica. Es así que de manera simultánea los agentes César Ayala, César Bolaños Soriano y Miguel Arizmendi Estrada a las dieciséis horas con cincuenta y tres minutos se aproximan al punto con dirección norte sur y es cuando tienen a la vista sobre la avenida Estado de Puebla con dirección hacia al norte de Cuernavaca al vehículo de la marca Nissan tipo Tsuru, color blanco tipo taxi con letras verdes con la leyenda "Metropolitano Temixco" con placas de circulación A232LTU del Estado de Morelos, el cual los rebasaba a toda velocidad teniendo que dar los agentes vuelta en "u" sobre la misma vialidad e iniciar la persecución, informando vía radio el contacto visual, el cual se desarrolla sobre toda la avenida Estado de Puebla, con dirección norte, pudiendo percatarse de como el conductor iba realizando rebases en sentido contrario, ignorando topes, sumándose a la persecución los compañeros a bordo de la unidad Ranger blanca, quienes venían con dirección sur-norte, el vehículo toma dirección norte sobre el paso exprés continuando esa conducción imprudente y es hasta la altura de la colonia Satélite, de Cuernavaca que se dan las condiciones de seguridad mínimas necesarias para implementar las técnicas de manejo a la defensiva con la unidad Ford Focus blanco con el propósito de reducir la velocidad del taxi y detener su marcha, lo cual se logra con el apoyo de diversa unidad Ford Ranger blanca, forzando se orille el vehículo, identificándose como elementos para practicar una entrevista e inspección al conductor y pasajeros del vehículo, mientras que el conductor que era un sujeto de aproximadamente treinta y cinco años, con playera tipo polo roja, pantalón de mezclilla, calcetines blancos y calzado café, cabello chino corto, tez morena, complexión media intenta huir pie-tierra dando alcance Ángel Eduardo Navarrete Huesca, logrando su formal detención a las diecisiete horas con siete minutos, dándole lectura a sus derechos, de forma simultánea el agente Miguel Martínez Hernández practica una inspección descubriéndole en su bolsillo delantero derecho un teléfono azul marino Motorola; a las diecisiete horas con diez minutos en paralelo la agente Giselle Bolaños Soriano indica mediante comandos verbales a la femenina que desciende del vehículo y se identifica notando que en brazos portaba una menor de edad de aproximadamente seis meses y junto a ella una menor de dos años, negándose a descender del vehículo, por lo que al verse rodeada se baja y deja en el vehículo a las menores, por lo que se le indica que proporcione su nombre negándose a hacerlo, procediendo a realizarle una inspección descubriéndole fajada en su cintura su credencial para votar expedida por el Instituto Nacional para votar a nombre de Karla Jaqueline Álvarez Martínez y empalmada con esta una tarjeta bancaria Banorte nómina con número 4915667459286417 coincidiendo con el número bancario que los extorsionadores proporcionaron a la víctima para el depósito del pago de la extorsión, asimismo aseguraron un teléfono celular marca Huawei; y se realizó la detención correspondiente, las detenciones se realizan sobre el paso exprés Tlahuica, con dirección Norte, como referencia a la altura de calle Bugambilias, colonia Satélite, en Cuernavaca, Morelos; es así que el agente Miguel Arizmendi Estrada a las diecisiete horas con quince minutos realiza el aseguramiento del vehículo de la marca Nissan tipo Tsuru, color blanco, tipo taxi, con letras verdes con la leyenda "Metropolitano Temixco", con placas de circulación A232LTU del Estado de Morelos, y se realiza el traslado a la Fiscalía Especializada y se pone a disposición a Eduardo Omar Becerril Garduño, Ezequiel Bahena López y Karla Jaquelina Álvarez Martínez en calidad de detenidos en flagrancia por la posible comisión del delito de extorsión agravada en agravio de la víctima C.B.T. De igual manera la Sala señalada como responsable concatenó dicho dato de prueba con la denuncia de la víctima, así como también con la ampliación de la declaración del denunciante, con valor probatorio indiciario, de donde se desprende que es dueño de diversos taxis, así como de dos farmacias que son de genéricos y respecto de los cuales fue amenazado con quemarlos por parte de uno de los agentes activos sino le hacia el depósito requerido en la cuenta que resultó corresponder o encontrarse a nombre de la hoy quejosa; de igual forma con el informe del agente Miguel Lázaro Osorio de veintidós de octubre de dos mil diecinueve; el dictamen de psicología practicado a la víctima de fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve; el dictamen en materia de criminalística de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve; el informe de Miguel Lázaro de veintidós de octubre de dos mil diecinueve. En ese tenor los datos de prueba que la autoridad responsable tomó en consideración les otorgó valor probatorio conforme a los numerales 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que crearon la convicción de que el día veintidós de octubre de dos mil diecinueve, aproximadamente a las ocho horas con cuarenta y cuatro minutos y en diversos horario la víctima de iniciales C.B.T comenzó a recibir diversas llamadas y mensajes en su número de teléfono, exigiéndole la cantidad de treinta y cinco mil pesos a cambio de no quemarle su farmacia, sus vehículos del servicio público de taxis, o que se atentara en contra de la integridad de su familia, proporcionándole uno de los sujetos activos el número de cuenta 4915667459286417 para que depositara la cantidad exigida, por lo que ese mismo día veintidós de octubre de dos mil diecinueve aproximadamente a las dieciséis horas con treinta minutos la víctima de iniciales C.B.T pacta con uno de los sujetos activos el lugar de entrega de la extorsión siendo precisamente en la farmacia de la víctima, es así que aproximadamente a las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos arribó hasta el negocio un vehículo marca Nissan tipo Tsuru Color Blanco tipo Taxi con letras verdes con la leyenda "Metropolitano Temixco", del cual desciende del lado del copiloto uno de los sujetos activos que se dirige al interior de la farmacia donde se encontraba la víctima a quien le refirió que iba por el encargo, entregándole la víctima una bolsa de estraza color café que en su interior contenía cuatro mil pesos, mientras que los otros dos sujetos activos realizaban actos de vigilancia, esperándolo a bordo del vehículo a su coautor mientras realizaba el cobro de la extorsión, por lo que una vez que obtuvo el pago, el sujeto activo es señalado por la víctima siendo asegurado, y al darse cuenta de eso el sujeto activo que conducía el vehículo marca Nissan tipo Tsuru Color Blanco tipo Taxi con letras verdes con la leyenda "Metropolitano Temixco" así como la diversa activo del delito, emprenden la huida, siendo alcanzados por los agentes aprehensores por el señalamiento que la víctima realizó del sujeto activo quien conducía el taxi como la persona que había sido su trabajador siendo asegurados de manera simultánea, mientras que a la sujeto activo le encuentran en su poder diversas identificaciones y una tarjeta bancaria Banorte de nómina con número 419566745928617, siendo la portadora de la cuenta bancaria que los extorsionadores proporcionan a la víctima para que deposite el pago de la extorsión. Así, del contenido del artículo 19, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que en el dictado del auto de vinculación a proceso no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, en tanto indica que sólo debe justificarse la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, la existencia de un hecho delictivo y la probabilidad de que el inculpado lo hubiera cometido o participado en su comisión. En ese tenor, en la resolución reclamada la Sala señalada como responsable determinó confirmar el auto de vinculación a proceso dictado el uno de noviembre de dos mil diecinueve en la causa penal JC/1386/2019, al considerar infundados los agravios que hizo valer la aquí quejosa, debido a que los datos de prueba incorporados por el Ministerio Público con motivo de la formulación de imputación son idóneos, bastantes y suficientes para establecer la existencia del hecho tipificado como extorsión agravada, ya que de su valoración individual y conjunta se puede concluir razonadamente que se encuentra acreditada la conducta de acción desplegada por la sujeto activo del delito. Por tanto, se estima que se actuó correctamente al considerar infundados los motivos de agravio y confirmar el auto de vinculación a proceso ya que los datos de prueba relatados se estiman hasta este momento idóneos, pertinentes y, en su conjunto, suficientes, para establecer la existencia del delito de extorsión agravada en agravio de la víctima del delito. Ahora bien, por cuanto a la probable participación de la ahora quejosa en el hecho ilícito que se le imputa, se estima que la apreciación de la Sala señalada como responsable, no vulnera ningún derecho humano de ésta y se encuentra ajustada a derecho, pues de los datos de prueba, los antecedentes, los argumentos vertidos por la fiscalía y la defensa, se concluye que la quejosa probablemente participó en la comisión del hecho que se le atribuye, lo cual se acreditó con los siguientes datos: - Con el Informe policial homologado suscrito y firmado por los agentes aprehensores Omar Sánchez Sánchez, César García Ayala, Giselle Bolaños Soriano, Miguel Martínez Hernández, Ángel Eduardo Navarrete Huesca, David Santiago y Miguel Arizmendi Estrada, todos ellos elementos adscritos a la Unidad Especializada de combate al Secuestro y Extorsión. -La denuncia de la víctima de iniciales C.B.T.; así como la ampliación de su declaración. - El informe del agente Miguel Lázaro Osorio de veintidós de octubre de dos mil diecinueve. - El dictamen en materia de psicología suscrito y firmado por la psicóloga Ketzalmeztli García Arellano de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. - Los dictámenes en materia de criminalística de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. -El informe de Miguel Lázaro de veintidós de octubre de dos mil diecinueve. Datos de prueba que esta potestad federal, estima que son suficientes y eficaces para tener por acreditada la probabilidad de que la imputada aquí quejosa, posiblemente participó en la comisión del ilícito que se trata. Ello es así, toda vez que la víctima le informó al agente Omar Sánchez Sánchez que el sujeto que conducía el taxi era Ezequiel Bahena quien había sido su trabajador y que vio que en la parte trasera iba su esposa; además cuando es detenida la aquí impetrante por los agentes aprehensores, se le realizó una inspección en la que se le descubrió una credencial para votar a nombre de Karla Jaqueline Álvarez Martínez y una tarjeta bancaria Banorte Nómina con número 4915667459286417 el cual coincidió con el número bancario que los extorsionadores proporcionaron a la víctima para el depósito del pago de la extorsión. En ese contexto, como lo expuso la autoridad responsable, los datos de prueba aportados resultan suficientes para establecer en esa etapa inicial, que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y existen indicios razonables que permitan suponer, al menos para esta etapa procesal, que la imputada, probablemente participó en la comisión del mismo, lo que verificó la autoridad responsable en la resolución reclamada, con los antecedentes narrados por el órgano investigador; además, estableció los razonamientos lógicos jurídicos, así como los fundamentos legales en los cuales se apoyó para su emisión, lo cual se estima correcto, pues como se destacó, con los datos de prueba incorporados por la fiscalía y que la responsable tomó en consideración, se acreditó que la aquí solicitante del amparo, de manera probable participó en el hecho que se les atribuye. Además de lo expuesto, para el dictado del auto de vinculación a proceso no se requieren de pruebas fehacientes ni evidentemente claras para su emisión, aunado a que los datos de prueba que fueron considerados por la Sala señalada como responsable se estiman suficientes para ello, es decir, sólo se requiere que en la resolución de plazo constitucional se exprese el delito que se imputa al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que la indiciada lo cometió o participó en su comisión; esto es, el constituyente reformador estableció que para el dictado de auto de vinculación a proceso ya no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la responsabilidad en forma probable. Ahora bien, respecto los argumentos expuestos por la impetrante en los que refiere que no existen elementos suficientes para presumir su supuesta participación en el hecho delictivo que se le imputa, como ya se precisó resultan infundados, toda vez que existen datos de prueba los cuales ya fueron reseñados en párrafos antecedentes, de los que se desprende que hasta este estado procesal probablemente fue la persona que junto con los diversos imputados participaron en el hecho delictivo de extorsión agravada, en virtud de que con su intervención compartida se llevó a cabo la comisión del ilícito, y de dichos datos se desprende que la ahora quejosa se encontraba en el asiento trasero del vehículo que prestó actos de vigilancia en la acera de enfrente de la farmacia propiedad de la víctima cuando diverso imputado realizaba el cobro de la extorsión, y que además fue señalada por la víctima como la esposa de Ezequiel Bahena, persona que conducía el taxi que prestaba la vigilancia y con quien la víctima terminó la relación laboral que tenían porque éste le robaba; además cuando la quejosa fue detenida por los elementos aprehensores le descubrieron una credencial para votar a nombre de Karla Jaqueline Álvarez Martínez y una tarjeta bancaria Banorte nómina con número 4915667459286417 el cual coincidió con el número bancario que los extorsionadores proporcionaron a la víctima para el depósito del pago de la extorsión, lo que hasta este momento es suficiente para considerar que probablemente la quejosa participó en el hecho delictivo que se le atribuyó. Por otro lado, también resulta infundado su argumento en el que expresa que fue inexacto que la autoridad responsable considerara que existió coautoría con los diversos imputados para la realización del hecho delictivo. Ello es así, toda vez que como lo precisó la autoridad responsable la coautoría se actualiza cuando varias personas en consenso y con condominio funcional del hecho, dividiéndose las acciones delictiva y mediante un plan común acordado antes o durante la perpetración del suceso concurren a la ejecución de un hecho punible. En ese tenor, la Sala señalada como responsable indicó que la aquí quejosa es probable responsable en igualdad de condiciones con los diversos imputados, ya que su intervención fue necesaria para la realización del hecho delictivo, en virtud de que fue la persona que realizó actos de vigilancia afuera de la farmacia esperando a diverso imputado a bordo de un vehículo, mientras que éste realizaba el cobro de la extorsión; asimismo a dicha imputada se le encontró diversas identificaciones y una tarjeta bancaria que coincidió con el número que los extorsionadores proporcionaron a la víctima del delito para el pago de la extorsión; aunado a ello de los datos de prueba obra la existencia de un ticket de depósito por la cantidad de treinta y cinco pesos en donde aparece como titular la aquí quejosa, siendo que el depósito lo realiza la víctima al número de tarjeta que le proporcionaron los extorsionadores. Por otra parte, este órgano constitucional advierte que la resolución reclamada sí está debidamente fundada y motivada, y para justificar esta postura, es necesario señalar el contenido del artículo 16 de la Constitución Federal, el cual dispone textualmente en su párrafo primero lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.)" De dicho apartado, se advierte los requisitos que debe reunir cualquier acto autoritario que importe molestia a la esfera jurídica de los ciudadanos: a) Constar por escrito; b) Ser dictado por autoridad competente; y, c) Estar fundado y motivado. Por cuanto hace a los dos primeros incisos, éstos están acreditados, pues de las constancias remitidas junto con el informe justificado, se desprende que la resolución que hoy constituye el acto reclamado, se encuentra por escrito de la foja 623 a 759 del tomo de pruebas y donde claramente se advierte el considerando primero, relativo a la competencia de la Tercera Sala del Circuito Judicial Único en Materia de Justicia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Y por cuanto hace al inciso de estar fundado y motivado el acto, se constata que la autoridad responsable fundó y motivó debidamente la resolución que por esta vía se combate, esto es, citó los preceptos legales aplicables al caso, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tomaron en cuenta para su emisión, colmando con ello los requisitos que exigen los arábigos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, resulta correcta la determinación que emitió la autoridad señalada como responsable ya que de los datos de prueba se advierten que la ahora quejosa probablemente cometió el hecho delictivo que se le imputa, pues para ello no se exigen pruebas plenas de la participación de la quejosa, sino que únicamente se aporten datos que hagan estimar con base en la razón prudente que la sujeto activo probablemente participó en la comisión del ilícito en comento, lo que en la especie aconteció, pues existen datos suficientes que corroborados entre sí hacen suponer hasta este momento procesal que la quejosa probablemente cometió el delito que se le atribuye. De ahí que, es incontrovertible que la resolución reclamada se emitió, cumpliendo a cabalidad con los requisitos constitucionales y legales establecidos para su dictado, tomando en consideración datos de prueba objetivos, que analizados en su conjunto permitieron acreditar la existencia del hecho que la ley señala como delito de extorsión agravada y la probabilidad que la imputada aquí quejosa lo cometió y, en esa medida, es palpable que no se quebrantó en contra de Carla y/o Karla Jaqueline Álvarez Martínez, ninguna formalidad procesal en desacato a lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna. Consecuentemente, al resultar infundados los argumentos aducidos por Carla y/o Karla Jaqueline Álvarez Martínez, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, contra la resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veinte. Por último, la negativa se hace extensiva respecto de la autoridad ejecutora, dado que el acto de esta fue reclamado en vía de consecuencia y sin alegar vicios propios. Ello de conformidad con la jurisprudencial 88, de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 917622, página 70, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.-". Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Carla y/o Karla Jaqueline Álvarez Martínez, contra la audiencia inicial de control de detención, formulación de imputación, vinculación a proceso e imposición de medidas cautelares de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve; el auto de vinculación a proceso dictado el uno de noviembre de dos mil diecinueve y la omisión de resolver la situación jurídica de la quejosa dentro del plazo de ciento cuarenta y cuatro horas, precisados en el considerando cuarto del presente fallo, por las razones expuestas en el considerando quinto del mismo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Carla y/o Karla Jaqueline Álvarez Martínez, respecto del acto reclamado consistente en la resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, precisada en el considerando cuarto del presente fallo, atento a las razones expresadas en el último considerando del mismo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Erik Calderón Ocampo, hasta hoy treinta de junio de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Hago constar y doy fe, que transcurrido el término que establece el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo; en consecuencia, se le notifica a la parte quejosa, el contenido de la determinación de fecha treinta de junio de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente al rubro citado, por medio de lista que se fija en el exterior de la sede del Poder Judicial Federal, Delegación Morelos, por la situación de pandemia que se vive actualmente, así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo: ... Consecuentemente, al resultar infundados los argumentos aducidos por Carla y/o Karla Jaqueline Álvarez Martínez, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, contra la resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veinte. Por último, la negativa se hace extensiva respecto de la autoridad ejecutora, dado que el acto de esta fue reclamado en vía de consecuencia y sin alegar vicios propios. ... Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Carla y/o Karla Jaqueline Álvarez Martínez, contra la audiencia inicial de control de detención, formulación de imputación, vinculación a proceso e imposición de medidas cautelares de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve; el auto de vinculación a proceso dictado el uno de noviembre de dos mil diecinueve y la omisión de resolver la situación jurídica de la quejosa dentro del plazo de ciento cuarenta y cuatro horas, precisados en el considerando cuarto del presente fallo, por las razones expuestas en el considerando quinto del mismo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Carla y/o Karla Jaqueline Álvarez Martínez, respecto del acto reclamado consistente en la resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, precisada en el considerando cuarto del presente fallo, atento a las razones expresadas en el último considerando del mismo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Erik Calderón Ocampo, hasta hoy treinta de junio de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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