CARIME SOTELO RICO y Otros.
Expediente 1155/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1155/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 16/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- CARIME SOTELO RICO y Otros.
- Carime Sotelo Rico
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Acapulco, Guerrero; dieciséis de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, con excepción de la demanda y sentencia respectiva, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase contar lo anterior en su carátula. Por cuanto a los tres tomos de prueba que se formaron por separado, dado que resulta innecesario que continúen a disposición de este juzgado, devuélvanse a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien los remitió con su informe justificado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretario del Juzgado adscrito al propio juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.
- Principal
AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA ARTURO FLORES MERCADO, LA SENTENCIA AUTORIZADA EL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, MISMA QUE DICE... CITATORIO.- VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 1155/2016. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante oficio 2976 el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con domicilio en esta ciudad, remitió por incompetencia por razón de grado a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede también en Acapulco, la demanda de amparo directo que promovieron Carime Sotelo Rico, Jesús Ramos Mercado y Myriam Edith Ramos Eloísa, todos por derecho propio; así como el informe justificado rendido por la autoridad responsable Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Guerrero y sus anexos; demanda que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Octavo de Distrito, y en la que se demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra la autoridad y acto que a continuación se indican: AUTORIDAD RESPONSABLE Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con domicilio en esta ciudad. ACTO RECLAMADO "La ilegal resolución de fecha catorce de Octubre de 2016. En la que se confirma el auto que niega la orden de aprehensión por el delito de Violencia Familiar." SEGUNDO. Los quejosos señalaron como derechos violados los contenidos en los artículos 8, 14, 16 y 21 Constitucionales. TERCERO. Tramite del juicio de amparo. Por acuerdo de dos de diciembre de dos mil dieciséis, este juzgado federal tuvo por recibido el oficio a que se alude en el resultando que antecede, por lo que se avocó al conocimiento del asunto y admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedo registrada en el libro de gobierno correspondiente con el número 1155/2016, sin que se requiriera a la autoridad responsable rindiera su informe justificado en virtud de que el mismo ya obraba en autos; asimismo, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito así como al representante social del Fuero Común adscrito al tribunal de origen la intervención legal que les compete; ordenó emplazar al presente juicio al tercero interesado Arturo Flores Mercado, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2016, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiséis de mayo del año dos mil dieciséis, que modificó el diverso 3/2013, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama la resolución emitida por un tribunal de segunda instancia con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, dentro de un toca penal formado con motivo del recurso de apelación instado por el ministerio público y la parte quejosa en una causa penal, en la cual ésta tiene el carácter de ofendida; lo que puede tener sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Oportunidad en la presentación de la demanda de amparo. De las documentales que en apoyo a su informe con justificación remitió la Sala responsable, se obtiene que los quejosos tuvieron conocimiento de la resolución reclamada el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis (fojas 144 a 149 del tomo I de prueba); en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo transcurrió del treinta y uno de octubre al veintitrés de noviembre del año pasado, descontándose los días uno, dos, cinco, seis, doce, trece, diecinueve, veinte y veintiuno de noviembre, por ser inhábiles; de ahí que, si la demanda fue presentada directamente ante la autoridad responsable el veintidós de noviembre de esa anualidad debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. TERCERO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los quejosos reclaman la resolución pronunciada el catorce de octubre de dos mil dieciséis por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro del Toca Penal 48/2016, formado con motivo del recurso de apelación que interpuso al igual que el Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito al entonces Juzgado Noveno de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares contra el auto de siete de agosto de dos mil catorce, por el que se negó la orden de aprehensión solicitada dentro de la causa penal 124/2014, instruida en contra del aquí tercero interesado Arturo Flores Mercado, por el delito de violencia familiar en agravio de los aquí quejosos Carime Sotelo Rico, Jesús Ramos Mercado y Myriam Edith Ramos Eloísa, a virtud de la cual se confirmó la determinación apelada. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, residente en esta ciudad, al rendir su informe con justificación a través de su Magistrado Presidente (foja 7), aceptó el acto que se le reprocha, lo que constituye una confesión expresa en términos de lo que establecen los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. Certeza que se corrobora además, con la copia certificada de las constancias que integran el toca y la causa penales números 48/2016 y 124/2014 respectivamente que acompañó en apoyo a su informe (tomos I, II y III de prueba), las cuales adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. QUINTO. Estudio de fondo del asunto. Al no existir causal de improcedencia invocada por las partes, ni advertir de oficio que se actualice alguna; se procede al análisis de los conceptos de violación que expresan los quejosos. De las constancias que allegó la Sala responsable con su informe justificado, a las que se concedió valor en los términos precisados en el considerando que antecede, se advierten los siguientes antecedentes: 1) Mediante comparecencia de doce de mayo de dos mil catorce, la quejosa de nombre Carime Sotelo Rico, presentó en contra del tercero interesado Arturo Flores Mercado formal denuncia y querella por los delitos de lesiones y violencia familiar, cometidos en su agravio y de los diversos quejosos Jesús Ramos Mercado y Myriam Edith Ramos Eloisa, ordenándose la integración de la averiguación previa TAB/EDS/02/0475/2014. 2) En la misma fecha la quejosa Carime Sotelo Rico, rindió su declaración ministerial, mientras que los quejosos Jesús Ramos Mercado y Myriam Edith Ramos Eloisa lo hicieron el veintitrés de mayo siguiente. 3) Seguida que fue la indagatoria, mediante pedimento penal número 200/2014 de veinticuatro de junio de dos mil catorce, el representante social determinó ejercer acción penal en contra del aquí tercero interesado, por los delitos de violencia familiar y lesiones cometidos en contra de los ahora quejosos. 4) Por cuestión de turno, correspondió conocer de dicho pedimento al entonces Juez Noveno de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, quien por acuerdo de cuatro de julio siguiente lo radicó con el número de causa penal 124/2014. 5) En resolución de siete de agosto de dos mil catorce, dicho juez se pronunció sobre el ejercicio de la acción penal y determinó negar el libramiento de la orden de aprehensión solicitada por el Agente del Ministerio Público consignador únicamente por lo que hace al delito de violencia familiar, al estimar que no se acreditaba el mismo, librando la orden de captura por el diverso de lesiones; determinación que se notificó respectivamente al Agente del Ministerio Público de dicha adscripción y a los ofendidos, aquí quejosos, el veintisiete de febrero y el once de junio, ambos de dos mil quince. 6) Inconformes con esa resolución, tanto el representante social como el quejoso Jesús Ramos Mercado interpusieron recurso de apelación por lo que hace a la parte en que se negó la orden de aprehensión; medios de defensa que fueron admitidos el dieciocho de enero de dos mil dieciséis por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Guerrero, bajo el número de Toca Penal 48/2016. 7) Por último, por resolución de catorce de octubre del año pasado (misma que constituye el acto reclamado), la Sala responsable estimó que los agravios esgrimidos por el representante legal y por el quejoso devenían infundados, por lo que confirmó el auto sujeto a revisión. Los argumentos que expresan los quejosos son los siguientes: La resolución reclamada transgrede en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica dado que no se encuentra debidamente fundada ni motivada, en razón de que la Sala responsable no hizo un estudio de los agravios que el ministerio público formuló ni valoró la totalidad de las pruebas que obran en la causa penal, con las cuales se acredita el delito de violencia familiar y la probable responsabilidad del inculpado Arturo Flores Mercado. Resultan infundados los motivos de disenso planteados por los quejosos, aun suplidos en su deficiencia, en términos del inciso b), de la fracción III, del artículo 79, de la Ley de Amparo. Para darle contestación, debe tenerse presente en primer término el alcance que tiene el derecho fundamental de legalidad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte concerniente a la fundamentación y motivación de los actos de molestia. "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Tal precepto contiene los derechos de legalidad y debido proceso, los cuales se traducen en que todo acto de autoridad tiene que encontrarse debidamente fundado y motivado, esto es, establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus actos en donde las circunstancias del caso concreto encuadren debidamente con la norma legalmente establecida, a efecto de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular de que los actos de las autoridades se encuentran debidamente contemplados en la ley que resulta aplicable, a fin de que con ello se asegure la prerrogativa de su defensa, ante el procedimiento legal que se siga. En principio cabe mencionar que de la lectura del acto controvertido se advierte que se encuentra fundado y motivado, pues la sala penal citó los preceptos legales aplicables al caso que le dan competencia para emitir una resolución como la examinada, luego invocó aquéllos preceptos que fueron el sustento para confirmar el auto que resolvió el ejercicio de la acción penal y negó la orden de aprehensión solicitada; asimismo, en el cuerpo de la resolución reclamada precisó que los agraviados formulados por el Ministerio Público eran inoperantes en virtud de que los hechos narrados por los agraviados en sus declaraciones ministeriales no constituían una conducta del agente activo del delito, encaminada a dominarlos, someterlos, controlarlos o maltratarlos física o psicoemocionalmente, pues los actos exteriorizados por el inodado no eran con la finalidad de denostarlos en su estado emocional, aunado a que por lo que hace a los hechos ocurridos el día diez de mayo de dos mil catorce se consideró acreditado el delito de lesiones respecto del cual el siete de agosto siguiente se emitió la correspondiente orden de aprehensión, lo que se estima acertado. Del mismo modo resulta ineficaz lo manifestado por los quejosos en el sentido de que la Sala responsable omitió valorar los medios de convicción que obran en la causa penal de origen con los que refieren se acredita el cuerpo del ilícito de violencia familiar y la probable responsabilidad del inculpado Arturo Flores Mercado, dado que aquélla en la resolución reclamada refirió que de las declaraciones de los quejosos no se advertía que la conducta del inculpado estuviera encaminada a dominar, someter o controlar, maltratar física o psicoemocionalmente a aquéllos, pues los actos que exteriorizo el inodado crearon conflictos con miembros de la familiar, como lo es su hermano, cuñada y sobrina (quejosos), pero no tenían la finalidad de denostarlos en su estado emocional, pues los pasivos se encargaban del cuidado de la señora Miriam Edith Mercado Bustos (madre del inculpado y del quejoso) que sufría de insuficiencia renal y que el inculpado manifestabe su inconformidad con la comida que se le proporcionaba por lo que dejaron de dirigirse la palabra desde enero de dos mil catorce. Que en relación a los hechos ocurridos el diez de mayo siguiente, dio motivo a la acreditación del diverso ilícito de lesiones por el cual el juez de la causa libró la respectiva orden de aprehensión. Asimismo que por lo que hacía a las restantes pruebas entre ellas los dictámenes en materia de psicología y de criminalística de campo y fotografía forense, eran insuficientes para revocar la resolución reclamada pues como se había indicado los hechos manifestados por los quejosos en su denuncia no eran constitutivos del antisocial de violencia familiar dado que los conflictos y discusiones sostenidos entre las víctimas del delito con el acusado de mérito no tenían la finalidad de dominar, someter, controlar, maltratar física o psicoemocionalmente a las primeras, sino únicamente expresiones de inconformidad respecto a la alimentación y cuidado que los pasivos proveían a la señora Miriam Edith Mercado Bustos. Bajo tales condiciones, resulta inconcuso que la resolución reclamada no infringe el derecho fundamental reconocido en el artículo 16 Constitucional. No obstante en suplencia de la queja y a fin de salvaguardar los derechos de los ofendidos este juzgado realizara el análisis oficioso de la resolución de catorce de octubre de dos mil dieciséis, que entre otras cosas, negó la orden de aprehensión en contra del inculpado Arturo Flores Mercado, por el delito de violencia familiar, en agravio de los quejosos Carime Sotelo Rico, Jesús Ramos Mercado y Myriam Edith Ramos Eloísa. Primeramente, el delito de violencia familiar previsto en el artículo 194-A del Código Penal del Estado de Guerrero vigente en la época en que sucedieron los hechos, preveía: "Artículo 194-A. Comete el delito de violencia familiar el que realice conductas dirigidas a dominar, controlar o agredir física, psicológica, patrimonial o económicamente a alguna persona con la que se encuentre o haya estado unida por un vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil; concubinato, o una relación de hecho, dentro o fuera del domicilio familiar y se le impondrá de uno a cinco años de prisión. Ninguna forma de maltrato cometido contra los menores, podrá ser justificada como parte de la educación o formación de los mismos. Este delito se perseguirá de oficio." Por otro lado, es importante tener presente el contenido del diverso numeral 67 bis del aludido Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, que decía: "Artículo 67 BIS. Para integrar el cuerpo del delito de violencia familiar, deberá acreditarse el vínculo familiar, matrimonial o relación de hecho, en los términos del artículo 194-A del Código Penal; además de agregarse los dictámenes que emitan peritos en materia de salud física y psicoemocional, así como la práctica demás investigaciones, dictámenes o documentos que el Ministerio Público o el Tribunal juzguen pertinentes, siempre que no sean contrarios a derecho. Los organismos públicos o institucionales legalmente constituidas que tengan áreas inmersas en el tratamiento de violencia intrafamiliar, podrán colaborar, en calidad de peritos y sus informes deberán rendirse por escrito. Luego, de los numerales antes transcritos, particularmente el inserto en último término, se obtiene que para integrar el cuerpo del delito de violencia familiar es necesario primeramente acreditar el vínculo familiar o civil del activo respecto al pasivo del injusto, además de agregarse los dictámenes que emitan los peritos en materia de salud física y psicoemocional. De esa manera, puede concluirse que los elementos del delito de violencia familiar a demostrar son: a) El acto u omisión intencional realizado por el sujeto activo con el fin de realizar alguna de las conductas descritas como dominar, controlar, o agredir física, psicológica, patrimonial o económicamente al sujeto pasivo; y b) Que dichos actos u omisiones (señalados en el inciso anterior), sean realizados por el sujeto activo en contra de la persona a la que esté o haya estado unida en matrimonio, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil; concubinato, o una relación de hecho, dentro o fuera del domicilio familiar. Luego, a la causa penal de origen para acreditar dicho ilícito se allegaron los siguientes medios de convicción: 1) Declaraciones ministeriales de los agraviados Carime Sotelo Rico, Jesús Ramos Mercado y Myriam Edith Ramos Eloísa, rendidas de la primera el doce de mayo de dos mil catorce, y de los dos últimos el trece de mayo siguiente. 2) Declaraciones ministeriales de las testigos presenciales de los hechos Faustina Rico Castillo y Ana Yeymi Alejandro Alonso, recabadas en diligencia de tres de junio de dos mil catorce. 3) Inspección ocular efectuada por el representante social en diligencia de once de junio de dos mil catorce. 4) Dictamen pericial en materia de criminalística de campo y fotografía forense suscrito por Sara Galeana Jarquín, experta adscrita a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado; 5) Dictamen pericial en materia de psicología, elaborado por Blanca Edith Navarrete Campos, experta adscrita a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado. 6) Copia certificada de las siguientes documentales: 6.1) Acta de nacimiento número 284, del quejoso Jesús Ramos Mercado, expedida el quince de junio de dos mil siete, quien nació el diecinueve de enero de mil novecientos setenta, cuyos padres son Jesús Ramos y Miriam Mercado, con la cual se demuestra que es hermanastro del inculpado Arturo Flores Mercado. 6.2) Acta de nacimiento número 02899, de la quejosa Myriam Edith Ramos Eloísa, expedida el diecinueve de agosto de dos mil cinco, quien nació el siete de mayo de mil novecientos noventa y cinco, con la cual se demuestra que es hija del diverso quejoso Jesús Ramos Mercado. 6.3) Acta de nacimiento número 00662, del inculpado, aquí tercero interesado Arturo Flores Mercado, expedida el veinte de mayo de dos mil catorce, quien nació el veinte de febrero de mil novecientos cincuenta y ocho, cuyos padres son José Flores y Miriam Mercado, con la cual se demuestra que es hermanastro del quejoso Jesús Ramos Mercado. 6.4) Acta de matrimonio número 00237, celebrado el once de septiembre de dos mil entre los quejosos Jesús Ramos Mercado y Carime Sotelo Rico, expedida el once de junio de dos mil siete. 7) Certificados médicos de lesiones de fechas doce y veintiséis de mayo de dos mil catorce, expedidos por Juan Bello Mejía, perito médico legista adscrito a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, el primero a favor de los tres quejosos, y el segundo solo a favor de los quejosos Carime Sotelo Rico y Jesús Ramos Mercado. Precisado lo anterior, contrario a lo que refieren los quejosos, con los medios de prueba exhibidos como lo señalaron el Juez Noveno de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares y la Sala responsable no se acredita el elemento típico del ilícito de violencia familiar consistente en el medio específico de comisión, dado que los datos que arroja la causa penal de origen no permiten considerar que la conducta atribuida al inculpado haya provocado en las víctimas del delito un cambio en sus comportamientos, que manifiesten un estado de angustia o control en sus personas. Resulta importante mencionar que de la descripción típica del delito de violencia familiar, particularmente la atinente a la psico-emocional, está asociada a un estado de vida continúo a través de actos concatenados y sucesivos que se van dando en el seno familiar y que con el transcurso del tiempo van mermando tanto la salud física como mental del receptor de esos actos, que si bien tiene puntos álgidos durante su desarrollo (hechos agresivos), no son únicamente esos actos los que ocasionan afectación, sino también el ambiente hostil y de inseguridad que ellos provocan, lo que lesiona la psique del sometido, cuya integridad también está protegida por el precepto legal en cita, de modo que la demostración del injusto en cuestión no debe limitarse a conceptuar como tal sólo aquellos hechos a través de los cuales se materializan las agresiones físicas o verbales hacia un miembro de la familia. No obstante lo anterior, si bien la violencia familiar está asociada a un modo de vida que presupone una conducta reiterada por parte del activo a través del despliegue de una pluralidad de conductas, ello no impide que el injusto se actualice mediante el desarrollo de un solo acto intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o económicamente a cualquier integrante de la familia dentro o fuera del domicilio familiar, para causar el daño, de ahí que pueda aseverarse que quien alega la aflicción de alguna de esas dos clases de violencia (física o psico-emocional), debe acreditar el daño físico o emocional y la intención por parte del generador de violencia familiar para causarlo; o bien, que la conducta desplegada es susceptible de provocar una alteración física o en alguna esfera o área de la estructura psíquica del receptor de la violencia. En ese sentido, si bien es cierto que, la violencia familiar, consiste en aquellos actos que pueden ser percibidos por personas que no sean expertas en la materia, también lo es que esas percepciones son subjetivas y carentes de los conocimientos necesarios para calificarlos como actos de violencia familiar, que deban ser evaluados por un especialista. En efecto, para acreditar la de clase psicoemocional, no sólo se deben demostrar los actos que la definen, sino también lo que provocaron en quien la recibe, esto es, alguna alteración en la esfera o área de la estructura psíquica. Teniendo en cuenta lo anterior, tenemos que los quejosos Carime Sotelo Rico, Jesús Ramos Mercado y Myriam Edith Ramos Eloísa en sus declaraciones ministeriales en esencia señalaron, la primera estar casada con el segundo desde hace trece años y que la tercera es su hijastra, que establecieron su domicilio conyugal en un departamento propiedad de su suegra Miriam Edith Mercado Bustos, y que ésta vivía en una casa al lado del edificio donde está su departamento, que el inculpado es hijo de su suegra y medio hermano de su esposo, y que aproximadamente hace un año su esposo empezó a tener problemas con su medio hermano debido a que éste no le parecía que su suegra quisiera más a su esposo e incluso le hubiera dado donde vivir, y que por ello a ella también la agredía verbalmente ya que cuando su suegra vivía ella la atendía y le daba de comer y cuando llegaba el inculpado si algo no le parecía le decía a su suegra "no te dan de comer bien, no te atienden bien, como se te debe atender, mira lo que estas comiendo, eso no debes estar comiendo", lo que hacía sentir muy mal a la declarante, que en enero de dos mil catorce cuando su suegra estuvo internada llegó el inculpado y le dijo a su mama "ya me entere que me quieren sacar de la casa, como ves mama", que la quejoso se enojó y le dijo que primero investigara quien había dicho eso y que partir de ahí ya no se dirigían la palabra, y finalmente que el diez de mayo siguiente día en que falleció su suegra, como a las tres de la tarde se encontraba en casa de ésta en compañía de sus cuñadas y su hijastra, mientras que en el patio se encontraba el inculpado con un sobrino y su guardaespaldas, que en eso llego su esposo por la camioneta de su suegra para ir a ver lo de la funeraria y que al pedirle las llaves a su medio hermano, éste le dijo que no se las iba a dar y se dirigió hacia la calle y que al tratar de cerrar la puerta su esposo puso un pie evitando que la cerrara, entonces el inculpado le dio unos puñetazos en el pómulo derecho y en la cara a la altura de la boca y la nariz a su esposo quien se descontrolo y se metió a la casa, que el inculpado lo siguió y cuando se le iba a ir encima a su esposo, ella se metió, fue así que el inculpado le dio una patada en la pierna y un puñetazo en el pómulo izquierdo, que empezaron a jalonearse y que en una de esas el inculpado la aventó y cayó sentada en el piso, lastimándose la cadera. Mientras que el segundo refirió estar casado con Carime Sotelo Rico y ser padre de Myriam Edith Ramos Eloísa, y otros dos hijos, que estableció su domicilio conyugal en un departamento que le prestó su madre y se encuentra contiguo a la casa de ésta, y que hace como tres años y medio llegó a vivir al domicilio de su madre su medio hermano, hoy inculpado Arturo Flores Mercado, que posteriormente su madre enfermó y que tanto él como su esposa e hija la atendían, lo que no le parecía al inculpado ya que cuando llegaba para hacer sentir mal al declarante y a su esposa le decía a su madre "no te atienden bien, como se te debe atender, mira lo que estas comiendo, eso no debes estar comiendo", que en enero su madre fue hospitalizada y que cuando su esposa la estaba cuidando, ésta le comentó que llegó el inculpado y el empezó a decir a su madre "ya me entere mama que me quieren sacar de la casa, como ves mama", y que a partir de ahí les aplicó la ley del hielo, y no le dirigía la palabra al declarante ni a su esposa, que el diez de mayo siguiente le avisaron que su madre falleció por lo que se dirigió a casa de ésta donde ya se encontraban sus hermanas así como su esposa e hija, y en el patio estaba el inculpado con su guardaespaldas y su sobrino, que le pidió al inculpado las llaves de la camioneta de su madre para hacer los trámites en la funeraria, pero éste se negó y se dirigió a la entrada de la casa, que cuando vio que el inculpado iba a salir a la calle, el declarante puso el pie en la puerta para que no cerrara, y fue entonces cuando el inculpado le dio dos puñetazos uno en el pómulo derecho y otro en la boca, que como es diabético se dirigió a la casa, pero que el inculpado en vez de calmarse se le fue otra vez encima, interviniendo su esposa, a quien le dio una patada en la pierna izquierda y un puñetazo en el pómulo izquierdo, que también intervino su hija, quien trato de agarrar al inculpado pero éste la agarró del brazo y la aventó al piso, que en eso intervino el guardaespaldas y saco al inculpado a la calle, amenazando este último al declarante que le iba a dar un balazo. Por su parte, la última señaló ser hija del quejoso Jesús Ramos Mercado, quien está casado con la diversa quejosa Carime Sotelo Rico, que viven en un departamento que les prestó su abuela Miriam Edith Mercado Bustos, y que ésta vivía en una casa contigua al el edificio donde está su departamento, que hace tres años y medio llegó a vivir a casa de su abuela el inculpado, quien es su tío, que ella con su mama Carime atendían a su abuela porque estaba enferma, lo que no le parecía al inculpado pues siembre le decía a su abuela "no te atienden bien, mira lo que estas comiendo, eso no debes estar comiendo", haciéndolas sentir mal, que el diez de mayo de dos mil catorce, día en que falleció su abuela, acudió a la casa de ésta para ver si ya habían traído su cuerpo y observó a su tío esculcando el mueble en donde su abuela tenía los documentos de la renta de los departamentos que eran de su propiedad, ya que ella era la dueña del edificio en donde nosotros vivíamos, que su tío al verla de una forma grosera le dijo "se murió tu abuela, que haces aquí", pero que ella no le hizo caso y se regresó al departamento, que más tarde regresó con su mama a casa de su abuela, donde estaban sus tías, así como su tío Arturo, su guardaespaldas y su sobrino, que en eso llegó su papa y le pidió las llaves de la camioneta de su abuela a su tío para ver los tramites de la funeraria, que éste se negó y se dirigió hacia la calle y que cuando su tío trató de cerrar la puerta su papa puso un pie evitando que la cerrara, entonces su tío le dio a su papa unos puñetazos en el pómulo derecho y en la cara, que su papa no hizo nada y se metió a la casa, pero que su tío no se calmó y lo siguió para pegarle otra vez, que fue cuando su mama se metió entre los dos, y su tío le dio a ella una patada en la pierna izquierda y un puñetazo en el pómulo izquierdo, que la declarante trató de calmar a su tío, pero éste la agarró del brazo y la aventó al piso, lastimándose la cadera, fue entonces cuando el guardaespaldas de su tío intervino y lo sacó a la calle. Por otro lado, las testigos presenciales de los hechos Faustina Rico Carrillo y Ana Yeymi Alejandro Alonso, de manera coincidente refirieron conocer a los quejosos, debido a que la primera es madre de la quejosa Carime Sotelo Rico, en tanto que la segunda trabaja como empleada en casa de la citada testigo, y en relación a los hechos haberse percatado que al inculpado Arturo Flores Mercado, le molestaba que la quejosa Carime Sotelo Rico, atendiera a su suegra Miriam Edith Mercado Bustos, lo anterior pues acudieron algunas veces a casa de ésta y observaron que el inculpado le decía a su madre "mamá, esto que estas comiendo no debes comer, tu debes de comer cosas más saludables", lo que hacía sentir mal a Carime Sotelo Rico, y que el diez de mayo de dos mil catorce, se enteraron que la señora Miriam había fallecido, por lo que se dirigieron al apartamento de la quejosa Carime Sotelo Rico, y que al pasar por la calle cerca de la casa de la señora Miriam vieron que frente a la puerta principal de acceso estaban el inculpado y el quejoso Jesús Ramos Mercado discutiendo, y de pronto aquél le dio unos puñetazos a éste en la boca y en el pómulo derecho, que el segundo se metió a la casa y que el inculpado lo siguió, que las declarantes se fueron rápido al departamento de la señora Carime para avisarle lo que estaba pasando, pero que al llegar un hijo de ésta les dijo que no estaba porque acudió a casa de su abuelita que había fallecido, por lo que se asomaron por el balcón a la calle y vieron que el inculpado le apunto con el dedo Jesús Ramos Mercado y le grito "te voy a dar un balazo", que más tarde llegaron al departamento los aquí quejosos y le dijeron a la testigo Faustina que el inculpado los había agredido a los tres observando que la quejosa Carime tenía un moretón en la pierna izquierda, mientas que Myrian Edith tenía golpes y arañones en los brazos, y finalmente Jesús tenía inflamada la boca y le salía sangre por la nariz. Narrativas de hechos que resultan ineficaces para demostrar la existencia de la violencia familiar, es decir la intención del inculpado de querer dominar, someter, controlar o maltratar a los quejosos mediante la violencia física o emocional, debido a que la exteriorización de las palabras no constituye prohibición, condicionamiento, coacción, intimidación o amenaza menos aún actitudes de abandono, pues la intención del legislador al referirse al uso de la fuerza moral o a la agresión que se ejerza sobre un miembro de la familia, propone una connotación más profunda que lleva a concluir que la violencia familiar es todo un estado de vida constituido por un continuo sometimiento, que tiene la finalidad de dominio, control, maltrato físico o verbal dirigido por un miembro de la familia a otro. Lo que en caso como acertadamente precisaron el juez de origen y la sala responsable no acontece porque los actos exteriorizados por el inculpado no persiguen dicho fin. Aunado a que si bien los quejosos señalaron que los insultos recibidos los hicieron sentir tristes y controlados, no explicaron ni acreditaron de qué forma las manifestaciones del inculpado les produjeron tal estado, dado que no se evidenció que la rutina familiar de los agraviados cambiara radicalmente con motivo de ello, es decir, que se reflejara un estado de angustia o de control sobre su persona, sino que continua siendo la misma pues siguen viviendo en el mismo inmueble y realizando sus actividades con normalidad, por lo que la conducta desplegada por el inculpado no encuadra en el tipo penal de violencia familiar previsto y sancionado en el numeral 194-A del Código Penal del Estado de Guerrero vigente en esa época, por el que se le acusó. Además, en la indagatoria fueron emitidos sendos dictámenes en materia de psicología y de criminalística de campo y fotografía forense por peritos oficiales y en el primero se concluyó que los quejosos al momento de la valoración presentaban un leve daño psicoemocional por el evento referido, en tanto que en el segundo que el lugar donde sucedieron los hechos fue en el inmueble ubicado en avenida Baja California número 610, colonia Hornos Insurgentes, en esta ciudad; sin embargo dichos dictámenes no suministran argumentos o razones para tener por acreditado el elemento consistente en el acto u omisión intencional realizado por el sujeto activo con el fin de realizar alguna de las conductas descritas como dominar, controlar, o agredir física, psicológica, patrimonial o económicamente al sujeto pasivo, pues como se indicó los hechos narrados por los quejosos al rendir su declaración ministerial son ineficaces para demostrar la existencia de la violencia familiar. Asimismo, del resultado de la inspección ocular practicada por el Agente del Ministerio Público Investigador en el domicilio ubicado en calle Avenida Baja California número 610, colonia Hornos Insurgentes, en esta ciudad, tampoco se demuestra el elemento del delito que se imputa al inculpado relativo al engaño, dado que solamente se hizo una descripción del inmueble ahí encontrado. En ese orden de ideas, debe decirse que de los medios de convicción que obran en autos del sumario de origen, no se desprende que se acrediten los elementos del delito de que se trata. Ahora bien, si bien en actuaciones obran los certificados médicos de lesiones de fechas doce y veintiséis de mayo de dos mil catorce, expedidos por Juan Bello Mejía, perito médico legista adscrito a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, mediante el primero de los cuales determinó que las lesiones que presentaban los quejosos Carime Sotelo Rico, Jesús Ramos Mercado y Myriam Edith Ramos Eloísa, las cuales no ponían en peligro su vida y tardaban en sanar hasta quince días, y por el segundo hizo una reclasificación de las lesiones que presentaban los quejosos Carime Sotelo Rico y Jesús Ramos Mercado, concluyendo de nueva cuenta que no ponían en peligro la vida de éstos y tardaban en sanar hasta quince días; sin embargo, tales medios de convicción fueron tomados en consideración por el juez de origen para tener por acreditado los hechos acaecidos el día diez de mayo de dos mil catorce respecto de los cuales se determinó la existencia del delito de lesiones por el que el siete de agosto siguiente se emitió la correspondiente orden de aprehensión en contra del inculpado. Así, de las pruebas relatadas, no se encuentran acreditados los elementos del delito de violencia familiar previsto en el artículo 194-A del Código Penal del Estado de Guerrero vigente en la época en que sucedieron los hechos, por consiguiente, la resolución reclamada no se considera violatoria de los derechos fundamentales establecidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al no advertir queja deficiente que suplir, a la luz del artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, procede NEGAR EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a los quejosos Carime Sotelo Rico, Jesús Ramos Mercado y Myriam Edith Ramos Eloísa. Por lo expuesto y fundado, con fundamento en los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Carime Sotelo Rico, Jesús Ramos Mercado y Myriam Edith Ramos Eloísa, contra el acto y la autoridad precisados en el resultando primero de esta resolución, por las razones contenidas en su último considerando. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, asistido por la licenciada Lorena Morales Saldierna, Secretaria del propio juzgado que autoriza. Doy fe.-
- Principal
Acapulco, Guerrero; dos de enero de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta signado por el Suboficial de la Policía Federal Ministerial, con sede en esta ciudad, a través del cual desahoga el requerimiento formulado en proveído de veintidós de diciembre actual, y al efecto manifiesta que encontró registros a nombre del tercero interesado Arturo Flores Mercado; sin embargo, no ha lugar a ordenar su emplazamiento en el domicilio que refiere como calle Pie de la Cuesta número 30, fraccionamiento Mozimba código postal 39460, dado que es el mismo donde se ordenó su notificación el veintiocho de diciembre actual, del cual se encuentra pendiente su diligenciación; y en relación al diverso domicilio ubicado en Javier Mina número 8, interior 104, colonia Centro, código postal 39300, resérvese a proveer sobre el particular hasta en tanto se cuente con el resultado de la diligencia de referencia. Notifíquese.
- Principal
CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA ARTURO FLORES MERCADO, EL AUTO DE VEINTIPOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS, MIMSO QUE DICE... Acapulco, Guerrero; a veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis. Vistos los oficios de cuenta signados por el Jefe del Departamento Contencioso del Instituto Mexicano del Seguro Social, por la Jefa del Departamento Jurídico de la Comisión Federal de Electricidad y por el representante legal de Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, todos con sede en esta ciudad, a través de los cuales desahogan el requerimiento formulado en proveído de veintidós de diciembre actual, y al efecto el primero de ellos manifiesta que no encontró dato alguno a nombre del tercero interesado Arturo Flores Mercado, y en relación a las autoridades últimas citadas, que sí localizaron registro a nombre de dicha parte procesal, los cuales se encuentran ubicados en avenida Granjas 112-301, entre la calle Villa de las Granjas, colonia Mozimba, código postal 62000; Baja California 610-B, colonia Hornos Insurgentes, entre las calles Insurgentes y Constituyente; avenida Pie de la Cuesta lote 30, fraccionamiento Mozimba, código postal 39460; calle 5 de Mayo local C, colonia Centro, código postal 39300; y avenida Baja California número 610, colonia Hornos Insurgentes, código postal 39350, todos en esta ciudad. Por otra parte, de las constancias que integran el juicio de amparo 388/2015, el cual fue radicado en este juzgado federal, se aprecia que dicha parte procesal señaló como domicilio convencional el ubicado en Andador Rubí, lote 4, manzana 273, Sector 2, Ciudad Renacimiento, en esta ciudad; lo que constituye un hecho notorio, y puede ser invocado de oficio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, de la cual se ordena agregar copia simple de las constancias que así lo acrediten; En mérito de lo anterior, con fundamento en el numeral 27, fracción l, de la ley de la materia, se comisiona a la actuaria adscrita para que con copia simple de la demanda, del auto admisorio y del presente proveído, le notifique personalmente el inicio del presente juicio, asimismo, se le habilita para que si con motivo de la investigación de los citados domicilios logra identificar algún otro, sin previo acuerdo se constituya en el mismo y lleve a cabo la notificación que se le encomienda de conformidad con lo dispuesto en el precepto legal antes citado. Por otro lado, sin que haya lugar a ordenar su emplazamiento en el domicilio que se indica como calle Mina número 8, colonia Centro, código postal 39300, dado que es el mismo donde la actuaria judicial adscrita a este tribunal, se vio imposibilitada para llevar a cabo la diligencia de mérito, como se advierte de la razón de siete del mes actual. Finalmente, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para este día, según se advierte de la certificación de cuenta, se difiere para las ONCE HORAS DEL VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE... EN EL QUE SE ORDENA NOTIFICAR A DICHA PARTE TERCERO INTERESADA EL MISMO COMO EL ADMISORIO DE FECHA DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS, EL CUAL SE ADMITE LA DEMANDA Y SE FIJAN LAS ONCE HORAS DEL VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE...
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · 8,920 expedientes
- Cándido Francisco Gálvez y Otros.981/2023
- Cándido Gómez Hernández450/2015
- Cándido López Camacho1121/2022
- Candy Areli Serafin Garibo1100/2017
- Carabela la Santa María, Sociedad Civil274/2021
- Carime Sotelo Rico1112/2017
- Carina Fuentes González y Otros.679/2019
- Carina Fuentes González701/2020
- Carina Fuentes González743/2018
- Carina Fuentes González1226/2019
- Carina Fuentes González868/2021
- Carina Funtes González y Otros.589/2020