Carime Sotelo Rico

Expediente 1112/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1112/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
11/01/2018

Partes del expediente

  • Carime Sotelo Rico
  • CARIME SOTELO RICO y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; once de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.

  2. Principal

    CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, QUE DICE; "Vista la demanda de amparo promovida por Carime Sotelo Rico, Miriam Edith Remos Eloísa y Jesús Ramos Mercado, por derecho propio, contra actos del Juez Noveno de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 1112/2017, y fórmese expediente. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "(...) El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama el auto de siete de agosto de dos mil catorce, que resolvió el ejercicio de la acción en la causa penal 124/2014-II, del índice del Juzgado Noveno de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, en el que negó la orden de aprehensión en contra del acusado Arturo Flores Mercado. Precisado lo anterior, el presente juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XI, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]". La causal de improcedencia anunciada se exterioriza en el llamado principio de cosa juzgada del juicio de amparo, el cual consiste en la autoridad y fuerza que la ley atribuye a una sentencia ejecutoriada, que equivale a la irrevocabilidad e inmutabilidad de lo resuelto en el fallo respectivo, ya en el juicio en que aquélla se pronuncie o en otro diverso. Este principio encuentra justificación en la necesidad de que, por seguridad jurídica, se evite replantear en un futuro la misma controversia sobre situaciones jurídicas discutidas y resueltas en un fallo firme dictado en un anterior juicio de amparo. A su vez, impide que se dicten sentencias contradictorias en diversos juicios cuando éstos derivan de una misma situación jurídica que crea efectos materiales iguales. Conforme a lo asentado, la cosa juzgada opera cuando en una controversia sometida a un órgano de control constitucional, se resuelven ciertos aspectos de fondo o sustanciales y además, cuando dicha decisión adquiere firmeza o irrevocabilidad, esto es, cuando el fallo emitido en un procedimiento constitucional anterior ha causado ejecutoria, de tal manera que la cosa juzgada constituye la verdad legal, lo que impide que el tema analizado de manera previa, pueda someterse nuevamente a discusión en un diverso juicio; también opera en el caso de que no obstante que no se haya entrado antes al estudio de fondo del asunto, no se demuestre que los hechos y circunstancias antes existentes, hayan sido cambiados o modificados de manera que sea factible estudiar una nueva situación que no fue analizada inicialmente. Se afirma que en el caso, se surte la causal de improcedencia del juicio de amparo que previamente ha sido anunciada, en virtud de que el auto que resuelve el ejercicio de la acción penal que destaca la parte quejosa como acto reclamado, ya fue motivo de pronunciamiento con anterioridad por este órgano de control constitucional, en el diverso juicio de amparo número 1155/2016, promovido por los propios quejosos Carime Sotelo Rico, Miriam Edith Remos Eloisa y Jesús Ramos Mercado, en contra de la resolución pronunciada el catorce de octubre de dos mil dieciséis por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro del Toca Penal 48/2016, formado con motivo del recurso de apelación que interpuso al igual que el Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito al entonces Juzgado Noveno de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares contra el auto de siete de agosto de dos mil catorce, por el que se negó la orden de aprehensión solicitada dentro de la causa penal 124/2014, instruida en contra de Arturo Flores Mercado, por el delito de violencia familiar en agravio de los aquí quejosos, a virtud de la cual se confirmó la determinación apelada; del que se desprende que seguido el juicio, mediante sentencia de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, se determinó no amparar ni proteger a los promoventes del amparo. En ese contexto, del mencionado juicio de amparo, se desprende que el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, causó ejecutoria dicha resolución, ordenándose el archivo del mencionado juicio por tratarse de un asunto totalmente concluido. En efecto, el acto destacado en el juicio de amparo 1155/2016, del índice de este juzgado federal, es el mismo que si bien fue apelado, la legalidad de la resolución emitida por diversa autoridad responsable que conoció el medio de impugnación, fue materia de la sentencia que éste juzgado federal pronunció, lo cual a su vez constituye el acto aquí reclamado, máxime que los hechos y circunstancias existentes, no han sido cambiados o modificados; y por ende, se trata de la misma situación que fue analizada inicialmente. Las anteriores circunstancias anteriores, se invocan como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, sin que haya lugar a obtener copia certificada de aquellas, pues se tiene a la vista en este propio órgano, ello atento al criterio a que se contrae la tesis jurisprudencial número 103/2007, sustentada por la Segunda Sala del Tribunal Supremo de la Nación, del tenor literal siguiente: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." De los antecedentes expuestos se obtiene que no puede estudiarse nuevamente el auto que resuelve el ejercicio de la acción, atribuida al Juzgado Noveno de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, dictada en la causa penal 124/2014-II, de su índice, puesto que ya no puede estar sujeto a discusión la improcedencia del juicio de amparo que se promueve, ni mucho menos examinarse su legalidad, en virtud de que ya fue resuelto sobre la constitucionalidad del mismo, por tratarse de un acto que ya fue materia del juicio de amparo 1155/2016, del índice de éste propio Juzgado. En consecuencia, se actualiza la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo prevista por el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, pues se trata de los mismos quejosos, en contra de un acto que fue materia de análisis, atribuido a diversa autoridad responsable, que substanció el recurso ordinario que se promovió en contra del acto que se reclama aquí al juez responsable. Sirve de aplicación la tesis 1a. XCV/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Décima Época, Materia(s): Constitucional, Común, en su página 1107, cuyo tenor: "COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO, ES COMPATIBLE CON EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Conforme al precepto y porción normativa señalados, el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un juicio constitucional previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas; figura que no sólo se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional; lo que es compatible con la garantía de seguridad jurídica, pues el propósito de la figura de la cosa juzgada es revelar las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia." Asimismo, por identidad de razones es aplicable la diversa tesis I.9o.P.139 P (10a.), del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible a página 2647 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV, Materia(s): Común, Décima Época, del siguiente literal: "COSA JUZGADA. SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA LA EJECUCIÓN DE UNA ORDEN DE EXTRADICIÓN POR VICIOS PROPIOS, Y EN UN JUICIO DE AMPARO ANTERIOR YA FUE ANALIZADA LA LEGALIDAD DE DICHA ORDEN. La figura de cosa juzgada, no sólo se actualiza cuando, en sentido estricto, se trata específicamente del mismo acto reclamado, pues además de que así no se establece textualmente en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, lo cierto es que de la interpretación armónica y sistemática del mencionado numeral con la diversa fracción X, se concluye que en la causal mencionada se establece que la acción de amparo será improcedente cuando lo ahí reclamado verse o involucre un tema jurídico, que hubiera sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso. En ese sentido, si el quejoso reclama la ejecución de la orden de extradición por vicios propios, y en un juicio de amparo anterior ya fue analizada la legalidad de dicha orden, el juicio de amparo resulta improcedente por existir cosa juzgada, pues si bien puede haber afectaciones en esta etapa (entendida como posterior al acto de extradición), de considerar que éstas pueden analizarse en el juicio de amparo, se estimaría que una causa, de existir, superveniente, es previo a las de improcedencia, lo que jurídicamente no es permisible, pues el núcleo principal que ahora se busca someter a la jurisdicción constitucional, es la extradición que pesa sobre el quejoso, que ya fue analizada constitucionalmente, incluso en revisión, esto es, la ejecución impugnada involucra necesariamente al diverso acto en el juicio de amparo previamente resuelto mediante sentencia ejecutoriada, cuyo tema materia de pronunciamiento adquiere entonces el carácter de cosa juzgada, consistente en la orden de extradición del quejoso "entendiéndose incluido todo el proceso y su ejecución". En esa tesitura, tomando en consideración lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, por lo que, lo que resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Cuauhtémoc número 28, edificio Espinalillo, segundo piso, despacho 204, en esta ciudad; por autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Josué Moreno Calvillo, Eduardo Lugo Osorio y Alcy Sánchez Carbajal, cuyas cédulas se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho. Así también, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se faculta al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva.

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