Caralampio Lopez Rodriguez
Expediente 1003/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 1 actuación registrada, la última del 17 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1003/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 17/08/2017
Partes del expediente
- Caralampio Lopez Rodriguez
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por quien se ostenta como ***, contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Juez del Ramo Penal del Distrito Judicial de Comitán, con sede en Comitán de Domínguez, Chiapas. 2. Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones y/o Jefe de Grupo de la Policía Especializada, destacamentada en la ciudad de Las Margaritas, Chiapas. 3. Jefe de Grupo de Sector o Subsector de la Policía Estatal Preventiva, con sede en Las Margaritas, Chiapas. 4. Director de Seguridad Pública Municipal del Honorable Ayuntamiento de Las Margaritas, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1003/2017-4-C. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso particular se advierte de manera oficiosa, la actualización de la causa de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5º y 6º , todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. IV. El Ministerio Público Federal en todos los juicios, donde podrá interponer los recursos que señala esta Ley, y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Sin embargo, en amparos indirectos en materias civil y mercantil, y con exclusión de la materia familiar, donde sólo se afecten intereses particulares, el Ministerio Público Federal podrá interponer los recursos que esta Ley señala, sólo cuando los quejosos hubieren impugnado la constitucionalidad de normas generales y este aspecto se aborde en la sentencia." Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Bajo esa óptica jurídica, el artículo 6° de la Ley de Amparo, dispone que el juicio constitucional puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame; en consecuencia, es presupuesto entonces para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, la existencia de un gobernado que resienta un perjuicio directo en alguno de los derechos fundamentales que contempla en su favor la Constitución Federal del País. En efecto, en primer lugar es preciso señalar que la demanda de amparo de que se trata, fue enviada a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, siendo que en relación a dicho procedimiento, el artículo 3° de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley. Conforme a la reglamentación señalada, es claro que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Luego, se tiene que en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se detallan los requisitos y procedimientos que los gobernados deben cubrir a fin de realizar los trámites respectivos por ese medio; siendo que el artículo 58 de ese ordenamiento, establece que en los servicios electrónicos que brinde el Consejo de la Judicatura Federal, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sistema de recepción, registro, turno y envío de asuntos utilizado por las Oficinas de Correspondencia Común y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se requerirá el uso de firmas electrónicas vigentes, salvo la promoción de demandas electrónicas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, lo que en el caso no acontece ya que el acto reclamado es la orden de aprehensión librada en contra del quejoso y su ejecución, y la orden de captura se atribuye a una autoridad judicial, lo cual implica que la misma emana de un procedimienbto jurisdiccional. Asimismo, los numerales 84 a 86 del propio acuerdo, establecen que las demandas y promociones presentadas en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, junto con el acuse de recibo correspondiente, serán recibidas electrónicamente en la Oficina de Correspondencia Común a través del Sistema de recepción, registro, turno y envío de asuntos utilizado por las Oficinas de Correspondencia Común, que es el sistema para la recepción, registro y turno de los asuntos entre los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito; así, las Oficinas de Correspondencia Común contarán en el sistema de recepción, registro, turno y envío de asuntos utilizado por las Oficinas de Correspondencia Común con un aviso de recepción electrónica de demandas y promociones, visualizarán los archivos que las contengan, así como sus anexos, clasificarán los escritos conforme a su contenido y turnarán los asuntos de acuerdo a la normativa que en la materia sea vigente, sin que pueda tomarse como criterio de turno la recepción electrónica. Finalmente, que una vez turnadas las demandas y promociones que se presenten de manera electrónica serán enviadas de la misma manera por el sistema de recepción, registro, turno y envío de asuntos utilizado por las Oficinas de Correspondencia Común junto con la boleta de turno electrónica a los órganos jurisdiccionales correspondientes a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el caso que nos ocupa, si bien, la demanda fue presentada a través del Portal de Servicios en Línea respectivo, debe decirse que acorde a la firma que aparece en la última foja del escrito de demanda y conforme a la evidencia criptográfica que se encuentra anexa a la demanda y en cada una de las fojas que la compone se tiene que la misma fue firmada electrónicamente por Isidro Cayetano Hernández Aguilar, y no por el directamente agraviado Caralampio López Rodríguez; consecuentemente, en virtud de que la firma no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a la demanda de amparo, toda vez que la voluntad de la parte de ejercitar un derecho, se manifiesta mediante la firma o si no lo sabe hacer, a través de la impresión de la huella digital con testigo que firme a su ruego; o bien, en el caso de la demanda presentada vía electrónica, debe demostrarse que fue enviada con la firma electrónica de quien reciente el agravio personal y directo; por tanto, es evidente que en el caso no es factible colmar ese requisito, si con facilidad se vislumbra que persona distinta a la agraviada firmó la demanda presentada. Bajo ese contexto, toda vez que la demanda de amparo en cuestión carece del signo electrónico correspondiente al directamente agraviado, que equivale a la firma autógrafa que exteriorice la voluntad de la persona que demanda la protección constitucional; y, dado que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, ante la ausencia de ésta, debe declararse improcedente el juicio que nos ocupa promovido por Caralampio López Rodríguez, de conformidad con lo dispuesto por los numerales señalados. En ese sentido, con fundamento en los artículos 113, con relación al 61, fracción XXIII, y 5, de la Ley de Amparo Vigente, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, al no existir petición de la parte quejosa que figura como afectada por los actos de autoridad. Siendo pertinente aclarar que en la especie no resulta procedente requerir al directamente agraviado para que corrija tal circunstancia, en virtud de que la firma electrónica que aparece en el documento pertenece a persona diversa al impetrante, quien comparece haciendo valer el agravio respectivo; por ende, dicho requisito no es de aquellos de los que prevé el artículo 108 de la Ley de la Materia, que pueda subsanarse a través de un requerimiento, sino como ya se dijo, es la voluntad del que acude ante el órgano de control constitucional a promover en su nombre juicio de amparo; por lo tanto, dicho caso no queda comprendido dentro de las prevenciones subsanables por el primero de los numerales citados. Aunado a lo anterior, la omisión de dicha formalidad de la demanda por parte del promovente no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 114, de la Ley de Amparo vigente, que dé lugar a su aclaración pues de así considerarlo, ello provocaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con firma o sin ella, presentaran escritos para después en cualquier tiempo subsanar la omisión de voluntad de promover cuando este debió ser oportuno. De ahí que si el quejoso Caralampio López Rodríguez, eleva el reclamo respectivo, y no se cuenta con la firma electrónica necesaria para validar la voluntad de instar el presente juicio, al haber presentado su demanda en la vía electrónica, en equivalencia de la firma autógrafa respectiva, sino que quien firmó la demanda es diversa persona; es evidente que no se cumple con el requisito de instancia de parte agraviada para proceder al trámite de su demanda. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." También es aplicable la tesis que versa: "DEMANDA DE AMPARO NO FIRMADA POR QUIEN LA FORMULA. El primer párrafo de la fracción VII del artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación faculta al presidente del más Alto Tribunal a desechar o admitir la demanda de amparo, en virtud de que esa norma legal le atribuye la facultad de: "tramitar todos los asuntos de la competencia de la Suprema Corte de Justicia, hasta ponerlos en estado de resolución...", facultad que igualmente le conceden los artículos 177 y 179 de la Ley de Amparo, dentro de la que está comprendida la de examinar si la demanda de amparo está calzada con la firma del promovente, formalidad indispensable para que pueda ponerse, el asunto que motiva la demanda de garantías, en estado de resolución, por ser la firma lo que da autenticidad a la demanda con todas sus consecuencias legales. Por tanto, si la demanda de amparo no se suscribe por quien aparece como promovente en su texto, debe resolverse que no ha lugar a tener por promovido el juicio de amparo." Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Ante la ausencia de la firma de quien promueve la demanda de amparo de cuenta, no es dable tener por designado el correo electrónico para oír y recibir notificaciones, ni por autorizados en favor del quejoso a las personas que indica en el libelo que se acuerda, ya que el señalamiento de domicilio y personas autorizadas carece del signo que entraña la voluntad del peticionario de amparo para tales efectos, esto es, la firma electrónica de Caralampio López Rodríguez. Sin perjuicio de lo anterior, se ordena notificar la presente determinación y las subsecuentes, a través de la lista que se fija en los estrados de este juzgado de distrito, así como en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Por último, no es dable autorizar la consulta del expediente en la vía que indica a Isidro Cayetano Hernández Aguilar, con el nombre de usuario isidrocayetano, en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal en la dirección electrónica http://consultaexpedienteelectrónico.cjf.com. mx/home/login, pues como quedó expuesto en la presente determinación, no existe la manifestación de la voluntad del quejoso en la demanda para instar el juicio de amparo y, por tanto, ello implica la falta de consentimiento del solicitante de amparo para los efectos de autorización y consulta del expediente en favor de las personas que se nombran en el líbelo de acción. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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