Cándido García Caballero
Expediente 15/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 15/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/12/2016
Partes del expediente
- Cándido García Caballero
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quince de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cinco de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por *****************, contra actos del Juez Segundo del Ramo Civil, de Comitán de Domínguez, Chiapas, que hizo consistir en: "[.] La resolución que me fue notificada en fecha de 10 de Noviembre de 2016 que recayó a mi escrito de fecha de siete de noviembre de dos mil dieciséis. Misma que resulta inconstitucional e inconvencional, ante la negativa de la autoridad responsable respecto al pronunciamiento de la sentencia definitiva en el juicio de alimentos dentro del expediente 578/2015 [.]. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 15/2016-1-C. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página 448, Materia Común, que establece: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa no agotó el medio ordinario de defensa previsto en la ley que rige el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, precepto que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.) De dicho contexto, se advierte que la hipótesis de improcedencia establecida en el precitado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, opera cuando de conformidad con las leyes que rigen el acto de autoridad proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal, mediante el cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Ello es así, toda vez que es de explorado derecho que el juicio de amparo se rige por diversos principios, entre los que se encuentra el de "definitividad", conforme al cual, para la procedencia del juicio de amparo es preciso previamente agotar todos los medios ordinarios de defensa establecidos en la ley por medio de los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado; así, los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Federal y el citado 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establecen que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, en razón de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa y, por tanto, para acudir a él es necesario antes de la demanda de amparo, agotar en la vía ordinaria, todos los medios de defensa con los que cuenta el quejoso para combatir el acto reclamado, de modo que si las partes no tuvieran la carga de agotar defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de aquélla. Ahora bien, la parte quejosa reclama la resolución de diez de noviembre de dos mil dieciséis, en la cual, según aduce, la autoridad responsable se negó a pronunciar la sentencia definitiva en el juicio de alimentos dentro del expediente 578/2015. Atento a lo anterior, se advierte que el peticionario de amparo no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, ello, considerando que de la lectura de la demanda se advierte que el quejoso es parte formal en el juicio de origen; por tanto, estaba obligado a cumplirlo, en virtud de que contra dicho acto debió promover el recurso de revocación, de conformidad con los artículos 660 y 661 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Chiapas, a través del cual puede obtener la modificación o nulificación del auto que impugna. Los artículos antes mencionados son del contenido siguiente: Artículo 660. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, sea por la interposición del recurso de revocación o por la regularización del procedimiento que se decrete de oficio o a petición de parte, dándole vista a la contraria por tres días, para subsanar toda omisión que exista en el procedimiento o para el solo efecto de apegarse al mismo. . Artículo 661. El recurso de revocación será procedente únicamente contra determinaciones de trámite en los juicios en que la sentencia definitiva sea apelable. En caso contrario, será procedente la revocación contra todo tipo de resoluciones con excepción de la definitiva. Dicho recurso deberá interponerse por escrito dentro de los tres días siguientes a la notificación. El juez podrá resolver de plano o en su caso, dar vista a la contraria por un término igual y la resolución deberá pronunciarse dentro del tercer día. Esta resolución no admite más recurso que el de responsabilidad. . De los artículos transcritos, se advierte que los autos y los decretos emitidos por el Juez responsable, pueden ser revocables por él mismo; por ende, el quejoso ***************, previo a instar el presente juicio de amparo, debía agotar los recursos legales que están contemplados por la legislación procesal civil del estado de Chiapas, sin embargo ante la omisión de esto, permite colegir que el acto reclamado no puede ser objeto de estudio del amparo indirecto, puesto que contra tal acto procedía un medio ordinario de defensa con el cual podía combatir la resolución que señala como acto reclamado. Lo anterior significa que el quejoso, antes de promover el juicio de amparo, debió interponer recurso de revocación contra el acuerdo reclamado, en virtud de que, a través de dicho medio ordinario de defensa, pudo lograr su modificación o nulificación. En esas condiciones, al no promoverse el medio de impugnación en comento antes de acudir al amparo, el acto reclamado carece de definitividad para efectos de este juicio de amparo, en virtud de que la ley que rige esa determinación prevé un recurso a través del cual puede ser modificada o nulificada. Se cita en apoyo la Jurisprudencia emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tesis: I.6o.C. J/37, Tomo: XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley el acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Máxime a lo anterior, que el acto reclamado no se está comprendido en ninguno de los casos de excepción que contemplan los inciso a), b) y c) de la aludida fracción XVIII del numeral 61 de la ley de la materia. Así, la acción constitucional de amparo indirecto, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo Es aplicable la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro X, Julio de 2012, Tomo 1; Materia Común; Tesis: 1a./J. 44/2012 (10a.); en la página 729, de la Décima Época; que reza: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo. Por lo tanto, la falta de promoción oportuna de los respectivos medios de defensa es imputable al peticionario de amparo y su omisión no puede ser reparada en el juicio de amparo, en el que se debe acatar el principio de definitividad, al existir un medio de defensa que la ley de la materia le concede para revocar o modificar el acto reclamado, en virtud de que el Constituyente así lo estableció al crear el principio de definitividad, según lo dispone el artículo 107 de la Constitución Federal, con el fin de limitar los juicios constitucionales y obligar al promovente al agotamiento previo de los recursos, para dar a la autoridad la oportunidad de enmendar, a través de los recursos que señala la ley, las violaciones en que pudiera haber incurrido, por ser notorio que el Constituyente, al fundar el juicio de amparo, no tuvo el propósito de crear un recurso ordinario más, sino un verdadero juicio de carácter extraordinario, para el mantenimiento del orden constitucional. Es ilustrativa a lo anterior, la jurisprudencia 113/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 350, Libro 1, Tomo I, Diciembre de 2013, registro IUS 2005039, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que establece lo siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, con fundamento en el precepto 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados, en virtud de que se señaló para tal fin la lista de acuerdos que se publica en este juzgado, y por autorizadas para los mismos efectos a las personas que refiere en su libelo, de conformidad con el segundo párrafo del numeral 24 de la Ley de Amparo, así como a ******************, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo, ya que no se encontró registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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