Canuto Rey Méndez López

Expediente 910/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
910/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
04/10/2018

Partes del expediente

  • Canuto Rey Méndez López

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL.910/2018-6B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de octubre de dos mil dieciocho. ... Notifíquese personalmente. ...

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de octubre de dos mil dieciocho. 1. Causa estado la determinación. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra la determinación de diecinueve de septiembre del año en curso (fojas 14 a 22), en la que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Canuto Rey Méndez López; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, para todos los efectos legales. 2. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida resolución se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Devolución de documentos. Por otro lado, hágasele saber a la parte quejosa que los acuses de recibo de los escritos de cinco y trece de julio de dos mil diecisiete, dirigidos al Fiscal General del Estado y Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, respectivamente (fojas 10 y 11), que anexó a su demanda de amparo, quedan a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, por el plazo de noventa días, contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído; apercibida que de no comparecer en dicho plazo, sin ulterior acuerdo, serán destruidas esas documentales junto con el expediente. En el entendido que, para la devolución, deberá comparecer en días y horas hábiles (lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.), con identificación oficial, a fin de levantar la constancia de entrega respectiva. 4. Archivo del expediente. Por otro lado, como de la certificación que antecede, se advierte que en este expediente y en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción II, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. 4.1. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. 4.2. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo vigésimo primero, fracción II, del referido acuerdo. 4.3. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno impreso y electrónico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    PRLA.910/2018-6B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. ...Notifíquese personalmente. ...

  4. Principal

    NOTIFICAICÓN A LA PARTE QUEJOSA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. 1. Demanda de amparo y registro. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito el dieciocho del actual y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, promovida por Canuto Rey Méndez López, por propio derecho, contra actos del Fiscal General del Estado y otra autoridad; por tanto, con la boleta de turno de amparos indirectos, con la demanda y con este proveído, fórmese el expediente, mismo que deberá quedar registrado con el número 910/2018. 2. Desechamiento. En el caso, debe desecharse de plano la demanda, en estricta observancia a lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo vigente, pues conforme a la lectura integral de la misma, queda de manifiesto que el medio de control constitucional que intenta, es evidente e indudablemente improcedente, ya que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, 5, fracción II, 61, fracción XXIII, y 113 de la Ley de Amparo, dado que lo reclamado por la parte quejosa no constituye un "acto de autoridad", porque el ente actuó en un ámbito de coordinación, esto es, en su carácter de patrón; por ello, no es susceptible de impugnarse mediante el juicio de amparo que ahora se intenta. A fin de evidenciar la improcedencia del juicio de amparo, se considera pertinente transcribir, en lo conducente, los preceptos citados en el párrafo que antecede: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas". El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. (.)" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". De la interpretación sistemática de los numerales transcritos, se colige que, para los efectos del juicio de amparo, el concepto de autoridad responsable converge en establecer, que es aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Asimismo, se contempla una modalidad consistente en que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la propia fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. El concepto de autoridad responsable, conforme a la Ley de Amparo vigente ha quedado desvinculado de su naturaleza formal y atiende ahora a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir en forma obligatoria, situaciones jurídicas que, incluso, podrán realizar los particulares, adquiriendo, por ende, la calidad de autoridad responsable, siempre y cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En el proceso legislativo que dio origen a la Ley de Amparo, con relación al concepto de autoridad responsable, se dijo: "DICTAMEN CÁMARA DE SENADORES. "[.] Se define a la autoridad responsable como parte en el juicio de amparo en el artículo 5, fracción II del presente proyecto. Tendrá tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. - - - - - - En la teoría tradicional de los derechos fundamentales que ha sido predominante en México, su eficacia vertical implicaba que sólo fueran oponibles ante los actos del Estado. Esto estaba en gran medida justificado en que los derechos de las personas eran concebidos como limitantes de la actuación del Estado y provenía de las primeras declaraciones de derechos que surgieron como reacción a los Estados absolutistas y que representaban el "enemigo a vencer" por el gran poder que detentaban sus gobernantes. Este concepto de verticalidad tuvo gran apoyo doctrinal y jurisprudencial en la relación jurídica de la "garantía individual" de supra-subordinación entre el gobernado y los órganos de autoridad, y por lo mismo la procedencia del amparo se restringió al concepto de autoridad responsable que fuere constituida con ese carácter conforme a la ley o que bien dispusiera directa o indirectamente de la fuerza pública para hacer cumplir sus resoluciones. - - - - - - - El énfasis que se hizo en esta concepción de los derechos como una afectación del Estado en la esfera de los particulares, si bien es comprensible, también ha quedado rebasado por la realidad actual por tres razones principales. - - - - - - - La primera es que el surgimiento de los derechos económicos, sociales y culturales ha transformado el papel del Estado frente a los gobernados de tal suerte en que ya no debe ser visto únicamente como enemigo, sino todo lo contrario, debe ser percibido como un aliado para hacer estos derechos efectivos. La tutela, respeto y protección de este tipo de derechos debe verse a través de una actividad positiva del Estado a favor de los particulares, como sucede en la educación, la vivienda, la salud, la cultura, el deporte, el medio ambiente, y en otros derechos concretamente establecidos en las normas fundamentales. - - - - - - - La segunda, es precisamente que hoy en día, en materia de derechos humanos, la vulneración más importante de tales derechos no sólo provienen del Estado, sino que también provienen de la actuación de los particulares en ciertas circunstancias. El medio ambiente ha sido principalmente vulnerado por los actos de particulares, más que del Estado mismo; la discriminación social no solamente proviene de los agentes del Estado, sino que lamentablemente es alimentada por prácticas dentro de la sociedad y de los mismos particulares; el derecho a la intimidad, a las comunicaciones privadas y a la protección de datos personales es una responsabilidad que hoy corresponde también a los particulares garantizar. - - - - - - - Y finalmente la tercera razón es porque la vía de protección procesal que permita prevenir o reparar violaciones de derechos humanos realizadas por particulares era prácticamente nula o de una eficacia muy limitada. - - - - - - - En muchos casos de la jurisprudencia y doctrina jurídica en México se ha interpretado y reflejado que los destinatarios de los derechos básicos de las personas no sólo son las autoridades, sino también a los demás gobernados, y que la continuación de esta teoría tradicional nos puede conducir a la violación de los compromisos internacionales que ha asumido el Estado mexicano. - - - - - - - En un análisis de derecho comparado se ha visto que el constitucionalismo latinoamericano cada vez abandona más la teoría tradicional o liberal de los derechos fundamentales para reconocer la plena eficacia horizontal de los derechos humanos. Países como Argentina, Venezuela, Uruguay, Chile, Perú y Bolivia admiten en lo general el amparo contra particulares, ya sea por su disposición normativa lo contempla expresamente, o que por no excluirlo en la norma constitucional se ha abierto en legislación secundaria y en interpretación jurisprudencial. - - - - - - En el caso de países como Costa Rica, Colombia y Guatemala, su admisión es de forma restrictiva, ya que procede el amparo contra particulares cuando actúen en ejercicio de funciones o potestades públicas, cuando actúen por ley o concesión del Estado, cuando estén en posición de poder de superioridad frente a los otros gobernados, o cuando los remedios jurisdiccionales resulten insuficientes. - - - - - - - Estas dictaminadoras coinciden en que éste no es un cambio menor y que debe considerarse el impacto en la administración de justicia de la eficacia horizontal de los derechos humanos. Tales derechos se protegen con los mismos medios que tiene un particular para defenderse de los actos de autoridad, y por consecuencia pudiera interpretarse equivocadamente que los derechos remediables por las vías civil, penal o laboral, necesariamente deban iniciarse por la vía constitucional. - - - - - - Sin embargo, sí existen casos en los que deban tener este cauce procesal para obtener una protección más eficaz, más justa y por tratarse de una violación directa a este tipo de derechos. Por ello se considera que la mejor forma de plasmar este concepto en esta Ley y de explicarlo en el presente dictamen es definir el acto de autoridad y que los particulares tendrán dicha calidad cuando sus actos u omisiones sean equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos del acto de autoridad que objetivamente se define en la fracción II, y cuya potestad o función derive de una norma general y abstracta. - - - - - - En casos paradigmáticos sobre el tema en países como Argentina, Colombia, Perú y Bolivia, que datan desde los años 50, donde se ha verificado que ha sido posible obtener la protección constitucional contra actos de particulares. En un caso se interpretó que si bien el nacimiento del amparo y de los derechos fundamentales había sido diseñado para proteger a los particulares contra la autoridad pública, también tuvieron los constituyentes la sagacidad y prudencia de no fijar exclusivamente en los textos constitucionales que la protección de los derechos humanos sólo fuera contra ataques que provengan de la autoridad, ni que pudieran emanar de otros particulares o sus agrupaciones, ya que éstos acumulan gran poder material o económico y cuya fuerza se opone incluso a las del Estado. En otros casos donde la vía ordinaria se había considerado más adecuada para remediar una violación a estos derechos, los tribunales constitucionales estimaron que, por lo contrario, al tratarse de violaciones directas a derechos fundamentales y por los alcances sociales que se concretan en este tipo de derechos, la vía constitucional resultaba idónea y más efectiva. - - - - - - A pesar de que los particulares pueden tener el carácter de autoridad en el juicio de amparo cuando realicen los actos identificados en el segundo párrafo de (sic) del artículo en cuestión, esto no implica el desconocimiento de las vías ordinarias de resolución, así como el agotamiento de los elementos procesales respectivos. El reconocimiento de estos actos de autoridad dependerá del planteamiento realizado por el quejoso y la posibilidad de evaluar por parte de tribunal el acto como lesivo de su esfera de derechos fundamentales. En ningún momento se pretende que el Poder Judicial de la Federación sustituya a las autoridades ordinarias competentes para la resolución de este tipo de conflictos. - - - - - - - - Hay que tomar en cuenta que en la gran mayoría de los casos este tipo de violaciones requieren la mediación de las autoridades ordinarias, las cuales tienen que valorar inicialmente este tipo de actos. Sin embargo, siempre existirán actos que puedan llegar de manera directa al amparo cuando los particulares estén en una situación de supra-subordinación y sin medios de defensa que le permitan solventar su pretensión." (Énfasis añadido por esta autoridad). DICTAMEN CÁMARA DE DIPUTADOS (.) "Entre otras innovaciones, se define el acto de autoridad independientemente de la naturaleza formal de la persona que lo emitió, cuya potestad derive de una norma general y abstracta, que sea unilateral e imperativa sobre el quejoso, que sea asimilable por ley a una función pública y que no tenga un medio adecuado o vía ordinaria para remediarlo que lo deje en estado de indefensión, ampliando el concepto de autoridad responsable." (Énfasis añadido). Como se advierte, en el proceso legislativo de la Ley de Amparo se puso de manifiesto la necesidad de ampliar la procedencia del juicio, contra actos provenientes de particulares, a través de los cuales se afectara la esfera de derechos de los gobernados, siempre y cuando éstos se encuentren en una situación de supra-subordinación y no existan medios de defensa que le permitan solventar su pretensión, pues la posibilidad de instar la acción constitucional de amparo, contra particulares, no implica, por sí, el abandono de los medios de defensa ordinarios y la sustitución del Poder Judicial de la Federación respecto de las autoridades legalmente establecidas con facultades de solución de conflictos entre particulares. Ahora bien, la concepción del "acto reclamado" es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Constitución Federal y 1o. de la Ley de Amparo, antes transcritos; preceptos en los que constantemente aparece el término de "leyes o actos de la autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado o privado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede se advierte que el acto debe ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. En esta tesitura, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los "actos de autoridad"; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad, lo que permite concluir que el concepto de autoridad excluye a los actos de particulares, precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. En el caso, el quejoso reclama la falta de contestación a las peticiones de cinco y trece de julio de dos mil diecisiete (foja 4). Asimismo, de los antecedentes del acto reclamado y de las documentales que anexó a su escrito de demanda, se puede advertir indiciariamente lo siguiente: a) Que el quejoso Canuto Rey Méndez López labora para Gobierno del Estado, en específico, en el área de jefe de Grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones (foja 7). b) Que el cinco y trece de julio de dos mil diecisiete formuló diversas peticiones ante el Fiscal General del Estado y el Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, las cuales consistieron en lo siguiente, respectivamente (foja 5): En ese tenor, es conveniente precisar que el pago de un salario, entendiendo éste como la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo prestado en cierta dependencia, constituyen actos del patrón (Estado) en términos de leyes laborales y, por ende, se trata de un acto de naturaleza eminentemente administrativa. Es aplicable la Tesis Aislada II.3o.A.32 A (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, visible en la página 1441, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Registro 2002338, cuyo rubro y texto son: "NEGATIVA FICTA. CUANDO SE ACTUALIZA POR LA FALTA DE RESPUESTA A LA PETICIÓN DE UN POLICÍA PARA QUE SE LE ASIGNE SERVICIO EN EL CARGO Y SE LE PAGUEN LOS SUELDOS Y DEMÁS PRESTACIONES QUE DEJÓ DE PERCIBIR, EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEBE, ADEMÁS DE RESOLVER SI SE CONFIGURÓ, PRONUNCIARSE RESPECTO DE LAS DEMÁS PRETENSIONES DEDUCIDAS PARA FIJAR CORRECTAMENTE LA LITIS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). El artículo 135 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México establece que las peticiones que se hagan a las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios y de los organismos descentralizados con funciones de autoridad, de carácter estatal o municipal en la referida entidad, deberán ser resueltas, por escrito, dentro de un plazo que no exceda de treinta días posteriores a la fecha de su presentación o recepción; en caso contrario, los interesados podrán solicitar a la autoridad ante la que presentaron su petición, la certificación de que ha operado en su favor la afirmativa ficta, que importa una presunción de decisión favorable a los derechos e intereses legítimos de los peticionarios. Tal certificación deberá expedirse dentro de los tres días hábiles posteriores y, de no ser así, los peticionarios acreditarán la existencia de la afirmativa ficta con el acuse de recibo que contenga el sello fechador original de la dependencia administrativa o con la constancia de recepción con la firma original del servidor público respectivo, siempre que no se trate de temas excluidos de su configuración por el propio precepto, en los cuales el silencio se considerará, contrariamente, como resolución negativa ficta. Así, ésta se actualiza por la falta de respuesta a la petición de un policía para que se le asigne servicio en el cargo y se le paguen los sueldos y demás prestaciones que dejó de percibir, por lo que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de dicha entidad debe, además de resolver que sí se configuró la negativa ficta, pronunciarse respecto de las demás pretensiones, para fijar correctamente la litis, lo cual implica considerar los aspectos derivados del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, así como de las tesis 2a. LIX/2011, 2a. LX/2011, 2a./J. 119/2011, 2a. LXX/2011y 2a. LXIX/2011." Así que lo reclamado por la parte quejosa no constituye, de acuerdo con su naturaleza, "actos de autoridad" que deban ser impugnados en el juicio de amparo, pues no fueron emitidos por una persona de derecho público o de autoridad, sino que se tratan de hechos susceptibles de impugnarse por otra vía; por tanto, la autoridad señalada como responsables, no actuó con el imperio de su soberanía. Al respecto, es aplicable por similitud de condiciones jurídicas, la Jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 1639, Libro 28 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Marzo de 2016, Décima Época, Registro 2011298, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." Así como la diversa Tesis I.6o.T.26 L, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la página 347, Tomo III, Abril de 1996, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo contenido literal es el siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." En tales condiciones, como los actos reclamados derivan de una relación entre el quejoso y las responsables que se encargan del cumplimiento de las normas relativas a los trabajadores pensionados, queda excluida de la tutela del juicio de amparo, toda vez que no están en juego, ni están siendo vulnerados los derechos del quejoso directamente; por el contrario, sus diferencias con las responsables y que constituyen el acto reclamado, deben dirimirse mediante otra vía; por lo que queda claro que, en este caso, las responsables no tienen el carácter de autoridades, que prevé el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, actualizándose de esa manera la causa de improcedencia invocada. Aunado a ello, debe decirse que el juicio de amparo no procede contra los actos emitidos u omitidos derivados de una relación entre patrón y trabajador, pues el vínculo que existe, es de coordinación, es decir, deriva de una relación entre particulares y no de supra a subordinación, como lo sería de autoridad a gobernado y, por ello, los actos que se emitan dentro de esa relación carecen de facultad o poder de decisión o ejecución para crear, modificar o extinguir situaciones generales o concretas de manera imperativa, en tanto que no hay procedimientos que hagan cumplirlos de forma coercitiva, sino que, en el caso, se trataría de decisiones particulares que, en su caso, pueden reclamarse mediante la vía jurisdiccional correspondiente, para que sea esa autoridad quien defina sobre su legalidad. Sobre el particular, es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 161133, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." No es inadvertido que en la gran mayoría de los casos, este tipo de violaciones requieren la mediación de las autoridades ordinarias, las cuales tienen que valorar inicialmente este tipo de actos; y si existen actos que puedan llegar de manera directa al amparo cuando los particulares estén en una situación de supra-subordinación y sin medios de defensa que le permitan solventar su pretensión, pero en el caso no se está en ese supuesto. Es aplicable la Tesis del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1316, Tomo XXVIII, correspondiente a noviembre de 2008, Novena Época, Registro 168507, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SOLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional." En mérito de lo expuesto, resulta manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción I del numeral 1° de la Ley de Amparo, lo que impone desechar de plano la demanda de amparo promovida por Canuto Rey Méndez López, contra actos del Fiscal General del Estado y otra autoridad, y de otra autoridad. 3. Domicilio y personas autorizadas. Por otro lado, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en la demanda; y por autorizados únicamente en términos del artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, a las personas que señala, por así solicitarlo expresamente. 4. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de resoluciones y sentencia que en su caso se llegue a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 5. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, para el caso de que exista causa justificada que impida la notificación en horas y días hábiles, desde ahora se habilita al actuario judicial adscrito, para que realice las notificaciones personales que se ordenen, en días y horas inhábiles. 6. Anotaciones. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno impreso y electrónico, siempre y cuando así proceda. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Fermín Santiago Santiago, secretario que autoriza y da fe.

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