Cándida Ramírez Martínez
Expediente 1035/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 10 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1035/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 03/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Cándida Ramírez Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
PRAL.1035/2021 MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de diciembre de dos mil veintiuno. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en la audiencia constitucional de doce de noviembre de dos mil veintiuno, en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa ****; sin que lo hubiesen hecho. Firmeza de la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Archivo del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu), 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. Destino y archivo reciente. Al haberse negado a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del multicitado acuerdo general, este expediente es depurable; por tanto, será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en la carátula del expediente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno. Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (depurable) y b) que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. Devolución de documental. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, en este expediente obra el original del acuse del escrito firmado por la quejosa, presentado el veinticinco de agosto de dos mil veinte, dirigido a los magistrados integrantes de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (fojas 36 a 37), que la quejosa adjuntó con su demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII, y 18, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, notifíquese este auto a la parte quejosa, requiriéndola para que, en el plazo de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger el documento referido; con apercibimiento que, si no se presenta para tal fin, el mismo será destruido junto con este expediente, sin previo acuerdo. Hágase saber a la parte quejosa que para la entrega de dicha constancia deberá estarse a lo dispuesto en el Capítulo II, denominado "Atención al público en general", del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado y adicionado por su similar 20/2021; es decir, deberá generar cita previa para la comparecencia. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA.- PRAL.1035/2021 MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de diciembre de dos mil veintiuno. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en la audiencia constitucional de doce de noviembre de dos mil veintiuno, en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa ****; sin que lo hubiesen hecho. Firmeza de la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Archivo del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu), 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. Destino y archivo reciente. Al haberse negado a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del multicitado acuerdo general, este expediente es depurable; por tanto, será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en la carátula del expediente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno. Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (depurable) y b) que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. Devolución de documental. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, en este expediente obra el original del acuse del escrito firmado por la quejosa, presentado el veinticinco de agosto de dos mil veinte, dirigido a los magistrados integrantes de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (fojas 36 a 37), que la quejosa adjuntó con su demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII, y 18, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, notifíquese este auto a la parte quejosa, requiriéndola para que, en el plazo de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger el documento referido; con apercibimiento que, si no se presenta para tal fin, el mismo será destruido junto con este expediente, sin previo acuerdo. Hágase saber a la parte quejosa que para la entrega de dicha constancia deberá estarse a lo dispuesto en el Capítulo II, denominado "Atención al público en general", del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado y adicionado por su similar 20/2021; es decir, deberá generar cita previa para la comparecencia. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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pral.1035/2021 mesa 5 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del doce de noviembre de dos mil veintiuno, **** Abierta la audiencia, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por * **por propio derecho, y el informe justificado de las autoridades responsabl*** Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. Acto continuo, abierto el periodo probatorio, se hace constar que la parte quejosa ofreció como pruebas: *** d) Instrumental de actuaciones. e) Presuncional legal y humana. Por su parte, la autoridad responsable: Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca, por conducto de su magistrada presidenta, ofreció como prueba documental: a) Copia certificada de diversas constancias del expediente 4107/18-15-01-1 (fojas 58 a 93). Mientras que la diversa autoridad responsable: encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al rendir informe justificado exhibió en copia certificada la documental siguiente: Memorándum J.A/090/2021 de siete de octubre de dos mil veintiuno, suscrito por el abogado adscrito al área de amparos y dirigido a la encargada del área de cumplimientos de expedientes de nulidad. Oficio con terminación 2541/2021 de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, emitido en respuesta a la solicitud contenida en el memorándum indicado. *** No habiendo pruebas pendientes por desahogar, se cierra el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Por lo que se declara cerrado este periodo y procede emitir la sentencia siguiente. Visto para resolver el juicio de amparo 1035/2021; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y registrado y turnado a este Juzgado el veintiocho siguiente, ***por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca y de otras autoridades, que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno se registró la demanda de amparo con el expediente 1035/2021, se admitió a trámite, se dio intervención a la agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, *** SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Así, de la lectura integral efectuada a la demanda, así como de las constancias que integran este asunto, se advierte que la quejosa Cándida Ramírez Martínez reclama: De la 1)*** Del 2) delegado y 3) encargado de la subdelegación de Prestaciones, ambos de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (en lo subsecuente se referirá al Instituto únicamente como ISSSTE, para efectos prácticos): La omisión de cumplir con la sentencia dictada el veinte de agosto de dos mil diecinueve en el expediente 4107/18-15-01-1. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Inexistencia de un acto reclamado. El encargado de la subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca del ISSSTE, al rendir informe justificado aceptó el acto reclamado. Sin embargo, no es procedente considerar como existente el acto que le atribuye la parte quejosa, en razón de que dicho subdelegado de prestaciones no es parte procesal en el expediente 1348/19-15-01-2. En efecto, de las constancias remitidas por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a las que desde ahora se concede valor probatorio pleno, en término de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, *** Así, resulta inexistente el acto reclamado a dicho subdelegado, ya que la Sala responsable no lo vinculó de forma alguna al cumplimiento de la sentencia, pues al que vinculó fue al delegado Estatal Oaxaca del ISSSTE, quien fue señalada ** En consecuencia, por lo que hace al acto reclamado al encargado de la subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca del ISSSTE, con motivo de su inexistencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. La magistrada presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez, *** Además, en el mismo auto requirió de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia y lo apercibió con la imposición de nueva multa de apremio; aunado a que se daría vista al superior jerárquico. Manifestaciones que acreditan la existencia de los actos reclamados, pues la parte quejosa presentó su demanda de amparo el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, y aunque la Sala Regional responsable se pronunció en la instancia de queja por omisión el veintisiete de octubre de dos mil veinte, y en esa fecha apercibió a la demandada para el caso de incumplimiento, fue hasta el acuerdo de uno de octubre de dos mil veintiuno en que hizo efectiva la multa y requirió nuevamente el cumplimiento de la sentencia, aunado a que apercibió con dar vista al superior jerárquico; de ahí que, a la fecha de presentación de la demanda, sí existen los actos que le reclama la parte quejosa. Resulta ilustrativa, por las razones que la integran y en lo conducente, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XIV, julio de 1994, página 391, registro 211004, del texto que sigue: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Así como la jurisprudencia 2a./J. 3/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 del Libro Núm. 79, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, que establece: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Por su parte, el delegado Estatal del ISSSTE negó la existencia de la omisión que se le reclama, sin aportar probanza que demostrara que no incurrió en la omisión reclamada; por ello, se tiene por cierto el acto se le atribuye, máxime que de las constancias de autos resulta evidente que es la parte demandada en el juicio 4107/18-15-01-1 y obligada a su cumplimiento. Resulta aplicable, por las razones que la sostienen, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-2, Febrero de 1995, página 189, del texto siguiente: "ACTOS NEGATIVOS, CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LA CARGA DE LA PRUEBA DE LOS. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos imputados a las autoridades responsables, la carga de la prueba de que no existen esas omisiones o hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino a las responsables". QUINTO. Improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, se examinará si, en la especie,*** Ahora, como ninguna de las partes hizo valer alguna causa de improcedencia, ni este Juzgado, de oficio, la advierte, se procede al estudio de los conceptos de violación. SEXTO. Concepto de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, registro 164618, página 830, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SÉPTIMO. Concepto de violación. El análisis de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, en relación con las constancias de autos, conduce a determinar lo siguiente: Antecedentes del asunto. De las constancias remitidas por la Sala responsable que, como se anticipó, tienen valor probatorio pleno, se aprecia que: El veinte de agosto de dos mil diecinueve se dictó sentencia en el expediente 4107/18-15-01-1,*** Que la sentencia quedó firme el once de marzo de dos mil veinte. Que asistía razón a la promovente, pues sí advertía el incumplimiento de la sentencia dictada en el juicio contencioso. Declaró fundada la queja. Requirió a la autoridad demandada, titular de la Delegación Estatal Oaxaca del ISSSTE, el cumplimiento de la sentencia en un plazo de tres días; apercibiéndolo que, de no hacerlo, lo sancionaría económicamente y se haría del conocimiento de su superior jerárquico. Posteriormente,*** Siendo ésta la última actuación que obra en autos, según la etapa de ejecución del juicio ordinario tradicional de que se trata. Análisis del concepto de violación. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Así, tal precepto fija el derecho a la tutela jurisdiccional, la que comprende tres etapas, a las que atañen tres derechos, a saber: I. Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte. II. Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, III. Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. En esta última etapa se acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias, por lo que las leyes locales y federales deben establecer los medios necesarios para garantizar su cumplimiento, pues de lo contrario se haría nugatorio el mismo. Lo anterior así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 151, registro 2015591, del texto siguiente: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.",*** Por otra parte, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), ratificado por el Estado Mexicano el tres de febrero de mil novecientos ochenta y uno, relativo a la protección judicial, señala que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la Ley o la Convención. Así también, establece el compromiso de los Estados Partes a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decida, entre otros, a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente un recurso; de lo que se advierte que el Estado Mexicano ha reconocido el acceso a la justicia como un derecho fundamental. Sin embargo, para que se concrete en la esfera jurídica de los gobernados, debe manifestarse en sus dos aspectos complementarios: uno, formal y, otro, material. En este último aspecto, el material, se refiere a la obligación de la autoridad de hacer cumplir sus resoluciones y, especialmente, cuando se trata de una sentencia definitiva o laudo que ha sido favorable a los intereses de alguna de las partes. *** Es aplicable al respecto la tesis 1a. CCXXXIX/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 284, registro 2018637, del texto siguiente: "DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COMO PARTE DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. En el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual comprende tres etapas, a las que corresponden determinados derechos: (i) una previa al juicio, a la que corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción; (ii) una judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y (iii) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. Ahora bien, el derecho a la ejecución de sentencias, como parte de la última etapa, es relevante por su instrumentalidad para que la justicia administrada se convierta en una realidad, evitando que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por negar al derecho que se había reconocido. Lo anterior se advierte en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, y Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú, en los que se consideró que "la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia", sino que se requiere, además, que el Estado consagre normativamente recursos para ejecutar esas decisiones definitivas y garantice la efectividad de esos medios. Posteriormente en los casos Acevedo Buendía y otros (Cesantes y Jubilados de la Contraloría) Vs. Perú, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, Furlan y Familiares Vs. Argentina, y del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos agregó que "la efectividad de las sentencias depende de su ejecución", de modo que ésta se establece como un componente fundamental de la protección efectiva de los derechos declarados o reconocidos". Aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el cumplimiento de las sentencias. En el caso, el veinte de agosto de dos mil diecinueve la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia dictó sentencia en el juicio 4107/18-15-01-1, declarando la nulidad de lo impugnado, para el efecto de que el delegado Estatal Oaxaca del ISSSTE, dentro del plazo de cuatro meses, emitiera una resolución expresa, fundada y motivada, aplicando a la pensión de la parte actora (aquí quejosa) los incrementos de los años 2012 y 2015 que obran en la constancia de evolución salarial; asimismo, para que pagara a la actora las diferencias resultantes de los incrementos y de la gratificación anual señalada en la sentencia. Para hacer cumplir la sentencia dictada, la Sala responsable procedió en términos del artículo 58, fracciones I y II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con la conducta del Delegado Estatal; precepto que dispone: "Artículo 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pl*** II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: Procederá en contra de los siguientes actos: (.) 3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. (.) Además, al resolver la queja, la Sala Regional, la Sección o el Pleno impondrá la multa y ordenará se envíe el informe al superior jerárquico, establecidos por la fracción I, inciso a) de este artículo". Es así que, conforme a la porción normativa transcrita, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa debe actuar de oficio o a petición de parte para asegurar el pleno cumplimiento de sus resoluciones, pero ello una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de la referida ley, esto es, de cuatro meses, a partir de la fecha en que la sentencia quede firme. Entonces, cumplido ese término, debe requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento que hubiere dado a la sentencia; *** Bajo ese tenor, se advierte que la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha observado las etapas que conforman ese procedimiento para doblegar la contumacia de la demandada para cumplir con las prestaciones a que fue condenada en la sentencia pronunciada en el juicio 4107/18-15-01-1; por tanto, no vulnera el derecho fundamental de ejecución de sentencia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,**** Además, en el mismo proveído requirió nuevamente a la autoridad demandada para que cumpliera con la sentencia, apercibiéndola con imponerle una multa por una suma mayor, y que requeriría a su superior jerárquico para que la obligara a cumplir sin demora. Como se ve, la Sala responsable ha cumplido con el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues ha realizado las gestiones legales para lograr que, como parte demandada en el expediente 1348/19-15-01-2, el delegado Estatal del ISSSTE cumpla con la sentencia emitida; por tanto, no se vulnera el derecho fundamental de ejecución de la sentencia a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Federal. Por lo expuesto y fundado, al no existir queja que suplir, y al resultar infundados los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia solicitada por Cándida Ramírez Martínez. OCTAVO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, *** Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **** contra el acto reclamado al encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia Federal no ampara ni protege a **** contra los actos reclamados a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez, y Delegado Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando séptimo de esta sentencia. TERCERO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo y realícense las anotaciones en el libro de gobierno impreso y electrónico. NOTIFÍQUESE.
- Principal
pral.1035/2021 mesa 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Informe justificado. Incorpórese a los autos el oficio de cuenta, firmado por el encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca, recibido por correo electrónico institucional, mediante el cual rinde informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus derechos convenga. Prueba documental. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental de la autoridad responsable, la copia certificada de: Memorándum J.A/090/2021 de siete de octubre de dos mil veintiuno, firmado por el abogado adscrito al Área de Amparos de la Subdelegación de Prestaciones del ISSSTE. Oficio con terminación 2541/2021 de veintidós de octubre de este año, signado por la encargada del área de expedientes de nulidad de la Subdelegación de Prestaciones del ISSSTE, Delegación Oaxaca. Constancias que se desahogan por su propia naturaleza y que serán valoradas en el momento procesal oportuno. Diferimiento de la audiencia constitucional. A fin de dar margen a que la parte quejosa se imponga del contenido del informe agregado en esta fecha, con la anticipación mínima a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional agendada para este día, y se señalan, para su verificativo, las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Forma de notificación. Efectúese la notificación de este proveído por medio de lista a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, sin necesidad de que se envíen oficios relativos, al tratarse de una determinación de mero trámite. Notifíquese.
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