Candy Yadira Amaral Garcia
Expediente 704/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 704/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Candy Yadira Amaral Garcia
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo con el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, hágase la anotación respectiva de archivo en la carátula del expediente original y en el Libro de Gobierno electrónico de este Juzgado. En cumplimiento al artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de mayo de dos mil veintitrés.****************************************Agréguese a los presentes autos el escrito de ********************, en cumplimiento a lo acordado en proveído de dos de mayo de dos mil veintitrés, con cuatro copias, asimismo, se da nueva cuenta con la demanda de amparo promovida por ********************, contra el acto que reclama del Juez Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta Ciudad. ********************En consecuencia, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia.********************Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: ****************************************"La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: - - - I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio."****************************************Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable:******************** La sentencia interlocutoria dictada por la Juez Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta Ciudad, en el expediente ********************, relativo al procedimiento para la Ejecución de Convenio Transaccional, celebrado entre Oscar René Perera Ferraez y ********************, en el que declaró infundado el recurso de revocación que interpuso ******************** en contra del auto de diez de noviembre de dos mil veintidós, en el que se fijó esta última, el término de tres días para que dé cumplimiento al convenio transaccional. ********************Ahora, esta resolutora advierte la actualización de la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, debido a que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia; dispositivos que establecen lo siguiente:******************** "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************(.)********************XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley".****************************************"Artículo 107. El amparo se pedirá ante el juez de Distrito:********************(.)********************IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido.********************Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución.********************En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;********************(.)".****************************************De los preceptos legales transcritos se obtiene que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo efectuados fuera de juicio o después de concluido; y si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido en el resultado de la resolución.********************Es así, porque en los actos surgidos de una contienda en el juicio de amparo, se establecen dos reglas fundamentales para distinguir su procedencia en tratándose de los emitidos dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia o resolución definitiva.********************La primera hipótesis genérica, consiste básicamente en que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia, y por tanto, no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la resolución dictada en el juicio natural, es decir, que se emitan de manera destacada, autónoma e independiente del procedimiento de ejecución. ********************La segunda, que opera como regla específica, cuya finalidad es el impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que goza de firmeza por el carácter de cosa juzgada, y que sólo permite la tramitación de la acción de amparo cuando se emita la última resolución de la fase ejecutiva de que se trata; lo que es así, porque de lo contrario, esto es, de permitir la interposición de esta acción de control contra cualquier resolución emitida en fase de ejecución, sería tanto como permitir que una persona que ya ha sido oída y vencida en juicio en el que ya alegó y probó sus defensas sin obtener fallo a su favor, obstaculizara la acción de la justicia e impidiera que las prestaciones de quien obtuvo la razón se vieran denegados o retardados en detrimento de la firmeza del sistema jurídico en su conjunto.********************Es por ello que el legislador estableció que respecto a los actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, la acción de amparo debe prosperar sólo si se impugna la última resolución, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda de amparo las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, ya que se reitera, tratándose de los procedimientos de ejecución la sociedad y el estado están interesados en que se cumplan las resoluciones emitidas en una contienda entre partes determinadas que culminaron con una sentencia que dirimió el derecho a favor de una de ellas, dado que se encuentran inmersos en el principio de cosa juzgada.********************En efecto, el cumplimiento de un fallo definitivo es de orden público, atendiendo a su naturaleza, pues emana de un juicio donde el quejoso ya fue oído y vencido, en respeto al derecho fundamental de audiencia previa al acto de privación definitiva y que se identifica con la sentencia que tiene esa calidad, por lo que debe en todo momento evitarse que se obstaculice su cumplimiento.********************Así lo sostuvo en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 215/2009, entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la cual derivó la jurisprudencia P./J. 108/2010, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6, registro IUS 163152, que dice:****************************************"EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto."************************************************************En el caso concreto, se reclama la sentencia interlocutoria dictada por la Juez Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta Ciudad, en el expediente ********************, relativo al procedimiento para la Ejecución de Convenio Transaccional, celebrado entre Oscar René Perera Ferraez y ********************, en el que declaró infundado el recurso de revocación que interpuso ******************** en contra del auto de diez de noviembre de dos mil veintidós, en el que se fijó esta última, el término de tres días para que dé cumplimiento al convenio transaccional.. ******************** En consecuencia, en el caso a estudio se tiene que el acto acabado de precisar deriva de un procedimiento de ejecución de "convenio transaccional"; por tanto, cabe destacar algunas acotaciones respecto a la figura jurídica en comento.****************************************El contrato de transacción tiene como características, la reciprocidad de concesiones que las partes se hacen para terminar una controversia presente o prevenir una futura, lo cual constituye un elemento esencial de dicho contrato, y tal reciprocidad de concesiones debe derivar del acuerdo de voluntades entre las partes.****************************************En la transacción, la reciprocidad de las concesiones es un atributo de existencia del contrato, en ausencia del cual, no es posible concebirlo o estructurarlo jurídicamente; en otros términos, el consentimiento, como elemento esencial de tales contratos, debe manifestarse para que exista transacción, en el sentido de que una parte haga determinada concesión a la otra, a cambio de la que esta última a su vez, le otorgue, estando animadas dichas manifestaciones del deseo de terminar una controversia presente o prevenir una futura. ****************************************La transacción se identifica, en algunos puntos, con la sentencia ejecutoriada, y algunas veces las leyes conceden a la transacción la misma eficacia y autoridad que a la sentencia firme, como se advierte de los preceptos del Código de Procedimientos en Materia Civil del Estado, que a continuación se transcriben: ****************************************ARTICULO 392. Las transacciones extrajudiciales y el juicio de contadores que tengan las condiciones exigidas para ser considerados título ejecutivo, serán ejecutados por el Juez que debiera conocer del negocio...****************************************Artículo 395. Todo lo que en este título se dispone respecto de la sentencia ejecutoriada, comprende las transacciones, los convenios y el juicio de contadores de que tratan los artículos 392 y 393.****************************************Artículo 397. Cuando la ejecución se pida en virtud de sentencia que haya causado ejecutoria o que deba llevarse adelante por estar ya otorgada la fianza correspondiente, el Juez señalará al deudor el término de tres días para que cumpla la sentencia si en esta misma no se ha fijado algún término.****************************************Por consiguiente, la transacción tiene, respecto de las partes, la misma eficacia y autoridad de la cosa juzgada, y cuando se celebra, las personas que en dicho contrato intervienen, están obligadas a lo expresamente pactado y a todas las consecuencias que según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso o a la ley, y su validez y cumplimiento no pueden dejarse al arbitrio de las partes. ****************************************Precisado lo anterior, se advierte que en el presente caso se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, lo que obliga a desechar la presente demanda de amparo, en virtud de que el acto reclamado no se encuentra dentro de los actos que son susceptibles de examen en el juicio constitucional, porque no se trata de la última resolución dictada en un procedimiento de ejecución del convenio transaccional presentado ante la autoridad jurisdiccional, pues se trata de un acto dictado fuera de juicio, concretamente en su etapa de ejecución al no haberse cumplido un convenio que produce todos los efectos jurídicos de una sentencia ejecutoriada, por lo que el amparo indirecto sólo puede promoverse contra la última resolución dictada en dicho procedimiento.****************************************En efecto, los invocados numerales dicen:****************************************Artículo 61. El Juicio de Amparo es improcedente:****************************************XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.****************************************Artículo 107. El amparo indirecto procede: ****************************************IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido.****************************************Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución.****************************************En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.****************************************En la especie, como se ha dicho, el acto materia del reclamo constitucional, lo constituye la resolución que declaró infundado el recurso de revocación en contra del auto en donde se le requirió a la quejosa el cumplimiento voluntario del convenio transaccional origen del expediente ********************, celebrado entra la aquí quejosa y otra persona. ****************************************De lo anterior, se aprecia que el acto reclamado, no constituye la última resolución dictada en el aludido procedimiento de ejecución del convenio transaccional, habida cuenta que de la lectura integral de la fracción IV, del numeral 107 transcrito, se puede advertir una clase específica de procedencia del amparo indirecto, que opera sólo en contra de la "última resolución" dictada en el procedimiento de ejecución de una resolución definitiva, pudiendo reclamarse en la demanda todas las violaciones cometidas en el propio procedimiento; circunstancia que presupone normativamente la existencia de una determinación que goza ya del carácter de cosa juzgada, la que por ser de orden público debe cumplirse en forma efectiva.****************************************Es por ello que la "última resolución" contra la cual procede el juicio de amparo biinstancial, en términos del numeral de mérito, es aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de dicha resolución definitiva, o bien, la que declara la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento; la que sin duda no la constituye la orden que ahora se reclama, pues ésta no constituye la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia.****************************************Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 32/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Novena Época, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, abril de dos mil uno, que a la letra dice: ****************************************AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente.****************************************Asimismo se cita la jurisprudencia 1a./J. 41/2000, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Novena Época, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, Febrero de dos mil uno, que a la letra dice:****************************************TRANSACCIÓN, CONTRATO DE. TIENE CALIDAD DE COSA JUZGADA Y ES PROCEDENTE SU EJECUCIÓN EN LA VÍA DE APREMIO. El artículo 2944 del Código Civil para el Distrito Federal, establece que por transacción debe entenderse el contrato por el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una futura; por su parte, el diverso artículo 2953 del referido Código Civil previene que la transacción tiene, respecto de las partes, la misma eficacia y autoridad que la cosa juzgada. Ahora bien, al ser esencial que este tipo de contrato sea bilateral, como consecuencia necesaria de la reciprocidad de concesiones que se hacen las partes, lo que supone la existencia o incertidumbre de un derecho dudoso, de un derecho discutido o susceptible de serlo, y que origine obligaciones de dar, hacer o no hacer que correlativamente se imponen los contratantes, pues precisamente su objeto es el de realizar un fin de comprobación jurídica, esto es, de establecer la certeza en el alcance, naturaleza, cuantía, validez y exigibilidad de derechos, cuando se celebra, las personas que en dicho contrato intervienen están obligadas a lo expresamente pactado. Es por lo anterior que lo establecido en los artículos 500 y 533 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, cuando previenen, el primero, que la vía de apremio procede a instancia de parte cuando se trate de la ejecución de una sentencia y, el segundo, que todo lo dispuesto en relación con la sentencia comprende los convenios judiciales y las transacciones, las cuales deberán ser de aquellas que ponen fin a una controversia presente o previenen una futura, controversia que forzosa y necesariamente debe existir, es aplicable al contrato de transacción, pues reúne las condiciones apuntadas, y ante ello es claro que puede exigirse su cumplimiento en la vía de apremio.****************************************Así, de la exégesis de los anteriores preceptos transcritos, debe interpretarse que para la impugnación de actos dictados en ejecución de una sentencia, es necesario que se reclame "la última resolución", como presupuesto de procedencia de la vía indirecta.****************************************Esto es así, porque la intención del legislador al establecer que las violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, sólo pueden ser impugnadas cuando se reclame la última resolución que se dicte, en la fase ejecutiva, es la de evitar los abusos del juicio constitucional, es decir, que las sentencias firmes sean cumplidas, sin que múltiples amparos obstaculicen la ejecución de lo ya resuelto por un órgano materialmente jurisdiccional, por lo que se refleja la importancia de precisar qué se debe entender por "última resolución".****************************************En consecuencia, los lineamientos precisados en la legislación adjetiva, así como en la Ley de Amparo permiten concluir que por "última resolución" ha de entenderse aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o bien, en la que se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento a dicho fallo. Esa será, entonces, la resolución impugnable en amparo, y no las que la preceden, tendientes a hacer efectiva una sentencia que ya causó ejecutoria; además que el cumplimiento de las sentencias con rango de cosa juzgada, no deben obstaculizarse por ser de interés público; por tanto, la reparación de los posibles agravios que se le pudieran cometer al sentenciado con la ejecución del fallo, se debe reservar hasta que se clausure ese período de ejecución, es decir, la autoridad del conocimiento tiene que constatar el cumplimiento de lo juzgado, en definitiva, o bien, destacar la imposibilidad material y jurídica de cumplirlo.****************************************Por lo antes expresado, resulta evidente que en la especie se actualiza la causa de improcedencia citada, porque su esencia consiste en evitar el abuso del juicio de amparo, lo que se evita si no se declara procedente el juicio de amparo contra los diversos autos dictados en el procedimiento de ejecución, sino únicamente contra aquél que determina que se cumplió con la sentencia definitiva o convenio transaccional como es el caso, o que no pudo lograrse su cumplimiento por alguna circunstancia.****************************************De acuerdo con lo expuesto, podemos concluir que por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente, y que en tratándose de violaciones procesales, esto es, una violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, se podrán reclamar junto con la última resolución antes precisada, puesto que conllevaría perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. ****************************************Así las cosas, en virtud de que como se ha concluido, el acto reclamado por el promovente no constituye el último acto dictado en la ejecución del convenio de referencia, ni tampoco se ubica en alguna de las excepciones para que sea procedente el juicio de amparo de que se trata.****************************************Esto se afirma, pues el acto reclamado, por sí mismo, no implica violación a derecho sustantivo alguno, ya que no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento o algún otro con efectos de imposible reparación, el cual, en principio, es un concepto que rige para los actos dentro de juicio y que si bien admite excepción en los procedimientos de ejecución, cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos, esto es siempre y cuando se trate de aquellos que sean ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, circunstancia en la que no encuadra el acto reclamado, pues aun considerando que tenga como origen o provenga de una orden de desocupación, no debe pasarse por alto que dicha medida no es ajena a la cosa juzgada y tampoco constituye la última resolución del procedimiento en comento, entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado -o como en el presente asunto, de lo acordado en un convenio transaccional elevado a la categoría de cosa juzgada-, e incluso la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, lo que en el caso no se acredita que haya ocurrido, mucho menos tiene por finalidad detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como podría ser la excepción de pago de lo sentenciado o de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio entre las partes.****************************************Es por todo lo anterior que se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV, segundo párrafo, del artículo 107, del propio ordenamiento legal, y, por tal motivo se desecha por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por ********************, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo.********************Lo anterior tiene sustento en la siguiente jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se localiza en la página 890, Tomo VII del mes de mayo de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:********************"DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes."****************************************Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.****************************************Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de mayo de dos mil veintitrés. Agréguense a estos autos el oficio suscrito por el Jefe del Departamento de Cumplimientos de Ejecutorias en representación del Titular de dicha Dirección General de Amparos y en representación de la Dirección General de Ordenamientos de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, residente en la Ciudad de México y anexos que acompaña, a través de los cuales atiende el requerimiento realizado por este órgano de control constitucional e informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo; manifestaciones de las cuales se advierte que ésta se encuentra en vías de cumplimiento. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
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