Canan Enrique Gongora Ortegon.

Expediente 639/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
639/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
20/09/2017

Partes del expediente

  • Canan Enrique Gongora Ortegon.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA III. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Director de Salud Forestal y Conservación de Recursos Genéticos, con sede en la Ciudad de México, al que adjunta el oficio número 23897/2017 del índice de este juzgado dirigido a la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con sede en la Ciudad de México; en virtud de lo anterior, y toda vez que es necesario que la última autoridad nombrada, tenga conocimiento del acuerdo de que se trata, reexpídase el oficio de mérito; empero, esta vez al domicilio correcto esto es, en Avenida Ejército Nacional número 223 esquina con Lago Xochimilco, colonia Anáhuac Sección 1, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11320, Ciudad de México.

  2. Principal

    MESA III. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo, el veintiséis de agosto del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido.

  3. Principal

    III. Agréguese a estos autos el oficio número SGPA/204/2017, signado por la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con sede en la ciudad de México, así como las constancias que acompañó al mismo, del que se advierte que el día veintinueve de junio de dos mil diecisiete, la autoridad responsable en autos del expediente 99/2017, emitió la resolución relativa al recurso de revisión interpuesto con fecha catorce de enero del año dos mil dieciséis y remitido a la autoridad responsable para su substanciación, respecto de la resolución administrativa 862/2015, de fecha treinta de octubre de dos mil quince. Ahora bien, se trae a colación que el acto que el quejoso CANÁN ENRIQUE GÓNGORA ORTEGÓN, reclamó en su demanda de amparo, la denegación de justicia por parte de la responsable, de no emitir la resolución correspondiente al recurso de revisión interpuesto con fecha catorce de enero del año dos mil dieciséis y remitido a la autoridad responsable para su substanciación y resolución en fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciséis en el expediente 583/YUC/2015. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión atribuida a la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales con sede en la ciudad de México, de pronunciarse respecto del recurso de revisión interpuesto con fecha catorce de enero del año dos mil dieciséis, remitido a la autoridad responsable para su substanciación y resolución en fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciséis en el expediente 583/YUC/2015, respecto de la resolución administrativa 862/2016. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con sede en la ciudad de México, autoridad responsable adjuntó a su informe con justificación, se desprende que el veintinueve de junio de dos mil diecisiete, la autoridad responsable dictó la resolución relativa al recurso de revisión interpuesto con fecha catorce de enero del año dos mil dieciséis y remitido a la autoridad responsable para su substanciación, respecto de la resolución administrativa 862/2015, de fecha treinta de octubre de dos mil quince, en cuyo primer punto resolutivo confirmó la validez de la citada resolución 862/2015, en su segundo punto resolutivo ordenó notificar personalmente al aquí quejoso en su domicilio; en su tercer punto resolutivo, ordenó notificar por oficio al a Dirección General de la Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros; y, en su cuarto punto resolutivo, ordenó a la Dirección General de la Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes correr traslado de la resolución dictada. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que emitió la resolución correspondiente, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo en vigor, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.

  4. Principal

    III. Agréguese a estos autos el oficio número SGPA/204/2017, signado por la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con sede en la ciudad de México, así como las constancias que acompañó al mismo, del que se advierte que el día veintinueve de junio de dos mil diecisiete, la autoridad responsable en autos del expediente 99/2017, emitió la resolución relativa al recurso de revisión interpuesto con fecha catorce de enero del año dos mil dieciséis y remitido a la autoridad responsable para su substanciación, respecto de la resolución administrativa 862/2015, de fecha treinta de octubre de dos mil quince. Ahora bien, se trae a colación que el acto que el quejoso CANÁN ENRIQUE GÓNGORA ORTEGÓN, reclamó en su demanda de amparo, la denegación de justicia por parte de la responsable, de no emitir la resolución correspondiente al recurso de revisión interpuesto con fecha catorce de enero del año dos mil dieciséis y remitido a la autoridad responsable para su substanciación y resolución en fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciséis en el expediente 583/YUC/2015. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión atribuida a la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales con sede en la ciudad de México, de pronunciarse respecto del recurso de revisión interpuesto con fecha catorce de enero del año dos mil dieciséis, remitido a la autoridad responsable para su substanciación y resolución en fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciséis en el expediente 583/YUC/2015, respecto de la resolución administrativa 862/2016. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con sede en la ciudad de México, autoridad responsable adjuntó a su informe con justificación, se desprende que el veintinueve de junio de dos mil diecisiete, la autoridad responsable dictó la resolución relativa al recurso de revisión interpuesto con fecha catorce de enero del año dos mil dieciséis y remitido a la autoridad responsable para su substanciación, respecto de la resolución administrativa 862/2015, de fecha treinta de octubre de dos mil quince, en cuyo primer punto resolutivo confirmó la validez de la citada resolución 862/2015, en su segundo punto resolutivo ordenó notificar personalmente al aquí quejoso en su domicilio; en su tercer punto resolutivo, ordenó notificar por oficio al a Dirección General de la Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros; y, en su cuarto punto resolutivo, ordenó a la Dirección General de la Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes correr traslado de la resolución dictada. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que emitió la resolución correspondiente, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo en vigor, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.

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