Candy Anahi Trorres Gonzalez

Expediente 607/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
607/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
23/07/2021

Partes del expediente

  • Candy Anahi Trorres Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se desechó la demanda, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años, contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de julio de dos mil veintiuno. Téngase recibido el escrito signado por la promovente Candy Anahí Torres González y copias que acompaña, por medio del cual da cumplimiento a la prevención ordenada en autos. Así, vista la demanda de amparo que presenta Candy Anahí Torres González contra actos que atribuye al Juez Cuarto del Ramo Familiar, con residencia en esta ciudad capital, y otras autoridades, se advierte que como antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, la parte promovente refiere bajo protesta de decir verdad, en esencia, que el catorce de mayo del año en curso, fue emplazada a juicio; que derivado de que consideró ilegal la diligencia respectiva, en contra de la misma interpuso un incidente de nulidad de notificaciones, sin embargo, el mismo fue desechado de plano, por determinación de cuatro de junio de dos mil veintiuno; que, a su vez, interpuso recurso de apelación, mismo que también fue desechado de plano el catorce de junio de esta misma anualidad. Siendo el emplazamiento y el desechamiento del recurso de apelación, los actos que por esta vía se combaten. Pues bien, sentado lo anterior, conviene señalar que la ley que rige el juicio de control constitucional, en sus artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Del texto de los preceptos legales antes transcritos, se desprende que cuando se reclaman en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos, no tengan reparación alguna para el gobernado, cuando sea dictada la resolución que concluya el procedimiento natural, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos fundamentales de la parte que se siente agraviada, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional a través de los llamados derechos humanos, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra, obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, si la parte quejosa obtiene sentencia favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. En el caso, como se ha dicho, el acto reclamado se hace consistir en el emplazamiento a juicio, que se tilda de ilegal, así como el desechamiento del recurso de apelación interpuesto, a su vez, contra el desechamiento del incidente de nulidad de notificaciones intentado, precisamente, en contra del propio emplazamiento, dentro del procedimiento de origen. Por tanto, se estima que los actos reclamados no son un acto que tenga una ejecución irreparable en perjuicio de la aquí parte promovente, en virtud de que son planteamientos meramente procesales que, en última instancia, inciden en la correcto o incorrecto emplazamiento a juicio. Cierto, pues la repercusión del acto impugnado, únicamente implica que el procedimiento natural continúe por sus etapas hasta llegar al dictado de la sentencia definitiva, en donde se apreciará la forma y grado en que se valoraron los citados medios de convicción aportados por la entonces parte demandada; cuestión que, contrario a lo manifestado por la impetrante del amparo, evidentemente no arroja alguna nota distintiva de los actos de imposible reparación que afecten derechos sustantivos. En efecto, puesto que la consecuencia generada por el acto reclamado, en última instancia, se insiste, atañe al correcto o incorrecto llamamiento a juicio; empero, no lo da por concluido, ni priva a la parte promovente de los bienes y derechos que se controvierten en el expediente en lo principal, pues ello será propio del análisis del fondo de dicho asunto, ya sea condenando o absolviendo a la allá parte demandada. En consecuencia, la determinación reclamada implica que el gobernado continúe con el procedimiento respectivo, de modo que, en caso de afectar las defensas de la impetrante del amparo, será hasta que se dicte la resolución correspondiente, cuando se verá si tal actuar trasciende o no al resultado del fallo; por lo que, por el momento, en caso de existir, al no haberse pronunciado la determinación de que se habla, no tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación y que afecten derechos sustantivos, sino que éstas, por afectar derechos adjetivos o procesales, son reparables si la parte afectada obtiene fallo favorable. En consecuencia, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que nos ocupa, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 113 de la ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Aún más, debe recordarse que en contra del desechamiento de un recurso de apelación, procede el diverso recurso de queja, acorde a lo reseñado por el numeral 971, fracción III , del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí; por lo que, en todo caso, previo a la interposición del juicio de amparo, debía agotarse el citado medio ordinario de defensa. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Téngase recibida la demanda de amparo que promueve ******** y copias que acompaña, contra actos del Juez Cuarto del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad; por tanto, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el consecutivo 607/2021-III. Pues bien, a efecto de acordar lo que en derecho proceda respecto a la demanda de amparo en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 110, 112 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, por escrito, bajo protesta de decir verdad y con siete copias del propio ocurso aclaratorio, por corresponder tres para las autoridades designadas como responsables, una para la parte tercero interesada que se menciona, dos para la tramitación del incidente de suspensión que se peticiona y una más para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; cumpla con lo siguiente: ÚNICO: Amplíe los antecedentes del acto reclamado. En el caso, la impetrante refiere que fue emplazada a un juicio seguido en su contra, sin que se hubiesen respetado las formalidades exigidas para dicho llamamiento a juicio; además, que en contra del referido emplazamiento, promovió incidente de nulidad, el cual fue desechado, y contra ello presentó recurso de apelación, el cual también fue desechado; y, en esa medida, reclama el indebido y/o deficiente emplazamiento a juicio, así como el desechamiento de los medios de defensa ordinarios a que hace alusión. Pues bien, a efecto de cumplir con la presente prevención, Candy Anahí Torres González deberá especificar si dentro del juicio 235/2021 que menciona, se emitió ya la sentencia definitiva; o bien, precisar la etapa procesal en que se encuentra el expediente de origen. Ello, en la medida en que refiere ser la parte demandada, es decir, parte formal y que, como consecuencia, tiene acceso al expediente de mérito, por lo que, incluso, deberá aportar prueba fehaciente que acredite su dicho. Además, deberá esclarecer si en contra del desechamiento de la apelación que mencionó haber interpuesto, promovió el recurso ordinario legalmente procedente; si a la fecha el mismo ya fue resuelto; y, de ser el caso, el sentido de la resolución correspondiente. Lo anterior, en el entendido de que, de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el acto reclamado, podría configurar la conducta delictiva prevista en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo; numeral que en lo conducente dispone: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.] En ese sentido se cita la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del libro 45, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de 2017, Décima Época, con registro digital 2014917, que dice: VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Circunstancias las anteriores que motiva sendas imprecisiones que, a su vez, constituye irregularidades que deben ser subsanadas en sus términos, a fin de establecer la litis constitucional, la procedencia de la acción de amparo, así como los efectos por los cuáles, en su caso, habrá de concederse la suspensión del acto que por esta vía se reclama. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia VI.1º.C.18 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1716 del tomo XVII del Semanario Judicial de la Federación, marzo de 2003, Novena Época, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL PREVENIR AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE EXPRESAR CON CLARIDAD Y PRECISIÓN LAS IRREGULARIDADES O DEFICIENCIAS QUE DEBEN LLENARSE PARA QUE EL QUEJOSO ESTÉ EN APTITUD DE SUBSANARLAS. Así como la tesis P. VII/2001, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en la página 325 del tomo XIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2001, intitulada: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. Apercibida la parte promovente que de no dar cumplimiento a la presente prevención, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. Por otra parte, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte promovente el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Y, con la finalidad de establecer formas expeditas de contacto, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso de origen, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Con fundamento en el artículo 8° Constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I); se autoriza la consulta de las actuaciones judiciales relativas al presente juicio, así como las notificaciones respectivas por vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, con el usuario "MARIOGUEVARA"; en atención a ello, no es posible tenerle señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente asunto. Notifíquese personalmente este acuerdo a la parte promovente, vía electrónica, teniendo como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que menciona, dado que no se proporcionan los datos de los que se desprenda su inclusión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, que la faculte para ejercer la profesión de licenciado en derecho, como lo exige el arábigo en mención.

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